Hay mujeres que sienten que la igualdad ya está conseguida. Algunas han llegado a puestos de dirección, ocupan cargos públicos o han construido una vida con autonomía. Otras son jóvenes que crecieron escuchando que podían estudiar, trabajar y elegir su futuro. Es comprensible que quieran creer que esas posibilidades están aseguradas.

El problema es confundir una oportunidad personal con una garantía para todas o dar por hecho que el futuro traerá más libertades.

En América Latina las conquistas conviven con decisiones que las debilitan. No todos los retrocesos llegan mediante una prohibición evidente; aunque los derechos siguen en el papel, ejercerlos se vuelve más difícil.

En un campo de batalla, una posición defensiva no se sostiene solamente con la convicción de quienes la ocupan. Necesita protección, suministros y comunicación. Una trinchera puede parecer firme y volverse insostenible cuando le cortan el abastecimiento.

La comparación es pertinente porque las mujeres no debemos dejar que los movimientos conservadores nos hagan retroceder ni un paso más. Hemos abierto caminos y, a veces, hemos supuesto que permanecerían abiertos, pero no hay más que mirar los escenarios que atraviesa América Latina para ver lo que está en juego.

Mientras hay gobiernos de derechas que atacan abiertamente la agenda de igualdad, también hay gobiernos que se presentan como progresistas mientras restringen la organización de las mujeres, recortan presupuestos o dificultan el camino de las organizaciones que acompañan. La pregunta no es solamente cómo se define un gobierno, sino qué protege, a quién escucha y qué permite transformar.

En Argentina, el gobierno de Javier Milei debilitó los programas de atención a la violencia de género y el control de armas. Un balance publicado en junio de 2026, basado en información de ELA, señala que el Programa Acompañar pasó de asistir a unas 102,000 mujeres en 2023 a ninguna en 2025. La Línea 144 perdió casi la mitad de su personal. No hace falta derogar el derecho a vivir sin violencia para dejar a muchas mujeres sin apoyo para salir de ella.

Al mismo tiempo, el gobierno flexibilizó una condición para acceder legalmente a las armas: en diciembre de 2024 redujo de 21 a 18 años la edad mínima para ser legítimo usuario. La medida no eliminó los demás requisitos, pero sí amplió el acceso por edad. Es una decisión que debe examinarse junto con las políticas de prevención de la violencia, no como si perteneciera a una conversación ajena a la seguridad de las mujeres.

En Perú, el retroceso alcanzó a las herramientas con las que se identifica la desigualdad. La Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres dispone sustituir las referencias al enfoque de género y eliminar las menciones a la educación sexual integral de los currículos educativos. Especialistas de Naciones Unidas advirtieron que esta orientación amenaza las protecciones frente a la discriminación y los derechos sexuales y reproductivos.

En Brasil, el riesgo de un regreso a las políticas del bolsonarismo debe analizarse a la luz de sus antecedentes. Durante la presidencia de Jair Bolsonaro (el padre), el presupuesto federal para combatir la violencia contra las mujeres se redujo un 90% en 2022 respecto de 2020, según Human Rights Watch. Su gobierno también impuso obstáculos al aborto permitido por la ley, incluida una disposición que exigía al personal de salud denunciar ante la policía a sobrevivientes de violación que solicitaran interrumpir un embarazo.

En Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella recorrió Santa Marta con una pistola a la cintura en septiembre de 2026. Ese mismo mes, su gobierno levantó la suspensión general de los permisos de porte de armas, aunque mantuvo los requisitos y controles legales. No se trata de una autorización para que cualquier persona circule armada, pero sí de un cambio relevante en la política de seguridad. Desde una mirada feminista, cabe preguntar qué idea de autoridad se transmite cuando un mandatario se presenta armado ante la ciudadanía.

También hay otras formas de fraguar retrocesos: cerrar los espacios desde los que las mujeres pueden organizarse y exigir derechos.

En El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto anunció en febrero de 2026 su disolución legal. La organización, que había contribuido a liberar a 81 mujeres condenadas tras procesos vinculados al aborto y a emergencias obstétricas, denunció un contexto incompatible con su labor bajo el gobierno de Nayib Bukele.

Aunque la agrupación continuará su trabajo fuera de la estructura de una ONG, mediante La Movimienta Regional por el Derecho al Aborto y las Maternidades Elegidas, no deja de representar una pérdida de espacio democrático.

En Nicaragua, expertas y expertos de Naciones Unidas documentaron la cancelación de cerca de 300 organizaciones de mujeres y de la población LGBTIQ+. Muchas brindaban atención jurídica, acompañamiento psicosocial y servicios de salud sexual y reproductiva. Su cierre no sólo silencia voces críticas: elimina lugares a los que una mujer podía acudir.

En México, elevar el Instituto Nacional de las Mujeres a Secretaría de Estado fue un avance institucional. Pero el rango administrativo no garantiza, por sí solo, continuidad ni resultados.

La Secretaría de las Mujeres permaneció sin titular desde la salida de Citlalli Hernández en abril de 2026 durante cinco meses hasta que Laura Itzel Castillo asumió en septiembre. Esto en una instancia que se considera prioritaria. La ausencia de una cabeza tampoco favoreció la ya frágil interlocución con las organizaciones de mujeres y feministas, por ejemplo, las madres buscadoras o las que trabajan para reducir las violencias. Si bien en México se vive una etapa de alta representación femenina formal, persiste la duda de que esta presencia se traduzca en una transformación estructural real de las condiciones de vida de las mujeres y las niñas.

Si bien la sociedad resiste, no puede hacerlo todo: en Argentina, Ni Una Menos volvió a movilizarse en junio de 2026 contra el desmantelamiento de las políticas de protección; en Perú, líderes y lideresas estudiantiles presentaron en octubre de 2026 un manifiesto en defensa de la educación sexual integral durante un encuentro en el Congreso.

Acciones así nos demuestran que las adolescentes no son únicamente destinatarias de las políticas: también reclaman participar en ellas. La denuncia ante la agudización de las violencias de género y contra las mujeres también las ha movilizado para exigir seguridad en sus entornos y el ejercicio de sus derechos. Y en esa defensa de sus derechos se convierten en referentes para otras jóvenes y también para nosotras.

Estas respuestas importan, pero resistir no equivale todavía a recuperar lo perdido. Cuando una organización sostiene gratuitamente el acompañamiento que antes ofrecía un servicio público, evita un daño; no elimina la responsabilidad del Estado que dejó de atenderlo.

No estamos ante un movimiento que no haya sabido luchar. Estamos ante conquistas que necesitan una protección institucional y social más sólida, para que su continuidad no dependa de nuestro agotamiento.

Para Inspiring Girls, mostrar referentes significa ayudar a las niñas a imaginar posibilidades más allá de los estereotipos. Pero también necesitamos mirar qué encontrarán cuando intenten recorrer esos caminos.

No todos los problemas son iguales. Hay derechos restringidos por una norma, políticas debilitadas por falta de recursos y garantías que nunca llegan a todas. Distinguirlos permite exigir respuestas concretas: modificar una ley, restituir un servicio, asegurar financiamiento o abrir un espacio de participación.

Defender lo conquistado exige seguir el recorrido completo: de la ley al presupuesto, del presupuesto al servicio y del servicio a la vida cotidiana.

Queremos que las niñas encuentren más caminos abiertos que nosotras. No podemos prometerles que podrán llegar a cualquier lugar mientras dejemos de cuidar las condiciones para hacerlo.

Inspirarlas también significa defender su derecho a avanzar sin tener que empezar, una y otra vez, desde el inicio.

