La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados se prepara para votar este 9 de abril una reforma que tipifica el acecho como delito a nivel federal. Conocida también conocida como "Ley Valeria" en otros estados, la iniciativa lleva el nombre de Valeria Macías, una maestra que durante ocho años fue víctima de acecho por parte de un exalumno. A pesar de las constantes amenazas, seguimientos y privaciones a su privacidad, su agresor no pudo ser procesado por este delito, ya que no existe como tal en la legislación federal.
Impulsada en la Cámara de Diputados por Eruviel Ávila, legislador del Partido Verde Ecológico de México (PVEM), la propuesta, busca modificar el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El objetivo es castigar cualquier forma de vigilancia, seguimiento o comunicación no deseada y reiterada, sin consentimiento, que cause miedo, angustia o afecte el bienestar de una persona y propone una pena de tres meses a dos años de prisión y de 500 a mil días de multa para quien cometa este delito.
Esta iniciativa ha abierto el debate jurídico y político. Una de las voces críticas es la abogada Leslie Jiménez Urzua, quien en entrevista para La Cadera de Eva señaló los principales problemas que observa en la iniciativa de Ley contra el acecho.
Leslie Jiménez menciona que tipificar una conducta como el acecho es complicado porque no siempre deja pruebas claras como otros delitos. Le preocupa que la ley se pueda malinterpretar y termine afectando la libertad de las personas, incluso en cosas comunes como ver el perfil de alguien o stalkear en redes sociales.
En cuanto al ámbito digital, la abogada dice que es difícil proteger a las víctimas sin revictimizarlas y sin afectar la libertad de expresión. También muestra preocupación por la dificultad de probar el acecho, porque muchas veces ocurre de forma discreta o sin testigos. Por eso, teme que las autoridades minimicen lo que viven las víctimas y las hagan sentir que están exagerando o inventando.
"Lo que a mí me preocupa principalmente, es que las víctimas no tengan posibilidad de acreditarlo o de señalarlo y que al final deja este espectro de hacernos sentir locas" (Leslie Jiménez, abogada)
Además, advierte sobre el riesgo de que la tipificación del delito de acecho sea utilizada de manera indebida o para fines políticos. Es decir, podría ser empleada de forma incorrecta para perseguir a personas o grupos que no sean realmente culpables, lo que podría resultar en un abuso de poder.
En cuanto a la viabilidad práctica de aplicar esta ley, la abogada se muestra escéptica sobre la capacidad de las instituciones para llevarla a cabo de manera efectiva. Señala que, para que la ley funcione adecuadamente, es esencial contar con una técnica legislativa bien definida y con mecanismos claros que no solo protejan a las víctimas, sino que también eviten que la ley se aplique de forma desproporcionada o errónea.
"Yo sugeriría principalmente tener muy definido lo que estamos queriendo sancionar, por qué lo queremos sancionar bajo la vía penal y qué voy a poner en el tipo penal para que la víctima no se revictimice al momento de querer denunciar el delito en la autoridad y que no solamente sea tipificar las conductas por tipificarlas porque no están también teniendo resultado en la materia de las personas y su cotidianidad" (Leslie Jiménez, abogada)
Otra de las propuestas que se han hecho en la Cámara de Diputados con respecto al acecho es la de la legisladora Verónica Martínez García del PRI. El documento, turnado a la Comisión de Justicia en enero de 2025, incorpora como delito el acecho al Capítulo I “Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Estupro, Violación”, y adiciona un artículo 259 Ter al Código Penal Federal.
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No es amor, es acoso: ¿por qué el acecho debe considerarse un delito?
¿Cómo surgió la Ley Valeria?
Actualmente el acecho no está tipificado como delito a nivel federal. Si bien conductas similares podrían ser procesadas bajo otras figuras legales como amenazas o acoso sexual, existe un vacío legal que deja desprotegidas a muchas personas que viven bajo vigilancia, seguimiento o comunicación no deseada y reiterada. Esta iniciativa está fuertemente ligada a la historia de Valeria Macías, una maestra que durante ocho años sufrió el acecho de un exalumno.
Su acechador la vigilaba y seguía constantemente, le enviaba correos, la amenazaba, grababa videos e incluso ingresaba sin autorización a su domicilio y lugar de trabajo, generando un ambiente de temor y angustia. A pesar de sus denuncias, Valeria no pudo denunciar formalmente por el delito de acecho, ya que esta figura no existía a nivel federal.
El caso de Valeria motivó a distintas organizaciones feministas, en colaboración con el gobierno de Canadá, a impulsar la Ley contra el Acecho a nivel nacional. Organizaciones como Nosotras Para Ellas y Repara Lumea han trabajado para visibilizar el problema y la necesidad de una respuesta legal.
En esta nota, la abogada Diana Murrieta nos explicó que, a diferencia del acoso que puede ser un acto aislado, el acecho es una reiteración de conductas de seguimiento y vigilancia, que pueden ser tanto digitales como físicas, y no necesariamente tienen una índole sexual.
¿En qué consiste la Ley Valeria?
La Ley Valeria define el acecho como el comportamiento caracterizado por el seguimiento o vigilancia ilegal de una persona, causando limitación de su libertad, temor o angustia de sufrir algún daño a su persona, familia o patrimonio. Esto incluye seguir a alguien en la calle, vigilar sus redes, enviar mensajes insistentes o usar dispositivos para monitorear sus movimientos, e incluso ingresar sin autorización a su domicilio o lugar de trabajo.
Actualmente, el acecho está considerado delito y castigado en cuatro estados: Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas y Nuevo León. En este último, la legislación se conoce precisamente como "Ley Valeria" y establece penas de prisión desde seis meses hasta dos años de prisión, con la posibilidad de incrementarse hasta cuatro años en casos agravados (como el uso de armas o actos de vandalismo), además de multas de hasta 57 mil pesos.
