Hoy se cumplen 34 años desde que la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). Un suceso que promovió que desde 2005, cada 17 de mayo, se conmemore el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia.
A más de tres décadas de ese hito, el gobierno de Perú publicó hace una semana un decreto que define como enfermedad mental la transexualidad y otras identidades de género, lo que representa un claro retroceso a los derechos de la población LGBTQ+, y que, además, podría legitimar las “prácticas de conversión” y agravar los problemas de salud mental a los que se enfrentan las comunidades LGBT en el país, como ya alertó Human Rights Watch.
También hace unos días nos conmocionó el lesbicidio de dos parejas de lesbianas en Argentina: Pamela, Roxana, Andrea y Sofía; a quienes quemaron vivas en una pensión en Buenos Aires. La única sobreviviente fue Sofía. El agresor fue un sujeto quien roció un líquido inflamable en su habitación y les prendió fuego. Los vecinos del hotel familiar narraron a los medios locales que el señor las odiaba por su identidad de mujeres lesbianas; las agredía y amenazaba constantemente, y había discutido con ellas en días pasados.
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“Las prendieron fuego por lesbianas. Las prendieron fuego por lesbianas pobres. Las prendieron fuego por lesbianas pobres haciendo comunidad, haciendo refugio”, dijo una integrante de la Asamblea de Lesbianas de Barracas durante las protestas.
Estos dos sucesos ocurridos en nuestra región en los últimos días son un claro ejemplo de la violencia y el odio de las que son víctimas las personas que viven una identidad de género u orientación sexual distinta a la heteronorma. América Latina no está sola en este odio, a nivel mundial, son 11 los países que aún castigan la homosexualidad con penas de muerte.
En el mundo, unas 4 mil 690 personas transgénero murieron entre 2008 y septiembre de 2023, de acuerdo con los datos publicados por Transgender Europa. Todas ellas asesinadas presuntamente por prejuicios discriminatorios.
En México, la discriminación y violencia que viven las personas de la comunidad LGBTQ+ no es menor.Tan solo en lo que va del 2024, 14 personas de la comunidad han sido asesinadas y cuatro más están desaparecidas, como reporta el Observatorio Nacional de crímenes de odio contra personas LGBT.
Esta semana en La Cadera de Eva documentamos también la discriminación y violencia institucional que viven las lesbomaternidadades. Y es que a pesar de que el matrimonio igualitario es legal en todo el país, aún hay un gran recorrido para el reconocimiento y defensa de las familias LGBTQ+.
Además, también está pendiente el reconocimiento de los transfeminicidios, pues como lo han señalado distintas activistas, es necesario que se adopte un enfoque penal más claro que reconozca la identidad de género de las víctimas. Aunque es más urgente que se frenen los crímenes de odio contra las personas trans y que nadie tenga que morir por vivir libre.
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En épocas electorales, también toca recordar que varios colectivos de la comunidad LGBTQ+ han denunciado la usurpación de las candidaturas que buscan algún cargo popular en estas elecciones de 2024.
Y es que como documentamos también en esta investigación los partidos políticos están obligados a postular al menos 63 candidaturas a diputaciones federales y senadurías de cinco grupos vulnerables, entre ellos personas de la comunidad LGBTQ+. Lo que encontramos fue que hasta ahora, el PAN, el PRI y el Partido del Trabajo (PT) presentaron dos de las cuatro candidaturas con las que tenían que cumplir en la representación de la diversidad sexual. Sin embargo, en muchos casos estas postulaciones usurpan espacios de las personas que verdaderamente representan a esta comunidad.
Y no solo hay una simulación en la representación política. Hasta en el papel, distintos colectivos LGBT+ también han mostrado su preocupación sobre las nulas propuestas de derechos de esta población en las agendas de campaña de las candidaturas a la presidencia. Parece ser que las disidencias sexogenéricas siguen siendo invisibles ante los ojos de las personas que gobiernan.
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Podemos reconocer los avances importantes que se han logrado en los últimos años, como la iniciativa que se aprobó en el Congreso hace dos meses para castigar y sancionar los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig), mejor conocidos como “terapias de conversión”. Pero estos avances no son suficientes.
La discriminación que enfrenta la comunidad LGBT+ es una realidad que no puede ser ignorada. Cada acto de discriminación socava sus derechos humanos, perpetúa un ciclo de injusticia y violencia, y desmorona el tejido social en el que todos y todas nos sostenemos.
A través de la historia, esta comunidad ha luchado por el respeto y la igualdad de derechos, enfrentando obstáculos y prejuicios en el camino, muchas veces, mortales. Solo cuando nos comprometamos activamente a promover el respeto mutuo y el derecho de todos y todas de vivir vidas libres de violencia, podremos construir un futuro donde todos erradiquemos la discriminación y celebremos la diversidad en todas sus formas.