Si tienes hijxs, ¿lxs dejarías al cuidado de un hombre con la misma confianza que al cuidado de una mujer? ¿Por qué no? Probablemente, la respuesta va más allá de la incompetencia o el desinterés masculino por cuidar. Y es que la frase popular “No todos los hombres, pero siempre un hombre” expresa una desconfianza que vale la pena analizar en torno a la distribución de los cuidados.

Cuando las condiciones del cuidado implican contacto cuerpo a cuerpo en espacios privados o con personas en situación de dependencia o vulnerabilidad, la seguridad se convierte en un criterio importante para decidir quién cuida. Podría parecer que las personas cuidadoras, mayoritariamente mujeres, están bloqueando la participación masculina. Sin embargo, cuando evalúan el riesgo de que los hombres ejerzamos violencia sexual, también están cuidando.

En entregas anteriores analicé la separación simbólica y material entre masculinidad y cuidados en un proceso de desmasculinización que involucra no sólo la ausencia de los varones, sino también su presencia sin corresponsabilidad. En esta columna me interesa ahondar en otro aspecto que va más allá de los roles generizados y la división sexual del trabajo: la violencia sexual como factor que interviene en la distribución de los cuidados.

Más allá de los roles generizados

Pensemos en la distribución de los trabajos remunerados de cuidado: enfermería, educación preescolar y básica, cuidado infantil, entre otros. En distintos grados, estas profesiones implican proximidad corporal, relaciones de confianza y contacto con personas que requieren cuidados o apoyos en su vida diaria. Además, son todas ocupaciones feminizadas.

Por otro lado, la participación de los hombres en los trabajos de cuidado tiende a concentrarse en actividades realizadas puertas afuera, de menor proximidad física e intimidad, menos vinculadas con cuidados directos y afectivos. ¿Qué contribuye a reproducir esa distribución generizada del trabajo? Aquí planteo que la violencia sexual masculina debe ser considerada en tal distribución.

Un estudio de Save the Children (2023), realizado en España a partir del análisis de cerca de 400 sentencias judiciales sobre violencia sexual infantil, encontró que:

·    En ocho de cada diez casos, el agresor era una persona conocida o perteneciente al entorno familiar de la víctima.

·    El 96 por ciento de los agresores no contaba con antecedentes penales por delitos sexuales.

Estos datos muestran que la cercanía y la familiaridad no garantizan la seguridad. La violencia sexual puede ocurrir precisamente en aquellas relaciones de confianza donde se desarrollan muchas prácticas de cuidado.

Así, la violencia sexual masculina produce daños directos y también afecta la manera en que socialmente evaluamos los riesgos. Las experiencias individuales y colectivas de violencia deterioran las condiciones de confianza necesarias para cuidar y recibir cuidados, e intervienen en las decisiones cotidianas sobre quién debe y quién no debe hacerse cargo de determinadas actividades.

Cultura de la violación

La violencia sexual tampoco puede comprenderse únicamente a partir de agresiones individuales. La cultura de la violación comprende un entramado de normas, discursos y complicidades que minimizan o justifican estas violencias, erotizan la dominación y favorecen su reproducción. Estas condiciones culturales también intervienen en la manera en que se construyen, deterioran y evalúan las relaciones de confianza necesarias para el cuidado.

El miedo a la violencia sexual ejercida principalmente por hombres puede influir en que se evite asignar a los varones actividades de cuidado que requieren intimidad y contacto corporal. Como experiencia colectiva, no requiere haber experimentado una agresión en carne propia y, sin embargo, sí interviene en las decisiones sobre la propia seguridad y la de otras personas.

En Teoría King Kong, Virginie Despentes analiza la violación como ejemplo paradigmático de la mística masculina, en el que se sintetizan creencias fundamentales sobre lo que significa ser hombre. La autora plantea que la violencia sexual contra las mujeres, como parte medular del programa político del capitalismo, se articula de manera que los agresores salgan siempre vencedores; así, los hombres ignoramos “hasta qué punto todo está escrupulosamente organizado para garantizar que ellos triunfen sin arriesgar demasiado cuando atacan a las mujeres” (p. 44).

El análisis de la desmasculinización de los cuidados también requiere examinar estas condiciones políticas y culturales de la violencia sexual. No podemos promover la participación corresponsable de los hombres exigiendo confianza mientras ignoramos las experiencias y los riesgos que la han deteriorado. El riesgo es real, el miedo también.

Proteger también es cuidar

Las estrategias de protección frente a la violencia sexual forman parte del trabajo de cuidados. Proteger los cuerpos, reconocer situaciones de vulnerabilidad y prevenir agresiones son responsabilidades indispensables para sostener la vida. Sin embargo, necesitamos preguntarnos cómo garantizar la seguridad sin que las responsabilidades de proteger y cuidar sigan recayendo mayoritariamente sobre las mujeres.

La incorporación de los hombres a los cuidados no puede limitarse a una mayor distribución de tareas. Exige transformar las relaciones de poder, los aprendizajes masculinos y las prácticas que normalizan la violencia sexual. También exige construir condiciones de confianza y seguridad en los espacios donde cuidamos y recibimos cuidados.

Proteger también es cuidar. Como hombres nos corresponde responsabilizarnos tanto de nuestra reeducación como de la redistribución de los cuidados, sin desconocer, minimizar o banalizar la violencia sexual masculina.

«Sí, me gusta que me evalúen para mejorar», le respondí a una profesora de la maestría cuando dijo que «a nadie le gusta ser evaluado». En mi respuesta identifiqué una exigencia social que había aprendido a sentir como innata: mejorar incesantemente.

Luego reconocí esa misma exigencia en mis compañeras. «Somos hijas del neoliberalismo», dijo mi colega y amiga Pao durante una reunión de seminario, en el que las participantes compartíamos ese aspecto en nuestra socialización: la necesidad de mejorar, mejorarnos. Nuestras investigaciones, con temas distantes entre sí, parecen encontrarse en ese contexto que también condiciona nuestras vidas: estudiamos y trabajamos, hacemos ejercicio, convivimos, tomamos terapia, atendemos nuestras relaciones, buscamos las mejores opciones, nos cuidamos y cuidamos. Todo parece reclamar trabajo sobre nosotras mismas, incluso aquello que hacemos para estar bien.

Esa exigencia me sorprendió incluso al atender mi malestar. Hace poco, en un cuestionario de terapia, debía indicar qué tanto me identificaba con esta afirmación: «Hace tiempo que dejé de intentar hacer mejoras o cambios en mi vida». La respuesta fue obvia: 1. Totalmente en desacuerdo. No porque no experimentara síntomas de depresión, como sugerían mis otras respuestas, sino porque dejar de intentar mejorar me parecía imposible porque aprendí que detenerme significaba quedarme atrás. Es más, como los síntomas de ansiedad y depresión dificultan sostener el rendimiento necesario, reconocí que había buscado terapia no solo para sentirme mejor, sino para ser mejor.

La obligación de optimización hace parte de nuestro proyecto de vida. La maestría fue un proyecto que todas deseamos y que también disfrutamos mucho. Sin embargo, fue difícil reconocer cuánto trabajo era suficiente: siempre hay lecturas, escrituras y ponencias pendientes, así como la presión por anticipar qué vendría después. Lo que convirtió la maestría en un eslabón de la cadena de proyectos que parece no terminar. Y aun así es una oportunidad privilegiada.

Imaginar una estabilidad duradera se vuelve difícil cuando las oportunidades dependen de enlazar proyectos temporales. Como explican Boltanski y Chiapello (1999), en el nuevo espíritu del capitalismo la vida se estructura como una sucesión de proyectos, por lo que cada experiencia debe permitirnos establecer vínculos y abrir oportunidades para la siguiente. Los proyectos nos conectan con otras mujeres condicionadas a ser empresas de sí mismas y nos permiten hacer comunidad, pero ese apoyo mutuo es también la oportunidad de conseguir un nuevo proyecto que nos enseñe y del que obtengamos más competencias y, si es posible certificaciones para a su vez poder acceder a otro proyecto.

