Distintas organizaciones civiles alertan sobre la grave situación de violencia y crisis humanitaria en comunidades indígenas de las entidades de Chiapas, Chihuahua y Michoacán. También hacen un llamado al gobierno federal, a los gobiernos estatales y locales para que protejan a la población civil en riesgo.
En nuestro país desde hace varias semanas, mujeres, niñas, niños, hombres, jóvenes y adultos mayores pertenecientes a pueblos indígenas están siendo desplazados de sus territorios, violentados, asesinados y las mujeres han sufrido violencia sexual, así lo denuncian distintas ONG’s, como Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), a través de un comunicado.
Hasta el 17 de septiembre, distintas ONG’s documentaron alrededor de 110 personas indígenas desplazadas en Michoacán y 251 en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Por otro lado, en Chiapas reportan que, en lo que va del año 2024, se han registrado en los municipios de Frontera Comalapa, Siltepec y Chicomuselo 8 mil 190 personas desplazadas, mayoritariamente personas indígenas.
Un registro poco certero
Desde el 25 de agosto, registraron al menos siete comunidades afectadas en la región de Baborigame, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, y un número aún indeterminado de comunidades afectadas en la costa de Michoacán.
Además, han registrado a una persona víctima de homicidio en la comunidad de Cinco Llagas de Chihuahua; una más en el municipio de Chenalhó en Chiapas y dos personas asesinadas de la comunidad de El Coire en la costa de Michoacán, también se reportan 7 personas desaparecidas, entre las que se encuentran dos jóvenes menores de edad.
Antes de los desplazamientos, el Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International (IPRI), comenzó a registrar información de balaceras, enfrentamientos cercanos a las comunidades, posteriormente a eso la situación fue escalando y comunidades enteras comenzaron a ser desplazadas por la violencia y amenazadas de muerte, comenta Citlalli Hernández Saad coordinadora nacional en México del Grupo IPRI en entrevista con La Cadera de Eva.
“Seguimos documentando la situación, que todos los días estamos recibiendo reportes de que los enfrentamientos continúan, que la gente escucha balaceras de manera muy cerca, que mantienen las amenazas y donde la presencia de las Fuerzas Armadas, pues no ha conseguido neutralizar y proteger a la población civil”, señala Citlalli Hernández.
Documentar estos casos no ha sido tarea sencilla para las ONG’s, el miedo y las dinámicas de violencia obligan a las personas a guardar silencio y quienes se atreven a proporcionar información de la situación han recibido amenazas de muerte.
“Hay mucho temor de la gente de compartir la información de lo que está ocurriendo, incluso ha sido muy complicado documentar en algunos contextos con claridad, la gente tiene mucho miedo, la información pues va saliendo a cuentagotas, en algunos casos tuvo que ir, nos tardamos porque no había condiciones de seguridad”, explica la coordinadora de México IPRI.
Bajo este contexto han logrado seguir documentando toda la violencia, pero también las necesidades que están enfrentando las personas desplazadas como la falta de acceso a la alimentación básica
Mujeres, niñas y jóvenes son los más afectados
Las personas que en su mayoría son indígenas han tenido que dejar sus casas, sus tierras, y sus trabajos, muchos de ellos viven de lo que producen en el campo. Por otro lado, han registrado situaciones muy graves, como allanamiento de las casas en las que se llevaron a jóvenes en reclutamiento forzado y reportan que las mujeres y niñas han sido víctimas de violaciones.
“Lo que nosotros sí hemos reportado en los números que nos han compartido de desplazamientos es que la gran mayoría son mujeres, tanto niñas como mujeres adultas”, asegura Hernández Saad.
Ella comenta que la salud tanto física como psicológica requieren ser atendidas, sin embargo, las personas por ahora solo quieren que se les garantice un lugar seguro: “A nosotros nos parece que eso no puede ser así, que la gente se merece la mejor atención y que es una situación que requiere del mejor esfuerzo de las autoridades federales y locales para la protección, especialmente de las niñas y niños”, señala.
Apoyo humanitario
Algunas organizaciones civiles han logrado entrar a los territorios para brindar apoyo. También algunas comunidades vecinas están teniendo solidaridad y se ha tenido alguna intervención de las autoridades municipales o autoridades estatales con algunas despensas, entre otras cosas.
Sin embargo, en la comunidad de Cinco Llagas, ubicada en Chihuahua, aún están esperando la presencia de fuerzas armadas para que les ayuden a generar un corredor humanitario para salir de la zona de riesgo y llegar a un lugar seguro, asegura Citlalli Hernández .
“Desde Sociedad Civil hemos hecho extender este llamado, haciéndolo llegar a las autoridades federales para que puedan intervenir en coordinación con las autoridades locales”, explica Hernández Saad.
Por otro lado, señala que aunque los esfuerzos de las ONG’s en recopilar información; en brindar ayuda humanitaria y en visibilizar la situación, hay una omisión sistemática para lograr coordinarse y garantizar la seguridad de las personas.
“Hemos visto con preocupación una omisión sistemática de estas fuerzas para coordinarse con quienes valientemente han solicitado su presencia. En Chihuahua, por ejemplo, se pidió de manera reiterada a lo largo de varios días que se incrementara el número de elementos y se proporcionara ayuda para generar un corredor humanitario que permita el desplazamiento de las familias a lugares seguros o para el acceso de alimentos”, indica la Coordinadora.
Un llamado al gobierno
Frente a esta situación, las ONG's firmantes hacen un llamado al Gobierno Federal para que:
Defienda a la población civil con medidas preventivas que garanticen los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas que se encuentran bajo asedio en estos momentos.
Construir un corredor humanitario que garantice la salida de la población civil cautiva por los grupos de la delincuencia organizada, con el fin de salvar la vida y la integridad física y psicológica de las personas afectadas.
Poner en marcha rutas para el desarme de los grupos armados
Articular esfuerzos con las fiscalías estatales para que investiguen con debida diligencia los hechos delictivos y presenten avances en las investigaciones que garantizan el acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos y de la población en general.
La búsqueda en vida de las personas víctimas de desaparición, haciendo uso de los protocolos específicos para la búsqueda de menores de edad.
Finalmente, Hernández Saad pide apoyo en compartir esta información en las redes sociales, con las personas conocidas y evitar un silencio sistemático de lo que pasa en estas comunidades en las que viven o vivían familias indígenas.
“La impresión que nosotros tenemos es que todos los temas de pueblos indígenas se pierden de manera general. Sin embargo, ahora esta situación de emergencia requiere que superemos esas dificultades para poder visibilizar lo que está ocurriendo”, concluye la coordinadora de México IPRI.