Siete de cada 10 transfeminicidios en el mundo ocurren en Latinoamérica. Tristemente México es el segundo país con más casos desde que la organización Transgender Europe los contabiliza: 701 de 2008 a 2023. Solamente Brasil nos supera.
A la luz —u oscuridad— de esos datos, el Congreso de la Ciudad de México hizo historia al aprobar, el 18 de julio, la Ley Paola Buenrostro y añadir en el artículo 69 del Código Penal local el término transfeminicidio. Tipificar es nombrar y nombrar implica, también, reconocimiento de una deuda antigua con la comunidad más afectada por crímenes de odio contra la diversidad sexogenérica.
No es un asunto sólo jurídico, sino una decisión política de vanguardia a la altura de una capital progresista como es la CDMX. El logro es producto de una intensa lucha de activistas como Kenya Cuevas y de la propuesta de nuestra querida dipuchula Ana Francis Mor, quien además de ser una experta en gestión cultural ha demostrado que la perspectiva de género sí puede ser transversal al trabajo legislativo.
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Es apenas el inicio y como referencia queda la trayectoria de visibilización del feminicidio, larga batalla cuya primera consolidación llegó en 2007 al incorporar en la recién aprobada Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la dimensión de la violencia feminicida.
Pero no era lo mismo. Por eso la lucha de activistas y feministas tan importantes como Marcela Lagarde siguió y encontró combustible en la sentencia “Campo Algodonero”, emitida en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por la la desaparición y muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez en Ciudad Juárez. Fueron feminicidios, con todas sus letras. Y quedó escrito.
El 14 de junio de 2012 se reformó el Código Penal Federal para incluir en el Artículo 325 el delito de feminicidio, con definición, criterios y penas de 40 a 60 años de prisión; en el caso del transfeminicidio las penas en la Ciudad de México, única entidad que ha dado este paso además de Nayarit, serán de 35 a 70 años.
¿Es suficiente la ley? Nunca. Todos los días se suman diez víctimas de feminicidio a la lista de aquellas por quienes cada 8M y 25N exigimos “vivas las queremos” o “ni una más”; todavía es actividad de alto riesgo en algunos estados pedir un Didi o salir sola de noche. No será suficiente hasta que realmente todas las niñas, mujeres y mujeres trans vivan libres y seguras. Tampoco mientras la identidad de las últimas siga siendo negada. A veces sobra ley y falta justicia. (María Elena Esparza)
Hemos dado un paso importante, falta pavimentar el camino para avanzar más rápido y bachear porque no debe haber ni un solo huequito por donde la heteronorma, prejuicios e impunidad nos hagan retroceder.