El neoliberalismo no es solo un modelo económico-político, es un cambio en la organización de lo social que convierte la competencia en norma y nos exige gestionar nuestras vidas como empresas (Laval & Dardot, 2009). Por tanto, mejorar nuestras capacidades se vuelve una responsabilidad permanente: nunca sabemos lo suficiente, nunca producimos lo suficiente e incluso descansar parece un riesgo que a veces no podemos correr. La búsqueda de optimización me genera más malestar que éxitos, pero no puedo sustraerme de ella. Reconocerla y cuestionarla no nos salva porque encarnamos esa racionalidad.

Aunque estemos en otra época, crecimos bajo esas exigencias y aprendimos a ser emprendedoras de nosotras mismas, somos el sujeto neoliberal: sujetas a vivir como decisiones propias las presiones por rendir, adaptarnos y mantenernos disponibles. Imaginar otras formas de vivir se vuelve difícil si, ante condiciones materiales que no mejoran, la respuesta sigue siendo que somos nosotras quienes debemos mejorar. No sé si algún día podremos dejar de trabajar incesantemente en nosotras mismas. ¿Será hasta que ya no quede nada de nosotras?

Referencias

Boltanski, L., & Chiapello, È. (1999). El nuevo espíritu del capitalismo. Akal.

Laval, C., & Dardot, P. (2009). La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal (2013a ed.). Gedisa.

Un texto de Sandra Villalobos Nájera

En 2023, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 29 de octubre como el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. Dos años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) reconoció el cuidado como un derecho humano autónomo que "encuentra su fundamento y alcances en el principio de corresponsabilidad social y familiar, en el principio de solidaridad, y en el principio de igualdad y no discriminación".

Lo primero permitió el reconocimiento del cuidado como una actividad fundamental para el bienestar y el sostenimiento social y económico de nuestras comunidades en todo el mundo, mientras que, con el señalamiento de la CorteIDH, además de lo anterior, quedó establecido que este derecho debe ser respetado y garantizado por los Estados para lograr su eficacia.

En estos últimos años, mucho se ha hablado acerca de las desigualdades en torno a los cuidados. Gracias a las encuestas sobre el uso del tiempo, hoy sabemos que en México “las mujeres dedicaron el doble de su tiempo al trabajo no remunerado, ocupando 66.8% de su tiempo total en estas actividades, en comparación con los hombres que dedicaron 33.2 por ciento” (INEGI, 2025).

El lugar que han tomado los cuidados en nuestro país a partir del reconocimiento internacional y la generación de herramientas para su medición ha permitido, incluso, aproximarnos al valor económico que estas actividades tienen en la economía de nuestro país. Una muestra de ello es su incorporación al Sistema de Cuentas Nacionales de México, que en 2024 reportó que “el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados alcanzó un monto de 8 billones de pesos, lo que representa un 23.9% de participación respecto del PIB del total de la economía”.

Sin embargo, conocer esta información no ha bastado para trastocar el orden de género que sigue asignando la responsabilidad de los cuidados a las mujeres. Este orden de género imperante y una organización social que se sustenta en la división sexual del trabajo, son algunos de los factores que refuerzan la idea de que el cuidado es algo natural, ocultando así que es parte de las especializaciones de género aprendidas y de un sistema económico que se beneficia con su explotación.

El cuerpo de las mujeres sigue siendo el lugar asignado a los cuidados. Tanto en el espacio público como en el privado, ellas sostienen la vida y llevan a cabo dobles y triples jornadas, sin que aún exista un mecanismo efectivo de redistribución. En muchos casos, las estrategias implementadas se han convertido en "ayudas para que las mujeres sigan cuidando".

Las mujeres sostienen la vida en los hogares a través de la preparación de alimentos, la limpieza de los hogares, el cuidado de infantes, de personas adultas mayores y de personas con discapacidad, y solventan con sus ingresos las necesidades de sus familias. Pero también sostienen la vida en contextos de violencia extrema y desaparición, pues son las que gestionan los apoyos, las que salen a buscar justicia, las que identifican la ropa y los cuerpos de aquellas y aquellos que han desaparecido, pues solo quien ha cuidado por tanto tiempo a alguien podría reconocer a sus seres queridos en medio de la tierra y la impunidad.

El cuidado es la procuración de bienestar para todas las personas y para el mundo en que vivimos. Sin embargo, no puede haber bienestar donde unos cuerpos son explotados en beneficio de otros, donde el trabajo de cuidado no se reconoce ni se valora, y donde no existen políticas que establezcan con claridad cómo se redistribuyen estas tareas y qué responsabilidades deben asumir las instituciones. Donde hay simulación, hay ausencia de responsabilidad y complicidad institucional.

Cuidar en contextos de precarización, donde la falta de recursos sociales, económicos y de seguridad prevalece como una forma de vida instaurada, es tal vez uno de los factores por los cuales muchas mujeres están decidiendo dejar de maternar y cuidar a una sociedad que no entiende el significado de la corresponsabilidad.

Fuentes
LA CORTE INTERAMERICANA RECONOCE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO HUMANO AUTÓNOMO AL CUIDADO. Comunicado de Prensa 55/2025 https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_55_2025.pdf

INEGI. Reporte de Resultados 29/25. ENCUESTA NACIONAL SOBRE USO DEL TIEMPO (ENUT) 2024. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/enut/enut2024_RR.pdf

INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Trabajo no Remunerado de los Hogares

“Estás muy joven para eso” suena a tranquilidad. Parte, además, de una lógica estadística real: el cáncer de mama en el mundo es más frecuente en edades mayores. Pero esa lógica, que sirve para diseñar programas de salud, puede volverse un obstáculo cuando se aplica a una mujer concreta que nota algo distinto en su cuerpo.

En México, la guía oficial recomienda la mastografía de tamizaje a partir de los 40 años y, antes, solo cuando hay antecedentes familiares u otros factores de riesgo. La razón es técnica: en mujeres jóvenes el tejido mamario es más denso, lo que reduce la utilidad del estudio, y revisar a quienes tienen bajo riesgo puede generar falsos positivos. El criterio tiene sentido para la población general. El problema es quienes quedan fuera: según el Consenso Nacional sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario, en nuestra población el cáncer de mama en menores de 40 años representa el 13.3% de los casos, una proporción mayor que en Norteamérica o Europa.

Las cifras de mortalidad apuntan en la misma dirección. De acuerdo con datos preliminares del INEGI para 2025, entre las mujeres fallecidas por cáncer de mama, el 10.1% tenía de 35 a 44 años y el 2.5%, de 25 a 34. Como la edad promedio al diagnóstico ronda los 50 años, según el INEGI, el imaginario de la enfermedad tiene rostro de mujer madura, y las más jóvenes quedan fuera de esa probabilidad.

Para ellas, el diagnóstico suele llegar por otro camino. El estudio “Cáncer de mama en mujeres mexicanas menores de 40 años”, realizado por una unidad especializada de la Ciudad de México, con casos de 2005 a 2010, y publicado por la revista Ginecología y Obstetricia de México, encontró que la manifestación más frecuente en menores de 40 años fueron nódulos que las propias pacientes detectaron y, por desgracia, la mayoría de ellas llegó con la enfermedad ya avanzada. Las conclusiones del estudio atribuyen esta situación a la dificultad para diagnosticar a esa edad, en parte por la elevada densidad mamaria. El estudio es antiguo, pero describe una brecha que sigue sin resolverse: no hay una revisión periódica que las prevenga y, cuando aparece un síntoma, es probable que sea tarde.

