Distintas colectivas feministas denunciaron que el informe de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) contiene irregularidades e imprecisiones en la investigación sobre la represión de las que fueron víctimas las mujeres que salieron a marchar el 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
El pasado 8 de marzo en las marchas que se realizaron en la mayoría de las entidades federativas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer se vivieron varias represiones, el estado Zacatecas fue uno de los más sometidos.
En aquel estado, la policía reprimió la manifestación del 8M con extrema violencia. Fotos y videos mostraron a elementos de la policía golpeando, arrastrando a menores de edad por la Plaza de Armas y lanzando gases lacrimógenos a las manifestantes.
Ante esto, las mujeres víctimas de esa represión denunciaron públicamente estos hechos, respaldadas por varios grupos feministas de Zacatecas, como la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras y colectivo Mujeres Sobrevivientes de Tortura Sexual en Atenco, quienes también se unieron a exigir justicia por los casos de represión.
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A raíz de estos hechos la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) fue la encargada de llevar la investigación de la represión que denunciaron las manifestantes, sin embargo, las colectivas que dieron seguimiento al caso, denunciaron que el informe que está llevando a cabo este organismo es “inaceptable” porque está lleno de inconsistencias porque incurrieron en imprecisiones e información falsa.
Explicaron que en el documento detallan, por ejemplo, que los gritos de las mujeres que se escuchaban desde el callejón de las Campanas durante la manifestación, fueron provocados porque las víctimas estaban en crisis, sin embargo, no especificaron la causa de esa crisis, además, negaron que las manifestantes fueron golpeadas, algo que incluso quedó documentado en videos y fotografías que captaron medios de comunicación.
“La parcialidad que queda al descubierto en la tergiversación de los hechos en este informe es un signo de alarma sobre la autonomía de este organismo creado para la protección de los derechos humanos”, se lee en el comunicado.
Además, las colectivas explicaron que las actuaciones de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas (FGJEZ) no han sido imparciales, porque de los 10 peritajes psicológicos realizados, solo uno ha resultado positivo a signos y síntomas de violencia.
Por otro lado, las evidencias que respaldan los acontecimientos se perdieron. En la rueda de prensa denunciaron que las muestras de sangre en las paredes del callejón de las Campanas, donde se llevaron a cabo los principales actos de tortura, se perdieron. Así como los videos de las cámaras de vigilancia.
Y los que circularon en redes sociales no se han incluido en la carpeta de investigación. Además, denunciaron que la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas ha obstaculizado la investigación alegando que solo participaron mujeres policías en el operativo del 8 de marzo, dato que ha sido desmentido por distintos testimonios y videos.
“Esto obstaculiza la posibilidad de contar con las fotografías de los hombres policías que participaron en los hechos de violencia y evita su identificación por parte de las víctimas”, denuncian en el comunicado.
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En el estado de Zacatecas, 18 mujeres que se estaban manifestando en la Plaza de Armas fueron golpeadas, detenidas y liberadas por policías. Solo 14 de ellas denunciaron los delitos de los cuales fueron sometidas, como lesiones, abuso de autoridad, amenazas, privación ilegal de la libertad, tentativa de feminicidio y tortura.
Ante estos hechos, las integrantes del Movimiento Feminista de Zacatecas informaron, el 12 de marzo, que se abrieron seis carpetas de investigación por las detenciones arbitrarias y agresiones cometidas.
Ese mismo día, desde la Cámara de Diputados y acompañadas de diputadas de distintos partidos políticos, las colectivas feministas exigieron la destitución del secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Arturo Medina Mayoral.
También solicitaron garantías de seguridad a las 18 víctimas por parte del gobierno de la entidad y la investigación por actos de torturas. Un mes después, la FGJEZ contabilizó nueve carpetas de investigación, 13 denuncias por personas civiles, 14 denuncias por policías y una denuncia por delito de daños.
Finalmente, ante las irregularidades mencionadas, las colectivas en el comunicado demandan que las autoridades actúen de manera diligente y transparente durante la investigación de los hechos para garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral de las mujeres víctimas de represión.
