El grito ensordecedor de un ¡Gol! no brota solo en las entrañas de un estadio, también retumba en nuestras casas, tienditas, escuelas, restaurantes u oficinas como una manifestación de comunidad natural, incluso, si entendimos o no la jugada, si la vimos o nos la perdimos al pestañear,  casi nadie puede escapar, menos a un Mundial refirieron los sociólogos Segura Millán y Murzi.

Ante la celebración las miradas de la multitud llegan desde distintos ángulos en los entornos comunitarios y con las transmisiones televisivas, el disfrute individual de la celebración de un goleador, la hermandad, empatía, alegría, euforia, la desilusión del rival, el odio, el coraje y frustración, así como desde la violencia, en particular, la violencia en contra de las mujeres. Sí, en el fútbol varonil, hay violencias contra nosotras, porque nuestros cuerpos culturalmente han sido visto como ‘ajenos’ a ese deporte.

Las mujeres presentes en las gradas y en entornos donde hay fútbol somos vistas tradicionalmente como parte del espectáculo y entretenimiento, mismo que hemos normalizado e incluso asumido, agudizando los estereotipos sobre nuestros cuerpos, predominando su cosificación y sexualización como objetos de deseo, decoración, satisfacción o de exposición y explotación.

Para ello, solo basta recordar los titulares en medios deportivos digitales, audiovisuales e impresos como “Las aficionadas más bellas del Mundial”, “Las novias más lindas presentes en Rusia”, “Las mujeres más lindas de Qatar 2022”, “Las 5 futbolistas más bellas del Mundial femenil”, “Las hinchas y mujeres más lindas del Mundial”, “'La Chiquitibum', la chica que robó cámara en el Mundial México 1986”, “La historia real de la mujer que descubrió una infidelidad en la cancha”, “La esposa de ‘X futbolista’ le fue infiel”, “Las esposas más lindas de futbolistas famosos”. O bien, recordar frases que trascienden del ‘humor’ a la realidad: “Si pierde mi equipo, pierde mi familia”, “No seas ‘niña’, levántate”, “Tú qué vas a saber de fútbol”, “Mi mamá: ¿Quién vendió la casa? Yo en la cancha”; así como, recordar las expresiones y acciones de acoso que se viven en el espacio público en el trayecto donde se presencian estos eventos frente a una masividad de hombres alcoholizados.

A menudo estás violencias simbólicas, psicológicas, físicas e incluso patrimoniales y económicas entran en tensión con nuestro deseo de pertenencia y defensa del espacio deportivo, porque muchas buscamos en el fútbol un espacio seguro como aficionadas, periodistas, analistas, jugadoras, entrenadoras, mujeres en la asistencia y atención médica, promotoras de marcas y patrocinios, transeúntes, acompañantes, colegas, amigas, novias, madres, hijas, sobrinas, esposas, tías y abuelas. Empero, también se confrontan con la simbiosis de ambicionar liderazgo profesional y laboral con lo que nos apasiona, el fútbol: así como lo hacen ellos.

En el Mundial 2026, vivir la pasión del fútbol tiene que ser distinta para nosotras, las miradas con que se visualizan nuestros cuerpos en espacios futbolísticos se tienen que transformar y dirigir al respeto en dignidad e integridad, donde la pasión y emoción desbordante se realice sin violencias que intimidan, exponen, explotan y lesionan a las corporalidades femeninas para no quedarnos al margen por miedo, o bien, para que no nos impliquen una odisea estar en el entorno del fútbol.

La tarea parece titánica ahora para un Mundial de fútbol varonil, pero nos corresponde a todas las personas actuar y ser parte de la fiesta más popular, sin violencias ni violaciones contra de las mujeres, en cualquiera de sus contextos y categorías, porque sí, en menores proporciones, pero con las mismas afectaciones e impactos, el fútbol femenil también tiene prácticas violentas.  

La frontera en expresar y controlar nuestras emociones, cosificar y sexualizar nuestros cuerpos es muy delgada cuando no identificamos el daño que pueden ocasionar nuestras conductas en las personas y sus derechos, o también, cuando sabiéndolo no nos interesa detenerlos ante la impunidad y reiteración de patrones y comportamientos transgresores a los cuerpos femeninos que no tiene consecuencias ni jurídicas y mucho menos dentro del contexto futbolístico.

La narrativa tiene que cambiar, nuestros cuerpos no pueden ser pateados y pisoteados como un esférico. Nuestras miradas y efusividades ante un Gol en un Mundial deben ser el espejo de un mundo de respeto a la dignidad de las mujeres (y a la de todas las personas) para que el fútbol contemporáneo deje atrás nuestras miserias como refería el escritor uruguayo Eduardo Galeano.

México recibió el Mundial 2026 con el entusiasmo de siempre: camisetas, quinielas, anuncios emotivos y la promesa de que el futbol nos reunirá frente a la pantalla. Pero junto con la fiesta llega una cara mucho menos cómoda y poco televisable: la de las violencias que se disparan alrededor de estos torneos. Mirar el Mundial desde una perspectiva feminista no es aguar la celebración; es negarse a aceptar que, en nombre de la pasión deportiva, todo se vale.

