México enfrenta este 16 y 17 de junio su décima evaluación ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en Ginebra, Suiza. Si bien el Estado mexicano presenta su informe periódico destacando avances legislativos y un incremento presupuestal, un informe sombra elaborado por organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), revela una realidad marcada por la violencia, impunidad e incumplimiento de compromisos.
Desde cifras maquilladas sobre feminicidios hasta la falta de acceso efectivo al aborto, la escasez de refugios a nivel nacional, el olvido presupuestal frente a la trata de personas y la persistencia del matrimonio forzado de niñas en regiones indígenas, el informe sombra documenta cómo México sigue fallando en su obligación de garantizar a mujeres, niñas y adolescentes una vida libre de violencia y discriminación.
¿Qué dice el informe alternativo sobre la violencia feminicida?
El informe subraya que las cifras oficiales no logran capturar la magnitud real del problema, creando una "guerra de cifras". Entre 2018 y 2025, se han asesinado 26 mil 652 mujeres, de las cuales solo 6 mil 781 casos fueron investigados como feminicidio, de acuerdo con el OCNF.
Mientras que las cifras oficiales registran 34 mil 715 mujeres, adolescentes y niñas asesinadas, pero sólo el 24.6% de estos casos se investigan como feminicidio de 2015 a abril de 2025.
"El dato estadístico sigue siendo una gran deuda para saber realmente ¿cuántos casos son realmente se están investigando en materia de feminicidio?”, dijo María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en conferencia de prensa.
Además, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza 29 mil 500 mujeres desaparecidas y no localizadas hasta la fecha. El Estado de México, uno de los estados de particular interés para la CEDAW, registra más de 31 mil personas desaparecidas y no localizadas, una cifra que no concuerda con los datos del registro nacional.
Otros estados de alta gravedad incluyen Jalisco, Guerrero y Tamaulipas, aunque en este último no existen condiciones para recabar información debido a la delincuencia organizada, de acuerdo con la coordinadora del OCNF.
Foto: Cuartoscuro
María de la Luz Estrada señala que, aunque las fiscalías se presentan como especializadas, a menudo inician investigaciones de muertes violentas bajo hipótesis de suicidio o accidente, careciendo de rigor científico y de personal experto en medicina, química, genética forense, psicología y criminalística.
Esta falta de rigor es tal que en algunas zonas de Guerrero, especialmente en municipios indígenas, no se elaboran necropsias, basándose las causas de muerte en testimonios, a menudo de los propios agresores. Esto resulta en que muchas muertes violentas no se investiguen como feminicidios, contribuyendo a la invisibilización del problema.
Un tipo de violencia creciente son los ataques con ácido. En los últimos 12 años, al menos 3 mil 354 mujeres han sido ingresadas en hospitales por quemaduras con sustancias corrosivas, con agresores mayormente masculinos. A pesar de la tipificación de este delito, el OCNF lamenta la falta de mecanismos para su implementación efectiva.
Las organizaciones señalan que, mecanismos como las Unidades de Análisis y Contexto (UAC), creadas para identificar patrones criminales vinculados al feminicidio con una inversión de 34 millones de pesos, no están cumpliendo sus objetivos, y en algunos estados incluso fueron desaparecidas por nuevos gobiernos.
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Alertas de Violencia de Género: un mecanismo ineficaz
La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), concebida como un mecanismo de urgencia para atender contextos críticos, ha sido declarada en 26 ocasiones en 23 estados. Sin embargo, María de la Luz Estrada señala que ha demostrado ser "ineficaz y burocrática".
Las organizaciones denuncian lentitud en su aplicación, falta de mecanismos interinstitucionales efectivos y un uso con fines políticos. A 17 años de su creación, el mecanismo no cuenta con una metodología homologada para el seguimiento y evaluación de sus medidas, con muchos estados tardando hasta dos años en transparentar los avances o sin dictámenes públicos por años.
En estados como Colima, la violencia feminicida se ha disparado a pesar de la AVGM. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), responsable de coordinar políticas contra la violencia, desapareció y sus funciones pasaron a la nueva Secretaría de las Mujeres sin claridad operativa ni normativa, lo que genera preocupación sobre la continuidad del seguimiento.
Defensoras de derechos humanos: labor de alto riesgo
El panorama para las mujeres defensoras en México también es desfavorable. Entre 2018 y 2024, 39 mujeres defensoras fueron asesinadas y 4 desaparecidas; 16 de ellas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, la mayoría mujeres indígenas, de acuerdo con la RED TDT. Incluso algunas de ellas habían solicitado o ya estaban adscritas al mecanismo de protección gubernamental.
Sandra Suaste Ávila, coordinadora de comunicación de Red TDT, señaló que las defensoras enfrentan una vulnerabilidad extra debido a su género, exponiéndose a violencias como la sexual o vicaria, con afectaciones graves a su salud física, psicológica y psicosocial y que los programas de protección carecen de perspectiva intercultural e interseccional.