Además del retraso, hay otro costo menos visible. Un diagnóstico antes de los 40 suele coincidir con la crianza, los estudios o los primeros años de trabajo, y trae preguntas sobre fertilidad que no se plantean igual a los 55. Asimismo, hablar de cáncer de mama joven es hablar también de proyectos de vida que se interrumpen.

No se trata de pedir mastografías para todas a los 25 años, porque los estudios no han demostrado beneficio en ese grupo. Se trata de algo más sencillo pero más difícil a la vez: que la edad deje de funcionar como argumento para descartar. Quien percibe un cambio persistente merece una valoración y, si no la obtiene, una segunda opinión. Y quien tiene familiares con cáncer a edad temprana merece saber que la vigilancia puede empezar antes: el Consenso Nacional la sitúa a los 30 años, o 10 años antes del caso más joven de la familia, sin bajar de los 25.

Octubre, el mes rosa, dirige su mensaje sobre todo a mujeres mayores de 40, y con razón. Pero también puede decirles a las más jóvenes algo que ninguna estadística resuelve del todo: que conocer su cuerpo no es paranoia, que preguntar es válido y que la juventud, aunque juegue a favor, no es un escudo.

Sin lugar a dudas, las diversas luchas impulsadas por dar y recibir cuidados más justos en nuestras sociedades (muchas de carácter feminista), nos han permitido colocar al autocuidado como una parte fundamental de ligar los cuidados con las justicias. Hacerlo ha visibilizado cómo las desigualdades de todo tipo que organizan socialmente a los cuidados, niegan tanto simbólica como prácticamente la posibilidad de que quienes cuidan (en su mayoría, mujeres, aunque mujeres diversas entre sí), pueden cuidar de sí mismas. Es decir, puedan disfrutar de lo mejor que otorgan al mundo: su propio trabajo de cuidados.

En ese sentido, apelar al autocuidado ha abierto la posibilidad de instaurar ética y políticamente la importancia de que las mujeres y las personas que cuidan puedan cuidar de su propio ser: de sus cuerpos, de su bienestar, de su dignidad, de sus aspiraciones, de todo lo que son en completo. Incluso, la forma en que se ha delineado tanto teórica como jurídicamente el derecho al cuidado, en distintas instancias nacionales e internacionales, coloca al autocuidado como una de sus dimensiones fundamentales.

En ello, hemos observado siempre que el gran reto es que esta apelación al autocuidado no se realice desde un horizonte individualista que, de nuevo, coloque solo en las mujeres y en las personas que cuidan, a título individual, la responsabilidad y la posibilidad de cuidar de sí. Es decir, el gran desafío es que pongamos en el centro la red de interdependencias (familiares, comunitarias, institucionales, entre otras) y de recursos diversos que precisamos para poder autocuidarnos siempre en contextos de corresponsabilidad social y de género.

Estas reflexiones y desafíos, entrelazados con mis propias experiencias y necesidades de autocuidado, me han llevado a pensar y a sentirlas más reconocidas en las palabras de cuidado propio. Dos términos entrelazados que me ayudan a reconocer la necesidad y el deseo que tengo de cuidar de mí misma, pero de no hacerlo solitariamente. De contar con estos contextos de corresponsabilidad múltiples en los cuidados. Pero que también conforman dos palabras que me hacen darme cuenta, reconocer ética y afectivamente, que también preciso del cuidado de las y los demás. Es decir, de poder reconocer a través de un estremecimiento en el cuerpo, como testimonio de mi propia vulnerabilidad interdependiente, que parte de mi cuidado propio son los cuidados que necesito y deseo de otros seres humanos y no humanos para vivir, y, además, para vivir de la mejor manera posible.

El cuidado propio, como categoría, reflexión y experiencia, entonces, ha sido lo que me ha permitido respirar profundo y darme cuenta de que, los cuidados que requiero para sobrevivir, vivir y vivir lo mejor posible, provienen de mí misma y de las y los otros. Es lo que me ha permitido reconocer que merezco y necesito ser cuidada, por mí y por otros seres en el mundo. Lo que me ha permitido no sentirme sola en mis prácticas de autocuidado y en mis necesidades de cuidado que las exceden. Es lo que me ha ayudado a preguntarme cuál es el cuidado que me toca recibir a mí, que es mi derecho, y a llevarme a buscarlo, pedirlo, generarlo y ser recíproca de formas más justas y equitativas al respecto.

En suma, el cuidado propio, como mi autocuidado y el cuidado que habito y recibo de otras y otros, me han ayudado a desandar una ética reaccionaria del cuidado, en la cual, como indica Amaia Pérez Orozco, nos han enseñando, sobre todo a las mujeres pero también a otras personas y seres que cuidan, que no precisamos y ni merecemos ser cuidados o cuidados. Es pues, una forma que me ha ayudado también a desplazarme de lugares y vínculos en los que no me cuidan y en los que tampoco me permiten autocuidarme. Es el cuidado propio, en suma, la manera y la experiencia en la que he podido tejer mi autocuidado con el cuidado de las y los demás en el sostenimiento de mi propia existencia, bienestar y dignidad.

Por eso, quería compartir hoy la posibilidad de pensarnos, sentirnos y vivir desde nuestros cuidados propios; que, en sí mismos, nos abren la posibilidad de tejer nuestras vidas a través de distintas prácticas de cuidados. De reconocer que nos necesitamos. De darnos cuenta que no tenemos por qué separar nuestro autocuidado del cuidado que precisamos de las y los demás, y que también precisan de nosotras y nosotros mismos. Quizá entonces, desde el cuidado propio, encontremos otras formas de vivir y de cuidar en común estas otras existencias que somos y habitamos.

Todo comenzó con una pequeña bolita en mi pecho derecho. Yo pensé que podía ser un absceso, un quiste mamario o, a lo mucho, un tumor benigno; pero nunca imaginé que podía ser cáncer de mama. Era muy joven, llevaba una vida saludable y hacía ejercicio con regularidad. Pero esta no es una enfermedad exclusiva de mujeres mayores.

Después de varios estudios llegó el diagnóstico: cáncer de mama en etapa 2.

Recibir esa noticia fue abrumador. Tenía miedo de muchas cosas, pero especialmente de perder mi cabello y mi pecho. Sé que para algunas personas puede parecer que esas cosas no son importantes frente a una enfermedad como el cáncer, pero para mí sí lo eran. Eran parte de mi identidad, de la manera en que me reconocía y me veía como mujer. A pesar de todos esos miedos, había algo que tenía muy claro: quería comenzar mi tratamiento cuanto antes y hacer todo lo que estuviera en mis manos para evitar que la enfermedad avanzara.

Y quizá esa urgencia tenía una razón todavía más profunda. Años atrás, yo ya había recorrido este camino, pero desde otro lugar: acompañando a mi papá. A él le detectaron el cáncer cuando ya era demasiado tarde y, finalmente, esa enfermedad me lo arrebató. Por eso, cuando llegó mi propio diagnóstico, el miedo se mezcló con un recuerdo que ya conocía demasiado bien. Yo sabía lo que podía significar dejar avanzar una enfermedad así y esta vez, quería luchar desde el principio.

Así comenzó una de las etapas más difíciles de mi vida. Pasé por ocho quimioterapias, radioterapia y otros tratamientos hormonales. Perdí todo mi cabello, mis pestañas y mis cejas; tuve vómitos, debilidad y neuropatía. Y aunque sabía que cada uno de esos tratamientos era parte del camino que necesitaba recorrer para seguir adelante, eso no hacía que fuera fácil.

