En México, sigue pendiente la creación de un marco legal y políticas públicas que aborden y prevengan la violencia obstétrica a nivel federal. Este tipo de violencia engloba cualquier acción u omisión por parte del personal de salud durante el embarazo, parto y puerperio (posparto) que cause daño físico o psicológico a la mujer.
La violencia obstétrica puede manifestarse en diversas formas, de manera física o psicológica, a través de un trato deshumanizado o abusivo, del suministro injustificado de medicación, el retraso de atención médica o falta de respeto a los tiempos del parto, entre otras acciones que limitan la capacidad de las mujeres para decidir de manera libre e informada sobre su proceso reproductivo, como cuando se practican cesáreas sin justificación o esterilización no consentida.
Por ello es fundamental que se tomen medidas concretas para erradicar esta problemática y garantizar el respeto y la dignidad de las mujeres en todas las etapas de la maternidad. No obstante, la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, que terminó su sesión ordinaria el pasado 1 de mayo, dejó 14 iniciativas pendientes de legislar para combatir la violencia obstétrica, según el Sistema de Información Legislativa (SIL).
Actualmente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) tampoco define ni incluye este concepto.
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Iniciativas para combatir la violencia obstétrica permanecen congeladas
De marzo de 2022 a abril de 2024 se presentaron 14 iniciativas relacionadas a la atención y erradicación de la violencia obstétrica que quedaron en la congeladora: nueve del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dos del Partido Acción Nacional (PAN), una de Movimiento Ciudadano (MC), una del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y una del Partido del Trabajo (PT).
La iniciativa de Movimiento Ciudadano fue presentada en abril del 2022 por el entonces diputado y actual candidato a la presidencia Jorge Álvarez Máynez, en ella se proponía reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Salud. Además, plantea definir la violencia obstétrica y ginecológica; precisar las conductas, actos u omisiones que constituyen violencia obstétrica y ginecológica; y capacitar al personal médico del Sistema Nacional de Salud (SNS).
En marzo de 2023, el senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa para adicionar un capítulo a la LGAMVLV en el que se describen las conductas mediante las cuales se puede expresar la violencia obstétrica y determinar que toda mujer embarazada tenga derecho a un trato digno y con perspectiva intercultural en los servicios de salud y atención médica.
También propone reformar la Ley General de Salud y establecer una multa equivalente a quince mil hasta veinte mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien ejerza violencia obstétrica.
La última iniciativa presentada durante esta legislatura la realizó la panista, Josefina Vázquez Mota en abril de este año. Vázquez Mota también busca definir la violencia obstétrica y establecer sus manifestaciones dentro de la LGAMVLV y, a diferencia de otras reformas, no contempla la Ley General de Salud.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ha señalado que, en caso de se decida incorporar una definición de violencia obstétrica en los marcos legislativos, se deben incluir los siguientes elementos:
· Que la violencia obstétrica puede cometerse tanto por acciones como por omisiones.
· Que tiene lugar en el ámbito de la atención del embarazo, parto y puerperio.
· Que puede expresarse en un trato cruel, inhumano o degradante hacia las mujeres y otras personas con capacidad de gestar así como en un abuso de medicalización de los procesos naturales.
· Que tiene como resultado la pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre las distintas etapas del embarazo, trabajo de parto, alumbramiento y nacimiento.
· Que la violencia obstétrica es un problema estructural, que va más allá de actitudes individuales.
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Recomendación de la CNDH sobre violencia obstétrica
En julio de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación General 31/2017, la cual se centra en abordar la violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud. Esta recomendación analiza las acciones u omisiones del personal médico durante el embarazo, parto y posparto, que pueden vulnerar los derechos humanos de las mujeres. En ella se toman en cuenta diversas perspectivas y criterios importantes en materia de derechos humanos y género, tanto a nivel nacional como internacional.
Al mismo tiempo, la CDNH señala que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH), el 33.4% de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto durante entre 2011 y 2016 en México experimentaron algún tipo de maltrato por parte de quienes las atendieron. Las entidades federativas en las que se registró el mayor porcentaje de mujeres que denunciaron haber padecido algún incidente relacionado con violencia obstétrica fueron: el Estado de México, la CDMX, Tlaxcala, Morelos y Querétaro.
Solo seis entidades regulan la violencia obstétrica como delito
Actualmente solo seis estados regulan la violencia obstétrica como delito: Chiapas, Estado de México, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. El Estado de México, Quintana Roo y Veracruz regulan como pena mínima seis meses, mientras que Guerrero es la entidad federativa que prevé la mayor pena con ocho años, de acuerdo con la CNDH.
Por otra parte, GIRE, la organización por los derechos reproductivos, ha señalado que “en un país desbordado por la demanda de servicios sanitarios y en el que la inversión en salud es insuficiente”, la violencia obstétrica no solo debe ser atendida como un delito, si no como un problema estructural.
“Durante varios años, GIRE ha señalado algunas medidas estructurales que deben atenderse, como la necesidad de transformar las actitudes, prejuicios y rutinas dañinas que forman parte de la dinámica misma en que se forma y educa al personal de salud; o la falta de infraestructura, personal e insumos para ofrecer una atención adecuada a cada usuaria de los servicios de salud”.