La intensificación de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos ha alcanzado un punto crítico en 2026, dejando a su paso historias de familias fracturadas y un sistema de salud pública en crisis. 

Desde el arresto de menores de edad hasta mujeres que prefieren poner en riesgo su vida antes que ser deportadas, el impacto humano de estas políticas se siente con especial crudeza en comunidades de Minnesota y otros puntos del país.

Uno de estos casos es el de Liam, un niño de cinco años que fue detenido junto a su padre, Adrian Alexander Conejo Arias, justo frente a su casa el pasado 20 de enero. No huían. No había delito en curso. Volvían de la guardería.

Las imágenes difundidas por el distrito escolar de Columbia Heights son difíciles de mirar precisamente porque no tienen nada de espectacular: un niño pequeño con gorro de conejo, un agente adulto, una mochila sostenida como si fuera evidencia.

Zena Stenvik, superintendenta del distrito escolar, lo dijo en voz alta durante una conferencia de prensa: ¿por qué tratar así a un niño de preescolar? Según autoridades educativas, no se trata de un hecho aislado. Al menos otros cuatro menores —incluido uno de diez años— han sido detenidos recientemente en el mismo distrito. “Nuestros niños no deberían tener miedo de ir a la escuela ni de esperar el autobús”, denunció Mary Granlund, presidenta de la junta escolar.

El Departamento de Seguridad Nacional aseguró en un comunicado que publicó en X que el niño “no era el objetivo” del operativo. Pero el daño ya estaba hecho. El abogado de la familia confirmó que tanto Liam como su padre fueron trasladados a un centro de detención en Texas. 

Personas migrantes bajo asedio 

El miedo no se queda en la banqueta. También entra a los hospitales. En Minneapolis, la llamada Operación Metro Surge desplegó a dos mil agentes federales en la zona. El resultado no fue mayor acceso a la justicia, sino salas de espera vacías. Médicos locales comenzaron a notar algo inquietante: pacientes que simplemente dejaron de llegar.

“El sistema de salud está bajo asedio”, dijo a medios locales Roli Dwivedi, expresidente de la Academia de Médicos Familiares de Minnesota. Mujeres embarazadas que faltan a consultas prenatales, pacientes con cáncer que interrumpen tratamientos, personas con diabetes que no recogen insulina por miedo a encontrarse con agentes de ICE.

En el caso de la salud reproductiva, las consecuencias son especialmente graves. La doctora Erin Stevens, del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, alertó sobre el aumento de solicitudes de partos en casa, incluso cuando no son médicamente seguros. No por elección, sino por terror. En un caso extremo, una mujer entró en trabajo de parto sola en su hogar; una enfermera tuvo que asistirla de emergencia tras localizarla por su cuenta.

Mujeres las más vulnerables 

Para quienes ya están bajo custodia de ICE, el panorama es aún más violento. Documentos de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y del National Immigration Project describen un patrón de negligencia médica sistemática hacia mujeres embarazadas.

Los testimonios son difíciles de procesar. “Algunas de las historias más horripilantes que he escuchado sobre detención”, las describió en su página web Eunice Cho, abogada principal de la ACLU.

Está el caso de “Alicia”, detenida en Luisiana en abril de 2025. Llegó al hospital con dolores intensos y sangrado; fue sometida a exámenes invasivos sin su consentimiento y después informada de que había perdido a su bebé. O “Lucía”, esposada de pies y manos mientras sufría un aborto espontáneo durante su traslado al hospital.

Como te contamos en esta nota Amnistía Internacional ha calificado estas prácticas —incluido el uso de celdas de castigo extremo bajo el sol— como actos de tortura. 

Detenciones masivas, riesgo mínimo

Las cifras confirman que esta violencia no está dirigida a “criminales peligrosos”. De acuerdo con el reporte de The Global Statistics para julio de 2025, la población detenida por ICE alcanzó las 56 mil 945 personas, el nivel más alto desde 2019. Más del 71% no tenía condenas criminales y más del 80% fue clasificado por la propia agencia como de bajo riesgo.

El costo económico de mantener este sistema es inmenso. El presupuesto total de ICE alcanzó los 59 mil millones de dólares en 2025, casi la mitad destinados a detenciones y deportaciones. Aun así, al menos 12 personas murieron bajo custodia entre octubre de 2024 y principios de 2025. El objetivo operativo se mantiene: tres mil arrestos diarios.

Violencia como método

La organización Human Rights Watch ha documentado que el sistema migratorio estadounidense opera bajo un patrón sostenido de abuso, humillación y terror. Informes obtenidos vía solicitudes de información revelan casos de mujeres pateadas en el abdomen por agentes, niñas obligadas a desnudarse en celdas conocidas como "hieleras" y migrantes insultadas como “basura”, “parásitos” o “perras”.

La comida y la atención médica también se usan como herramientas de coerción. HRW documentó el caso de un hombre mordido en un testículo por un perro de servicio; se le negó atención durante semanas hasta que fue necesaria la extirpación quirúrgica. En otros casos, se retuvo alimento para forzar la firma de documentos que los detenidos no comprendían.

Desde el regreso de Donald Trump al poder en 2025, HRW ha advertido sobre el uso sistemático de agentes enmascarados y sin identificación visible. Jueces federales han señalado que estas tácticas buscan infundir miedo y eliminar cualquier posibilidad de rendición de cuentas.