Además de enfrentar los efectos físicos y emocionales de la enfermedad, hubo algo que hice durante todo ese tiempo: guardar silencio.

Soy una persona muy introvertida y no sabía cómo procesar todo lo que me estaba pasando. Así que salía con mi peluca, trataba de hacer mi vida normal y muchas personas ni siquiera sabían que estaba atravesando un cáncer.

Sin embargo, aunque no lo hablaba mucho, comencé a escribir. Escribía sobre lo que sentía, sobre mis miedos, mis cambios y las heridas que iba dejando este proceso. No lo hacía con la intención de crear un libro; simplemente necesitaba encontrar una forma de entender y sacar todo lo que llevaba dentro. Con el tiempo, esas palabras se fueron acumulando. Y un día entendí que ahí había algo más que mi propia historia: había experiencias, preguntas y emociones que quizá podían acompañar a otras personas que estuvieran atravesando algo parecido. Así nació mi libro Heridas visibles, el cual actualmente esta disponible en Amazon.

Hoy mi historia es diferente. Mi cabello volvió a crecer, mis cejas también, y sigo reconstruyendo mi cuerpo y mi vida. El cáncer me quitó mi cabello… pero cuando volvió, ya no era el mismo. Antes era lacio y rubio; después de la quimioterapia comenzó a crecer rizado, diferente. Y creo que yo tampoco volví a ser la misma.

Heridas visibles nació de esa transformación: de todo lo que viví en silencio, de las palabras que escribí para no perderme en medio del proceso y de la necesidad de convertir el dolor en compañía para alguien más.

Hoy ya no quiero esconder lo que viví. Quiero contar mi historia para acompañar a quienes están pasando por esto y recordarles que no están solos. No tengan miedo de atenderse y no dejen pasar las señales de su cuerpo. Porque esto puede ser una temporada muy difícil, pero no tiene que ser el final de tu historia.

Me metí a llorar al baño de un restaurante. Acababa de tener mi cita con la nutrióloga, mi momento más temido del mes. Ese instante en el que aparece el pavor que tantas conocemos cuando tenemos que subirnos a una báscula.

Y me podrán tachar de mala feminista o de impostora. Me declaro culpable. Porque a las feministas se nos exige perfección ideológica.

Aunque me repito que voy con la nutrióloga y hago ejercicio por salud, para sentirme bien y para tener una mejor vejez, la realidad es un poco distinta. Sí, me preocupa el futuro, conservar mi autonomía y cuidar mi cuerpo, pero también me importa resolver, de una vez por todas, esa guerra que he tenido con mi cuerpo desde adolescente.

Quizá pensé que ir con la nutrióloga y hacer ejercicio me haría salir victoriosa de aquella batalla contra el peso y la gordofobia. Pero no, en algún punto terminé convertida en dependiente de un número, aplastada anímica y moralmente por un sistema patriarcal que nos ha enseñado a medir nuestro valor en una báscula.

La gente que me conoce probablemente no me consideraría una persona gorda. Dirían que soy de complexión media e incluso algunas personas afirmarían que soy delgada; la realidad es que yo nunca me he sentido así.

He vivido preocupada y culpable por los alimentos que ingiero y por los que no. Asustada ante la posibilidad de usar un traje de baño de dos piezas y que mi abdomen no esté tonificado. Con miedo de sentarme y que aparezcan rollitos.

Mi relación con mi cuerpo es algo que he hablado infinitas veces en terapia. Me repito que mi cuerpo me sostiene, que debo amarlo y cuidarlo, que gracias a él puedo abrazar a las personas que quiero, correr, bailar y reír hasta que me duela la panza. Pero saberlo no siempre significa sentirlo.

Porque el cambio no es sencillo ni automático. Es gradual y muchas veces doloroso. Aunque nosotras intentamos convencernos de que nuestro cuerpo es nuestro territorio y que tenemos derecho de habitarlo con dignidad, nos enfrentamos a una sociedad gordofóbica que se encarga de recordarnos una y otra vez que nuestros cuerpos son una moneda de cambio y que, a las mujeres, no se nos permite engordar, envejecer, tener pliegues, celulitis, estrías o simplemente alejarnos del ideal.

Después de salir del baño y limpiarme las lágrimas, revisé Instagram buscando distraerme. En lugar de disminuir mi angustia, la incrementó: cuerpos perfectos, ropa seductora, abdómenes planos y bellezas hegemónicas apareciendo una detrás de otra en mi pantalla.

Hoy me venció el sistema, logró mantenerme encerrada en un baño llorando por no alcanzar los mandatos estéticos que el mismo sistema inventó.

Hoy podría declararme una mala feminista por haber cedido ante esas opresiones. Pero quizá el feminismo tampoco debería convertirse en una nueva exigencia de perfección. Quizá no tenemos que ser mujeres completamente deconstruidas, seguras y reconciliadas con nuestros cuerpos todos los días para demostrar que nuestra lucha es real. Porque estamos sobreviviendo a aquello que aprendimos décadas atrás.

Así que, mañana volveré a recordarme que mi cuerpo no tiene que ser perfecto para ser digno, que cuidarlo no debería significar castigarlo y que mi valor nunca debería depender de un número en una báscula.

Porque la deconstrucción es un proceso que nos acompañará toda la vida y en el que tendremos que ser pacientes y amorosas con nosotras mismas.

Cada día enfrentamos pequeñas batallas contra un sistema que nos enseñó a desconfiar de nuestros cuerpos. Es necesario seguir cuestionando cada mandato que nos enseñó a odiarnos y romper cada regla que convirtió nuestros cuerpos en territorios de vigilancia.

Mantengamos la lucha para que nuestros cuerpos dejen de ser territorios oprimidos por el sistema y podamos habitarlos con libertad, disfrutarlos, cuidarlos y vivirlos sin miedo.

Desde que empieza la pubertad, dejamos preparado el arsenal de remedios caseros y los seguimos recomendando: que si el tecito de jengibre o el costal de semillas. Por años, la respuesta dominante ante los sangrados abundantes y la fatiga incapacitante no ha provenido de protocolos institucionales de diagnóstico temprano ni de la investigación clínica rigurosa, sino del repertorio del cuidado cotidiano. En una sociedad que ha naturalizado el sufrimiento ligado a la menstruación, la carga de sostener el cuerpo y sobrellevar padecimientos como la endometriosis, la adenomiosis o el síndrome ovárico metabólico poliendócrino, se desplaza de la esfera pública de la salud a la intimidad. Si bien las estrategias de autocuidado son una práctica fundamental para el bienestar, delegarlo todo a este ámbito puede convertirse en una refinada trampa de abandono institucional, precarización del cuidado y fuente inagotable de culpa.

El dolor menstrual incapacitante no es natural; es un síntoma que demanda sostén clínico y social. Sin embargo, la normalización del malestar ginecológico opera como una barrera que despoja a las personas de credibilidad sobre su propia experiencia corporal.

Detrás del desdén médico hay un sesgo estructural: la salud ginecológica no reproductiva padece una profunda brecha de investigación. Apenas una fracción de la inversión científica se destina a comprender las condiciones inflamatorias y hormonales del aparato reproductor femenino. Esta ceguera produce un vacío de herramientas diagnósticas y mantiene a la práctica clínica estancada en paradigmas obsoletos, donde la omisión médica se disfraza de inevitable normalidad durante años de peregrinaje por los servicios de salud.