El caso de Kenia Hernández, defensora amuzga en Guerrero, es un ejemplo de esquemas racistas en la justicia, donde se le castiga por no ser "sumisa" o por no cumplir con estereotipos indígenas. Se denunció también que el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI) no ha intercedido por sus derechos.
Sandra Suaste Ávila dijo que es urgente incorporar medidas de defensa digital contra la violencia de género en internet, como lo demuestra el caso de Sandra Domínguez, abogada indígena asesinada en 2025 (localizada sin vida tras 206 días desaparecida), quien denunció el uso de su imagen y la de otras mujeres indígenas en grupos de WhatsApp para consumo de funcionarios.
Derechos sexuales y reproductivos: obstáculos al acceso al aborto
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización del aborto a nivel federal y ordenó la derogación de los artículos correspondientes, estos no han sido derogados hasta junio de 2024, y el aborto sigue siendo un delito a nivel federal y en al menos ocho estados.
De enero a marzo de 2025, se iniciaron 218 carpetas de investigación por aborto, incluso en estados donde ya está despenalizado. Además, persisten graves obstáculos como la desinformación, el estigma, las barreras burocráticas y la falta de insumos básicos como medicamentos para abortar en las unidades de salud, de acuerdo con Lizeth Clavellina Ángeles, de SEIINAC.
La organización también señala que, aunque el Estado reporta un aumento presupuestal al IMSS-BIENESTAR para servicios de aborto seguro, no hay evidencia de que esta institución los haya incorporado oficialmente y que la regulación de la objeción de conciencia en servicios de salud sigue pendiente en el Senado, lo que deja a las usuarias sin garantías para acceder a los servicios.
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Trata de personas
El informe señala que México carece de un presupuesto adecuado para implementar el Programa Nacional en materia de Trata de Personas, y no se ha convocado a la sociedad civil ni a la academia para el diseño de un nuevo programa. La información pública sobre los resultados de la lucha contra la trata es opaca, ya que los informes anuales solo se han publicado de 2018 a 2020.
Al respecto, Marisol Flores Garcia, directora del Centro Fray Julián Garcés menciona que México produce el 60% de la pornografía infantil a nivel mundial y ocupa el tercer lugar global en el delito de trata de personas. El 99% de este delito queda impune en el país. El 65% de las víctimas de trata son mujeres y niñas.
A pesar de esta alarmante realidad, solo existen 13 refugios, albergues y casas de medio camino para víctimas de trata en el país, de los cuales la mayoría (ocho) son operados por organizaciones de la sociedad civil.
La directora del Centro Fray Julián Garcés señala que los recursos obtenidos por la Ley Nacional de Extinción de Dominio no han sido destinados al Fondo de Protección y Asistencia a las víctimas de trata, sino a la Institución para Devolver al Pueblo lo Robado.
Foto: Cuartoscuro
Matrimonio infantil
El Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan con sede en la región Montaña de Guerrero ha documentado casos de matrimonio forzado de niñas indígenas particularmente, en los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatónoc, en donde los padres han normalizado la venta de sus hijas a partir de los 12 años, fijando cantidades entre $100 mil a $250 mil pesos.
Hombres mayores formalizan estas alianzas matrimoniales. Las autoridades comunitarias testifican y legitiman las uniones. Las niñas quedan en total indefensión desde el momento en que sus papás las entregan.
También se han documentado casos de venta de menores en comunidades Ñuu Savi por parte de hombres indígenas migrantes hacia Estados Unidos(California y Texas), con montos que van desde los 4 mil hasta los 12 mil dólares.
La organización Pueblos y Comunidades Transfronterizos (PUCOMIT) documentó y acompañó de junio a noviembre de 2023 a 20 menores indígenas en su proceso de reunificación familiar en Estados Unidos, debido a la violencia y el contexto criminal en Guerrero. De estas niñas, seis vivieron desplazamiento forzado huyendo del matrimonio infantil, y dos eran hijas de un defensor comunitario desaparecido y asesinado en la Montaña de Guerrero.
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Las organizaciones que elaboraron el informe cuál de todos?, con su campaña "MX Cúmples ya" y "Es tiempo de mujeres", hacen un llamado enfático al Estado mexicano para que las recomendaciones del Comité CEDAW no sean solo simbólicas, sino que realmente se traduzcan en políticas públicas y acciones concretas que garanticen una vida libre de violencia y discriminación para todas las mujeres, niñas y adolescentes. Exigen que, si es "tiempo de mujeres", sea tiempo de dejar de violar sus derechos y de cumplir con las recomendaciones internacionales para erradicar la violencia de género estructural y cotidiana.
Aquí puedes consultar el informe completo: https://redtdt.org.mx/wp-content/uploads/2025/06/Informe-CEDAW.pdf
