Las trabajadoras del Centro de Justicia para la Mujer (CJM), en Tlapa de Comonfort, Guerrero, mantienen un paro de actividades hasta que el gobierno de la entidad les pague los honorarios que les adeuda, mejore sus condiciones de trabajo, repare las instalaciones dañadas y les garantice condiciones de seguridad para que puedan seguir operando.
El CJM, clave para atender a mujeres víctimas de violencia en la región de La Montaña en Guerrero, permanece cerrado desde el 4 de diciembre. Ese día, las 13 trabajadoras que integran su equipo —abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, traductoras, conductoras, una coordinadora y otras profesionistas— denunciaron públicamente que el gobierno de Guerrero, a través de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de las Mujeres, les adeuda cuatro meses de salarios. Así lo reveló, en entrevista, una de las trabajadoras, quien solicitó anonimato por temor a represalias.
El paro, que este miércoles cumple cinco días hábiles, ha dejado temporalmente suspendidos los cerca de 140 servicios mensuales que brinda el Centro. Estos incluyen atención preventiva, acompañamiento legal, apoyo psicológico, trabajo social, servicios de traducción y resguardo para mujeres y niñas víctimas de violencia machista. Según una de las trabajadoras, la atención no se limita a las habitantes de Tlapa, sino que también se extiende a los otros 19 municipios de La Montaña, donde no existe otro espacio gubernamental con estas características.
Según la trabajadora, 2024 fue especialmente problemático para garantizar los recursos destinados al pago de salarios del personal del Centro, así como para adquirir insumos básicos necesarios para su operación.
A diferencia de años anteriores, el primer financiamiento estatal del año llegó hasta junio y cubrió únicamente los salarios de enero a mayo. Durante ese tiempo, el Centro no recibió equipamiento ni materiales de oficina o limpieza.
Estos gastos fueron cubiertos parcialmente con recursos extraordinarios del gobierno federal, que permitieron adquirir colchones, divanes, aires acondicionados, impresoras, cámaras de videovigilancia, un comedor y una pantalla. En otras ocasiones, las trabajadoras utilizaron su propio dinero, con la esperanza de que sería reembolsado una vez liberados los fondos.
De acuerdo con la trabajadora, ellas asumieron esas condiciones bajo el entendido —no comunicado formalmente— de que el gobierno estatal destinó gran parte del presupuesto a atender la emergencia provocada por el huracán Otis, en 2023, y luego el huracán Jhon, en 2024. Sin embargo, las trabajadoras están preocupadas porque se acerca el cierre de año fiscal y aún se les adeudan varios salarios.
Antes del paro, el gobierno estatal adeudaba siete meses de salarios al personal del Centro. Tras el inicio de la protesta, lograron que se les pagaran tres meses correspondientes a junio, julio y agosto; sin embargo, aún se les deben los salarios de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
Cabe destacar que las trabajadoras del CJM carecen de prestaciones laborales, lo que significa que realizan sus labores sin seguridad social, vacaciones, aguinaldo ni seguro de riesgos laborales. Su única retribución económica proviene de los honorarios que perciben.
Además del pago de sus salarios correspondientes a este año, las trabajadoras piden que el gobierno estatal garantice un presupuesto suficiente para la atención de las mujeres y niñas de Tlapa, un municipio con un porcentaje alto de población indígena y con dos Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres derivadas de altos índices de violencia feminicida, abusos sexuales, matrimonios infantiles y otras violencias.
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En el informe más reciente sobre violencia contra las mujeres, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tlapa de Comonfort destaca de manera alarmante entre los municipios con mayor incidencia de feminicidios en México. Hasta el 31 de octubre de 2024, la demarcación registró una tasa de 3.72 presuntos delitos de feminicidio por cada 100 mil mujeres, un dato que refleja la grave situación de violencia de género en la región.
Presupuesto inestable e insuficiente
En el contexto del Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el pasado 25 de noviembre, las trabajadoras enviaron una carta y un pliego petitorio dirigido a la gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado Pineda, y al secretario de Finanzas, Raymundo Segura Estrada, en la que, además de denunciar la falta de salario como una forma de violencia contra las trabajadoras, advierten su preocupación porque no exista un presupuesto estable y suficiente para la operación del Centro en 2025.
De acuerdo con la trabajadora entrevistada, cada año el presupuesto del Centro —que distribuye de diferentes bolsas económicas la Secretaría de las Mujeres en la entidad— llega en diferente mes del año, no hay certeza sobre su distribución. Por ejemplo,en 2022 llegó en el mes de abril, en 2023 llegó hasta el mes de mayo y este 2024 llegó apenas una parte en junio.
Asimismo, las trabajadoras aseguran que tampoco hay certeza sobre el monto total con el que se operará todo el año, ya que el recurso total para la operación ha disminuído año con año, siendo el 2024 el peor de todos. Además, las trabajadoras del CJM tienen conocimiento que la falta de salarios también ha afectado otros servicios que dependen de la Secretaría de las Mujeres.
En su pliego petitorio, las trabajadoras también piden una audiencia con la gobernadora o alguna persona representante de gobernación; la estabilidad laboral con prestaciones de ley; no represalias a las trabajadoras denunciantes; servicio de seguridad pública para el Centro (la cual les fue retirada en septiembre y ahora ni el albergue tiene); el mantenimiento y reparación de las instalaciones; y la continuidad de contenciones grupales e individuales para las y los profesionistas del Centro.
“Voluntad, sensibilidad y empatía hay mucha pero hace falta que quien tiene el dinero se sensibilicen. Esta inestabilidad es una violación a los derechos humanos de las mujeres porque no garantiza el seguimiento y acompañamiento jurídico o psicológicos a en todo sus procesos, lo que las deja en la indefensión”, dijo la trabajadora.
La operación del Centro de Justicia resulta fundamental, especialmente porque muchas mujeres indígenas de la región apenas están descubriendo que existe este espacio donde pueden acceder a atención jurídica y psicológica de manera gratuita y especializada, algo que no está disponible en otros lugares de la zona.
Según Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, es común que las mujeres que buscan ayuda con los síndicos municipales, encargados de la representación jurídica en los ayuntamientos, enfrenten situaciones de revictimización.
“En lugar de apoyarlas, las presionan para que regresen con sus agresores, las envían de vuelta a sus hogares y, además, les cobran por levantar un acta,” denunció Barrera en entrevista, señalando la carencia de opciones seguras y justas para estas mujeres.
Barrera Hernández recordó que el Centro está ubicado al menos a tres horas de distancia de otras localidades de La Montaña. “Esto quiere decir que para llegar allá a pedir apoyo, quiere decir que ya libró muchos obstáculos: salir de su casa, salir de la comunidad, enfrentarse a un mundo hostil y no hablar el español. Encontrarse con un espacio que la pueda cobijar es muy importante (...)"
"No hay un compromiso presupuestales del gobierno del estado, aunque la gobernadora ha dicho que Guerreo es un santuario para las mujeres (...) Argumentar que porque llegó el huracán no hay fondos, el hecho de no tener presupuesto es ser cómplice de los perpetradores, de los feminicidas, es alentar a quienes causan la violencia contra las mujeres”.
De acuerdo con el antropólogo, la organización social que dirige ha registrado en lo que va del año al menos 15 casos de feminicidio en la región de La Montaña de Guerrero, con un incremento importante, especialmente en casos de violencia sexual y de feminicidio en municipios indígenas.
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