La evidencia más conocida viene de Reino Unido. Un análisis de 2018 de Full Fact, basado en un estudio sobre incidentes reportados a la policía en Lancashire durante tres Copas del Mundo, explicó que los reportes de violencia doméstica aumentaron 38% cuando Inglaterra perdió, 26% cuando ganó o empató y 11% al día siguiente del partido. Aunque el futbol no es la causa de la violencia, sí funciona como detonador en contextos donde ya existen control, abuso y agresión hacia las parejas. 

Ese dato importa porque desmonta una idea muy repetida: que lo que pasa alrededor del futbol es solo folklore, euforia o desahogo. No lo es. Cuando la masculinidad se construye alrededor del control sobre los demás y la incapacidad de tramitar emocionalmente la derrota, el partido puede convertirse en una excusa para descargar violencia en casa. En un país como México, atravesado por altos niveles de violencia contra las mujeres, sería irresponsable organizar un megaevento sin pensar también en refugios, líneas de ayuda, campañas de prevención y protocolos de respuesta para los días de partido. 

Pero el problema también está en las gradas, en las transmisiones, en las redes y en las estructuras de poder del propio futbol. El sexismo cotidiano sigue atravesando este deporte. La UNESCO lo resume con crudeza: el futbol sigue siendo un espacio dominado por hombres; 95% de las personas que entrenan y 91% de quienes arbitran son hombres, mientras las mujeres siguen enfrentando barreras en el arbitraje, la dirección técnica y la gestión deportiva. 

Por eso importa tanto lo que ocurrirá en 2026 con Katia Itzel García. Katia se convertirá en la primera árbitra mexicana que pita en una Copa del Mundo varonil, un hecho histórico para el país y para la región. Que hoy una mexicana llegue con silbato a la máxima vitrina del futbol masculino no es solo un logro individual; es una sacudida a la idea de que la autoridad en la cancha necesariamente tiene que venir de un hombre.

Sin embargo, el avance viene acompañado de la reacción machista de siempre. Cuando un árbitro hombre se equivoca, la conversación suele ir hacia la jugada, el criterio o la presión del partido. Cuando se equivoca una mujer, demasiadas veces aparece el comentario automático: “se equivocó porque es mujer”. Esa vara desigual no nace de la nada; forma parte de un ecosistema donde a las mujeres se les exige demostrar el doble para recibir la mitad del reconocimiento. La misma UNESCO ha advertido que el futbol sigue atravesado por violencia y acoso de género, tanto en la cancha como en el estadio, en la prensa y en redes sociales. 

El sexismo cotidiano sigue marcando la experiencia de mujeres aficionadas, periodistas, jugadoras y trabajadoras del deporte. La crítica feminista al futbol no se limita a la diferencia salarial y de espacios, sino a quién decide, quién narra, quién tiene autoridad y quién paga el costo de desafiar el orden masculino dentro de la llamada “familia futbolera”. Allí se cruzan acoso sexual, violencia de género y homofobia, como si todo eso fuera parte normal del espectáculo. 

Una mirada feminista nos lleva a preguntarnos: ¿qué protocolos tendrán las ciudades sede para prevenir agresiones contra mujeres en estadios, fan zones y transporte? ¿Qué campañas se van a activar para advertir sobre el riesgo de violencia doméstica en días de partido?

¿Qué mensaje enviarán medios, clubes y federaciones cuando una árbitra sea insultada o cuando una periodista sea acosada en plena cobertura? Si el Mundial solo se piensa en términos de turismo, derrama económica y branding país, se perderá una oportunidad enorme para discutir qué tipo de convivencia estamos dispuestas a normalizar. 

El Mundial 2026 puede ser una fiesta, sí, pero no cualquier fiesta. Puede ser también una oportunidad para desafiar la idea de que el futbol pertenece a los hombres y de que las mujeres solo lo orbitan como acompañantes sin opinión. Katia Itzel García estará ahí para recordarnos que la autoridad y el futbol también puede ser para las mujeres.

Después de 40 años, México se posiciona una vez más como una de las sedes mundialistas, provocando emociones encontradas. Por un lado, la euforia que para muchos trae este show deportivo y el discurso oficial nos inunda con promesas de derrama económica. Pero, tras los millones de visitantes y la emoción futbolera, se juega otro partido en silencio: el del colapso silencioso de la red de cuidados locales.

Mientras los reflectores apuntan a la cancha, las calles viven lo que los expertos llaman un auténtico “lavado social”, el gobierno pide a los nativos quedarnos en casa para no contribuir al caos, o para no manchar la imagen que pretenden mostrar, excluyendo a la gente local de sus espacios cotidianos. El Mundial no genera desigualdades por sí solo, pero es un catalizador de las crisis urbanas que ya veníamos arrastrando. Los alojamientos de corta estancia han provocado el retiro de miles de viviendas del mercado tradicional a una velocidad alarmante. Familias enteras -muchas veces adultos mayores o jefas de familia encargadas del cuidado del hogar- sufren desalojos silenciosos porque sus espacios ahora valen diez veces más si se rentan por noche a un extranjero.

