Las próximas elecciones al Poder Judicial del próximo 1 de junio de 2025 marcan un hito histórico, al ser la primera vez que diversos cargos judiciales federales y locales serán elegidos mediante voto popular tras la reforma judicial de 2024. Entre los puestos más destacados a elegir se encuentran nueve ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) estableció un criterio de asignación que prevé la elección de cinco Ministras y cuatro Ministros, para garantizar la paridad de género en la composición de la Corte.
Para ofrecer una perspectiva sobre las candidatas a ocupar estos cargos, la politóloga Viri Ríos creó una Herramienta de evaluación de candidatos(as) al poder judicial que analiza los perfiles con base en dos criterios principales:
1. Calificación final: una puntuación general del 0 a 10, basada en experiencia, propuestas, formación y su visión judicial.
2. ¿Progresista?: una escala del 1 al 5 que mide qué tanto se alinea con una visión de justicia social.
De acuerdo con la herramienta, una persona progresista es aquella que defiende los derechos laborales, promueve la equidad fiscal, la competencia económica y apuesta por la igualdad sustantiva y el interés público frente a privilegios corporativos. La creadora aclara en su análisis que "ser progresista no significa ser afín a la 4T".
¿Cuántas candidatas fueron evaluadas en la boleta morada?
La tabla proporcionada lista 26 candidatas, pero solo 20 de ellas tienen asignados puntajes numéricos en las columnas "¿Progresista?" y "Calificación final". Las otras seis candidatas figuran con "NA", ya sea porque no compiten activamente o porque ya son ministras en funciones.
El análisis que aquí presentamos se centra en las 20 candidatas evaluadas numéricamente.
A partir de las puntuaciones asignadas a las 20 candidatas evaluadas, podemos observar la distribución de los puntajes "progresistas":
- Puntaje 5 (Más Progresista): tres candidatas (15% del total evaluado).
- Puntaje 4: siete candidatas (35% del total evaluado).
- Puntaje 3: siete candidatas (35% del total evaluado).
- Puntaje 2: dos candidatas (10% del total evaluado).
- Puntaje 1 (Menos Progresista): una candidata (5% del total evaluado).
Esto significa que, siete de cada 10 candidatas tienen una orientación progresista media o alta, y solo 3 de cada 20 se ubican en el nivel más bajo.
En cuanto a la Calificación Final (0-10), la mayoría está entre 7 y 9.5, lo que significa que varias tienen buenos perfiles, según el análisis de la politóloga. Sólo la abogada laborista, Selene Cruz Alcalá, alcanzó la calificación perfecta de 10.
Foto: Cuatoscuro
¿Cuáles son los perfiles de las candidatas?
El análisis cualitativo de la herramienta se nutre de las descripciones detalladas, los motivos para postularse, las visiones jurisdiccionales y las propuestas de cada candidata presentadas en la tabla. Permite entender qué hay detrás de los números y cómo se manifiestan las inclinaciones ideológicas según la propia información proporcionada (y evaluada subjetivamente).
Candidatas con puntajes altos
Selene Cruz Alcalá (Puntaje 5, Calificación 10):
Su perfil se alinea fuertemente con la defensa de los derechos laborales, declarando que busca ser "una voz de los trabajadores en la Suprema Corte".
Su visión es de una justicia "humana, oportuna y transformadora", con "perspectiva de género, intercultural y sensible a la desigualdad", buscando garantizar derechos "especialmente a quienes históricamente han sido olvidados". Propone una "justicia de barandilla: accesible, sin intermediarios". Esto concuerda plenamente con la definición de enfoque en justicia social y derechos de los trabajadores.
Además dice que “ninguna sentencia es justa si no toma en cuenta las desigualdades que atraviesan a una mujer, una niña o una persona indígena”.
Natalia Téllez Torres Orozco (Puntaje 5, Calificación 9.5)
Expresa una visión de justicia "real, equitativa y accesible, con perspectiva social y humanista". Busca que la SCJN interprete la Constitución con un "enfoque progresista", priorizando "sectores vulnerables". Su experiencia incluye el combate a la evasión fiscal de grandes empresas, lo cual resuena con la defensa de la equidad fiscal mencionada en la definición de progresismo.
Lenia Batres Guadarrama (Puntaje 5, Calificación 8)
Actualmente Ministra, asumió el cargo en 2023. Su enfoque es claro en que la función jurisdiccional debe proteger prioritariamente los "derechos humanos, empezando por los derechos sociales".
