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Hace un año, la activista y periodista trans, Natalia Lane, irrumpió el “Foro de consulta: República de y para las Mujeres” mientras la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, resaltaba los “grandes avances” y la eficiencia de la fiscalía capitalina desde 2019.
En un acto de protesta simbólica, lanzó café hacia el estrado donde se encontraban la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández.
Confrontó así la narrativa de éxito con su propia realidad de impunidad y falta de justicia a tres años de haber sobrevivido a un ataque el 16 de enero de 2022, en un hotel sobre Calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México. Natalia Lane fue agredida con un cuchillo, sufriendo heridas graves en el rostro, el cuello y las manos que pusieron en riesgo su vida.
Un par de días después, acompañada de distintas activistas trans, Lane ingresó a uno de los edificios del Poder Judicial de la CDMX, debido a la falta de resultados y al otorgamiento de amparos a su agresor, identificado como Alejandro “N”, quien había sido detenido y puesto en prisión preventiva.
Sin embargo, el caso sufrió un cambio importante en junio de 2024, cuando una jueza de amparo ordenó cambiar la medida cautelar del agresor, dándole la posibilidad de salir en libertad, poniendo en riesgo el caso y su integridad.
Hoy, a un día de que se cumplan cuatro años del ataque, Natalia Lane identifica este momento como un “antes y un después” en su vida. En entrevista con La Cadera de Eva, reflexiona sobre cómo al realizar ese acto de protesta frente al Poder Judicial, sintió que “algo se quebró” dentro de ella.
Fue un despertar que le hizo comprender que, si las víctimas no empujan los cambios de manera contundente, estos no ocurrirán para ellas ni para las futuras generaciones de mujeres y personas trans.
“El año pasado cuando rompí las puertas del Poder Judicial, algo se quebró en mí (...) me volví incluso un poco más cínica, porque una se cansa de ser paciente, incluso de hablar el lenguaje de derechos humanos porque hay que ser educadas, conciliadoras y no confrontativas. Y entonces vino esta segunda Natalia, que es la que más me ha podido ayudar a confiar en mi propia voz, que es mucho más clara en lo que quiero y en lo que no quiero, y lo que ahora quiero es es justicia, es reparación y es no repetición”.
El primer caso en ser judicializado como tentativa de transfeminicidio
“¿Podemos hablar de justicia cuando la justicia ha tardado 4 años en poder llegar? Las víctimas y sobrevivientes tenemos que atravesar la violencia institucional a través de la falta de respuesta o de la respuesta tardía”.
México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en cantidad de muertes violentas hacia personas trans, solo después de Brasil. El caso judicial de Natalia Lane representa un hito sin precedentes en la lucha por los derechos de las mujeres trans y trabajadoras sexuales en México, pues, este 13 de enero, el proceso ha llegado finalmente a la etapa de juicio oral bajo la clasificación de tentativa de transfeminicidio.
Esta batalla legal busca no solo una condena penal, sino una reparación integral que considere los daños físicos, emocionales y patrimoniales sufridos por la activista, como explica Lane en entrevista. “El Estado, el gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias para atender a las víctimas y sobrevivientes de feminicidio y de transfeminicidio”.
Y es que los daños son múltiples y complejos. Como sobreviviente de violencia extrema, las consecuencias van desde heridas graves que requirieron intervenciones médicas de emergencia hasta tener que recurrir a un cirujano estético reconstructivo privado para tratar de reconstruir y disminuir la cicatriz de su cara, hasta tener que enfrentarse a un trastorno de estrés postraumático, depresión y ansiedad generalizada.
“Yo en muchas ocasiones me lo he preguntado, si realmente lo que ahora está sucediendo con el juicio llega en un momento en el que yo ya estoy muy desgastada emocionalmente”, reflexiona Lane, y añade “Si la justicia no es pronta y expedita, entonces no es justicia”.