Cuando una vivienda deja de ser un derecho y se convierte en una mercancía para el turismo de paso, el tejido comunitario se rompe de manera irreversible. Desplazar a los habitantes de sus barrios significa despojarlos de sus redes de apoyo mutuo: la vecina que cuida al niño mientras la madre trabaja, el tendero que fía el alimento cuando la quincena se aprieta. Estas redes no son un lujo; son la infraestructura invisible que permite la supervivencia diaria en contextos de precariedad. Por eso, el despojo inmobiliario es, en el fondo, un despojo afectivo que fragmenta las alianzas comunitarias, dejando a las personas aisladas y vulnerables en un entorno hostil que ya no les pertenece.

Este despojo no se limita a las paredes del hogar; se extiende con violencia hacia el espacio público bajo la bandera del orden exigido por corporaciones y comités organizadores. Colectivos y organizaciones civiles se han visto obligados a organizarse a contrarreloj frente a la emergencia. Tal como documentó una reciente cobertura del portal Desinformémonos, hoy se distribuyen cartillas informativas y herramientas de emergencia en la Ciudad de México para proteger a las poblaciones callejeras y precarizadas del asedio policial, el retiro forzado de sus pertenencias y el ocultamiento deliberado de todo aquello que la urbe prefiere no mostrarle al ojo del turismo internacional.

Crianza y sustento al margen del estadio

En este afán por maquillar la realidad, los comerciantes informales que por años han trabajado en las inmediaciones de los estadios sede, como en Huipulco/Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte o Estadio Ciudad de México para este mundial) están siendo retirados masivamente. Esta expulsión no solo los condena a la pérdida inmediata de sus ingresos económicos en el momento de mayor consumo del año; representa, ante todo, el desmantelamiento de un tejido laboral y de cuidados profundamente arraigado.

Estos trabajadores no solo vendían; habían construido una comunidad de soporte mutuo fundamental para la vida diaria. Entre puestos ambulantes y dinámicas cotidianas, se sostenía una red donde solían compartir alimentos para aligerar la jornada y cuidaban colectivamente a las infancias que los acompañaban. El retiro forzado desarticula este sistema de crianza comunitaria, dejando a las familias trabajadoras sin el sustento económico y, de golpe, sin el espacio seguro donde sus hijos eran protegidos por los ojos de todo el gremio.

A este desplazamiento se suma el encarecimiento desmedido de la vida cotidiana. Los insumos básicos, el transporte y los servicios públicos sufren una presión inflacionaria insostenible para quienes perciben salarios locales. En esta dinámica, las tareas de cuidado se precarizan aún más.

Pero la vulnerabilidad más cruda de este escenario se vive en las fronteras de las economías ilegales y la violencia. La llegada masiva de turismo internacional abre un mercado de altísima rentabilidad para el crimen organizado. Esta demanda introduce dinámicas de control territorial que alteran por completo la seguridad de los barrios.

Bajo este amparo de impunidad y urgencia económica, florecen también los peligros de la trata de personas. El problema no es una sospecha abstracta; diversas alertas publicadas en medios como Milenio confirman las advertencias de especialistas sobre cómo los grandes grupos de la delincuencia organizada —muchos con ramificaciones internacionales— ya estructuran sus redes de cara al Mundial. Para estos esquemas criminales, los flujos masivos de visitantes representan una oportunidad dorada para expandir el mercado de la explotación sexual, mimetizándose con la oferta turística y el entretenimiento nocturno.

Así, los entornos que antes eran protegidos por las miradas comunitarias se tornan hostiles, disputados por dinámicas que buscan capitalizar el consumo de la masa visitante. Mientras el Estado se vuelca a blindar los estadios y las zonas exclusivas con operativos de seguridad de alta tecnología, las periferias y las vidas más precarizadas quedan desprotegidos, delegando el cuidado y la autodefensa de las poblaciones vulnerables a colectivos civiles que, para colmo, han sido previamente debilitados por la gentrificación y el desplazamiento forzado.

El verdadero indicador de éxito de un país no debería medirse en la cantidad de boletos vendidos o en el porcentaje de ocupación hotelera, sino en la capacidad de proteger y sostener la vida de sus habitantes durante la tormenta. Si para recibir al mundo necesitamos expulsar a nuestra propia gente, encarecer su comida, desmantelar sus barrios y exponer sus entornos a la violencia y las economías criminales, entonces el marcador final ya está en nuestra contra.

El Mundial pasará, la fiesta terminará y las pantallas se apagarán en unas semanas. Pero el despojo, las deudas y las cicatrices sociales se quedarán en el territorio. Es hora de exigir una gestión urbana y humanitaria que entienda que el cuidado de la comunidad no es un gasto colateral ni un estorbo para el desarrollo, sino el único cimiento sobre el cual vale la pena construir cualquier celebración. No podemos seguir aplaudiendo los goles en la cancha mientras perdemos por goleada en la vida real.

Hay una trampa en el debate de seguridad que se repite en cada ciclo electoral y que, desde diversos feminismos, llevamos décadas señalando: la idea de que más cárceles, más policías y más castigo equivalen a más protección para las mujeres. Es una mentira bien construida. Y en este momento político, con las ultraderechas ganando terreno en la mayoría de los países de  Latinoamérica y el mundo, agitando el miedo como bandera y capitalizando el agotamiento del modelo progresista, esa mentira se vuelve más peligrosa. Porque ahora también la abrazan gobiernos progresistas que deberían disputar ese modelo, no reproducirlo.

