Este 17 y 18 de junio, México será examinado en Ginebra, Suiza, por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el principal órgano internacional encargado de supervisar el cumplimiento de los derechos de las mujeres.
En el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Estado mexicano presentará su X Informe Periódico, un documento en el que presume avances legislativos, incremento del presupuesto con perspectiva de género y fortalecimiento institucional. Sin embargo, paralelamente, un informe sombra elaborado por EQUIS Justicia para las Mujeres, Intersecta y Oxfam México revela un panorama muy diferente: presupuestos maquillados, desmantelamiento institucional, aumento de la criminalización y militarización que profundiza las violencias contra mujeres y niñas.
Como cada año, la revisión ante la CEDAW, que México ratificó en 1981, representa una oportunidad para que el Estado rinda cuentas sobre las desigualdades que siguen afectando a las mujeres. Este año, los datos y la realidad contradicen el discurso oficial.
De acuerdo con los datos actualizados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y abril de 2025 se han registrado 212 feminicidios en México. Tan solo en abril se contabilizaron 52 casos. Estas cifras corresponden a las carpetas de investigación iniciadas por este delito en las fiscalías estatales, lo que refleja que, pese a los compromisos asumidos por el Estado mexicano ante organismos internacionales como el Comité CEDAW, la violencia feminicida continúa cobrando la vida de decenas de mujeres cada mes.
Un presupuesto que no atiende la desigualdad estructural
El Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el cual se creó en 2008 y corresponde a las “erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, es decir, tiene como objetivo destinar recursos para fomentar la igualdad de género y erradicar la violencia de género dentro del gasto público, ha sido presentado por el gobierno como prueba de su compromiso desde. Pero el 54% de ese gasto corresponde a la Pensión para Personas Adultas mayores, una política sin enfoque de género ni objetivos claros de reducción de desigualdades.
Además, programas estratégicos como Escuelas de Tiempo Completo fueron eliminados en 2022, a pesar de haber demostrado efectos positivos en la autonomía económica de mujeres cuidadoras, especialmente en contextos rurales e indígenas.
Las organizaciones denuncian que el presupuesto actual no prioriza acciones transformadoras, no atiende las causas estructurales de la desigualdad y carece de una metodología sólida para evaluar impactos diferenciales. “Lo que se presenta como avance presupuestal, en realidad oculta la falta de intención real para transformar las condiciones de vida de las mujeres”, advierten.
A esto se suma la ineficacia del mecanismo más emblemático del Estado mexicano para atender la violencia feminicida: la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). Colectivas de la Red Nacional de Alertistas denunciaron hace una semanas que estas alertas, creadas para atender de manera urgente contextos críticos, no cumplieron su objetivo.
Según el informe “Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres: ni armonización, ni coordinación”, las alertas no generaron mecanismos interinstitucionales efectivos, hubo lentitud en su aplicación y, en muchos casos, se utilizaron con fines políticos. Desde su creación en 2007, la AVGM ha sido declarada en 26 ocasiones, abarcando 24 entidades y 643 municipios.
Como documentó La Cadera de Eva, 15 años después de su puesta en marcha, en 13 de los estados donde se han decretado estas alertas la violencia no ha disminuido, ha aumentado. En Colima, por ejemplo, la AVGM fue decretada en 2017 cuando la tasa de feminicidios era de 1.09 por cada 100 mil mujeres; seis años después, se disparó a 5.25, un incremento del 382%.
Esta crisis institucional se agrava con la desaparición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), el órgano responsable de coordinar las políticas de atención a la violencia— cuyas funciones pasaron, sin claridad operativa ni normativa, a la nueva Secretaría de las Mujeres. Las organizaciones piden a la CEDAW que exija transparencia en esta transición institucional.
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Criminalización y militarización al alza
Uno de los hallazgos más preocupantes es el aumento del encarcelamiento femenino como consecuencia de reformas que ampliaron los delitos con prisión preventiva oficiosa. Entre 2019 y 2024, el número de hombres en prisión preventiva creció un 13.1%, mientras que en mujeres el aumento fue del 33.1%.
El 48% de las mujeres privadas de la libertad no han recibido sentencia, y el 22.2% lleva más de dos años en prisión sin juicio. Además, solo el 2.5% tiene acceso a productos de higiene menstrual, y el 44.7% reporta haber sufrido violencia dentro del sistema penitenciario.
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Si es militar, es patriarcal
El documento alerta también sobre el impacto de la militarización en los derechos de las mujeres. La Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas están involucradas en tareas de seguridad y gestión migratoria sin mecanismos de rendición de cuentas ni protocolos con perspectiva de género.
Las detenciones realizadas por elementos militares presentan los índices más altos de tortura y violencia sexual: el 13.4% de las mujeres detenidas por fuerzas armadas reportaron haber sido violadas, frente al 3.8% de los hombres. Además, el 28.8% de las mujeres reportó haber sufrido acoso sexual, abuso o intentos de violación por parte de estas fuerzas.
Organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) insisten en que “si es tiempo de mujeres, es tiempo de cumplir”.
Desde su posicionamiento, el Estado mexicano debe atender de forma urgente las recomendaciones del Comité CEDAW para erradicar la discriminación, la violencia, la impunidad y para diseñar políticas públicas con perspectiva de género que garanticen el acceso a salud, oportunidades, seguridad y justicia, desde los hospitales hasta los centros de atención. El OCNF exige que la revisión de este año no sea simbólica, sino un punto de inflexión para cumplir con las deudas históricas hacia las mujeres.
