A pesar de ser inocente y haber sido víctima de tortura, Keren Selsy Ordoñez fue condenada a 50 años de prisión por un secuestro que no cometió. El juez José Eduardo Morales Sánchez desestimó todas las pruebas presentadas a su favor.
Keren ha estado privada de su libertad por nueve años. Durante su detención en 2015, policías la sometieron a actos de tortura para que se declarara culpable de un secuestro en Tlaxcala y la amenazaron con lastimar e incluso desaparecer a su bebé de tan solo un mes.
En los próximos días, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que lleva la defensa de Keren, apelará la sentencia y presentará un escrito de agravios donde señalara las irregularidades sobre las violaciones a los derechos humanos de las que ha sido víctima y la indebida valoración de pruebas.
El caso de Keren es solo un caso representativo. El Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual cometida contra mujeres Privadas de la Libertad en México elaborador por la Secretaría de Gobernación encontró que siete de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo de violencia en alguna etapa de su proceso legal, datos alarmantes son que más del 70% fue amenazada a su persona o a familiares y el 64.4% sufrió violencia en su detención y durante su traslado al Ministerio Público.
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Cronología del caso
El 11 de diciembre de 2015 cuando Keren tenía 19 años y estaba recuperándose de la cesárea de su primera hija, hombres armados vestidos de civil que llegaron en vehículos de la Procuraduría de Tlaxcala y de la extinta Policía Federal, la detuvieron con su bebé de un mes de nacida a tan solo unas calles de su casa en Xalapa, Veracruz, sin tener ninguna orden de aprehensión en su contra.
Esa noche, ella salió para encontrarse con su expareja, quien la citó en su casa, según le dijo, para darle la manutención de la bebé; mientras esperaba afuera, sujetos armados llegaron a detener a su expareja y a otra persona. En el domicilio liberaron a una mujer que estaba secuestrada.
Los agentes le quitaron a la bebé de sus brazos y las subieron a la patrulla donde fue sometida a golpes, asfixia y la amenazaron con lastimar a su hija, e incluso desaparecerla si no firmaba una declaración fabricada en la que reconocía haber participado en el secuestro y afirmaba realizar labores de cuidado y limpieza en el lugar donde estaba la víctima, quien nunca ha testificado en contra de Keren.
Más de 10 horas después de su detención, Keren y la bebé fueron llevadas a la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala donde continuaron las amenazas y la obligaron a firmar varias hojas que no le permitieron leer. Después fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil de Apizaco, Tlaxcala, donde aún permanece, lejos de su familia que radica en Xalapa.
Durante su detención, la hija de Keren fue trasladada al DIF de Tlaxcala sin que nadie avisara a su familia. Su abuela Ciria Hernández la buscó durante 14 días y cuando dio con su paradero estaba a punto de ser dada en adopción.
Foto: Centro Prodh
Irregularidades en el caso
Aunque su expareja y padre de su hija también fue detenido y procesado junto con Keren por el mismo secuestro, él recuperó su libertad en 2019 tras cumplir una condena de cinco años de prisión, por ser menor de edad al momento de la detención. Hoy está libre pese a que hay pruebas que lo implican en el secuestro de una mujer junto a cinco personas más.
En contraste, en 2019 el Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, en Apizaco, Tlaxcala, dictó sentencia condenatoria en contra de Keren, imponiendo una pena de prisión de 50 años, pese a que no hay una sola prueba en su contra, que su detención tuvo múltiples irregularidades, que su caso nunca fue juzgado con perspectiva de género y tampoco se tomaron en cuenta los actos de tortura ni las violaciones a sus derechos humanos que enfrentó.
En 2020, el Centro Prodh asumió la defensa de Keren e impugnó la sentencia logrando que en 2021 un Tribunal Colegiado concediera un amparo a Keren al considerar que se habían violentado derechos procesales, ordenando reponer el procedimiento hasta la etapa de instrucción.
La audiencia de derecho se realizó el pasado 27 de septiembre, en ella la Fiscalía de Tlaxcala a cargo de Ernestina Carro Roldán insistió en solicitar la pena máxima de 90 años de cárcel por el delito de secuestro y asignarle a Keren el “grado máximo de temibilidad” y este 11 de noviembre fue ratificada su sentenciada por 50 años de prisión.
Foto: Centro Prodh