En México, los últimos años han traído avances que no pueden minimizarse: por primera vez en la historia tenemos una Presidenta, se ha consolidado la paridad como principio constitucional en todos los poderes del Estado, de la mano de muchas organizaciones, se amplió el acceso al aborto legal en más entidades, se crearon fiscalías especializadas en violencia de género y se impulsaron políticas de cuidados que reconocen el trabajo no remunerado de las mujeres.

Son conquistas producto de décadas de lucha feminista y de una correlación de fuerzas que las hizo posibles. Minimizar estos logros sería tan deshonesto como no nombrar lo que falta. Pero hay una contradicción que no podemos ignorar: frente a la presión de demostrar firmeza ante el crimen organizado y ante el discurso de mano dura que instala la derecha como único lenguaje legítimo de la seguridad, varios de esos gobiernos han terminado reproduciendo las mismas herramientas de castigo que históricamente han servido para fortalecer el autoritarismo. Más tipos penales, más prisión preventiva, más facultades para policías y fiscalías, más vigilancia, más encarcelamiento. Y las mujeres vuelven a pagar el costo.

Los números son claros, la población de mujeres privadas de la libertad en prisión ha crecido de manera sostenida en los últimos años al punto que de 2009 al 2026  aumentó en casi 50 % (Cuaderno Mensual Estadística Penitenciaria).  La mayoría de las mujeres encarceladas no son líderes del crimen organizado: son mujeres en situación de pobreza, pertenecientes a pueblos originarios, que frecuentemente enfrentan cargos relacionados con delitos contra la salud, a menudo por haber transportado drogas bajo coerción, o por delitos patrimoniales vinculados a la sobrevivencia económica. Son mujeres que el sistema penal procesa con una velocidad que raramente se aplica cuando ellas son las víctimas. La prisión preventiva oficiosa —ese mecanismo que permite encarcelar sin sentencia— las golpea de manera desproporcionada, destruyendo familias, redes de cuidado y proyectos de vida antes de que haya siquiera una condena.

Esto no es un accidente. Es el resultado predecible de caer en la práctica de los gobiernos conservadores que apuestan por la mano dura como única respuesta a la inseguridad. Cuando se amplían los catálogos de delitos graves, cuando se fortalecen las fiscalías sin construir controles democráticos sobre ellas, cuando se normaliza la detención como respuesta primera y no como último recurso, quienes terminan atrapadas en esa maquinaria son siempre las mismas: las que ya cargaban con la mayor vulnerabilidad antes de que la ley las alcanzara.

El discurso de la ultraderecha en este tema sí es coherente: quiere más cárcel porque quiere más control, especialmente sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. Lo que resulta más difícil de sostener es que gobiernos que se dicen feministas o son  progresistas adopten esas mismas herramientas creyendo que pueden darles otro uso. La historia no avala esa apuesta. Las instituciones punitivas no se transforman desde adentro con buenas intenciones; cambian cuando existe presión política real, alternativas construidas desde las comunidades y voluntad de disputar el modelo desde sus bases.

Esa es y ha sido la apuesta de CEA Justicia Social: acompañar a mujeres dentro y fuera de los centros penitenciarios, construir una escuela comunitaria que se centra en  la educación y el fortalecimiento jurídico como respuesta real a las violencias, documentar lo que el sistema prefiere no ver. No como gesto caritativo, sino como práctica política concreta frente a un Estado que, aun cuando ha puesto como prioridad el avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, sigue llevando a prisión a aquellas mujeres que dice proteger.

En esta coyuntura, cuidar la soberanía de nuestro país desde una perspectiva feminista significa también romper con las contradicciones que atraviesan nuestro propio sistema de justicia penal. Significa nombrar que las mujeres en contextos de pobreza son las más golpeadas por una política de seguridad que se construye sin ellas, que no las toma en cuenta ni cuando legisla ni cuando encarcela. Cerrar filas frente a las amenazas externas es urgente e irrenunciable. Pero esa defensa de la nación será más sólida, más legítima y más nuestra si también somos capaces de corregir las injusticias que ocurren adentro.

En días pasados, padres y madres de familia fuimos sorprendidas por un anuncio oficial de la SEP en el que se comunicaba el cierre anticipado del ciclo escolar 2026.  Se informó que este se adelantaría más de un mes – del 15 de julio al 5 de junio– debido al caos que se anticipa en las ciudades sedes del mundial (Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México) y a la dificultad de los traslados. Asimismo, se buscó justificar dicho cierre al aludir a que muchos días de finales de curso se dedican a labores administrativas y no a actividades propias de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Aunque la medida fue revertida a raíz de la manifestación de un muy generalizado descontento, vale la pena reflexionar sobre el importante papel que tiene la escuela, además del propiamente educativo, como lugar que coadyuva en la provisión de cuidados indispensables para el sostenimiento de la vida y de la conciliación de las múltiples y diversas actividades que las familias realizan cotidianamente y con las que se contribuyen, directa e indirectamente, al crecimiento económico y a la reproducción social.

