Las mujeres defensoras de los derechos humanos que luchan y trabajan para un mundo mejor y sin violencia, hacen esta labor en medio de territorios hostiles que no les garantizan protección.
Entre 2012 y 2023, al menos 200 defensoras fueron asesinadas en países como El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, que conforman Mesoamérica, según datos recopilados de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).
En las comunidades y países en los que viven las defensoras aún persisten violencias patriarcales, capitalistas y racistas sobre los cuerpos y territorios de las mujeres, de acuerdo con la IM-Defensoras, por eso es que realizaron una investigación en la que recopilaron 10 años de agresiones a todas aquellas mujeres que defienden los derechos humanos, en el informe “10 años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica (2012-2023)”.
Datos que duelen
El informe que presentaron este 3 de octubre señalan que El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, son países en los que se agudizó distintas crisis como la climática, la presencia del crimen organizado, el feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres.
En este contexto tan complejo, señalan en su informe la labor vital y esencial que desempeñan todas esas mujeres que defienden los derechos humanos de las personas que habitan sus comunidades.
“Nuestra sola existencia como sujetas políticas desafía los mandatos patriarcales que pretenden silenciar el poder de las mujeres y disidencias sexo-genéricas. El mundo por el que luchamos es diametralmente opuesto al que pretenden imponernos y, por ello, nuestra labor pone en riesgo los intereses de los poderosos”, se lee en el documento.
El informe hace un recorrido de 10 años en los que desmantelan los tipos de agresiones más comunes que sufren las mujeres defensoras, los autores de estos crímenes y el ámbito de defensa de derechos que es más atacado y los impactos que tienen estas agresiones sobre su trabajo y sus vidas.
El siguiente desglose es un resumen que intenta dar un acercamiento de los datos que recopilaron en este informe, el cual puedes consultar completo aquí.
Un peligro defender los derechos de las mujeres
En la investigación documentaron 3 mil agresiones contra defensoras u organizaciones que defienden el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en Mesoamérica y 540 agresiones contra quienes luchan por la defensa de derechos sexuales y reproductivos entre 2012 y 2022.
En nuestro país, las agresiones contra defensoras de las mujeres a una vida libre de violencias representan 21.3% del total de agresiones documentadas en el país en ese periodo. Las agresiones que más destacan, son cometidas en el marco de movilizaciones feministas en protesta contra los feminicidios y otras violencias de género.
También, en ese mismo periodo se registraron 2 mil 614 agresiones hacia defensoras de la participación política y comunitaria de las mujeres.
Los tipos de agresiones que documentaron con más frecuencia son: los hostigamientos, campañas de desprestigio, amenazas, la violencia física, verbal y psicológica, la vigilancia y el uso excesivo de la fuerza.
Violencia por razones de género
Las mujeres defensoras de los derechos humanos en Mesoamérica corren riesgos específicos por razones de género, de acuerdo con las Naciones Unidas.
Entre 2012 y 2023, la organización IM-Defensoras documentó 35 mil 077 agresiones contra 8 mil 926 defensoras y 953 organizaciones que trabajan en la defensa de derechos humanos en Mesoamérica.
Las personas que más agredidas fueron son aquellas que defendían el derecho a la verdad, justicia y reparación, en total se documentaron 6 mil 629, en 10 años, del periodo 2012-2023.
4 mil 504 agresiones fueron en contra de defensoras u organizaciones que defienden la tierra, el territorio y bienes comunes de la naturaleza; 4 mil 062 agresiones por la defensa del derecho a la libertad de expresión.
En ese mismo periodo fueron asesinadas 200 defensoras de derechos humanos de Mesoamérica. Entre 2020 y 2023 sucedieron 58 asesinatos de defensoras, de los cuales 40% fueron contra defensoras trans.
El informe también revela que el 46.3% de las agresiones contra defensoras registradas en la región son parte de una serie de eventos de violencia previos, es decir, que las agresiones y asesinatos no son casos aislados o puntuales, representan una continuidad de acontecimientos.
En el marco de Covid-19, entre 2020 y 2021, las agresiones contra las defensoras aumentaron, en el 2020 registraron 4 mil 745 agresiones, cifra que representa el doble de agresiones que el año precedente. Mientras que en 2021 documentaron 6 mil 943 agresiones, lo cual supone 46% más que en 2020.
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En 2023, documentaron un total de 6 mil 214 agresiones contra al menos mil 188 defensoras de derechos humanos y 73 organizaciones o grupos de El Salvador, Honduras, México y Nicaragua. A comparación del año 2022, esto representa un incremento de 13% en las agresiones a defensoras y organizaciones o grupos.
Por otro lado, durante 2023, el 47.8% de las agresiones fueron principalmente perpetradas por actores vinculados al Estado. En ese mismo año,10 defensoras fueron asesinadas, otras 47 tuvieron intentos de asesinato.
Entre las personas asesinadas, tres mujeres trans que defendían el derecho a transgredir el orden de género en México y Honduras. Otras tres defensoras eran buscadoras, es decir, buscaban a personas de su familia desaparecidas en diversos estados de México.
Demandas
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) en su investigación que recopila 10 años de agresiones en Mesoamerica, señala una serie de recomendaciones y demandas que cada país debe de garantizar para que se proteja el derecho a defender los derechos humanos.
Piden el reconocimiento y legitimación de los aportes y de luchas.
El compromiso y la acción efectiva de Estados e instituciones para que dejen de atacar a las defensoras para proteger intereses privados.
Demandan mecanismos internacionales fuertes y con capacidad de respuesta ante el incumplimiento de los Estados de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Apoyo sostenido y flexible a nuestros procesos de fortalecimiento y protección.
El cese de las violencias que enfrentamos al interior de nuestros espacios organizativos, comunitarios y familiares.
La garantía de disponer de marcos legales y políticos, así como de protocolos, que garanticen nuestra protección integral y la de quienes dependen de nosotras.
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