Por: 
En 2025, en La Cadera de Eva publicamos diversas investigaciones periodísticas sobre violencias estructurales, omisiones institucionales y derechos negados a mujeres y a otras poblaciones históricamente excluidas. De ese trabajo, destacamos 12 investigaciones que, a lo largo del año, documentaron prácticas normalizadas —como la esterilización forzada, la discriminación laboral por maternidad o la ausencia de licencias de cuidado— y pusieron en evidencia políticas públicas que existen solo en el papel.
Los reportajes muestran también cómo, frente al abandono institucional, son las propias mujeres quienes sostienen redes de cuidado, búsqueda, denuncia y acompañamiento, tanto en México como fuera del país. Más que hechos aislados, las investigaciones revelan patrones persistentes: leyes sin aplicación efectiva, registros incompletos, autoridades sin perspectiva de género y un acceso a la justicia que sigue siendo desigual.
Estas 12 investigaciones ofrecen una radiografía del país y reflejan un periodismo feminista e interseccional que combina trabajo de campo, datos y la escucha de las víctimas para documentar desigualdades estructurales. No se limita a contar la violencia: la explica, la contextualiza y señala las responsabilidades institucionales.
La investigación “Decisiones robadas” documentó una de las violencias más invisibilizadas en México: la anticoncepción y esterilización forzada de mujeres con discapacidad. A partir de datos oficiales, solicitudes de información y testimonios, el reportaje reveló que cuatro de cada diez mujeres con discapacidad han sido sometidas a estos procedimientos sin consentimiento informado.
El trabajo mostró que esta violencia no sólo proviene del ámbito médico, sino también de prejuicios familiares e institucionales que justifican estas prácticas como “medidas preventivas”. En un país donde más de 22 millones de mujeres viven con alguna discapacidad, la ausencia de tipificación penal y de registros oficiales convierte esta violación de derechos sexuales y reproductivos en una práctica sistemática e impune.
Por su rigor, sensibilidad y mirada innovadora, "Decisiones robadas", de nuestra compañera Sandra Rojas, ganó este año el primer lugar del 4º Premio de Periodismo Contar(nos), al exponer una de las violencias más invisibles que enfrentan las mujeres con discapacidad en México.
Aunque la Ley Federal del Trabajo reconoce cinco días de licencia de paternidad con goce de sueldo, la investigación reveló que este derecho existe más en el discurso que en la práctica. Entre 2019 y 2025, el IMSS otorgó apenas poco más de 20 mil licencias, un promedio de 3 mil al año en todo el país.
El reportaje evidenció que no existe presupuesto asignado, que los rechazos no se documentan y que muchos trabajadores ni siquiera intentan solicitarlas. Esta omisión institucional refuerza la idea de que el cuidado no es una responsabilidad compartida y mantiene la carga de la crianza y el trabajo doméstico sobre las mujeres.
En México, alrededor de 40 millones de personas menstruan, pero sólo una minoría cuenta con el derecho legal a ausentarse del trabajo por dolor menstrual. La investigación mostró que, aunque seis estados han aprobado licencias menstruales, estas aplican exclusivamente al sector público.
Además, el reportaje documentó que sólo en Jalisco existe evaluación, presupuesto y transparencia sobre la política pública. En el resto del país, las licencias menstruales se han convertido en leyes simbólicas que no garantizan el derecho a la salud menstrual ni reducen las desigualdades laborales.
Esta investigación de la Red Latam de Jóvenes Periodistas de Europa documentó cómo mujeres latinas migrantes enfrentan la violencia de género en Europa, a partir de testimonios recabados en cinco países. El reportaje mostró que la migración suele implicar una segunda frontera: la violencia ejercida por parejas en contextos de aislamiento, precariedad económica y barreras lingüísticas.
Ante la ausencia de redes familiares y respuestas institucionales suficientes, las mujeres crean sistemas de apoyo informales que funcionan como espacios de supervivencia. La investigación evidenció que, en muchos casos, la protección real no proviene del Estado, sino de otras mujeres que ya atravesaron la violencia.
