El Registro Nacional de Deudores, que serviría para inscribir a los deudores alimentarios que se niegan a pagar la pensión, tendría que estar operando desde marzo de este año. Sin embargo, aún falta que varios estados reformen sus leyes y creen sus propios registros para que este sistema sea una realidad en todo el país.

Según Diana Luz Vázquez Ruiz, impulsora de la Ley Sabina, que dio paso al Registro Nacional de Deudores, esto se debe a que aún existe resistencia en algunos estados por parte de los legisladores de los congresos locales. “Sobre todo aquellos que tienen el antecedente de haber sido deudores alimentarios y se oponen a legislar. Pero ya no es un asunto de si quieren, sino más bien de que tendrán que aplicar la ley”, dice la activista en entrevista con La Cadera de Eva.

Y es que aunque la Ley Sabina ya fue aprobada en algunas entidades federativas de nuestro país como: Puebla, Ciudad de México, Querétaro, Baja California, Chiapas, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua aún faltan estados por legislar y realizar sus registros estatales de deudores, como es el caso de Jalisco y Durango, para dar paso así al Registro Nacional de Deudores.

¿Qué es la Ley Sabina y el Registro Nacional de Deudores?

La Ley Sabina es una propuesta legislativa que busca visibilizar y responsabilizar a todos los hombres que, en el ejercicio de su paternidad, han incumplido con sus responsabilidades de manutención hacia sus hijas e hijos.

Entre las sanciones que la Ley Sabina contempla para los deudores alimentarios está la prohibición de salir del país, lo que implica que no podrán realizar trámites para obtener pasaporte ni gestionar documentos oficiales como licencias de manejo, comprar inmuebles ni ocupar cargos públicos a nivel local o federal, incluyendo aspirar a posiciones como jueces o magistrados.

Esta ley incluye la iniciativa del Registro Nacional de Deudores Alimentarios, la cual fue aprobada por el Congreso de nuestro país en marzo de 2023. En dicho registro se documentarán los nombres y apellidos de los hombres que se niegan a pagar la pensión alimenticia a sus hijas e hijos, abarcando las 32 entidades federativas que conforman México.

Tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 8 de mayo de 2023, los gobiernos de las entidades federativas tenían un plazo de 300 días hábiles para la implementación y operación de este registro.

El Registro Nacional es una plataforma creada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) con el objetivo de tener una lista accesible de los deudores alimentarios, disponible para cualquier persona con acceso a un dispositivo móvil o computadora, según Luz Vázquez Ruíz.

“Es una plataforma de fácil acceso para conocer los nombres de estos señores. Esperamos que la vergüenza les alcance y también sirva como prevención para otras mujeres, para que al revisar esta plataforma, puedan saber si su pareja es un deudor alimentario”, detalla la activista.

¿Qué sanciones hay para los deudores?

Algunas de las sanciones que contempla la Ley Sabina para los hombres que están denunciados por el incumplimiento de la pensión alimenticia son: no podrán ocupar cargos públicos mientras existan deudas pendientes, estarán en el registro público de deudores alimentarios morosos y no podrán realizar trámites y procedimientos como licencias, pasaportes o permisos de conducir.

Por otro lado, Luz Vázquez Ruiz considera que aunque el año pasado se aprobó la creación del Registro Nacional de Deudores y se adscribió al DIF, este listado aún deberá pasar a manos de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El pasado 8 de julio el DIF entregó al Poder Judicial las llaves de acceso a la plataforma del Registro de Deudores Alimentarios para que comiencen a subir los registros de los deudores al que será el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, sin embargo, este aún no es pública.

Deudores se autoadscriben como mujeres para evadir sanciones

Uno de los retos principales que la activista cuenta es que estos estados que faltan en legislar lo hagan conforme a la ley. Por otro lado, todavía no hay mecanismos ágiles y efectivos para que el deudor no pueda acceder o se les cancele el pasaporte o tarjeta de circulación.

"Porque todavía es muy burocrático cancelarles el pasaporte. Y lo mismo, el tema de la cancelación de la tarjeta de circulación, me parece que son medidas importantes que se legislaron, que se aprobaron, pero todavía los mecanismos para aterrizarlo, para hacerlo posible, pues sigue siendo burocrático", denuncia Luz Vázquez Ruíz.

Otro reto que están enfrentando las mujeres es que en estados como Jalisco hay hombres deudores alimentarios que se están autoescribiendo como mujeres para evadir las sanciones que contempla la ley.

Los hombres con denuncias por no garantizar una pensión a sus hijas o hijos no son los únicos que están recurriendo a estas estrategias, también los agresores vicarios "cambian de género" para evitar juicios por violencia vicaria. Luz Vázquez Ruíz reconoce que más del 90% de los agresores vicarios son deudores alimentarios, "quitan a los hijos para no pagar la pensión".

"De entrada hay que decir que la lucha por la diversidad merece todo el respeto, pero que esto de que un día se levanten sintiéndose mamás, por un tema de ventaja en un litigio, está hablando de que son delincuentes, como ya lo hemos dicho, son hombres que evaden la ley, y lo hacen una vez más, entonces, merecen toda la sanción correspondiente", refiere  Luz Vázquez Ruiz.

Finalmente la activista hace un llamado a los jueces y juezas a que no tengan miedo de negarles los cambios de identidad de género, pero deben realizar una investigación real y seria antes de permitirles dicha modificación.

"En caso de demostrarse que únicamente están cambiando el sexo para el proceso legal de pensión alimenticia o de cambio de guarda y custodia, que haya sanciones y que no solamente no se les permita el cambio de guarda y custodia, sino que se les quite la patria potestad y además se sancione a estos dos veces delincuentes", sentencia la activista.

¿Cómo nació la Ley Sabina?

Diana Luz Vázquez, tras separarse de su expareja Matín Rodado Chávez, político oaxaqueño, enfrentó durante cuatro años la falta de pago de la pensión alimenticia por parte de Chávez, quien se negaba a cumplir sus responsabilidades económicas. Esto la llevó a luchar por los derechos de su hija Sabina.

El 12 de julio de 2021, la activista oaxaqueña Diana Luz Vázquez Ruíz, junto con otras colectivas feministas, instaló el primer tendedero de deudores alimentarios y acosadores en la capital de Oaxaca, en la explanada del Templo de Santo Domingo.

Meses más tarde, Luz Vázquez Ruíz propuso la Ley Sabina para registrar a deudores alimentarios y sancionarlos por no cumplir con sus responsabilidades. El 25 de noviembre de 2021, junto con otras activistas y madres, entregó una propuesta de 40 reformas legislativas, entre ellas la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, y desde ese momento no ha parado para que la Ley Sabina sea una realidad en cada estado.