Esta semana surgió una ola de desinformación y debate en redes sociales en torno a la llamada Ley Alina, una reforma que busca garantizar que las mujeres víctimas de violencia puedan ejercer la legítima defensa sin ser criminalizadas. La iniciativa fue blanco de ataques con una narrativa que lleva años cuestionando a las víctimas cada vez que denuncian: "¿Y si solo quieren arruinarle la vida a un hombre?"
Impulsada en 2023 por la diputada morenista Liliana Michel Sánchez Allende, en Baja California, la Ley Alina propone que los casos en los que una mujer se defiende de una agresión física, sexual o feminicida sean juzgados con perspectiva de género. Es decir, que no se les castigue penalmente por actuar en un contexto de peligro real.
Como explicamos esta semana, uno de los puntos clave de la reforma es que establece que no debe considerarse “exceso en la legítima defensa” cuando una mujer responde desde el miedo extremo, la desestabilización o el terror, estados provocados por una violencia feminicida. Porque en esas circunstancias, la reacción no es medida: es instintiva, desesperada, de supervivencia.
Pero eso no es lo que se discute en redes sociales ni en muchos medios. En su lugar, circula una versión distorsionada que afirma, falsamente, que esta ley otorgará “licencia para matar”.
¿Por qué es importante hablar de legítima defensa con la Ley Alina?
Influencers y otros comunicadores se han dedicado a difundir este discurso falso y alarmista, más interesados en sembrar miedo que en comprender la realidad que viven las mujeres en un país donde, en promedio, son asesinadas 11 mujeres cada día. Hablan de derechos humanos... pero solo cuando se trata de defender los privilegios de los agresores.
Con el rechazo a esta reforma, resurge una de las falacias más comunes del patriarcado: que las mujeres denuncian falsamente para vengarse, manipular o destruir la vida de un hombre. Es una idea tan arraigada como letal, que deslegitima de entrada cualquier testimonio de violencia.
Pero los datos desmienten esa narrativa. Claudia Morales, coordinadora de proyectos de la organización Impunidad Cero, nos dijo esta semana que que entre 2009 y 2023, el promedio de denuncias falsas fue de apenas 0.0084%. Es decir, son la excepción, no la regla.
Jennifer Seifert Braun, del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, lo explicó recientemente también cuando hablamos con ella sobre violencia vicaria: el 88% de las mujeres que integran el Frente han sido denunciadas penalmente por sus agresores, muchas veces con acusaciones infundadas. Al menos 24 están en prisión. Su delito fue denunciar y proteger a sus hijas e hijos.
La historia de Alina Narciso , la mujer que inspira esta ley, lo deja claro. Fue víctima de años de violencia por parte de su pareja. Un día, él intentó matarla. Ella se defendió y enfrentó un proceso penal por tentativa de homicidio. Así funciona el sistema: llega tarde, juzga sin perspectiva de género y castiga a las que no se dejaron matar.
Pero, ¿qué dice el Código Penal Federal en relación con la legítima defensa? La abogada Leslie Jiménez, nos recordó también esta semana que, en los artículos 15 y 16, el Código establece que, en situaciones de agresión ilegítima y actual, la persona atacada no será punible si actúa para defenderse, sus bienes o los de otro, siempre que la reacción sea proporcional. Es decir, la legítima defensa es válida cuando hay un peligro real e inminente.
El artículo 16 también precisa que, aunque la legítima defensa es aceptada, el exceso en la reacción (como una respuesta desproporcionada a la agresión) sí es punible, aunque con una pena menor que la que se aplicaría si se cometiera el delito de forma deliberada.
Lo importante aquí es que la Ley Alina no viene a “legalizar el homicidio” ni a dar licencia para matar, como difunden falsamente algunos hombres. Lo que propone es que se juzgue a las mujeres en defensa propia con perspectiva de género, reconociendo que, en muchos casos, las respuestas a la violencia no son medidas, sino reacciones humanas, instintivas y desesperadas ante una violencia feminicida que amenaza con acabar con sus vidas.
Como sabemos, las mujeres que se atreven a denunciar enfrentan una odisea en sí misma. Desde el primer momento en que pisan un ministerio público, muchas se encuentran con una pared de incredulidad y misoginia.
No solo se les descalifica o minimiza su testimonio, sino que se les culpa por la violencia de la que fueron víctima con preguntas revictimizantes como “¿Qué hizo para provocarlo?”. La violencia institucional que sufren en estos espacios contribuye a que muchas mujeres no encuentren justicia, sino humillación.
La Ley Alina es un paso necesario para que las mujeres puedan defenderse sin miedo a ser criminalizadas, pero no es suficiente si no se acompaña de una transformación profunda en el sistema judicial.
No es la ley lo que pone en riesgo a los hombres, sino la cultura de violencia que permite que las agresiones queden impunes.
