Este 5 de marzo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para emitir un fallo que podría sentar un precedente histórico en la lucha contra la impunidad y la violencia feminicida en México. El caso en cuestión es el de Fátima Quintana Gutiérrez, una niña de 12 años víctima de feminicidio en febrero de 2015 en Lerma, Estado de México.
El proyecto de sentencia presentado por la Ministra Margarita Ríos Farjat busca rectificar una injusticia. En el caso de Fátima, el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, negó el reconocimiento de sus padres, Lorena Gutiérrez y Jesús Quintana, como víctimas indirectas del feminicidio. Esto les impidió acceder a la reparación del daño.
El proyecto de sentencia propone que el reconocimiento de víctimas indirectas no se base en formalismos, sino en el vínculo con la víctima y el impacto en sus familiares. Además, ordena al Estado de México implementar medidas de satisfacción y no repetición debido a su responsabilidad en la persistencia de la violencia feminicida en la entidad.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que desde hace ocho años ha acompañado a la familia de Fátima en su búsqueda de justicia, hizo un llamado urgente a las y los ministros de la Primera Sala de la SCJN para votar a favor del proyecto, el cual constituirá un precedente histórico en materia de reparación del daño y medidas de no repetición.
"Este caso es una oportunidad para que la SCJN haga historia y establezca un precedente claro en la lucha contra la impunidad y la violencia feminicida en México" (OCNF.)
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En 2015, Fátima Quintana era una alumna de 12 años de una secundaria en Santa María Zolotepec. Estado de México. Su vida se truncó de manera trágica el 5 de febrero de ese año. Ese día, regresaba a casa de la escuela con su amiga Salma. Cuando se separaron, Fátima desapareció. Sus padres, Lorena y Jesús, comenzaron a buscarla y encontraron su sudadera con gotas de sangre cerca de la carretera Naucalpan-Toluca.
La búsqueda de Fátima llevó a sus padres a descubrir un cuchillo lleno de sangre y sus pertenencias. Finalmente, encontraron su cuerpo sin vida. Los tres agresores, Mizael Atayde Reyes, Luis Ángel Atayde Reyes y José Juan Hernández Tecruceño, habían golpeado, abusado sexualmente y asesinado a Fátima.
A pesar de las amenazas y el miedo, los padres de Fátima lucharon por justicia. Sin embargo, el proceso fue lento y complicado. En 2016, la madre de Fátima recibió una amenaza del padre de uno de los feminicidas.
En 2017, los agresores fueron sentenciados. Mizael Atayde fue ingresado a un centro de internamiento por cinco años debido a su edad. Luis Ángel Atayde fue condenado a 73 años y 4 meses de prisión. José Juan Hernández Tecruceño fue sentenciado a cárcel vitalicia en 2021.
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La búsqueda de justicia ha sido un proceso largo y doloroso para la familia. En 2022, Luis Ángel fue condenado a 78 años de prisión, pero Misael, al ser menor de edad al momento de cometer el crimen, recibió una condena de solo cinco años y ya se encuentra en libertad.
La familia también ha tenido que enfrentar la negligencia médica que llevó a la muerte de Daniel, el hermano de Fátima, en 2020. A pesar de las adversidades, los padres de Fátima han mantenido firme su lucha por la justicia para su hija.
Recientemente, la familia se enteró de que José Juan Hernández Tecruceño, uno de los responsables del feminicidio de Fátima, había sido amparado por un tribunal. Aunque el amparo no implica la liberación inmediata, la familia ahora enfrenta la perspectiva de regresar a las audiencias judiciales.
“De nueva cuenta volveremos a las audiencias y cumpliremos 10 años de esta tortura”, lamentó Gutiérrez Rangel, en entrevista con SEM México.
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