Militares y elementos de la Guardia Nacional están relacionados con el asesinato de tres personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado fin de semana, mientras perseguían a presuntos delincuentes. Así lo denunció el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y familiares de las víctimas que son una niña de ocho años, un joven de 18 y una enfermera de 46 años.
Estos presuntos asesinatos ocurrieron en dos hechos distintos y con 24 horas de diferencia, de acuerdo con el comunicado donde el Comité denunció que perdieron la vida las personas identificadas como Lidia Iris Fuentes Galván de ocho años; la enfermera del IMSS, Yuricie Rivera Elizalde de 46 y un civil aparentemente secuestrado de nombre Diego Alfredo, de 18 años de edad.
Ante estos hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum, señaló en la conferencia de este 15 de octubre que en los dos casos se están realizando las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y que en caso de que el Ejército mexicano y/o la Guardia Nacional hayan cometido un delito serán sancionados, aunque pidió esperar a los resultados de las averiguaciones.
“Hay que decir algo muy importante: Nuevo Laredo es el lugar donde más agresiones tiene, donde los grupos delincuenciales agreden más a las fuerzas armadas, tanto al ejército como, en su caso, la guardia nacional. En caso de que haya una actuación, una mala actuación de algún elemento del ejército, de la guardia o de algún oficial serán sancionados, pero hay que esperar a las investigaciones y la cercanía que se requiere siempre con las víctimas”, explicó la mandataria.
Por su parte, el gobierno local de Nuevo Laredo y la Fiscalía de Tamaulipas no han publicado una versión oficial de lo sucedido. Toda la información que ha sido obtenida por los medios de comunicación es del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, a través de familiares de las víctimas.
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El caso de la enfermera Yuricie Rivera
El asesinato de la enfermera Yuricie sucedió el viernes 11 de la noche en el crucero de Eva Sámano y Miquihuana en el Fraccionamiento La Fe, de Nuevo Laredo. Cuando Yurice se trasladaba en una camioneta particular acompañada de su esposo e hijo de nueve años y recibió un disparo en la cabeza por parte de soldados del Ejército mexicano, muriendo de manera instantánea en el interior del vehículo de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos.
“De acuerdo con testigos, los militares perseguían a civiles armados cuando comenzaron a dispararles, sin importarles que a su alrededor había decenas de familias”, se lee en el comunicado.
Yuricie Rivera era enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde el año 2017, de acuerdo con la dependencia.
El caso de la niña Iris
El homicidio de Lidia Iris Fuentes ocurrió el sábado 12 de octubre por la tarde en el Fraccionamiento Palmares. La señora Lidia Galván Reséndez viajaba en su vehículo particular junto con su nieta Lidia Iris Fuentes, cuando quedó en medio de una persecución entre elementos de la Guardia Nacional y presuntos delincuentes.
El vehículo quedó prensado entre dos camionetas cuando los elementos de la Guardia Nacional comenzaron a disparar hacia su vehículo. Aunque la menor fue trasladada de urgencia al Hospital General, falleció a causa de un disparo en su cabeza, de acuerdo con el testimonio que la señora Lidia dio al Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
Lidia Iris, de ocho años de edad, era estudiante del tercer grado en la escuela primaria.
El caso de Diego Alfredo
El asesinato de Diego Alfredo, un joven de 18 años, ocurrió en el mismo hecho. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos, él iba dentro de una de las camionetas que perseguían los elementos de la Guardia Nacional y los soldados del Ejército mexicano.
Señalan que el joven “presentaba huellas de tortura en diferentes partes de su cuerpo y no portaba armas ni equipo táctico, presumiendo que se encontraba en calidad de secuestrado”.
Ante estos hechos, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denuncia que los distintos niveles de gobierno no han ofrecido ayuda a las familias de las víctimas.
Estos casos no son aislados
Estos casos no son los únicos en los que se les implica directamente a la Guardia Nacional y al ejército en agresiones que violan los derechos humanos de personas civiles. El pasado mes de abril de 2022, elementos de la Guardia Nacional fueron acusados de disparar contra dos estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Como resultado, una alumna resultó herida y la otra perdió la vida.
Por otro lado, la Guardia Nacional acumuló mil 912 denuncias por violaciones a derechos humanos desde su creación en 2019, hasta abril de 2024, por detenciones arbitrarias, abuso de la fuerza, tratos crueles e inhumanos, tortura y delitos de sexuales, incluidos abuso y violación, de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
