Por: 
Mientras el mundo observa con horror la escalada de violencia desatada por las redadas de ICE y las deportaciones masivas iniciadas por la administración Trump en Estados Unidos, México se rehúsa a mirar hacia sí mismo.
La indignación selectiva es cómoda: nos permite señalar la brutalidad del sistema migratorio estadounidense sin enfrentar la violencia estructural que ocurre en nuestro propio territorio.
La violencia contra personas migrantes no es una excepcionalidad estadounidense ni un fenómeno reciente. Es parte de un sistema sostenido en violencia racista, clasista y misógina que opera a ambos lados de la frontera, y que en México encuentra formas igual de brutales aunque menos visibilizadas.
Desde La Cadera de Eva hemos documentado sistemáticamente esta realidad. En 2023 reportamos que el 30% de las mujeres migrantes en albergues fueron víctimas de abusos por parte de la Guardia Nacional y militares. Hemos denunciado la violencia sexual en las rutas migratorias, la falta de acceso a servicios de salud, la impunidad institucional. Con el retorno de Trump a la presidencia y la reimplementación del programa Quédate en México, la situación se agrava exponencialmente.
Cruzar México implica navegar múltiples capas de riesgo: la amenaza constante de deportación, la extorsión por parte de autoridades y crimen organizado, la agresión sexual. Entre las personas más vulnerables están las más de 7,000 mujeres embarazadas que, según el Consejo Nacional de Población, transitan actualmente por el país, casi la mitad sin acceso a servicios de salud; las infancias migrantes, las personas racializadas y empobrecidas. Y cuando llegan a la frontera norte, no encuentran protección sino más violencia.
Frente a la inacción estatal, son las organizaciones feministas las que sostienen estas vidas. Diversas iniciativas en el país registran haber acompañado a más de 3,500 mujeres de 70 países en 2024.
Pero la solidaridad no puede ni debe sustituir la responsabilidad del Estado.
México se ha posicionado históricamente como defensor de los derechos de los migrantes en Estados Unidos, pero esa retórica humanitaria contrasta brutalmente con su política migratoria interna: la militarización de las fronteras sur y norte, la colaboración con las políticas de contención estadounidenses, la conversión del país en sala de espera permanente para miles de personas.
Más allá de pronunciamientos diplomáticos, México necesita acciones concretas para romper el ciclo de violencia institucional y liderar el movimiento a favor de los derechos humanos en la región: acceso universal a servicios de salud sin requisitos migratorios, protocolos reales de protección y financiamiento para las organizaciones que ya están haciendo el trabajo que el Estado no hace
La violencia contra las personas migrantes no es solo un problema de Trump ni de ICE. Es un problema de un sistema global que racializa, precariza y deshumaniza a los cuerpos migrantes. Un sistema del que México no es víctima inocente sino participante activo. Mientras nos indignamos por lo que sucede al norte de la frontera, debemos preguntarnos: ¿qué violencias estamos permitiendo, normalizando, perpetuando en nuestro propio territorio?