Frente a la falta de diagnósticos claros, la respuesta hegemónica suele reducirse a una receta casi automática: la prescripción de anticonceptivos hormonales. Presentados como la panacea para “regular el ciclo” o “quitar el dolor”, actúan únicamente como un parche farmacológico. La supresión hormonal exógena enmascara la sintomatología, pero no detiene ni cura las condiciones subyacentes. Peor aún: esta estrategia se administra con frecuencia sin una investigación causal previa y sin informar adecuadamente a las pacientes sobre las implicaciones del uso continuado de hormonas sintéticas, desde alteraciones vasculares y metabólicas, hasta impactos en la salud mental. Cuando se suspende el tratamiento, los síntomas reaparecen a menudo de forma exacerbada, revelando que el problema de fondo continuó avanzando en la sombra.

Autogestión, productividad y el derecho al cuidado

En este vacío de infraestructura pública, promover la gestión solitaria del dolor mediante rituales de bienestar, dietas, suplementos o termoterapia casera genera una ilusión de control que, en la práctica, dilata el acceso a una atención adecuada. La responsabilidad de “estar bien” se deposita por entero en la disciplina personal, cuando debería ser un asunto de salud pública.

Si el malestar persiste, la culpa recae en quien lo padece: se asume que no está comiendo lo suficientemente saludable, que no hace el ejercicio adecuado, que no gestiona bien su estrés o que no ha aprendido a “escuchar” su ciclo. La patología médica se reinterpreta como un fracaso en la autogestión. Esta dinámica se vuelve devastadora cuando la inacción del sistema desemboca en complicaciones mayores como anemias severas por sangrados abundantes, trastornos metabólicos, condiciones autoinmunes asociadas a la inflamación crónica o problemas de infertilidad. Al haber normalizado que el bienestar ginecológico depende de la autogestión, la aparición de afecciones secundarias se vive como un castigo a la propia negligencia, ocultando que la responsabilidad real fue de un sistema que prefirió la prescripción paliativa antes que la investigación y el diagnóstico.

Esta sobreexigencia individual se cruza con una paradoja social profunda respecto a la productividad y la afectividad. Por un lado, persiste el estereotipo misógino que tilda a las mujeres de “irracionales” o “inestables” durante ciertas fases del ciclo. Por el otro, para contrarrestar esa narrativa y no ser percibidas como débiles o disfuncionales en un entorno laboral hiperproductivo, las mujeres se exigen rendir al doble. Se sostiene una rutina extenuante: trabajar, cuidar a otros y cumplir con las mismas exigencias mientras se atraviesa por inflamación sistémica y dolor crónico. Se nos dice que “necesitamos más descanso en esos días”, pero en la práctica, tomar esa pausa sin respaldo institucional equivale a validar el prejuicio de inaptitud.

El autocuidado no puede sustituir la justicia en la salud ni la responsabilidad estatal del cuidado. Cuidar de una misma es un gesto valioso, pero cuando se utiliza para parchear la falta de investigación con perspectiva de género, la ausencia de licencias de cuidado por dolor menstrual o la prescripción paliativa de anticonceptivos como única respuesta, se convierte en un mecanismo de contención política que depone la exigencia de derechos.

Es urgente desplazar la discusión desde la culpa individual y el aislamiento hacia la articulación de una verdadera ética e infraestructura del cuidado. Necesitamos un sistema de salud que no exija heroicidad ni prescriba tés ante el dolor crónico, sino que asuma los trastornos menstruales como una responsabilidad colectiva y bioética. La salud ginecológica no se resuelve en la intimidad con compresas calientes; se garantiza en las políticas públicas que reconocen que el derecho al descanso, al diagnóstico y a la salud integral no anula nuestra valía ni nuestra agencia.

Un texto de Jahel López Guerrero

Ninguna niña nace sabiendo que debe mandar un mensaje al llegar a casa. Lo aprende. Aprende a acelerar el paso cuando escucha pasos detrás de ella. Aprende qué calles evitar, cómo sentarse en el transporte público, a qué hora volver y con quién regresar. Aprende a vivir alerta. Lo aprende tan temprano que termina creyendo que es normal.

Pero no lo es.

Lo que llamamos precaución es, muchas veces, el resultado de una ciudad que ha convertido el miedo en parte de la experiencia cotidiana de las mujeres.

Mi investigación, publicada en coautoría con Karen Lilian Ruiz Cortés, realizada con mujeres indígenas jóvenes que habitan en la Ciudad de México, muestra que el miedo no surge únicamente de experiencias directas de violencia. También se construye a partir de advertencias, relatos, noticias y mensajes que enseñan a las mujeres que el espacio público puede ser peligroso para ellas.

La antropóloga feminista Teresa del Valle llamó a este fenómeno imaginarios anticipatorios: escenarios de riesgo que las mujeres incorporan a su manera de habitar el mundo. Así, muchas terminan organizando su vida en torno a la posibilidad de una agresión. Calculan rutas, modifican horarios, evitan ciertos lugares y elaboran estrategias permanentes para mantenerse seguras.

No se trata sólo del miedo al robo. Cuando las mujeres hablan de inseguridad, con frecuencia piensan en el acoso, la violencia sexual, la desaparición o el feminicidio. Esa amenaza transforma profundamente su relación con la ciudad.

Por eso resulta tan poderosa una idea que emerge de la investigación: los espacios que las mujeres se niegan a sí mismas. La ciudad nocturna, ciertas rutas de transporte, calles poco iluminadas o actividades que terminan tarde dejan de formar parte de la vida cotidiana. No porque las mujeres no quieran ocupar esos espacios, sino porque han aprendido que hacerlo implica un riesgo.

La consecuencia es simple y brutal: el miedo limita el derecho a la ciudad.

Pero para las mujeres indígenas jóvenes hay algo más. Al miedo se suma la discriminación.

Las entrevistadas relatan experiencias de racismo en universidades, instituciones, centros comerciales y en el transporte público. Algunas fueron cuestionadas por su lengua, su vestimenta o su origen; otras describieron una sensación constante de no pertenencia, como si su presencia tuviera que justificarse.

La ciudad aparece entonces como un espacio en el que se cruzan distintas desigualdades. No es sólo el miedo a ser mujer. Es también la experiencia de ser indígena, joven y, muchas veces, migrante.

Sin embargo, los testimonios también revelan algo que rara vez figura en las estadísticas: la capacidad de resistencia.

Frente a una ciudad hostil, estas mujeres construyen redes de cuidado. Se acompañan, comparten ubicaciones, crean colectivos y generan espacios en los que pueden sentirse seguras y reconocidas. Allí donde las instituciones fallan, aparece la comunidad.

Quizá la enseñanza más importante es que el miedo no es una característica femenina. No forma parte de nuestra naturaleza. Es una respuesta racional ante contextos de violencia y discriminación. Por eso, la pregunta no debería ser cómo pueden las mujeres cuidarse mejor. La pregunta es por qué seguimos construyendo ciudades en las que tienen que vivir en estado de alerta.

Mientras una mujer renuncie a un trayecto, a una actividad o a una parte de su libertad para sentirse segura, el problema no está en ella. El problema está en la ciudad. Y quizá ha llegado el momento de dejar de enseñar a las mujeres a tener miedo y empezar a exigir ciudades en las que puedan vivir con libertad.

¿Cuándo empieza realmente la alfabetización? ¿Cuando una niña o un niño aprende sus primeras letras, cuando escribe su nombre, o mucho antes? Antes de llegar a un salón de clases, las niñas y los niños ya están aprendiendo a interpretar el mundo que les rodea. Las oportunidades para desarrollar el lenguaje, la curiosidad y el gusto por aprender comienzan en la vida cotidiana, pero no deberían depender únicamente de las posibilidades de cada hogar.

Hace unos días, México fue sede de una conversación global sobre este tema. El 8 y 9 de septiembre, la UNESCO celebró en Chiapas el Día Internacional de la Alfabetización, que este año conmemoró su 60 aniversario bajo el lema “Alfabetización para las personas, el planeta y la prosperidad”.

