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La Sexta Sala Penal del Poder Judicial de la Ciudad de México tiene en sus manos la oportunidad de corregir una deuda histórica y dictar una sentencia absolutoria para Dulce Belén Sánchez Castañeda, una mujer de 34 años que lleva más de 12 años privada de su libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, a pesar de que existen pruebas que acreditan que no cometió el delito por el cual fue condenada.
Organizaciones como Penitencia y Proyecto Libertad, junto a su abogada Jessica Vallarino Godínez, están haciendo un llamado urgente para que se revise su caso a fondo y se le conceda la libertad que merece.
¿Quién es Dulce Belén Sánchez y por qué es importante su caso?
Dulce, expolicía federal, fue detenida el 30 de enero de 2012, acusada y sentenciada por dos secuestros ocurridos en octubre de 2011 y enero de 2012. Sin embargo, la evidencia demuestra que ella se encontraba en lugares totalmente distintos y lejanos a los hechos, de acuerdo con su abogada.
El 24 de octubre de 2011, Dulce estaba comisionada en Guadalajara como parte del equipo de seguridad perimetral en los Juegos Panamericanos. El 30 de enero de 2012, día de su detención, se encontraba en la base CONTEL de la entonces Policía Federal en Iztapalapa, mientras que los secuestros por los que fue condenada sucedieron en la Gustavo A. Madero. A pesar de las pruebas a favor de su defensa, fue condenada a 69 años de prisión el 11 de agosto de 2014.
En entrevista para La Cadera de Eva, la abogada penalista, Jessica Vallarino Godínez ,explica que la condena de Dulce se basó en pruebas ilícitas obtenidas mediante un arraigo ilegal.
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Tortura y violencia sexual
Jessica Vallarino Godínez señala que, al momento de su detención, Dulce estaba embarazada de gemelos de apenas cuatro meses. Durante su arresto, fue sometida a una tortura salvaje, que incluyó violencia sexual, lo que le provocó la pérdida de sus bebés.
La tortura no solo le arrebató a sus hijos, sino que le dejó graves secuelas físicas permanentes: problemas de visión en un ojo, llegando a perderla temporalmente, hemorragias frecuentes, una cirugía en un pie debido a las patadas recibidas, múltiples cicatrices por puñaladas y quemaduras de cigarro, que sorprendentemente no figuraban en los informes médicos iniciales de su detención, pero sí en su ficha signaléctica posterior (registro fotográfico y físico que se elabora al ingresar a prisión), incluyendo una rajada de 22 centímetros en la pierna.
De acuerdo con su abogada, las autoridadesintentaron forzar una confesión, siguiendo la vieja práctica de que "la confesión era la madre de todas las pruebas", a pesar de no contar con un protocolo para mujeres embarazadas ni para evitar la tortura sexual.
El caso de Dulce, tal como lo señala el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual, elaborado por la Secretaría de Gobernación, es representativo de la violencia que sufren muchas mujeres privadas de su libertad en México: siete de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia en alguna etapa de su proceso legal. Más del 70% son amenazadas y el 64.4% experimentan violencia durante su detención y traslado.
Intervención de la Suprema Corte
El 21 de mayo de 2025 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el juicio de amparo directo 22/2023, reconoció estas violaciones y emitió un criterio importante.
La Corte ordenó:
- La exclusión de todas las pruebas ilícitas obtenidas.
- El establecimiento de nuevos protocolos para proteger a mujeres embarazadas víctimas de tortura, señalando la ausencia de lineamientos claros hasta el caso de Dulce.
- La emisión de una nueva sentencia justa y conforme a derecho por parte de la sala penal.
- Además, se ordenó al Tribunal Colegiado investigar el tema de la tortura sufrida por Dulce.
Actualmente, la responsabilidad de dictar esta nueva sentencia recae en la Sexta Sala Penal, integrada por la Magistrada Martha Patricia Tarinda Azuara, la Magistrada Medel Díaz y el Magistrado Sentíes Carriles.
Sin embargo, el periodo inicial de tres días hábiles concedido para estudiar un expediente acumulado durante más de 12 años resulta evidentemente insuficiente. Ante esta situación, se ha solicitado una ampliación del plazo que garantice un análisis exhaustivo y equitativo del caso.
La necesidad de reparación
Los 12 años de encarcelamiento injusto han tenido un impacto devastador en Dulce y su familia. Además de las secuelas físicas de la tortura y la pérdida de sus gemelos, Dulce ha enfrentado la muerte de sus padres mientras estaba en prisión, y su hijo de seis años crece creyendo que su madre "está trabajando" y le pide constantemente que regrese a casa. Su esposo también ha sufrido dificultades económicas al tener que cuidar de su hijo sin un ingreso estable.
La abogada Jessica Vallarino Godínez enfatiza que "no hay manera jurídicamente, ni éticamente, de acreditar una condena tan injusta dictada a una madre que ya sufrió la pérdida de sus gemelos, ya sufrió la pérdida de sus papás"
El llamado es claro y urgente: se exige una sentencia absolutoria que ponga fin a esta injusticia. Dulce no solo es una mujer inocente en prisión, sino una sobreviviente de tortura y víctima de un sistema que le falló. La Sexta Sala Penal tiene la oportunidad de reparar este daño y asegurar que Dulce recupere su libertad y pueda reunirse con su hijo y esposo.
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