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Esta semana se conmemoraron los 110 años del Primer Congreso Feminista de Yucatán y México vuelve a discutir, una vez más, si la democracia alcanza para todas. Del 13 al 16 de enero de 1916, en el Teatro Peón Contreras de Mérida, cientos de mujeres se reunieron para hablar de educación, ciudadanía y derechos.
No fue una reunión cualquiera. Era una disputa por el poder. Más de un siglo después, la pregunta sigue ahí: ¿qué tan seguros están los derechos políticos de las mujeres en México?
Hoy, con Claudia Sheinbaum en la Presidencia, se abre una nueva discusión de reforma electoral. El gobierno federal enviará en estos días al Congreso una propuesta después de consultas públicas realizadas durante los últimos meses de 2025. Y esta semana el INE entregó a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral un documento con 241 propuestas técnicas.
De esas 241 propuestas, apenas 20 incluyen medidas para fortalecer la paridad o atender la violencia política contra las mujeres. Eso dice mucho sobre las prioridades. Cuando se habla del futuro del sistema electoral, el género sigue quedando como un tema secundario, no como un problema estructural.
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Sí, hoy México tiene una mujer presidenta. Sí, es una época en la que hay más gobernadoras y más mujeres en cargos públicos que antes. Pero eso no se traduce automáticamente en igualdad sustantiva, por más que el gobierno la defienda en el discurso. No mientras agresores sigan en el poder, no mientras la violencia política y digital siga siendo parte del costo de participar, y no mientras las leyes para proteger a mujeres y niñas se queden en papel.
La violencia política contra las mujeres en razón de género existe en la ley y se menciona mucho en discursos oficiales. Pero en la práctica muchas veces no funciona como debería. Un recuento reciente del Repositorio Nacional de Sentencias y Resoluciones del INE muestra que de 81 casos registrados, solo 36 (es decir, menos de la mitad (44 %) lograron confirmar realmente que hubo violencia política de género.
Y además, en algunos casos, esta herramienta se ha usado al revés, no para proteger, sino para callar. Se ha intentado convertir la violencia política de género en una vía para frenar críticas, censurar cuestionamientos públicos o castigar la denuncia, incluso cuando lo que está en juego es el derecho a informar y a debatir.
Este debate llega con Beijing como recordatorio y como deuda. En la Plataforma de Acción de Beijing, en 1995, no se habló de “incluir” a las mujeres por buena voluntad, sino de garantizar sus derechos y frenar la violencia. Más de 30 años después, México ha avanzado en leyes, pero todavía no asegura que una mujer pueda hacer política sin pagar un costo extra.
Por eso la reforma electoral no puede discutirse como si todo estuviera bien. México habla de democracia mientras personas señaladas por violencia siguen en el poder, con fuero y respaldo partidista. La promesa de “ningún agresor en el poder” no se cumple. El caso de Cuauhtémoc Blanco lo evidencia: el poder todavía protege, y eso también es un tema electoral.
En medio de ese contexto, San Luis Potosí dejó otra alerta con la llamada Ley Esposa. La reforma buscaba que en 2027 solo pudieran competir mujeres por la gubernatura. En el papel podía leerse como una acción afirmativa. En la práctica, muchas personas la vieron como una reforma hecha a modo, asociada a la posible candidatura de Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo. La reforma terminó vetada por el propio gobernador, bajo el argumento de que tenía problemas de constitucionalidad.
La lección es clara. La paridad puede abrir puertas, pero también puede usarse para que el poder se quede entre los mismos de siempre. Y cuando eso pasa, se golpea una causa legítima y se debilita la confianza en la igualdad.
A 110 años del Congreso Feminista de Yucatán, México tendría que estar discutiendo cómo ampliar y proteger derechos. No cómo administrarlos, ni cómo usarlos solo en el discurso.
