Integrantes de al menos 50 colectivas feministas presentaron ante el Congreso del Estado de México una iniciativa de ley para impulsar la despenalización del aborto en la entidad, para garantizar el acceso seguro y gratuito a servicios médicos en salud sexual y reproductiva.
El proyecto de decreto presentado por colectivas como Marea Verde deroga los artículos 250 y 251 del Código Penal del Estado de México que establecen penas por abortar y las excepciones para no ser penalizada por la interrupción del embarazo.
Además, establece penas para quien provoque un aborto sin consentimiento de la persona gestante, incluyendo prisión y multa. También regula las sanciones para profesionales de la salud que realicen abortos forzados.
Con esto las colectivas feministas buscan garantizar la salud sexual y reproductiva de las niñas, adolescentes y mujeres mexiquenses, con el principal objetivo el mejorar su acceso a servicios de salud sexual. Esta iniciativa se ingresó a la Oficialía de Partes de la Legislatura Mexiquense.
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Situación del aborto en el Edomex
En el Estado de México, las mujeres y personas gestantes enfrentan una realidad desoladora cuando buscan acceder a un aborto seguro y legal. A pesar de que la Constitución y los tratados internacionales establecen que todas las personas tienen derecho a la salud, la libertad y la igualdad, la ley actual en la entidad no garantiza estos derechos.
La criminalización del aborto afecta principalmente a aquellos que viven en situación de pobreza, personas con discapacidad y adolescentes. En el Estado de México, las mujeres y personas gestantes deben viajar a la Ciudad de México para acceder a servicios de aborto, lo que puede tener un impacto desproporcionado en quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, según la organización internacional Human Rights Watch.
Desde la despenalización del aborto en la Ciudad de México, 263 mil 267 mujeres y personas gestantes han accedido a servicios de aborto en las 14 clínicas de aborto de la ciudad. De ellas, 72 mil 336 del Estado de México (27. 48%). Esto muestra la necesidad de acceso a servicios de aborto en la entidad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año se realizan 25 millones de abortos inseguros en el mundo, lo que provoca 47 mil muertes y más de 7 millones de hospitalizaciones por complicaciones. En el Estado de México, la falta de acceso a servicios de aborto seguro y legal pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres y personas gestantes, destacan colectivas feministas y organizaciones de la sociedad civil.
Actualmente sólo hay una clínica especializada en interrupción voluntaria del embarazo en todo el estado la cual está ubicada en el municipio de Cuautitlán Izcalli, y únicamente funciona para atender las causales establecidas en el Código Penal actual: acción culposa, violación, riesgo para la vida de la mujer, alteraciones genéticas o congénitas.
La criminalización del aborto es tangible en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cuales indican que en 2020, de 633 carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto a nivel nacional, 145 correspondían al Estado de México.
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Derecho a decidir
La maternidad debe ser una decisión, no una obligación. Las mujeres y personas gestantes merecen información y respaldo institucional para tomar decisiones sin poner en riesgo su salud y vida, señalan colectivas feministas y organizaciones como Human Rights Watch.
En el Estado de México, niñas y adolescentes son obligadas a ser madres sin acceso al aborto, enfrentando consecuencias físicas, emocionales y sociales graves. En 2020, hubo 5 casos de violación diarios, de acuerdo a los reportes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Por esto las más de 50 colectivas que presentaron la iniciativa para despenalizar el aborto en el Estado de México forzar la maternidad vulnera derechos fundamentales, perpetúa la desigualdad de género y ciclos de pobreza. También afecta a personas gestantes marginadas, como hombres trans, personas no binaries y mujeres indígenas, perp sobretodo a niñas y adolescentes con discapacidad ante la violencia sexual y embarazos no deseados.
De esta manera las mujeres mexiquenses luchan por el respeto y reconocimiento de sus derechos humanos, incluyendo educación sexual integral y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva dignos.
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