La reciente Opinión Consultiva OC-31/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoce que gran parte del trabajo de cuidados pagado se realiza “(…) en guarderías, escuelas, centros médicos, centros de cuidado de personas ancianas, o al interior de los hogares, tanto de manera profesionalizada como no profesionalizada” (CIDH, 2025: 9).

Es decir, la escuela sí forma parte del entramado de provisión de cuidados, aunque los provea de manera informal y sin el reconocimiento expreso de dicha función en su misión oficial. Hay que recordar que el surgimiento de las guarderías públicas tuvo lugar, a gran escala y de manera reglamentada en las leyes del ISSSTE y del IMSS, en los años sesenta y setenta del siglo XX, como parte de una política que buscaba insertar a más mujeres en el mundo laboral (Valderrama 2017). Actualmente, las escuelas también cumplen la misma función que originalmente se atribuía a las guarderías; el modelo de escuelas de tiempo completo de 2007 buscaba otorgar más tiempo a las familias.

Por tanto, desde el siglo pasado se ha reconocido la existencia de una correlación importante entre la inserción laboral de las mujeres, el logro de altos niveles de escolarización y la disponibilidad de tiempo para dedicarse a labores productivas y educativas. Las guarderías y las escuelas son esos espacios en los que las familias podemos delegar a las infancias por algunas horas al día para disponer de ese tiempo que, de otra manera, no tendríamos a nuestra disposición o a costos muy elevados. En dicha medida, el papel de la escuela –pública y privada– consiste en reconocerle un triple propósito: en primer lugar, el de generar conocimientos, habilidades y destrezas en las infancias; en segundo lugar, el de contribuir a la ciudadanización y al pensamiento crítico de las personas; y, en tercer lugar, el de descargar a las familias del trabajo reproductivo para que también puedan dedicarse a labores productivas.

Además, la CIDH, en la misma opinión consultiva, reconoce como derecho independiente el autocuidado, lo que implica que también es exigible, desde el punto de vista de los derechos sociales, el goce de tiempo para el descanso, el ocio y las actividades de esparcimiento. Antes se pensaba que el autocuidado era casi un lujo de mujeres privilegiadas; ahora se asume como un derecho independientemente de la clase social, del tipo de actividad remunerada y de la zona de residencia.

Por ello, la escuela también contribuye a que las familias gocen de más tiempo para dedicar al ocio, al menos en periodos vacacionales, ya sea para la madre o el padre de familia y a concebir el autocuidado como un derecho general, para cuyo ejercicio es necesario disponer de tiempo de calidad. La investigadora Brígida García Guzmán ha identificado la persistencia, en el caso mexicano, de la pobreza de tiempo en las familias y entre las mujeres mexicanas (García Guzmán 2019). Claramente, la escuela no resuelve la falta de tiempo de la que usualmente carecemos; sin embargo, puede contribuir a ofrecer un piso mínimo de disposición del que todas nos beneficiemos en alguna medida.

La tendencia que ha marcado la CIDH en cómo concebir el derecho a recibir y ofrecer cuidados y al autocuidado, exige entender el sistema de provisión de cuidados de una manera más amplia, interdependiente entre varias esferas –Estado, comunidad, familias y sector privado– y menos restringida a los espacios formalizados para dichos fines, como en el caso de las familias nucleares o los servicios de asistencia contratados.

Hay que reconocer que la escuela sí es un espacio de provisión de cuidados, no estrictamente educativo, y que contribuye de manera importante a la conciliación de las diversas dinámicas que ocurren en las familias, gracias a lo cual podemos avanzar hacia la garantía de más y mejor cuidado y autocuidado para todas y todos.

Referencias:

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2025). El contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos (Resumen oficial). 

Descargado de: https://corteidh.or.cr/docs/opiniones/resumen_seriea_31_es.pdf (1 ro de junio 2026)

García Guzmán Brígida (2017). “El trabajo doméstico y de cuidado: su importancia y principales hallazgos en el caso mexicano”. Estudios Demográficos y Urbanos. Vol. 34, núm. 2 (101), mayo – agosto, 2019, pp. 237 – 267.

Valderrama, Gamaliel. “Cuando se convencía a las mamás de llevar a sus hijos a guarderías”. El Universal (11/08/2017). Descargado de: https://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/colaboracion/mochilazo-en-el-tiempo/nacion/sociedad/2017/08/12/cuando-se/

Cada año, miles de mujeres suben a una camilla de quirófano no para salvar su vida, sino para modificar su cuerpo. No para curar una enfermedad, sino para cumplir con una. Porque la presión estética es, en muchos sentidos, una enfermedad social: silenciosa, normalizada y, en algunos casos, letal.

Según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS), en 2024 se realizaron cerca de 38 millones de procedimientos estéticos en el mundo, lo que representa un incremento del 42.5% en apenas cuatro años. La mayoría de las cirugías –aumento de senos, liposucción, rinoplastia– se concentran en mujeres de 18 a 34 años: cuerpos jóvenes que ya sienten que no son suficientes tal como son.

