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“No somos rentables para el gobierno, no somos una buena inversión, por eso no nos hacen caso”, dice Palmira Bothi, una mujer trans con discapacidad que, a sus 56 años, sigue buscando un empleo digno en un país que parece invisible a sus necesidades.
La historia de Palmira no es un caso aislado: es solo un eco de las múltiples realidades que afecta a 4.7 millones de mujeres con discapacidad en México. Ellas representan el 53.5% de las 8.8 millones de personas con discapacidad de cinco años y más, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023 del INEGI.
A propósito del Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad, este 12 de septiembre, conversamos con Palmira Bothi y con Atziri Moeller, directora del Foro Punto Cultural en Cuernavaca, Morelos. A través de sus historias y experiencias identificamos 12 pendientes urgentes que México tiene con las mujeres con discapacidad.
Ellas narran la doble discriminación que enfrentan: no solo luchan contra las barreras físicas, sino también contra la indiferencia y el asistencialismo de una sociedad que aún les niega el pleno reconocimiento como ciudadanas.
1. Empleo digno y accesible
Atziri Moeller adquirió su discapacidad física en 2019 tras sobrevivir a un intento de feminicidio. A raíz de ese hecho, que ella llama “accidente”, decidió crear espacios culturales accesibles. “Tuve que construir los espacios para mí misma, y eso terminó beneficiando a otras personas con discapacidad que visitan el foro”.
El mayor reto, dice, es cubrir las necesidades básicas de su familia como madre autónoma.
Palmira Bothi enfrenta aún más barreras para obtener empleo: “Nunca me dicen si es porque soy mujer trans, porque uso silla de ruedas o por mi edad, pero siempre me cierran la puerta”, cuenta al hablar de la discriminación que ha enfrentado a lo largo de su vida.
2. Inclusión laboral real, no simulada
Palmira señala que muchas empresas participan en ferias de empleo solo para “tomarse la foto”, sin un compromiso auténtico. Incluso programas de capacitación ponen rangos de edad que excluyen a mayores de 50 años. “Eso es violencia sistemática”, sentencia.
Las estadísticas respaldan su denuncia. En México, apenas tres de cada diez mujeres con discapacidad participan en la economía, frente a casi siete de cada diez personas sin discapacidad, de acuerdo con datos del INEGI.
La brecha evidencia que la inclusión laboral muchas veces se queda en el discurso: empresas que presumen programas sin puestos reales, ferias de empleo convertidas en espectáculo y capacitaciones que, con límites de edad, reproducen las mismas exclusiones que dicen combatir.
3. Brecha de participación económica
Las cifras muestran la desigualdad: en 2023, la tasa de participación económica de los hombres con discapacidad fue del 51.5%, mientras que para las mujeres apenas alcanzó el 31.3%.
4. Educación con accesibilidad
Atziri subraya que muchas universidades privadas siguen sin contar con rampas, señalética o materiales adaptados. Según el INEGI, el 14.9% de las personas con discapacidad de 15 años o más no tenían escolaridad, frente al 3.2% de la población sin discapacidad. En las mujeres, la primaria incompleta es el nivel educativo más común (20.3%).
5. Movilidad segura
La infraestructura pública es un obstáculo constante. Atziri recuerda: “Hay baños adaptados que no son realmente accesibles; he llegado a caerme”.
Palmira vivió algo similar: al pedir una línea telefónica, fue atendida en la calle porque las oficinas eran inaccesibles. “En otros lugares me cargan entre varias personas para entrar. Eso no es inclusión”, dice.
6. Salud y costo de vivir con discapacidad
Los equipos de apoyo son carísimos. “Mi silla de ruedas costó 28 mil pesos, mis aparatos ortopédicos 20 mil. Si fueran de fibra de vidrio serían 40 mil. Es imposible cubrir eso con los apoyos actuales”, explica Atziri.
Gasto extra en salud: Casi la mitad de las personas con discapacidad en México (44.6%) realiza gastos extraordinarios en salud como medicamentos, terapias y aparatos, según la Cuenta Satélite del Sector Salud 2023 (INEGI).
