A pesar de que la Guardia Nacional ha sido señalada por cometer violaciones graves a los derechos humanos, entre ellas agresiones sexuales, extorsiones y abusos contra mujeres y niñas migrantes, según han documentado organizaciones como UNICEF, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de la Guardia Nacional, que fortalece su carácter militar.
Impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la iniciativa plantea cambios estructurales y operativos, entre ellos su traspaso total a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La aprobación se concretó el 25 de junio con 349 votos a favor, 132 en contra y cero abstenciones, recibiendo el respaldo de los legisladores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).
Organizaciones como México Unido contra la Delincuencia (MUCD) e Intersecta, advierten que esta reforma es claramente inconstitucional, ya que transfiere el control operativo y administrativo al Ejército, cuando el artículo 21 de la Constitución asigna esa responsabilidad a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Además, critican la ausencia de controles legislativos y judiciales, así como la falta de recursos adecuados para garantizar transparencia, rendición de cuentas y supervisión de las labores de la Guardia Nacional.
¿Cuáles son las principales modificaciones aprobadas?
La reforma introduce varias modificaciones trascendentales a la Ley de la Guardia Nacional:
Traspaso a la SEDENA: una de las modificaciones clave es el traspaso total de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que implica que esta última asumirá el control completo de sus funciones operativas y administrativas.
Liderazgo militar: se aprobó que el titular de la Guardia Nacional ostente el grado de General de División y sea designado directamente por el secretario de la Defensa Nacional, cargo que actualmente ocupa Ricardo Trevilla Trejo.
Nuevas facultades operativas: la Guardia Nacional tendrá la facultad de realizar operaciones encubiertas, intervenir comunicaciones, utilizar “usuarios simulados” y acceder a datos georreferenciados, siempre con autorización judicial.
Al respecto, la organización Artículo 19 advierte que esto es un retroceso grave para los derechos humanos pues amplía el poder militar para espiar, sin rendir cuentas. Bajo el pretexto de “seguridad nacional”, sin salvaguardas ni controles.
Formación y transferencia de elementos: la instrucción, capacitación y profesionalización de los integrantes de la Guardia Nacional quedará completamente a cargo de instituciones militares, bajo los lineamientos y estructuras de la Sedena.
Colaboración y delitos: se establece que la Guardia Nacional podrá colaborar con mandos estatales y municipales para realizar operaciones conjuntas, siempre y cuando existan convenios firmados por la Secretaría de la Defensa. También tendrá la capacidad de realizar investigaciones de delitos bajo la supervisión del Ministerio Público.
Guardia Nacional y cargos de elección popular: uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la posibilidad de que los integrantes de la Guardia Nacional contiendan por cargos de elección popular.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que esta posibilidad ya está contemplada para otros miembros de las fuerzas armadas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, así como en el artículo 55 de la Constitución, buscando con esta reforma una similitud entre los miembros de la Guardia Nacional y los del Ejército o la Fuerza Aérea.
Según Arturo Coronel, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, los militares pueden solicitar cuatro tipos de licencias (Ordinaria, Ilimitada, Especial, Por edad límite), siendo los permisos para buscar cargos de elección popular considerados como licencias especiales.
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El artículo 44, fracción III, de la Ley de la Guardia Nacional contempla explícitamente estas licencias especiales para desempeñar cargos de elección popular o asumir nombramientos ajenos a la Guardia Nacional.
Para postularse, los integrantes de la Guardia Nacional deberán separarse de su cargo con 90 días de antelación si buscan una posición en la Cámara de Diputados, y con seis meses previos a la elección en caso de contender para la Presidencia de la República. Estos permisos podrán ser concedidos o negados por el titular del Ejecutivo Federal o por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Antecedentes y polémica
La Guardia Nacional fue establecida en 2019, durante el sexenio del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, como una institución de seguridad pública bajo el control civil de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
Sin embargo, desde su creación, ha sido criticada por operar de manera cada vez más militarizada y por el hecho de que un gran porcentaje de sus elementos provienen del Ejército o la Marina.
Entre 2019 y hasta 2024, la Guardia Nacional acumuló al menos 1,912 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos ante la CNDH, incluyendo abuso de fuerza, tortura, asesinatos, detenciones arbitrarias y agresiones sexuales, como documentamos en esta nota.
La política de seguridad en México ha descansado sobre los hombros de los militares desde 2006 —casi dos décadas— sin que eso haya resuelto la grave crisis de violencia e inseguridad que ha vivido el país durante los últimos tres sexenios.
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Los colectivos Seguridad sin Guerra y #LaJusticiaQueQueremos, integrada por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y colectivos de víctimas, así como por la organización Amnistía Internacional, han advertido que la participación de militares en la seguridad pública no ha traído beneficios o mejoras en la aplicación de justicia, por el contrario, un foco rojo del uso de militares en tareas de seguridad ciudadana es el abuso de la fuerza.
Entre las principales violaciones a derechos humanos atribuidas a la Guardia Nacional se encuentran: faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia; prestar indebidamente el servicio público; detenciones arbitrarias; emplear arbitrariamente la fuerza pública; acciones y omisiones que transgreden los derechos de las personas migrantes; trato cruel, inhumano o degradante.
La reforma ahora será enviada al Senado para su discusión.
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