Entre 2014 y 2024, el CONAPRED registró 750 quejas por discriminación laboral asociada al embarazo y la maternidad. La investigación documentó cómo, pese a avances legales, la maternidad sigue siendo motivo de despido, hostigamiento o negación de oportunidades laborales.
El reportaje evidenció que estas prácticas continúan normalizadas y que los mecanismos de denuncia y reparación son limitados. La maternidad, lejos de ser protegida, sigue teniendo un costo económico y profesional para las mujeres.
A partir de una investigación de Quinto Elemento Lab, La Cadera de Eva profundizó en los casos de abuso sexual y maltrato contra menores en casas hogar del Estado de México. Al menos 20 casos fueron documentados en los últimos 30 años.
El trabajo expuso la falta de supervisión, sanción y seguimiento por parte de las autoridades, así como el abandono institucional de niñas y niños que, en teoría, se encuentran bajo resguardo del Estado. La investigación mostró cómo estos espacios pueden convertirse en lugares de riesgo en lugar de protección.
En un país con más de 124 mil personas desaparecidas, la investigación reveló que sólo 330 personas buscadoras cuentan con medidas de protección del Estado. La mayoría de ellas son mujeres que enfrentan amenazas, hostigamientos y riesgos constantes mientras buscan a sus familiares.
El reportaje evidenció la desproporción entre la magnitud de la crisis de desapariciones y la respuesta institucional, así como la precariedad de los mecanismos de protección para quienes sostienen la búsqueda frente a la omisión del Estado.
A través de las voces de sobrevivientes de violencia sexual digital, esta investigación documentó las secuelas emocionales, sociales y legales que deja este tipo de agresiones. El trabajo mostró que los procesos institucionales suelen centrarse en cuestionar a las víctimas en lugar de garantizar reparación.
La investigación subrayó que eliminar la culpabilización es un paso indispensable para el acceso a la justicia y evidenció que las respuestas del Estado siguen siendo lentas, fragmentadas y poco empáticas frente a estas violencias.
Esta investigación documentó cómo la violencia vicaria se ha convertido en una forma extrema de control y castigo contra las mujeres. El reportaje mostró que autoridades sin perspectiva de género minimizan este tipo de violencia, incluso cuando existen antecedentes de amenazas y agresiones.
El trabajo evidenció que la falta de reconocimiento institucional no sólo revictimiza a las mujeres, sino que incrementa el riesgo de escalamiento hacia formas letales de violencia, incluido el feminicidio.
Con al menos 784 casos registrados en la Ciudad de México, la investigación mostró que las mujeres policías enfrentan violencia de género tanto en las calles como dentro de sus propias corporaciones. El reportaje documentó acoso, hostigamiento y represalias institucionales.
El trabajo evidenció cómo las estructuras jerárquicas, la falta de mecanismos de denuncia efectivos y la normalización del abuso perpetúan la violencia institucional en espacios encargados de garantizar seguridad.
Esta investigación de Nadia Sanders y Wendy Selene Pérez, publicada originalmente en Conexión Migrante, documentó cómo la ausencia de información clara en la política migratoria mexicana ha permitido el surgimiento de una industria dedicada a estafar y engañar a personas migrantes que buscan regularizar su situación en el país.
El reportaje mostró que la desinformación no es un error aislado, sino consecuencia de políticas erráticas, falta de comunicación institucional y desdén hacia las personas migrantes, lo que las deja en una situación de alta vulnerabilidad.
El crecimiento del fútbol femenil en México fue analizado desde una perspectiva laboral y migratoria. La investigación documentó cómo futbolistas centroamericanas han sido clave en el desarrollo de la Liga MX Femenil, muchas de ellas incorporadas en los últimos años.
El reportaje mostró que, aunque su presencia ha elevado el nivel deportivo, muchas enfrentan precariedad contractual, movilidad forzada y falta de reconocimiento, evidenciando que incluso los avances en el deporte profesional mantienen pendientes estructurales.