Los hogares destinan 19.3% de su gasto en salud a bienes y servicios de apoyo como sillas de ruedas, prótesis y aparatos ortopédicos (INEGI, 2023).
Las familias con una persona con discapacidad destinan hasta un 30% más de su ingreso mensual a gastos médicos y de apoyo, en comparación con hogares sin personas con discapacidad (ENADID 2023).
7. Apoyos sociales insuficientes
El apoyo federal de 3,200 pesos bimestrales resulta insuficiente frente a los gastos que implica vivir con una discapacidad. Atziri lo ilustra con crudeza: “Un paquete de 12 bolsas de colostomía cuesta 1,300 pesos. ¿Cómo vive alguien con 1,400 pesos al mes?”.
La brecha se amplía con los datos: casi la mitad de las mujeres con discapacidad (49.7%) no accede a programas sociales, una desventaja de diez puntos respecto a los hombres, de acuerdo con la ENADIS 2022 citada por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
8. Violencia de género
La violencia atraviesa sus vidas. Según la ENDIREH 2021, el 70% de las mujeres con discapacidad ha sufrido algún tipo de violencia, y el 80.9% ha experimentado violencia de género, frente al 74.2% de las mujeres sin discapacidad.
Atziri señala: “Incluso la familia puede violentarte: ‘Te saliste y te pasó esto, ahora te aguantas’”.
9. Violencia médica y económica
Muchas enfrentan negligencias en hospitales, falta de medicamentos y sobrecostos en su atención. La carga económica y la falta de apoyos refuerzan una violencia estructural que limita su autonomía.
Pero la violencia no termina ahí. Como te contamos en esta investigación, en México, cuatro de cada diez mujeres con discapacidad han sido esterilizadas, según cifras oficiales de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH).
Algunas organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Disability Rights International (DRI) sostienen que hay un subregistro, pues hay pocos datos y estadísticas sobre la situación de niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad en México.
El caso de Eunice, una mujer con discapacidad psicosocial de 44 años ilustra este vacío de información. A sus 29 años quedó embarazada y, pese a ser derechohabiente del ISSSTE, enfrentó rechazo familiar y médico: le sugirieron abortar y le negaron atención.
Ella decidió continuar con el embarazo y tuvo a su hija, también con discapacidad, enfrentando críticas y la presión de esterilizarla en la adolescencia.
Su historia es un ejemplo de cómo el sistema capacitista busca negar a las mujeres con discapacidad el derecho a ser madres, y de la resistencia necesaria para ejercer autonomía y dignidad.
10. Invisibilización en los movimientos
Palmira narra que incluso en foros de discapacidad o de la comunidad LGBT+ no siempre es bienvenida: “Hay celos y egos que fragmentan los movimientos. Me invitan a foros inclusivos… pero son totalmente inaccesibles”.
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11. Interseccionalidad ignorada
No todas las discapacidades son iguales. Atziri enfatiza: “Las personas con parálisis cerebral gritan por una oportunidad laboral que nunca se les da”.
Palmira subraya que las mujeres trans con discapacidad física son prácticamente invisibles en los espacios de representación, lo mismo que las personas sordas que enfrentan barreras de comunicación.
12. Falta de políticas públicas focalizadas
Atziri propone: “El gobierno debería censar las necesidades básicas reales y focalizar el apoyo. No se trata de asistencialismo, sino de crear empleos accesibles y políticas que garanticen educación, salud y dignidad”.
A pesar de estas adversidades, las voces de las mujeres con discapacidad resuenan con fuerza.
Atziri envía un mensaje de resiliencia: “No se rindan nunca. Levanten la voz: siempre habrá alguien que las escuche. Las batallas de hoy abren camino para las demás”.
Palmira hace un llamado a la acción: “Las palabras se las lleva el viento y palabras en acción son palabras muertas. Si queremos un cambio, tenemos que accionar”.
Ellas no piden caridad: exigen justicia. Su lucha es un recordatorio de que la verdadera inclusión no es un discurso ni una foto, sino un compromiso estructural para transformar un país que aún les debe dignidad y derechos plenos.
