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Autoridades del IMSS Bienestar en Chiapas informaron que Deisy, adolescente de 13 años originaria del estado, ya fue dada de alta del Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas, tras presentar una evolución clínica favorable luego de permanecer hospitalizada por complicaciones severas asociadas a un embarazo infantil y a un parto de alto riesgo ocurrido el 3 de enero.
Sin embargo, su bebé continúa internado debido a complicaciones graves relacionadas con su nacimiento prematuro. De acuerdo con la institución, el recién nacido permanece bajo atención médica especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) y, hasta el momento, no se ha definido una fecha para su egreso.
Autoridades del IMSS Bienestar en Chiapas informaron que Deisy, adolescente de 13 años originaria del estado, ya fue dada de alta del Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas, tras presentar una evolución clínica favorable luego de permanecer hospitalizada por complicaciones severas asociadas a un embarazo infantil y a un parto de alto riesgo ocurrido el 3 de enero.
Sin embargo, su bebé continúa internado debido a complicaciones graves relacionadas con su nacimiento prematuro. De acuerdo con la institución, el recién nacido permanece bajo atención médica especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) y, hasta el momento, no se ha definido una fecha para su egreso.
¿Qué fue lo que pasó en el caso?
El caso de Deisy se hizo público a inicios de enero, cuando ingresó de urgencia al hospital con complicaciones severas de salud tras un parto de alto riesgo. Desde el primer momento, se trató de un caso que activó alertas médicas y legales, ya que el embarazo y el parto ocurrieron en una niña de 13 años, una situación que en México debe investigarse como presunta violencia sexual, no como una maternidad consentida.
Con poco más de 1.20 metros de estatura y menos de 40 kilos de peso, el cuerpo de Deisy no estaba física ni biológicamente preparado para cursar un embarazo ni enfrentar un parto. Tras un trabajo de parto prolongado, la menor fue trasladada a terapia intensiva con lesiones graves en la vejiga, la uretra y otros tejidos internos.
Organizaciones especializadas señalaron que, en casos como este, deben activarse de manera inmediata los protocolos médicos y legales obligatorios, que incluyen la notificación a las autoridades de procuración de justicia, la documentación del caso como posible violencia sexual y la garantía de atención médica especializada y continua para la menor.
En un primer momento, distintos medios informaron que Deisy tenía 11 años, a partir de la edad asentada en los documentos con los que ingresó al hospital. Sin embargo, la Red Estatal Aborta Libre Chiapas precisó en un comunicado que la niña tiene 13 años, ya que su registro de nacimiento se realizó dos años después.
La Secretaría de Salud informó el pasado 9 de enero que Deisy se encontraba estable, fuera de peligro y con evolución clínica favorable, bajo seguimiento médico continúo. Respecto al recién nacido, señaló que se trata de un niño prematuro, quién permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, donde recibe atención médica y especializada y permanente pues su condición de salud es delicada.
De acuerdo con información del Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM) Deisy fue presentada en el hospital por un joven de 18 años que se identificó como su “esposo”. Fue personal de trabajo social quien denunció el caso ante la Fiscalía General del Estado, lo que activó una investigación por posibles delitos relacionados con violencia sexual y cohabitación forzada. Tras la denuncia, el joven desapareció y hasta ahora se desconoce su paradero.
Embarazo infantil: una realidad que no disminuye
El caso de Deisy no es un hecho aislado. En México, 19 niñas de entre 10 y 14 años se convierten en madres cada día, de acuerdo con datos de Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC). De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en 2024 se registraron 92 mil 660 nacimientos en adolescentes de 15 a 17 años y casi 8 mil nacimientos en niñas de 10 a 14 años. Es decir, todos los días, 21 niñas menores de 15 años se convirtieron en madres.
A pesar de que la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) se propuso erradicar los nacimientos en niñas menores de 15 años para el 2030, la realidad muestra un retroceso.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), la tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años aumentó de 1.63 a 1.69 nacimientos por cada mil niñas en la última década. En el estado de Chiapas, la situación es crítica: el 20.9% de los nacimientos en 2024 correspondieron a adolescentes, casi el doble que en la Ciudad de México.
Especialistas advierten que estas cifras están estrechamente relacionadas con contextos de pobreza, desigualdad, falta de acceso a información y servicios de salud, y violencia sexual, especialmente en comunidades rurales e indígenas.
¿Qué ocurre con el matrimonio infantil y la venta de niñas?
En varios casos de embarazo infantil, aparece una figura adulta que se presenta como “esposo” o “pareja”, amparándose en usos y costumbres. Sin embargo, la legislación mexicana es clara: desde 2019, el Código Civil Federal establece los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, sin excepciones.
Además, el Código Penal Federal tipifica la cohabitación forzada de personas menores de 18 años como un delito, con penas de hasta 15 años de prisión. Las autoridades reiteran que el embarazo en niñas es, en la mayoría de los casos, resultado de abuso sexual y no de una decisión libre.
Datos del INEGI indican que, a nivel nacional, aproximadamente 27 mil 800 mujeres indígenas de 12 a 17 años viven en unión conyugal. El 90% de los nacimientos en adolescentes ocurren en el contexto de estos matrimonios o uniones tempranas, lo que confirma una correlación directa entre la falta de libertad y la maternidad forzada. Por ello, los hospitales tienen la obligación de notificar al Ministerio Público cuando atienden a una menor embarazada, para activar protocolos de protección y de investigación.
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Los derechos de las niñas frente a la maternidad forzada
En México, las niñas tienen derecho a no ser obligadas a continuar un embarazo producto de violencia sexual. La Norma Oficial Mexicana NOM-046 garantiza el acceso a la interrupción legal del embarazo en casos de violación, sin necesidad de denuncia previa ni autorización judicial.
En el caso de Chiapas, el pasado 31 de octubre de 2025 el Congreso estatal aprobó la Ley de Interrupción Legal del Embarazo de Niñas y Adolescentes, reforzando la obligación de los hospitales de garantizar este servicio de forma gratuita y con perspectiva de género. La ley reconoce explícitamente que un embarazo a esta edad no es una elección, sino el resultado de una agresión sexual que vulnera los derechos fundamentales de la niñez
Sin embargo, organizaciones civiles han señalado que persisten barreras para que este derecho se ejerza plenamente, como la falta de capacitación del personal y resistencias institucionales.
A nivel internacional, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha sido contundente: las niñas deben ser niñas, no madres. México tiene el compromiso, bajo la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), de erradicar los nacimientos en niñas de 10 a 14 años para el 2030, una meta que, ante casos como el de Deisy, parece aún lejana.
