El acceso a la salud sexual y reproductiva se ha convertido en un tema central en el debate político en Estados Unidos. Organizaciones de derechos humanos como Planned Parenthood y Amnistía Internacional señalan que la reelección de Donald Trump ha provocado graves retrocesos y ataques sistemáticos a estos derechos.
De acuerdo con Planned Parenthood, el principal proveedor y defensor de servicios de salud sexual y reproductiva asequibles en Estados Unidos, el inicio de la administración de Donald Trump se caracterizó por un esfuerzo por desmantelar el acceso a la salud sexual y reproductiva, tanto a nivel nacional como internacional. En los primeros 100 días, se tomaron medidas que, según esta organización, afectaron gravemente la atención a los servicios sanitarios para las mujeres y personas gestantes.
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La organización describe este período como de "destrucción", señalando que las políticas implementadas buscan socavar la capacidad de las personas para controlar sus propios cuerpos, vidas y futuros.
Por su parte, Amnistía Internacional describe la situación de los derechos humanos en Estados Unidos como preocupante en múltiples frentes, incluyendo la restricción de derechos reproductivos, las severas limitaciones al acceso al asilo, la discriminación y violencia contra grupos minoritarios (especialmente LGBTI y racializados).
¿Qué ha hecho Trump para restringir los derechos reproductivos?
Según Planned Parenthood, en los primeros 100 días de la administración Trump, se han llevado a cabo una serie de acciones que buscan erosionar la salud reproductiva y los derechos de las mujeres, niñas y personas LGBTQ+.
Entre las acciones destacadas se encuentran:
Erosión de protecciones y estigmatización: la administración Trump ha indultado a extremistas violentos que atacaron centros de salud, desestimado un caso clave para proteger el acceso al aborto de urgencia y emitido una orden ejecutiva que restringe la atención de afirmación de género para personas jóvenes.
Recortes y retención de fondos: se han retenido ilegalmente fondos para el Título X, se ha reinstaurado la "Ley Mordaza Global", la cual prohíbe a las organizaciones no gubernamentales internacionales que reciben dinero de Estados Unidos proporcionar o promover servicios de aborto, incluso con sus propios fondos, y se ha reforzado la Enmienda Hyde, lo que limita el acceso a la atención médica para las personas más vulnerables.
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Desmantelamiento de oficinas y programas de salud: se han eliminado oficinas y programas centrados en la atención de la salud sexual y reproductiva, y se han recortado oficinas relacionadas con la salud reproductiva, prevención del VIH y equidad.
Ataques a derechos LGBTQ+ y educación: la administración Trump ha establecido "masculino y femenino como realidad biológica", abolido el Gender Policy Council y emitido una orden ejecutiva para eliminar el Departamento de Educación, lo que podría afectar la educación sexual.
Ante estos ataques, Alexis McGill Johnson, presidenta y directora general de Planned Parenthood Federation of America y Planned Parenthood Action Fund, ha acudido al Capitolio para reunirse con miembros del Congreso y solicitarles que protejan la libertad reproductiva. Defensores de pacientes de Planned Parenthood Action Fund también tienen previsto viajar al Congreso para instar a los legisladores a proteger Medicaid y la atención esencial que brindan los centros de salud de Planned Parenthood.
"Después de 100 días de este gobierno, somos menos libres" (Planned Parenthood)
¿Cuál es el panorama del aborto?
El panorama del aborto en Estados Unidos se caracteriza por una legalidad y accesibilidad que varían enormemente de un estado a otro. Organizaciones como Planned Parenthood señalan que esta situación afecta gravemente los derechos reproductivos. A finales del año, la prohibición del aborto era total o prácticamente total en 19 estados.
La organización detalla que las prohibiciones y restricciones al aborto tienen consecuencias significativas. Provocan temor, confusión y desolación. Obligan a las personas a retrasar la atención médica, constituyendo una amenaza para su derecho a la vida y la salud. En última instancia, pueden llevar a que las personas se vean forzadas a dar a luz en contra de su voluntad.
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Un estudio de mortalidad materna en 2022 confirmó que al menos dos mujeres murieron en Georgia por demora en la atención médica tras la entrada en vigor de la prohibición del aborto a partir de la sexta semana de gestación en ese estado.
Además, existen otras barreras que limitan el acceso al aborto, afectando de forma desproporcionada a diversas poblaciones. Entre ellas se encuentran las personas negras y de otros grupos racializados, los pueblos indígenas, las personas migrantes en situación irregular, las personas transgénero, los habitantes de zonas rurales y las personas en situación de pobreza.
Planned Parenthood menciona que la falta de personal médico en los estados con prohibiciones rigurosas, que abandonan esos lugares, ha ampliado los "desiertos" de servicios de salud reproductiva, especialmente en zonas rurales y de bajos ingresos. Las barreras socioeconómicas también impiden a muchas personas desplazarse a otros estados para acceder a servicios de aborto.