México no es la excepción. De acuerdo con la ISAPS, el país realizó un millón 294 mil 946 procedimientos cosméticos en 2024, y con ello se ubicó en el sexto lugar mundial. El 35.1% de esas cirugías se realizó a pacientes extranjeras, la segunda tasa más alta del mundo, lo que convierte a México en un importante centro de “turismo estético”. Lo que no dicen las estadísticas oficiales es cuántas de esas intervenciones terminaron en tragedia.

La semana pasada nos escandalizamos con el caso de Blaca Adriana, quien fue hallada muerta tras haber sido reportada como desaparecida luego de acudir a una clínica estética en Tlaxcala. El perfil de las víctimas de casos virales es revelador. Keila Camacho tenía 25 años cuando murió en julio de 2024; dejó a sus hijos de dos y siete años huérfanos. Dora Isela, de 45, falleció en junio del mismo año tras una abdominoplastia, con causa de muerte determinada como falla orgánica múltiple. Magnolia, influencer de 29 años, murió en 2023 después de una liposucción.

Historias distintas, misma lógica: mujeres jóvenes que murieron en busca del cuerpo que la sociedad les exigía tener. De acuerdo con los últimos datos al respecto del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre 2000 y 2017 se registraron 80.9 muertes por cada mil quejas relacionadas con operaciones estéticas, y la Cofepris ha identificado decenas de clínicas que operan sin los requisitos mínimos de infraestructura o personal calificado.

¿Qué empuja a las mujeres hacia ese quirófano? La doctora Esther Pineda, autora de Bellas para morir. Estereotipos de género y violencia estética contra las mujeres, señala que “el canon de belleza siempre ha sido un ideal aspiracional inalcanzable”. Según ella, las redes sociales han masificado esa exigencia mediante filtros, edición fotográfica y el bombardeo publicitario de una industria sin regulación.

En Ola Violeta dedicamos uno de nuestros recientes reportes mensuales a demostrar cómo el uso de plataformas como Instagram, TikTok y Facebook influye directamente en el deseo de someterse a procedimientos estéticos. La llamada dismorfia de Snapchat –en la que las personas llevan a sus cirujanos fotos filtradas de sí mismas para pedir parecerse a ellas– es ya un fenómeno clínico reconocido.

La violencia estética convence a una mujer de que su cuerpo es un error que debe corregir para ser aceptada… querida. Y cuando esa convicción se cruza con clínicas clandestinas, médicos sin especialidad y una absoluta ausencia de registro oficial, la famosa frase machista “Antes muerta que sencilla” deja de ser irónica para volverse literal.

Encontrar el amor en una ciudad donde trabajamos más de ocho horas diarias, hacemos traslados eternos y llegamos demasiado cansadas para socializar ha convertido a las apps de citas en uno de los principales puntos de encuentro sexoafectivo.

Porque sí… En un país donde el tiempo libre es casi un privilegio y conocer gente fuera del trabajo parece misión imposible, aplicaciones como Bumble, Tinder o Hinge terminaron convirtiéndose en la alternativa moderna para intentar vincularnos.

El problema es que basta pasar unos minutos dentro de cualquiera de estas apps para descubrir que la mitad de los hombres heterosexuales parece haber tomado el mismo curso intensivo de machismo emocional impartido por el Temach.

Es decir, abrir Bumble puede sentirse como escuchar a tres coaches de masculinidad gritándote al oído al mismo tiempo. Perfiles que dicen buscar mujeres “sin dramas”, “femeninas”, “que se cuiden”, “que no quieran trato de princesas”, “sin hijos” y, por supuesto, “con sentido del humor”: aunque casi siempre se refieren a tolerar comentarios misóginos disfrazados de chistes.

Otros aclaran que “solo quieren fluir”, “pasarla bien”, “cero intensidad” o “buena vibra”, como si cualquier expectativa mínima de responsabilidad afectiva fuera automáticamente una amenaza contra su tranquilidad.

Y quizá lo más inquietante no es la misoginia, sino la manera en que se disfraza. El discurso conservador no desapareció; simplemente aprendió nuevas palabras.

Los hombres, que antes rechazaban explícitamente a las mujeres independientes, ahora hablan de fortalecer la “energía femenina”. Los que no quieren responsabilizarse afectivamente dicen que buscan a alguien “que no haga dramas”. Los que esperan disponibilidad absoluta ahora dicen que quieren una mujer “en paz con su feminidad”.

El machismo contemporáneo a veces aparece en perfiles de Bumble, en videos sobre “mujeres de alto valor” o en hombres que aseguran buscar una relación sana mientras piden mujeres emocionalmente silenciosas, disponibles y fáciles de administrar.

Las apps de citas volvieron el machismo deslizable.

El pasado jueves 6 de mayo circuló el anuncio de la Secretaría de Educación Pública en torno al cese de actividades del ciclo escolar de educación básica un mes antes de lo previsto originalmente.

Esta noticia movilizó rápidamente las reacciones de la sociedad en diferentes ámbitos. La gran mayoría de las reacciones fue en contra del cambio.

