El próximo 1 de junio no solo se votará por cargos públicos, también se definirá el rumbo de la justicia en México. Por primera vez en nuestra historia, se llevará a cabo una elección judicial que decidirá quiénes ocuparán los asientos más altos del Poder Judicial.
No es un tema menor: de estos tribunales han salido decisiones fundamentales para los derechos humanos, como la despenalización del aborto, el reconocimiento de la violencia vicaria y el reconocimiento matrimonio igualitario. Lo que está en juego no es solo quién aplicará la ley, sino qué tipo de justicia se impartirá en los próximos años.
El Instituto Nacional Electoral habilitó la plataforma Conóceles para que la ciudadanía pueda consultar los perfiles de más de 3 mil aspirantes a cargos como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y jueces de distrito. Sin embargo, en la práctica, esta herramienta dista mucho de garantizar una elección informada.
Como nos alertó esta semana la organización Impunidad Cero, la plataforma presenta enlaces rotos, currículums desordenados, documentos de más de diez páginas con información irrelevante (como certificados de Tae Kwon Do o diplomados en bioastrología), y omite datos cruciales: ¿cuáles son las posturas de los aspirantes frente a la violencia de género, las desapariciones, o los derechos sexuales y reproductivos?
Con ayuda de la herramienta creada por la politóloga Viri Ríos, esta semana también analizamos algunos perfiles. Encontramos datos preocupantes: aunque el 85% de las mujeres candidatas a ministras tienen un enfoque de justicia social, un 15% tiene posturas abiertamente conservadoras y preocupantes.
Como es el caso de Ingrid de los Ángeles Tapia Gutiérrez, con posturas provida y en contra del matrimonio igualitario, con vínculos con grupos conservadores y abiertamente “transexcluyente”. O el caso de Arely Reyes Terán, quien, pese a autodefinirse como feminista y abolicionista, ha sido señalada como transexcluyente.
Estas elecciones judiciales, además, se dan en un país con una profunda brecha digital. Según la ENDUTIH 2024, sólo el 68.5% de la población rural tiene acceso a internet, frente al 86.9% en zonas urbanas. Esto significa que millones de personas no pueden consultar plataformas digitales como Conóceles, dejando fuera del escrutinio público a una parte significativa de la ciudadanía, como ya lo decía también Impunidad Cero.
Y hay algo más alarmante, ya se han detectado aspirantes con posibles vínculos con el crimen organizado. La falta de filtros rigurosos podría permitir que personas con intereses contrarios al Estado de derecho lleguen a impartir justicia.
Estas elecciones judiciales también serán cruciales porque en las últimas semanas hemos visto cómo las sentencias pueden marcar la diferencia entre la impunidad y la justicia. El reciente fallo por el feminicidio de Fátima Quintana, una niña de 12 años brutalmente asesinada en 2015, reconoció que la Fiscalía del Estado de México incurrió en negligencia, revictimizó a su familia y obstaculizó la investigación.
Este tipo de resoluciones sienta precedentes fundamentales para que casos de violencia de género no queden en el olvido, en un país donde asesinan a más de diez mujeres al día y donde el acceso a la justicia es, para muchas, un camino lleno de violencia institucional.
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Como advertía nuestra colaboradora hace unos meses, la abogada Leslie Jiménez Urzua, esta reforma judicial podría abrir la puerta a perfiles sin formación sólida en derechos humanos. La falta de experiencia para juzgar casos de violencia de género o discriminación puede traducirse en sentencias insensibles, peligrosas y profundamente injustas.
¿Quiénes estarán al frente de los tribunales cuando una mujer denuncie violencia, cuando una madre busque justicia por una hija desaparecida, cuando una persona trans exija el reconocimiento de su identidad? Si la justicia no es para todes, no es justicia.
