Imagina descubrir que tu nombre, fecha de nacimiento son inventados, que te quitaron el derecho a saber quién eres y de dónde vienes... Sentirte como un libro con páginas arrancadas, sin saber qué historia te corresponde... Buscar respuestas sobre tu pasado, pero que cada puerta que abres solo te lleva a más preguntas... Luchar por reconstruir tu identidad. Esta es la historia de Ligia Ceballos.
Hasta 2001 Lily —como ella prefiere ser nombrada— era Ligia Ceballos, una mujer de 33 años, que nació en Mérida, Yucatán, hija de madre y padre mexicanos. Aunque siempre sintió que pertenecía a otro lugar nunca lo cuestionó realmente hasta que se enteró que era adoptada. Cconocer esa verdad fue el primero de muchos pasos para reconstruir su identidad.
Su nombre no era Ligia, sino María Diana Ortíz Ramírez, no nació en México fue a más de 8 mil kilómetros de distancia, en Madrid España el 29 de mayo de 1968. El 11 de julio de 1968, —según consta en un Acuerdo de la Diputación Provincial de Madrid— fue entregada en prohijamiento a un matrimonio mexicano que se la llevó consigo a Mérida, Yucatán.
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Una vez allí, fue registrada ante la Oficialía del Registro del estado con otro nombre, y como nacida en México e inscrita como hija biológica del matrimonio Ceballos Franco, quienes eliminaron todo rastro de este suceso.
En entrevista para La Cadera de Eva, Ligia cuenta que durante 15 años recopiló información con indicios claros de que ella era uno de los 30 mil casos de bebés robados —de acuerdo con organizaciones de Derechos Humanos— durante la dictadura de Francisco Franco en España que duró de 1939 hasta 1975,
"Comencé a investigar mi pasado y mi origen, buscando respuestas sobre mi identidad y mi historia familiar. Es un camino difícil, pero no me voy a rendir, porque sé que tengo derecho a saber la verdad sobre mi vida" (Ligia Ceballos)
Descifrando el pasado
La única pista que tiene Ligia para conocer su origen son los nombres de sus padres, Marta y Rafael, oriundos de Madrid. Según el padre adoptivo de Ligia, ya fallecido, y otros múltiples testimonios recogidos directamente por Amnistía Internacional, este matrimonio recurrió a las autoridades eclesiásticas del estado de Yucatán, pues no podían tener hijos de forma natural.
Así, se habría iniciado una correspondencia entre el arzobispo de Yucatán y el arzobispo de Madrid, el cual, al parecer, mostró su apoyo para que la familia Ceballos pudiera adoptar una niña.
En junio de 1968, el matrimonio viajó a España con el fin de recibir a la niña en adopción. En esas mismas fechas, el Secretario Particular del Arzobispo de Mérida, Ramón Bueno y Bueno, viajó desde México a Madrid. Según el padre de Ligia, miembros del arzobispado les dijeron que les tenían preparado "algo especial, pero aún no ha nacido”.
"Es importante para mí conocer la verdad, no solo para mí, sino para mi familia y para las generaciones futuras. La búsqueda de la verdad es un derecho humano fundamental, y no voy a dejar de luchar hasta que la encuentre" (Ligia Ceballos)
El 15 de febrero del 2017, Ligia Ceballos presentó una denuncia penal ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) que en pocos días decidió admitir a trámite, por presunta desaparición forzada.
En la investigación del caso de Ligia también participó la Fiscalía Provincial de Madrid, a petición de auxilio judicial del Ministerio Público, esto facilitó detalles de su pasado para avanzar en la reconstrucción de su propia historia.
Sin embargo, la investigación se cerró sin proporcionar certeza sobre el origen biológico de Lily y en diciembre de 2022, el Ministerio Público decidió no ejercer la acción penal en el caso por considerar, entre otros elementos, el fallecimiento de los presuntos perpetradores como argumento clave para justificar el fin de la investigación penal.
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El papel de la SCJN
El caso de Ligia es acompañado por Amnistía Internacional que en 2021 presentó el informe "Tiempo de verdad y de justicia. Vulneraciones de derechos humanos en los casos de “bebés robados”, en el que denuncia los obstáculos y dificultades que enfrentan en sus procesos de búsqueda aquellas personas que como ella desean conocer su identidad y origen, así como de aquellas que sospechan haber sufrido la sustracción de sus hijos e hijas.