Pensar en un Sistema Nacional de Cuidados debe contemplar el hecho de que en las políticas públicas, en todos los ámbitos de las decisiones gubernamentales, en todos los niveles, exista correspondencia entre el Estado y sus instituciones; el que las familias, principalmente las mujeres que forman parte de estas familias, sean quienes asuman y resuelvan las diferentes actividades en torno a los cuidados de infancias y adolescencias en este país ha sido uno de los principales problemas en torno a la distribución de los mismos que hemos enfrentado como sociedad.

Si bien, como el mismo secretario de Educación comentó, las escuelas no son estancias infantiles, son y deberían ser instituciones en donde se aprenden y se dan los elementos para la adquisición de conocimientos necesarios para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

No obstante, la idea de establecer un Sistema Nacional de Cuidados como quedó diseñado desde el Plan Nacional de Desarrollo debería responder a decisiones consensuadas y pensadas en función del bienestar de las personas y las familias.

Decidir como secretaría autónoma e independiente de los planes nacionales de desarrollo, muestra la falta de empatía y el desconocimiento del ejercicio de toma de decisiones.

El hecho concreto de cambiar las fechas del calendario escolar, establecido desde antes del inicio del ciclo escolar en turno, por supuesto que pone en problemas a las familias y al mercado de trabajo, ya que se tiene previsto un calendario establecido con fechas concretas. El aducir que las cuestiones climáticas o un evento futbolístico (próximo a ocurrir en México y en el mundo) impacte el calendario escolar, no es más que una falta de sensibilidad, de conocimiento de cómo las familias se organizan en su vida cotidiana para que la educación básica se desarrolle adecuadamente en el país.

Las personas, las organizaciones, las dependencias que hemos trabajado los temas de cuidados en sus diferentes líneas teóricas y prácticas, así como en los territorios, hemos apostado por el diálogo y las decisiones conjuntas para apoyar a la sociedad en el tema de los cuidados. En este sentido, es indispensable la corresponsabilidad entre los diferentes agentes: Estado, mercado, comunidades, familias e instituciones para reconocer y redistribuir las tareas de cuidados que históricamente se han asignado a las familias y a las mujeres.

Hoy quiero hablar de la donación de leche materna humana, pero al sentarme a escribir me di cuenta de que no sabía por dónde empezar. Pensé en hacerlo desde la mamá primeriza que fui: aquella que pasó más de ocho horas separada de su bebé después del nacimiento. Esa mamá que hubiera deseado profundamente que el primer alimento de su hija hubiese sido su propia leche… o la leche amorosamente donada por otra mujer.

También pensé en hablar desde mi profesión y mi trabajo en alimentación y nutrición integral temprana de niñas y niños con anomalías craneofaciales. Porque entonces, tendría que decir algo que sostengo todos los días: toda infancia, sin importar su condición o circunstancia de nacimiento, merece recibir leche materna humana.

Después pensé en hablar desde la donante que fui durante los primeros meses de vida de mis dos hijas. Y fue ahí donde entendí algo que me transformó profundamente: jamás existe “poquita leche”. Porque para algunos recién nacidos, una sola gota representa una oportunidad más de energía, protección y vida.

Entonces comprendí que este texto tenía que escribirse desde todas esas versiones de mí. Porque hablar de donación de leche materna humana no es solamente hablar de nutrición, aunque nutricionalmente sea uno de los actos más poderosos para la primera infancia.

La Organización Mundial de la Salud reconoce que la lactancia materna es una de las formas más eficaces de garantizar la salud y supervivencia infantil. Pero incluso esa definición se queda corta.

Hablar de donación también es reconocer el compromiso que existe detrás de cada mujer donante. Una investigación encabezada por la Dra. Alejandra Rodríguez Bautista sobre el Banco de Leche Humana del Instituto Nacional de Perinatología (INPer) documentó que, entre 2013 y 2024, participaron 2,661 mujeres donantes y que aproximadamente el 79% mantuvo una donación activa (INPer, UNAM), reflejando la enorme red de cuidado y solidaridad que sostiene la alimentación de muchos recién nacidos.

Hablar de donación también es hablar de empatía entre mujeres que quizá nunca se conocerán. Es hablar de redes invisibles de cuidado. De una madre alimentando al hijo de otra. Porque cuando una mujer dona leche no solamente entrega alimento: entrega tiempo, energía, descanso, organización y muchísimo amor. Y creo que ahí habita algo de lo que pocas veces hablamos.

Seguimos viendo la lactancia como un acto individual, casi privado, cuando en realidad debería entenderse como una responsabilidad colectiva. Ninguna mujer debería sostener sola el peso físico y emocional de alimentar. Ningún recién nacido debería quedarse sin acceso a leche materna humana por falta de información, acompañamiento o redes de apoyo.

En ese esfuerzo colectivo, organizaciones como PILU Lactancia, organización integrante del Pacto por la Primera Infancia, trabajan para acompañar, informar y fortalecer redes de apoyo que permitan a más mujeres ejercer una lactancia acompañada y sostenida.

Por eso, hablar de donación también es acercarnos al puente de la inclusión. Es reconocer que existen bebés prematuros, hospitalizados o atravesando condiciones complejas, para quienes la leche materna humana puede representar mucho más que alimento. Puede representar protección. Puede representar esperanza.