La celebración puso sobre la mesa los avances alcanzados, pero también los desafíos que aún persisten para garantizar este derecho; y quizá uno de los desafíos más importantes sea cambiar la manera en que entendemos dónde comienza este proceso.

El debate sobre el desarrollo educativo suele concentrarse en la escolarización primaria y en los índices de alfabetismo en la población adulta. Sin embargo, la evidencia de las ciencias cognitivas, la neurobiología y la economía del desarrollo han transformado esta concepción tradicional. La alfabetización no inicia con la decodificación formal de fonemas a los 6 años, sino desde la gestación y durante los primeros 3 años de vida. En esta etapa crucial se forman las conexiones neuronales que sustentan la adquisición del lenguaje, la comprensión del entorno y la capacidad de aprendizaje continuo.

Escuchar a una persona adulta, reconocer sonidos, ampliar el vocabulario, mirar imágenes, preguntar y contar lo que sucede son experiencias cotidianas que ayudan a construir las bases del lenguaje y de futuros aprendizajes. Por eso, hablar de alfabetización también es hablar de lo que ocurre antes de entrar a la escuela.

En México, la garantía efectiva del derecho a la educación inicial representa la política pública con mayor potencial transformador para romper los ciclos intergeneracionales de pobreza e inequidad social.

La población en primera infancia en el país supera los 12.4 millones de niñas y niños menores de 6 años. No obstante, este sector enfrenta profundas condiciones de vulnerabilidad. Datos oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y diagnósticos del colectivo ciudadano señalan que el 51.9% de niñas y niños menores de 6 años viven en situación de pobreza, lo que representa a casi 6 millones de niñas y niños cuyo desarrollo cognitivo y físico se encuentra en riesgo severo.

Una agenda que empieza desde los primeros años

Frente a esta realidad, no basta con preguntarnos cuántas niñas y niños llegan a la escuela. También necesitamos preguntarnos en qué condiciones llegan, qué oportunidades tuvieron para desarrollar su lenguaje y sus habilidades.

Para responder a esta problemática y establecer prioridades nacionales, el Pacto por la Primera Infancia articuló 12 metas hacia el 2030. En el ámbito de la inclusión educativa y el bienestar social, las Metas 1, 7 y 8 plantean una relación particularmente relevante entre pobreza, educación inicial y educación preescolar.

La relación entre estas Metas es fundamental. Reducir la pobreza en primera infancia (Meta 1) es inalcanzable sin la expansión de servicios de cuidado y educación inicial de calidad (Meta 7). La educación inicial provee los estímulos socioemocionales y lingüísticos que preparan a las niñas y niños para una transición exitosa hacia la educación preescolar (Meta 8) y la educación primaria, reduciendo drásticamente las tasas de fracaso escolar futuro.

El retorno social de la inversión en primera infancia

La discusión también pasa por los recursos que como país destinamos a esta etapa de la vida. A pesar de que el presupuesto público ejercido en primera infancia registró un crecimiento nominal del 96% entre 2018 y 2025, estos recursos representan únicamente el 2.5% del gasto público total del país.

La evidencia económica indica que los retornos de inversión en el desarrollo infantil temprano son sustancialmente superiores a los de etapas educativas posteriores. Cada recurso destinado a la educación inicial reduce los costos futuros en remediación académica, salud pública y asistencia social, incrementando la productividad y la equidad social a largo plazo.

Fortalecer la inversión pública en infraestructura pedagógica, capacitación de agentes educativos y modalidades comunitarias de educación inicial es una condición indispensable para el desarrollo de México. La reciente conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización es una oportunidad para preguntarnos qué estamos haciendo desde los primeros años de vida. Porque la alfabetización comienza mucho antes de las letras: comienza cuando las niñas y los niños tienen la oportunidad de jugar, preguntar, explorar y aprender.

Garantizar esas oportunidades y avanzar en las Metas del Pacto por la Primera Infancia es apostar por un México con mayor justicia, bienestar y equidad. Es darle a las niñas y niños  las herramientas necesarias no solo para escribir su futuro, sino para transformar su presente.

La educación está en crisis, y no lo digo yo: lo dice la prueba PISA, que sitúa a México con los peores resultados en comprensión lectora y matemáticas de las últimas dos décadas, siete puntos por debajo de los que obtuvimos en 2022. Solo el 30% del alumnado alcanza un nivel básico de conocimiento, frente a un promedio del 65% en los países de la OCDE. Es, literalmente, menos de la mitad.

Y mientras esta crisis se agrava, el Paquete Económico 2027 que Hacienda ya entregó al Congreso recorta 25.5% al programa La Escuela es Nuestra: pasa de 26,832 millones de pesos este año a 20,000 millones el próximo. Son 6,832 millones menos en uno de los programas que, hasta ahora, se consideraba prioritario. No es solo una cifra en una hoja de cálculo. Es una decisión política que nos dice, sin rodeos, a quién dejamos de cuidar y qué es lo que de verdad importa.

Lo que sostiene La Escuela es Nuestra

El recorte no solo reduce capacidad operativa: rompe una cadena de cuidado que va de la infraestructura mínima al aprendizaje, la permanencia escolar y la protección de niñas y adolescentes. Por eso, discutir La Escuela es Nuestra no es hablar de pintura, bardas o techos en abstracto; es hablar de las condiciones que hacen posible que una niña llegue, permanezca y aprenda en una escuela pública.

Aunque el programa traslada buena parte de la responsabilidad a las familias, es el mecanismo que dignifica los espacios educativos públicos, desde el nivel inicial hasta la secundaria, incluyendo las comunidades de aprendizaje del CONAFE y, desde 2025, también la media superior. Con él se rehabilitan aulas, baños, techos, instalaciones eléctricas e hidráulicas, bardas; se compra equipamiento, material didáctico, deportivo y artístico; se financia el servicio de alimentación y la ampliación del horario escolar. Para 2027, apenas se etiquetan 329 millones de pesos en un nuevo rubro de mantenimiento: migajas frente a los más de 6,000 millones que se retiran del programa original.

El presupuesto total de Educación sí crece 7.4% para 2027, pero ese aumento se concentra en nóminas. Así lo documentó el diario El País, que describió este presupuesto como uno "centrado en nóminas y con menos recursos para libros". El Economista confirma la misma lectura: casi la totalidad del gasto etiquetado para la SEP es gasto corriente, sueldos y servicios, no infraestructura ni materiales. Una parte importante de ese incremento también corresponde a las becas Rita Cetina y Benito Juárez.

Una beca sirve para que una niña siga inscrita. Pero si el baño de su escuela no cierra por dentro, si el techo se cae con la primera lluvia o si no hay agua para lavarse las manos, esa permanencia y esa niña están en riesgo.

Estudiar ya no garantiza lo que garantizaba, pero sigue abriendo puertas

Durante años, estudiar más que los padres fue la ruta más clara para salir adelante en México. Esa promesa ya no es tan sólida: entre 2016 y 2022, el porcentaje de jóvenes que superó la escolaridad de sus padres bajó de 72.3% a 68.2%, mientras que quienes tienen menos estudios que sus padres pasó de 17.9% a 20.5%, según el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

La escuela ya no garantiza el ascenso automático que prometía hace cuarenta años, pero sigue siendo, para miles de niñas, la única puerta disponible hacia una vida distinta a la de sus madres. Lo vimos de primera mano este inicio de curso, cuando apoyamos a una comunidad de Jiquipilco, en el Estado de México. Gracias al donativo de nuestras voluntarias, pudimos ayudar a que 15 niñas y jóvenes tuvieran sus útiles escolares. Las listas que pedían las escuelas públicas de primaria, secundaria y preparatoria variaban entre 800 y 1,500 pesos, una cifra que, para nuestra sorpresa, se parece cada vez más a la de muchas escuelas privadas.

