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El caso de Deisy una menor de edad originaria de Chiapas se hizo público en los últimos días luego de que ingresara de urgencia a un hospital de San Cristóbal de las Casas por complicaciones graves de salud tras un parto. Se trata de un caso de embarazo infantil que ha encendido alertas a nivel nacional.
Con poco más de un metro 20 centímetros de estatura y menos de 40 kilos de peso, el cuerpo de Deisy no estaba preparado para un embarazo ni para un parto. Tras un trabajo de parto prolongado, la niña fue trasladada a terapia intensiva con daños severos en la vejiga, la uretra y otros tejidos internos.
En un primer momento, distintos medios informaron que Deisy tenía 11 años, a partir de la edad asentada en los documentos con los que ingresó al hospital. Sin embargo, la Red Estatal Aborta Libre Chiapas precisó en un comunicado que la niña tiene 13 años, ya que su registro de nacimiento se realizó dos años después.
La Secretaría de Salud informó este 9 de enero que Deisy se encuentra estable, fuera de peligro y con evolución clínica favorable, bajo seguimiento médico continúo. Respecto al recién nacido, señaló que se trata de un niño prematuro, quién permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, donde recibe atención médica y especializada y permanente pues su condición de salud es delicada.
De acuerdo con información del Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM) Deisy fue presentada en el hospital por un joven de 18 años que se identificó como su “esposo”. Fue personal de trabajo social quien denunció el caso ante la Fiscalía General del Estado, lo que activó una investigación por posibles delitos relacionados con violencia sexual y cohabitación forzada. Tras la denuncia, el joven desapareció y hasta ahora se desconoce su paradero.
Embarazo infantil: una realidad que no disminuye
El caso de Deisy no es un hecho aislado. En México, 19 niñas de entre 10 y 14 años se convierten en madres cada día, de acuerdo con datos de Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC). De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en 2024 se registraron 92 mil 660 nacimientos en adolescentes de 15 a 17 años y casi 8 mil nacimientos en niñas de 10 a 14 años. Es decir, todos los días, 21 niñas menores de 15 años se convirtieron en madres.
A pesar de que la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) se propuso erradicar los nacimientos en niñas menores de 15 años para el 2030, la realidad muestra un retroceso.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), la tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años aumentó de 1.63 a 1.69 nacimientos por cada mil niñas en la última década. En el estado de Chiapas, la situación es crítica: el 20.9% de los nacimientos en 2024 correspondieron a adolescentes, casi el doble que en la Ciudad de México.
Especialistas advierten que estas cifras están estrechamente relacionadas con contextos de pobreza, desigualdad, falta de acceso a información y servicios de salud, y violencia sexual, especialmente en comunidades rurales e indígenas.
¿Qué ocurre con el matrimonio infantil y la venta de niñas?
En varios casos de embarazo infantil, aparece una figura adulta que se presenta como “esposo” o “pareja”, amparándose en usos y costumbres. Sin embargo, la legislación mexicana es clara: desde 2019, el Código Civil Federal establece los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, sin excepciones.
Además, el Código Penal Federal tipifica la cohabitación forzada de personas menores de 18 años como un delito, con penas de hasta 15 años de prisión. Las autoridades reiteran que el embarazo en niñas es, en la mayoría de los casos, resultado de abuso sexual y no de una decisión libre.
Datos del INEGI indican que, a nivel nacional, aproximadamente 27 mil 800 mujeres indígenas de 12 a 17 años viven en unión conyugal. El 90% de los nacimientos en adolescentes ocurren en el contexto de estos matrimonios o uniones tempranas, lo que confirma una correlación directa entre la falta de libertad y la maternidad forzada. Por ello, los hospitales tienen la obligación de notificar al Ministerio Público cuando atienden a una menor embarazada, para activar protocolos de protección y de investigación.
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Los derechos de las niñas frente a la maternidad forzada
En México, las niñas tienen derecho a no ser obligadas a continuar un embarazo producto de violencia sexual. La Norma Oficial Mexicana NOM-046 garantiza el acceso a la interrupción legal del embarazo en casos de violación, sin necesidad de denuncia previa ni autorización judicial.
En el caso de Chiapas, el pasado 31 de octubre de 2025 el Congreso estatal aprobó la Ley de Interrupción Legal del Embarazo de Niñas y Adolescentes, reforzando la obligación de los hospitales de garantizar este servicio de forma gratuita y con perspectiva de género. La ley reconoce explícitamente que un embarazo a esta edad no es una elección, sino el resultado de una agresión sexual que vulnera los derechos fundamentales de la niñez
Sin embargo, organizaciones civiles han señalado que persisten barreras para que este derecho se ejerza plenamente, como la falta de capacitación del personal y resistencias institucionales.
A nivel internacional, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha sido contundente: las niñas deben ser niñas, no madres. México tiene el compromiso, bajo la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), de erradicar los nacimientos en niñas de 10 a 14 años para el 2030, una meta que, ante casos como el de Deisy, parece aún lejana.