En el marco del Día Mundial de la Donación de Leche Materna Humana, no quisiera que las personas se quedaran solamente con la idea de “donar leche”. Quisiera que se preguntaran qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando una mujer es capaz de alimentar a un bebé que no gestó. Porque quizá ahí habita una de las formas más profundas de comunidad. Y porque sí: a veces, una gota cambia absolutamente todo.

Las redes están llenas de personas lanzando insultos. Hay quienes atacan primordialmente contenidos feministas, transincluyentes, progres, woke, incluidos grupos de hombres que han decidido reflexionar sus violencias machistas. Entre ellos, @Dejar de chingar, colectivo organizado por personas disidentes al patriarcado en Guadalajara, Jalisco, cuyos posts más recientes han recibido mucho hate.

Muchedumbres improvisadas de haters se vuelcan en improperios, llamándoles ‘eunucos’, ‘club de vírgenes’, ‘huevos tibios’, ‘ni así le van a dar gusto a las femi’, ‘¿ya les dieron sus croquetas hoy?’, ‘la testosterona salió del grupo’, ‘por eso sus mujeres les ponen los cuernos’… Un acto de afirmación a partir de escupir y repatear sobre lo que no se alinea con los valores dominantes del mandato masculino.

Sabemos que las redes sociales distorsionan verdades en posverdades, crean ídolos que promueven estilos de vida cuestionables y que, sobre todo, amplifican mensajes de odio. Para el hater promedio, las redes son un entorno en el que se puede expresar —vomitar— odio sin remordimientos, pues facilita condiciones de anonimato para atacar desde la comodidad.

Es importante subrayar que se trata de una postura muy cómoda —sin moverse de su asiento—, así como relativamente segura, pues rara vez implica un verdadero riesgo, esfuerzo o responsabilidad. No necesariamente se exponen públicamente, pues pueden esconderse tras la ya clásica foto de perfil de un auto deportivo, el escudo de un equipo de futbol o algún personaje musculoso de caricatura.

El efecto lupa

Sin embargo, no se trata de un fenómeno inofensivo: están jugando con fuego. El efecto incendiario se propaga velozmente y aunque no enciendan una hoguera, hacen daño. En cuanto al mecanismo de acción, parece que concentran su rencor en un punto específico —algún post, página o persona—, como cuando se usa una lupa para quemar algo.

Siguiendo esta metáfora: ¿Pueden quemar? Claro. ¿Puede doler? También. La masividad y la vulgaridad de los mensajes son una forma de violencia y descalificación. Además, es altamente redituable y favorece la acumulación de capital mediante algoritmos que alimentan la polarización. Muchos comentarios ni siquiera vienen de haters de carne y hueso, sino de cuentas automatizadas que siembran odio para cosechar likes y monetizar el desprecio.

Pero este escenario virtual de desencuentros y violencias —que son las redes— tiene claras limitaciones e implicaciones. A diferencia de la lupa que concentra la luz del sol, el hate en redes no proviene de una energía infinita o renovable. Se sostiene del combustible que ofrecen los haters, quienes consumen su tiempo en línea y los datos de sus dispositivos en mensajes, memes, stickers y largas cadenas de respuestas.

Se queman como un cerillo que se consume con su propia flama porque el odio demanda obediencia y es insaciable. Como señala Sayak Valencia, se exige a los hombres “ser objeto de su propia autodestrucción”. Me pregunto: ¿por qué reproducir un discurso que demanda nuestra propia aniquilación, que nos convierte en un factor de riesgo y usurpa nuestra capacidad de empatizar?

Cauterización de la herida

La crueldad y la violencia que circulan en el espacio digital forman parte de la socialización masculina. Prácticas aparentemente inofensivas, muchas veces disfrazadas de juego —desde el bullying escolar hasta quemar hormigas con el rayo del sol y una lupa— normalizan el ejercicio de la violencia. Es necesario revisar cómo nos posicionamos frente al dolor ajeno, cómo habita la crueldad en el hueco del dolor propio; eso sí hay que revisarlo con lupa.

Para desactivar el hate patriarcal podemos promover un uso corresponsable de las redes sociales como espacio de creación, conexión y disfrute mutuo. Desafiar la machósfera comienza con bajarle el volumen y quitarle likes. No es ignorarla —en tanto fenómeno altamente nocivo e inflamable—, pero sí llevar la discusión al foro correcto (que nunca es la cadena de mensajes de odio).

Podemos priorizar lo que sí requiere un esfuerzo: hacernos cargo de la propia violencia y empatizar con el sufrimiento ajeno. Sostener la vida digital desde los cuidados y el buen trato puede ser difícil, pero también permite concentrar nuestra atención en algo crucial: cómo construir formas sanas de relacionarnos con otras personas, con otros hombres y con nosotros mismos.

¿O acaso me están diciendo que sólo el machismo me hace un hombre de verdad? ¿Qué sólo así es posible vincularnos en el plano amoroso, sexoafectivo y amistoso? ¿Qué una relación desde el machismo es sostenible en el tiempo y, más aún, en el cuerpo? En suma, ¿todo ese machismo nos ha servido realmente a los hombres para relacionarnos sanamente?