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A partir de este viernes 16 de enero de 2026, México inicia una nueva etapa jurídica con la entrada en vigor del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 17 leyes federales, buscando garantizar los derechos de las mujeres y la igualdad sustantiva.
Esta iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tiene como objetivo principal que la igualdad no sea solo un concepto legal, sino una realidad tangible en la vida de mujeres, niñas y adolescentes.
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¿Qué leyes cambian y cuál es el nuevo alcance legal?
El decreto, publicado el 15 de enero en el Diario Oficial de la Federación (DOF), modifica leyes clave como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres —que ahora se denomina Ley General para la Igualdad Sustantiva—, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias y la Ley Federal del Trabajo, entre otras.
El paquete de reformas actualiza el marco de leyes en sectores estratégicos como educación, salud, vivienda, cultura y seguridad social. Uno de los ejes centrales es la consolidación de la Secretaría de las Mujeres como la autoridad rectora encargada de conducir la Política Nacional y coordinar el Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva.
Entre sus nuevas facultades destacan la posibilidad de declarar la Alerta de Violencia de Género y la coordinación del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres.
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Brecha salarial: ¿el fin del trato desigual en el trabajo?
Uno de los cambios más relevantes se encuentra en la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que ahora establecen de forma explícita que a trabajo igual debe corresponder salario igual, sin distinción de sexo o género.
La reforma apunta a desmontar las barreras estructurales que sostienen la brecha salarial, la cual el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estimó en 15% durante 2025.
Además, el decreto obliga a los empleadores a garantizar entornos laborales libres de discriminación y a capacitar a su personal para prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres. Como documentamos en esta nota, las inspecciones laborales también se han reforzado para verificar el cumplimiento de la igualdad salarial por trabajo de igual valor.
¿Cómo cambia la protección contra la violencia?
La reforma introduce el concepto de “deberes reforzados de protección”, que obliga a todas las autoridades a adoptar medidas amplias para salvaguardar la vida, integridad y autonomía de mujeres, niñas y adolescentes.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se armoniza para que juezas, jueces y magistraturas actúen obligatoriamente con perspectiva de género, especialmente en casos de pensión alimenticia y violencia familiar.
Uno de los avances más relevantes es la incorporación de la violencia vicaria al marco legal federal. Esto permite que, en los procesos judiciales, se tome en cuenta el domicilio de la víctima para definir la competencia y que las medidas de protección queden registradas a nivel nacional.
En este contexto, Jennifer Seifert, del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, ha señalado en entrevista con La Cadera de Eva que el reconocimiento legal es crucial, ya que miles de mujeres enfrentan denuncias falsas y el uso de sus hijas e hijos como instrumentos de control y castigo por parte de sus agresores.
Los desafíos y las deudas pendientes
Pese al alcance de la reforma, activistas y especialistas advierten que persisten vacíos estructurales. Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), ha alertado sobre la desaparición del programa de refugios como partida específica en el Presupuesto de Egresos de 2026, lo que considera un retroceso en la protección de las víctimas de violencia.
A ello se suma la ausencia de un Sistema Nacional de Cuidados con base legal sólida. Aunque el presupuesto de 2026 incluye un anexo en la materia, aún no existen leyes que lo hagan obligatorio y permanente, lo que mantiene la carga del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado principalmente en las mujeres.
Además, como señala en esta nota Paulina Gutiérrez, de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, sin una inversión sostenida en servicios públicos de cuidado, las transferencias monetarias resultan insuficientes para garantizar la autonomía económica de las mujeres.
Finalmente, organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio advierten que la violencia feminicida no cede y que la reciente reforma judicial genera incertidumbre sobre la capacitación y profesionalización de quienes deberán impartir justicia bajo este nuevo marco legal.