Su visión busca "combatir la principal injusticia de la sociedad: la desigualdad" y formular criterios que coadyuven a garantizar derechos económicos, sociales y culturales. También enfatiza resolver "en favor del más débil".
Estas candidatas ejemplifican perfiles que, según la herramienta, tienen una clara orientación hacia la justicia social y la defensa de derechos, tal como se define el progresismo en este contexto.
Candidatas con puntajes bajos
Ingrid De Los Ángeles Tapia Gutiérrez (Puntaje 1, Calificación 4.5)
El análisis cualitativo de su perfil revela posturas explícitamente "En contra del derecho a decidir", defensoras del "modelo de familia tradicional" y opositoras al "matrimonio igualitario". Se le señala como "transexcluyente" y con "vínculos con grupos conservadores".
Estas posturas, en particular las que restringen derechos o se oponen a la igualdad para grupos específicos, son las que, según la definición y criterios de la herramienta, la sitúan en el extremo menos progresista.
Arely Reyes Terán (Puntaje 2, Calificación 7.5)
Su caso es interesante cualitativamente. Se menciona que tiene "posturas progresistas en muchos temas" (a favor de la despenalización del aborto, feminista abolicionista).
Sin embargo, su puntaje progresista fue reducido al descubrirse que es "transexcluyente". Esto ilustra que, para la herramienta, la postura sobre la inclusión trans es un factor determinante en la calificación de "progresista", incluso si se tienen posturas consideradas progresistas en otros ámbitos. Su visión jurisdiccional sí menciona proteger a "sectores poblacionales tradicionalmente discriminados y vulnerados".
Diversidad de enfoques (puntajes medios y altos)
Las candidatas con puntajes progresistas de 3 y 4 muestran una gama de enfoques que, si bien pueden no ser tan enfáticamente alineados con todos los puntos de la definición "progresista" como las de puntaje 5, sí incorporan elementos de acceso a la justicia, derechos humanos, perspectiva de género, sensibilidad social, uso de lenguaje claro, o propuestas para mejorar la eficiencia y transparencia del sistema judicial.
Por ejemplo, Ana María Ibarra Olguín (Puntaje 4) habla de "justicia con equidad, sentido social" y "empatizando con las personas más vulnerables", buscando reducir brechas de desigualdad. Jazmín Bonilla García (Puntaje 3) enfatiza la importancia de escuchar la "pluralidad de voces" y resolver casos de gran trascendencia con impacto social. Mónica Arcelia Güicho González (Puntaje 3) propone institucionalizar el diálogo ciudadano con inclusión de perspectivas de género y derechos humanos.
Antecedentes y controversias
Más allá del puntaje "progresista", la tabla proporciona información cualitativa sobre los antecedentes de las candidatas (judicial, ejecutivo, legislativo, privado). Se observa que muchas provienen de la carrera judicial.
También se mencionan afinidades políticas (vínculos con figuras políticas o partidos) y, de manera importante, diversas acusaciones o controversias, como plagio (Yasmín Esquivel Mossa), investigaciones abiertas (Marisela Morales Ibáñez), críticas a su gestión (Rebeca Stella Aladro Echeverría, Sara Irene Herrerías Guerra).
Así como acusaciones por manipular información a conveniencia de una empresa (Dora Alicia Martínez Valero) o de participar en nombramientos irregulares (Luz María Zarza Delgado). Estos elementos cualitativos son cruciales para una evaluación integral del perfil, aunque no se reflejan directamente en el puntaje "progresista".
Detalles del proceso electoral judicial
Las campañas para las elecciones judiciales comenzaron el 30 de marzo y concluyen el 28 de mayo de 2025. El INE espera una participación ciudadana relativamente baja, estimada entre el 8% y el 15%. A diferencia de elecciones anteriores, solo habrá una urna por casilla para todas las boletas, y el conteo de votos será realizado por el personal de los Consejos Distritales del INE, con resultados que se conocerán hasta 12 días después de la votación.
El INE habilitó el sitio web "Conóceles" para que las y los aspirantes presenten su trayectoria y motivos. Esta evaluación de perfiles es una herramienta para que la ciudadanía pueda informarse sobre las inclinaciones ideológicas y antecedentes de las candidatas en esta elección judicial sin precedentes.
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