Natalia no ha podido regresar a ejercer el trabajo sexual en la calle, que era su principal fuente de ingresos, lo que ha impactado directamente su capacidad de subsistencia y su proyecto de vida, y ha tenido que costear por cuenta propia gran parte de su recuperación y gastos médicos.
A esto se suma la campaña de hostigamiento impulsada por familiares de Alejandro “N” y por el colectivo antifeminista No Más Presos Inocentes, que ha difundido información falsa, calumnias y amenazas de muerte en contra de Natalia Lane.
El 16 de enero de 2025, durante una manifestación en el Poder Judicial de la Ciudad de México, integrantes de dicho colectivo se presentaron en las instalaciones vestidos con camisetas azules y acompañados de menores de edad. Posteriormente, el grupo difundió imágenes de Lane en redes sociales con datos falsos, acusándola sin sustento de ser una “secuestradora” e incluso de pertenecer al grupo delictivo conocido como “las goteras”.
Natalia denuncia que estas narrativas buscan criminalizarla por su labor como trabajadora sexual, utilizando el estigma social para invalidar su caso bajo el argumento de que “no es una buena víctima” o que ella “se lo buscó”, especialmente en el contexto del trabajo sexual, donde más del 50% de los transfeminicidios contra la comunidad trans ocurre, explica.
Por ello, Natalia demanda que el proceso se lleve a cabo con una perspectiva de derechos humanos, tal y como lo ha recomendado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que incluya el respeto a su identidad de género como mujer trans —reconocida legalmente desde hace diez años—, la eliminación de estigmas hacia su labor como trabajadora sexual, reconocida como trabajo en la Ciudad de México desde 2013, y que evite cualquier forma de revictimización. Asimismo, exige una sentencia condenatoria que no se limite a lo punitivo, sino que contemple una reparación integral del daño.
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La “segunda” Natalia
Natalia recuerda que su proceso de identidad comenzó desde joven, cuando tenía 17 años. “Fui la primera joven trans abiertamente como tal en estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En ese momento yo estaba realizando pedagogías sin darme cuenta, compartiendo con mis compañeras y compañeros qué es una persona trans”.
Comenzó a ejercer el trabajo sexual para costear gastos económicos, lo cual la llevó a una nueva etapa de lucha por la supervivencia. “Empecé a ejercer trabajo sexual porque no podía cubrir los gastos de la universidad, entonces necesitaba una entrada económica inmediata”.
Pronto, Natalia se dio cuenta que ahí “viene otra batalla, que es ya no solo defender tu identidad, sino también defender tu derecho a vivir, a sobrevivir y a tener comida caliente en tu mesa”.
“Una empieza el activismo sin querer porque es lo que te atraviesa por el cuerpo; es la necesidad, la rabia, el dolor, la herida que te atraviesa por el propio cuerpo”.
Casos emblemáticos de impunidad, como los de Paola Buenrostro y Alessa Flores, mujeres trans y trabajadoras sexuales, asesinadas en la Ciudad de México en 2016, aún no han enfrentado la justicia. Ahí, en la rabia y el dolor es donde el activismo de las mujeres trans se materializa como una evolución forzada por las circunstancias, la impunidad y la injusticia.
Finalmente, Natalia hace un llamado de atención sobre la precarización dentro de la comunidad pues, como señala, “mientras algunos sectores del movimiento trans se están profesionalizando o insertando en espacios de gobierno e iniciativa privada, se está olvidando a las más pobres, a las trabajadoras sexuales y a las habitantes de calle”.
Por lo que, explica Natalia, es necesario que el movimiento de personas trans se pronuncie activamente a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales y articule sus luchas con otros movimientos sociales.
El proceso y la búsqueda por justicia aún no termina. Al momento de la entrevista aún faltaban varias audiencias por realizarse, sin embargo, el veredicto podría sentar un precedente histórico en latinoamérica al obligar al sistema de justicia a actuar con una verdadera perspectiva de derechos humanos y de género.