A eso se suma la cuota escolar "voluntaria" que en la práctica cobra casi toda escuela pública del país, y que en algunos casos llega hasta 3,200 pesos. También los artículos de limpieza que la escuela pide a las familias, sin contar las jornadas de trabajo comunitario que principalmente las madres asumen para cubrir lo que el presupuesto público ya no alcanza. La mayoría de estas 15 chicas son hijas de trabajadores de la construcción y trabajadoras del hogar, y son las primeras de su familia en llegar al bachillerato. Quieren seguir estudiando agronomía, veterinaria, criminología.

El tiempo dirá si lo logran, porque cada vez menos niñas y niños están sentados en un aula para intentarlo. El ciclo 2026-2027 arrancó con la cobertura escolar más baja en una década: en 2015, 6 de cada 100 menores en edad escolar no asistían a clases; hoy son 11 de cada 100. El Instituto Mexicano para la Competitividad calcula que 4.2 millones de niñas y niños de 3 a 14 años están completamente fuera del sistema educativo, 267 mil más que el año anterior. En secundaria, 1 de cada 5 adolescentes deja la escuela y queda expuesto al trabajo infantil, a la informalidad, al crimen organizado y la violencia.

La escuela como espacio que cuida

La escuela no es solo un lugar donde se enseña y se comparten conocimientos: también puede detectar e interrumpir violencias. Debe, además, encabezar una transformación cultural, sembrar valores y sueños. La UNESCO lo documenta con claridad: cuando la escuela funciona bien, identifica riesgos, sensibiliza a maestros y familias, activa protocolos y acompaña a las adolescentes que han vivido violencia o un embarazo temprano.

Pero esa capacidad de protección no surge por sí sola. Necesita capacitación del profesorado, espacios seguros y presupuesto para sostenerlos. Sin eso, la escuela deja de ser un refugio y un espacio de cuidados. Cuando el presupuesto se contrae, lo primero que se debilita es justamente su capacidad de frenar a tiempo la deserción y la violencia. Si el Estado recorta lo que sostiene a las escuelas, traslada el costo a las familias; y, en demasiados hogares, quienes terminan pagándolo primero son las niñas.

Hace poco visité a unas amistades muy queridas que se mudaron al extranjero. Son una pareja hetero que se dedica con mucho ahínco y amor al cuidado de su hijo de dos años. Una familia en la que son palpables la corresponsabilidad y el balance vida-trabajo, tanto para las actividades remuneradas como para los cuidados y las tareas del hogar.

Una tarde relataron lo difíciles y extenuantes que habían sido esos dos años desde el nacimiento de su hijo. Además de no tener amistades consolidadas en su nuevo destino en las cuales apoyarse, tuvieron que aprender a cuidar como mamá y papá primerizos y a gestionar la vida para sortear los intensos cuidados de un niño pequeño sin dejar de atender sus trabajos y las exigencias cotidianas.

Para acompañar su sentir, les compartí un poco de lo que encontré durante mi investigación con madres migrantes en México: las dificultades relativas a la migración y la escasa red de apoyo, los cuidados que siguen brindando a sus familias en los países de origen y los problemas que enfrentan con los progenitores de sus hijas e hijos. Mi amiga, abrumada por la idea, hizo énfasis en la enorme labor de las madres que se encargan de los primeros años de crianza solas, sin un padre ahí que, como mi amigo, sea corresponsable.

Me quedé pensando que algunos de los casos más complicados que encontré no eran aquellos en los que el progenitor masculino no estaba, sino aquellos en los que sí estaba, pero hacía las cosas infinitamente más difíciles. “Dejen ya el que sea un padre corresponsable. Con que no joda…”, pensé. Y aquí retomo esa conversación para ahondar en cómo ciertos hombres conseguimos estar presentes y, al mismo tiempo, ausentes respecto del cuidado.

La producción de descuido

El descuido masculino en lo cotidiano puede expresarse como olvidar compromisos de cuidado previamente asumidos, delegar sistemáticamente la organización de la vida doméstica, desentenderse del seguimiento escolar o médico de hijas e hijos, desconocer información básica sobre sus necesidades cotidianas o participar de vez en cuando en tareas cuya responsabilidad recae de manera sostenida en otras personas.

La producción de descuido también puede expresarse mediante patrones de evitación en los cuales algunos hombres exageran su ignorancia o las dificultades para realizar tareas domésticas y de cuidado, favoreciendo su reasignación hacia las mujeres. Otras veces basta con participar episódicamente y dejar en alguien más la responsabilidad permanente. Por ejemplo, es muy frecuente que los hombres asumamos los cuidados sólo de forma eventual hasta que alguna mujer —madre, suegra, hija mayor, hermana— pueda retomarlos.

En todo caso, el descuido produce más trabajo para quienes cuidan: implica una distribución desigual tanto del trabajo doméstico y de cuidados como del ocio y el tiempo libre. Recuerdo a Patricia —madre cubana en México— cuando me relató que, pocos días antes de su parto, su pareja se convirtió en alguien que necesitaba ser cuidado:

El descuido habita, así, en la presencialidad ausente, esa distancia entre estar de cuerpo presente y hacerse realmente responsable.

La violencia del descuido

La producción de descuido es, por lo tanto, fundamentalmente una forma de violencia. En primer lugar, porque deposita sistemáticamente en otras personas la responsabilidad de anticipar necesidades, organizar, recordar, supervisar y reparar. Va más allá de la ley del mínimo esfuerzo, pues sabemos bien que alguien más no puede dejar de hacer eso que nosotros no hacemos.

Esto es particularmente evidente en las relaciones heterosexuales: de acuerdo con datos del INEGI recuperados en 2023 por Perla Chávez en la Gaceta UNAM, las mujeres pierden en promedio 7.3 horas de tiempo libre al casarse, mientras que los hombres ganan 2.9. El descuido encarna una relación asimétrica de poder en la que se violenta la dignidad de otras personas al imponerles responsabilidades de cuidado.

En segundo lugar, en la producción del descuido se juega el sostenimiento de la vida y se trasladan los riesgos a terceras personas. En sus expresiones más graves, puede alcanzar la falta de protección frente a situaciones de peligro, la omisión, la ausencia, el abandono y otras formas de negligencia, con consecuencias físicas, psicológicas y emocionales para quienes cuidan y para quienes necesitan recibir cuidados.

Algunas expresiones graves del descuido alcanzan incluso relevancia jurídica. El Código Penal de la Ciudad de México dedica un capítulo a la Omisión de auxilio o de cuidado. El artículo 156 sanciona a quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma cuando tiene la obligación de cuidarla, con una pena de tres meses a tres años de prisión.

Sin embargo, sancionar la omisión del cuidado también exige preguntarnos en quiénes recae socialmente la obligación de cuidar. Permanece incuestionada la facilidad con la que muchos hombres nos lavamos las manos del asunto mientras son mayormente las mujeres quienes cuidan. Ahí se revela con contundencia la violencia del descuido: algunos podemos permitirnos descuidar porque sabemos que alguien más no puede dejar de cuidar.

Pienso de nuevo en mis amigos. Él, agotado después de esos dos años de cuidar intensamente a su hijo; ella, genuinamente abrumada con sólo imaginar lo que habría significado atravesar eso mismo sola. Estar presentes y compartir los cuidados de forma equitativa también nos permite dimensionar todo lo que exigen, todo lo que cuestan y cuánto hemos dado por sentado el esfuerzo de quienes los sostienen.