Este acompañamiento ha sido clave pues el caso de Ligia llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Al respecto, Edith Olivares Ferreto, directora de Amnistía Internacional México, señaló que las y los ministros tienen un sus manos garantizar el acceso a la verdad sobre uno de los episodios más oscuros en la historia de España, pues esta resolución podría sentar un precedente para otros casos similares, protegiendo el derecho a la identidad de otras personas que han sido afectadas por el robo de bebés durante el franquismo.
"La resolución de la Corte es un paso hacia la justicia y la reparación que necesito para seguir adelante y un paso hacia la justicia para las víctimas del franquismo. Conocer la verdad es como encontrar un pedazo de mí misma que estaba perdido" (Ligia Ceballos)
Foto: Cuartoscuro
Defensa de derechos
"El derecho a la verdad es tan simple y tan complejo como saber qué pasó... Qué fue lo que pasó con mi vida. Qué fue lo que pasó con mi familiar... Eso es lo que le pasa a Ligia Ceballos, es decir, eso, ¿quién soy yo?", explica a La Cadera de Eva, Edith Olivares Ferreto.
La directora de Amnistía Internacional México destacó que el derecho a la verdad es fundamental para cerrar heridas, reparar el daño y garantizar la no repetición sobre todo en un contexto donde el archivo de causas por prescripción del delito y las escasas investigaciones abiertas sobre el robo de bebés durante el franquismo han contribuido a que la mayoría de casos permanezcan sin esclarecer y continúen impunes.
Actualmente solo 526 de las 2 mil 138 diligencias abiertas por la Fiscalía de España entre 2011 y marzo de 2021 sobre el robo de bebés durante el franquismo han sido judicializadas, de acuerdo con Amnistía Internacional.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, señala que que cuando este delito afecta a niños y niñas, se sigue produciendo hasta que conocen su verdadera identidad (hoy adultas y adultos) y se garantiza a las víctimas la posibilidad legal y real de restablecerla, así como sus lazos familiares.
Aunque describir la verdad de su origen es un parteaguas en la vida Ligia, ella tiene muy claro que no puede quedarse estancada en el pasado preguntándose qué hubiera sido de su historia, pues durante los años que lleva reconstruyendo su identidad ha entendido que su caso que de manera particular fue favor entre arzobispos, también es un reflejo del momento histórico que vivía España, con embarazos no deseados y adopciones que eran penadas.
"Debes avanzar y tratar de encontrar un cierre. En mi caso, si apareciera alguien, sería un cierre, una comprensión profunda de lo que pasó. Pero eso no impide que yo haya logrado entender que esta fue mi realidad, aunque pudo haber sido otra. He buscado durante 23 años, pero no ha aparecido nadie. Quizás están muertos, estamos hablando de personas entre 70 y 80 años. Hay muchos escenarios posibles, pero debes evaluarlos y avanzar. La esperanza es lo último que muere" (Ligia Ceballos)
Bebés robados en España
En España, durante el régimen de Franco (1939-1975) y hasta los años 90, miles de bebés fueron sustraídos ilegalmente de sus madres, principalmente en centros penitenciarios, hospitales y maternidades gestionados por congregaciones religiosas.
La ideología franquista consideraba que la mujer debía ser madre y garantizar la moralidad ideológica de la época. Las madres solteras, pobres o con relaciones fuera del matrimonio eran estigmatizadas y responsabilizadas de la mortalidad infantil.
Las leyes y prácticas de la época permitían la adopción como un negocio jurídico entre particulares, sin control estatal, lo que facilitó la sustracción ilegal de bebés. La Ley de Adopción de 1987 reconoció la falta de control y la posibilidad de tráfico de niños.
En los primeros años de posguerra, el Estado separó a las y los menores de sus madres republicanas o represaliadas, perdiendo su identidad. El régimen franquista también utilizó instituciones para "dignificar moralmente" a las mujeres y educarlas según la Religión Católica.
La "ley de parto anónimo" (1948-1999) permitía a las madres ocultar su identidad al dar a luz, lo que facilitó las apropiaciones y la pérdida de la identidad de los bebés. Muchos de estos bebés, ahora adultos, buscan su identidad y justicia.
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