Durante la última década, América Latina ha sido escenario de transformaciones históricas impulsadas por los feminismos: la legalización del aborto en varios países, leyes de identidad de género, reconocimiento de los cuidados y políticas de paridad. Pero esos avances no vinieron solos. Del otro lado, una fuerza organizada, bien financiada y políticamente articulada ha crecido con rapidez: el antifeminismo.
Un informe reciente de la Fundación Friedrich Ebert (FES), revela lo que muchas activistas llevan tiempo denunciando: el antifeminismo en la región no es una simple reacción cultural, sino un proyecto político con aliados estratégicos en gobiernos, iglesias y think tanks internacionales. Se trata de una maquinaria que busca frenar —y, en muchos casos, revertir— los derechos conquistados por los movimientos feministas.
El estudio destaca que el género es un factor determinante en las actitudes antifeministas, siendo los hombres quienes muestran mayor rechazo hacia el feminismo. Además, estas posturas suelen estar vinculadas a ideologías conservadoras, como el apoyo a la pena de muerte y la flexibilización en el uso de armas.
Los actores del retroceso
En países como Argentina, Brasil, México, Chile y El Salvador, los discursos antifeministas no solo se han normalizado, sino que han sido institucionalizados. El Salvador es el país con mayor proporción de personas con actitudes antifeministas (30,7%), seguido por Brasil (29,4%) y Argentina (29,3%). Detrás de estas cifras hay grupos concretos.
La politización del antifeminismo se ha convertido en una herramienta para consolidar bases electorales homogéneas que rechazan la expansión de derechos y la inclusión de grupos históricamente marginados. Líderes de ultraderecha, como José Antonio Kast en Chile y Jair Bolsonaro en Brasil, han utilizado discursos misóginos y ataques sistemáticos a colectivos LGBTIQ+, reforzando un modelo de masculinidad autoritaria que aún hoy encuentra eco en sectores conservadores.
En Argentina, el gobierno de Javier Milei ha desmantelado por completo la institucionalidad de la igualdad de género: cerró el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, prohibió el lenguaje inclusivo y busca eliminar el feminicidio como figura penal. Tal como reportó La Cadera de Eva, estas decisiones no son aisladas. Forman parte de una estrategia política que identifica al feminismo como “enemigo ideológico” y lo utiliza como chivo expiatorio para desviar la atención de la crisis económica.
México, por su parte, enfrenta una avanzada menos visible pero igual de peligrosa. La Cadera de Eva recuperó el informe de la organización civil Proyecto Global contra el Odio y el Extremismo donde se reporta la presencia de al menos 12 grupos antiderechos con vínculos internacionales, como Abogados Cristianos, la Unión Nacional de Padres de Familia y el Frente Nacional por la Familia. Estas organizaciones actúan en escuelas, tribunales y medios de comunicación, impulsando una agenda contra el aborto, la educación sexual y los derechos LGBTIQ+. Muchos de ellos reciben financiamiento desde Estados Unidos y Europa, y operan coordinadamente bajo el paraguas del discurso de la “ideología de género”.
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La estrategia antifeminista: censura y control simbólico
Uno de los ejes más potentes de esta ofensiva conservadora es el intento por borrar el lenguaje de los derechos. Según el informe de FES, la censura de términos como “feminismo”, “perspectiva de género” o “no binario” en documentos públicos no es un gesto anecdótico, sino parte de una estrategia para suprimir identidades, eliminar protecciones legales y limitar la posibilidad de imaginar otros futuros.
La censura simbólica va de la mano con el desmantelamiento institucional: se cierran ministerios y secretarías, se recortan presupuestos, se criminaliza la protesta y se eliminan programas educativos con enfoque de género.
A inicios de este 2025, un informe de la consultora LLYC, basado en el análisis de 8,5 millones de mensajes en redes sociales en 12 países, revela una creciente polarización en la conversación sobre igualdad en Iberoamérica. En países donde el discurso feminista ha perdido relevancia, las voces antifeministas han ocupado el vacío, imponiendo narrativas que distorsionan la realidad. En Ecuador y México, por ejemplo, la conversación misógina ha aumentado un 30% en los últimos tres años.
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Antifeminismo transnacional: un proyecto de poder
El antifeminismo se articula en redes que trascienden las fronteras. Desde la “Conferencia Política de Acción Conservadora” (CPAC), organizada en México y Brasil con figuras como representantes del partido español de extrema derecha, Vox, y Donald Trump Jr., hasta el financiamiento de think tanks religiosos como CitizenGo o Acton Institute, hay una arquitectura internacional que impulsa este retroceso.
Como señala el informe de FES: “el antifeminismo actúa como bisagra entre el neoliberalismo y el autoritarismo”. Este movimiento no solo busca controlar los cuerpos y vidas de las mujeres, sino también consolidar liderazgos fuertes, centralizados y excluyentes.
