Este 8 de marzo cientos de miles de mujeres salieron a marchar en diferentes puntos del país para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y reclamar un alto a la violencia de género en todo el país. Al igual que en 2024, este año se sumaron más juventudes e infancias, ya que también viven diversos tipos de violencias.
Aún con la presencia de infancias y juventudes, la policía reprimió de manera violenta las marchas que tuvieron lugar en 11 estados del país como Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Yucatán, como documentó la organización IM-Defensoras. Las asistentes denunciaron las agresiones a través de redes sociales y exigen acciones contra el uso excesivo de la fuerza.
Foto: Cuartoscuro
Hidalgo
La organización Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C. (Seiinac) presentó al menos siete quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) por el actuar de policías que resguardaron el edificio de Palacio de Gobierno durante las protestas del 8M en Pachuca.
Según la ONG, el personal de seguridad contuvo a las mujeres utilizando extintores, escudos y toletes para proteger el inmueble. De acuerdo con testimonios de integrantes de la organización, 13 personas fueron detenidas de manera violenta y golpeadas por las fuerzas de seguridad pública estatal. Entre ellas, había activistas, medios de comunicación y sociedad civil.
Algunas personas fueron retenidas dentro de las grandes vallas colocadas a las afueras de la sede del gobierno estatal, mientras que otras fueron trasladadas a diferentes agencias del Ministerio Público. Entre las personas detenidas, se encontraban dos adolescentes, quienes dijeron que fueron arrestados de forma arbitraria.
La noche del 8M varias mujeres habían sido puestas en libertad, debido a que las demandas en su contra no procedían. Alrededor de las 22:00 horas, Seiinac informó que fue liberada la última detenida, a quien se le había fincado el delito de intento de homicidio por presuntamente haber rociado gasolina a policías.
Oaxaca
La marcha del 8 de marzo en Oaxaca, Oaxaca, convocada para exigir justicia y derechos para las mujeres, se convirtió en un escenario de violencia y represión. La policía estatal reprimió a las manifestantes con gas lacrimógeno y balas de goma.
De acuerdo con la organización Consorcio Oaxaca, la represión comenzó cuando las manifestantes llegaron al Zócalo de Oaxaca. Elementos de seguridad pública, ubicados en la azotea del Palacio de Gobierno, dispararon gas lacrimógeno y balas de goma contra las mujeres.
Luego, nuevos disparos fueron lanzados desde el hotel Marqués del Valle, lo que obligó a evacuar el Zócalo y la Alameda, donde había mujeres con bebés, niñas, niños y adolescentes.
Después de que los manifestantes del bloque negro encendieron fogatas en las puertas del Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana de Oaxaca, elementos antimotines salieron del Palacio de Gobierno acompañados de bomberos para sofocar las llamas. Mientras tanto, el mando del operativo amenazaba con detener a las mujeres que aún permanecían en el lugar.
La represión ha sido condenada por diversas organizaciones y colectivos. "La represión fue injustificada y se utilizó una fuerza desproporcionada contra las manifestantes", denunció Yésica Sánchez Maya, activista por los derechos de las mujeres y líder de la organización "Mujeres por la Justicia".
Las mujeres que participaron en la marcha del 8M en Oaxaca exigen justicia y respeto a sus derechos. Demandan que se investiguen los hechos de represión y que se sancione a los responsables.
Al respecto, Jesús Ramírez López, secretario de Gobierno de Oaxaca aseguró que se actuó conforme a los protocolos de seguridad para dispersar a las mujeres que participaron durante la marcha, pues el actuar de los policías fue para dispersar y garantizar la seguridad de las personas que se encontraban en el Zócalo de Oaxaca, pero no fue con intención de reprimir.
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Puebla
El 8 de marzo, la activista Laura Franco, conocida como "La Chinita", fue víctima de una brutal agresión en el municipio de Izúcar de Matamoros, mientras marchaba por la calle Reforma de la junta auxiliar de Santiago Miahuatlán, con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Un video grabado en el lugar muestra a Laura Franco sentada en el suelo después de la golpiza, mientras un paramédico intenta hablar con ella. La agresión fue cometida por un presunto exmilitar y escolta llamado Fidel. Según testigos, el ataque fue sin motivo aparente, y Laura Franco resultó con varias heridas en el rostro, como documentó La Silla Rota.
El gobierno del estado de Puebla condenó el ataque y expresó su "total solidaridad con la víctima y su familia, reiterando nuestro compromiso de que este hecho no quede impune".
Este no es el primer caso de agresión en Izúcar de Matamoros. En 2023, las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López, junto con activistas de la colectiva Marea Púrpura, fueron arrestadas y víctimas de tortura y agresión sexual por elementos de la Policía Municipal.
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Yucatán
La marcha del 8M en Yucatán terminó con un episodio de represión. La policía, que resguardaba el Palacio de Gobierno de Mérida, recibió a las manifestantes con chorros de agua y gas.
Según testimonios y grabaciones difundidas en redes sociales, agentes con equipo antimotín utilizaron agua a presión para repeler a manifestantes que intentaban remover los muros instalados alrededor del sitio. Algunas asistentes describieron dificultad para respirar, lo que sugiere que también se utilizó gas.
El gobierno del estado de Yucatán lamentó los enfrentamientos y reiteró su respeto al derecho a la libre expresión y manifestación. Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) condenó la represión y anunció que investigará los hechos.
La Codhey recordó que la protesta social es un elemento fundamental de la vida pública en una sociedad democrática y plural. La comisión exhortó a las autoridades a garantizar el derecho a la protesta y a implementar medidas efectivas para prevenir y sancionar cualquier acto de represión o violencia.
Otros estados
IM-Defensoras documentó detenciones arbitrarias y agresiones en contra de manifestantes durante la marcha del 8M en varios estados de México. En Chihuahua y Coahuila, se registraron cuatro y cinco casos de detenciones arbitrarias, respectivamente. Una de las detenidas en Coahuila, una mujer trans, también fue objeto de agresiones físicas y verbales por parte de los policías.
En Estado de México y Ciudad de México, se reportó el uso de gases lacrimógenos en contra de las manifestantes. Además, se registró la actuación de grupos antiderechos. En Veracruz, San Luis Potosí y Nuevo León, se documentaron agresiones en contra de periodistas, incluyendo el despojo de equipo de trabajo.
En Campeche, se registraron casos de acoso digital, con la circulación de imágenes de compañeras que hicieron labores de protección en la marcha y la difusión de información falsa sobre supuestos actos de violencia cometidos por ellas.
IM-Defensoras denuncia un repunte de agresiones durante el mes de marzo. En los últimos cinco años, han contabilizado 3 mil 845 agresiones contra 633 defensoras y 63 organizaciones en México, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
"Denunciamos los ataques y agresiones contra todas las compañeras agredidas y criminalizadas mientras ejercían su legítimo derecho a la protesta. Recordamos a las autoridades que es su obligación garantizar la protección y salvaguardar la integridad y las vidas de las manifestantes". ( IM-Defensoras)
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