La decisión de la Cámara de Diputados de desechar la solicitud de desafuero contra el legislador Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos, quien está acusado de tentativa de violación por su media hermana, Nidia Fabiola Blanco, ha provocado una ola de indignación y un intenso debate sobre la protección política y la impunidad en casos de violencia de género.
En entrevista para La Cadera de Eva, Yndira Sandoval, integrante de Las Constituyentes Mx Feministas, calificó la votación como un revés para la tercera legislatura de la paridad, lamentando que, a pesar de la representación de mujeres, no se lograra el desafuero. Para la activista, esto evidencia una falta de autonomía política por parte de algunas legisladoras y la persistencia del patriarcado en las decisiones políticas.
La activista también denunció que la decisión de la Cámara de Diputados refleja cómo el sistema opera ante las mujeres que denuncian violencia. "Lo que sucedió ayer es lo que le sucede a todas las mujeres frente a un Ministerio Público", comparó, haciendo alusión a las deficiencias en las investigaciones y la falta de debida diligencia.
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Ayer, en la sesión donde se rechazó su desafuero, una de las escenas más indignantes en el recinto legislativo fue el respaldo abierto a Cuauhtémoc Blanco: entre aplausos y vítores, diputadas y diputados corearon "No estás solo, no estás solo", evidenciando su apoyo a la decisión. "Si Cuauhtémoc no está solo, las mujeres sí", señaló Yndira Sandoval, una de las impulsoras de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género.
Ante esto, la activista enfatizó la existencia de un "pacto de impunidad vigente y fuerte" y un "vergonzoso vacío ideológico y político de las mujeres cómplices del sistema patriarcal" y lamentó que se envíe un mensaje de protección a los agresores y de desolación a las víctimas. Además, criticó la falta de pronunciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este tema, considerándolo una forma de "lavarse las manos".
Foto: Cuartoscuro
Incumplimiento de la Ley 3 de 3
Un aspecto central de las críticas de Yndira Sandoval es el incumplimiento de la Ley 3 de 3 contra la violencia, la cual es constitucional desde 2023 y establece que personas con antecedentes de violencia de género no deben ocupar cargos públicos.
La activista señaló que de acuerdo con lo que establece esta ley, Cuauhtémoc Blanco "nunca debió ser gobernador, ni diputado", pues el diputado federal plurinominal tiene antecedentes de violencia contra las mujeres, por lo que el rechazo del desafuero es una violación no solo a la Constitución, sino también al debido proceso legislativo.
Para Yndira Snadoval, el caso de Cuauhtémoc Blanco, al igual que el del senador de Morena Félix Salgado Macedonio, sobre quien pesa también denuncias por violación y abuso sexual, demuestran que el partido en el poder tiene el mayor número de agresores expuestos.
Desde Las Constituyentes Feministas MX, se han identificado 106 casos de integrantes de Morena que ocupan cargos públicos y enfrentan denuncias por agresiones sexuales, violencia o son deudores alimentarios.
Ante este panorama, Yndira Sandoval anunció una serie de acciones por parte de Las Constituyentes MX, enfocadas en combatir la impunidad y lograr la aplicación efectiva de la Ley 3 de 3:
- La creación a nivel nacional de un "atlas de agresores en el poder" para visibilizar a quienes ocupan cargos a pesar de las acusaciones de violencia.
- Una campaña para la armonización e instrumentación de la Ley 3 de 3 en los 2 mil 458 municipios y las 16 alcaldías del país.
- La exigencia de presupuesto y mecanismos concretos para asegurar el cumplimiento de la ley, argumentando que "lo que no tiene recurso es discurso".
Yndira Sandoval insistió en que "no hay víctimas más importantes que otras. Lo que queda evidenciado es que hay agresores más poderosos que otros y contra ellos habrá que ir a romper el pacto patriarcal de impunidad".
Para la activista, la impunidad, que alcanza el 98% en los delitos contra las mujeres, se traduce en la protección de los agresores a través de afiliaciones partidistas y el incumplimiento de mandatos constitucionales.
