Tras más de 12 horas de fuertes discusiones, denuncias de secuestro a un senador de Movimiento Ciudadano, la irrupción de manifestantes, que provocó un retraso y cambio de sede, y el intento de la oposición de tomar la tribuna, el Senado aprobó en lo general la polémica reforma al Poder Judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pasada la medianoche de este 11 de septiembre se avaló sin cambios, en lo general y en lo particular la reforma al Poder Judicial, con 86 votos a favor de Morena, Partido Verde Ecológico de México y Partido del Trabajo y 41 en contra del PAN y PRI.
Los votos de tres senadores de oposición: Araceli Saucedo y José Sabino Herrera del PRD y Miguel Ángel Yunes Márquez del PAN, así como la ausencia de Daniel Barreda de MC,fueron los que permitieron que se consiguiera la mayoría para aprobar la iniciativa.
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¿Ahora qué sigue?
La aprobación de esta reforma es uno de los cambios a la Constitución más controvertidos de los últimos tiempos, pues plantea una reestructura al Poder Judicial de nuestro país, el cual se encarga de la administración de justicia, así como de la interpretación y aplicación de la Constitución y las leyes del país.
La reforma judicial pretende cambiar de arriba abajo el sistema de justicia, integrado actualmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), los tribunales colegiados de circuito y los juzgados de Distrito.
Para que se hagan efectivos los cambios a la Constitución, ahora la iniciativa debe ser aprobada por la mayoría de legislaturas estatales: 17 de 32 para que se convierta en reforma constitucional, algo que se da por hecho pues Morena, y sus aliados controlan 25 de las legislaturas estatales.
De hecho, la reforma al Poder Judicial fue aprobada de manera unánime —es decir, votaron a favor todas las fuerzas políticas— en una sesión fast track en el Congreso de Oaxaca que duró cinco minutos, realizada entre 5 y 6 de la mañana de este 11 de septiembre. Otro estado que también la avaló en la madrugada es Tamaulipas.
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¿En qué me afecta la reforma judicial?
¿En qué consiste la reforma al Poder Judicial?
La medida cambiaría el sistema judicial de un sistema basado en nombramientos y en gran medida basado en la capacitación y las calificaciones a uno en el que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial presenten listas de candidatas y candidatos a jueces para que las y los votantes los elijan.
Además, la iniciativa plantea que la presidencia de la Suprema Corte se renueve cada dos años de manera rotatoria, en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección.
Actualmente los 11 ministros y ministras que integran la Corte son quienes eligen a su presidente. Y a su vez ellos y ellas son votados en el Congreso y nominados por el presidente de la República.
- El proyecto de ley también incluye:
- Disminuir los tiempos de mandato de jueces y ministros.
- Reducir la cantidad de magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- Contempla dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial: la primera de ellas extraordinaria, en junio de 2025, y una segunda en 2027.
- La eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros de la Corte y un ajuste a su salario.
- Crea un ente disciplinario y uno administrativo para el Poder Judicial, independiente de la Corte a cargo de temas relacionados con la carrera judicial y el control interno, así como de elaborar el presupuesto.
El nuevo Órgano de Administración Judicial estará integrado por cinco personas designadas para un período de seis años. Uno de ellos es nombrado por el Poder Ejecutivo, otro por el Senado, y los tres restantes, por la Suprema Corte.
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¿Por qué es polémica esta reforma?
Una de las principales críticas a esta reforma es la propuesta de que todas las personas juzgadoras del Poder Judicial, tanto federales como locales, sean elegidas mediante voto popular.
Al respecto, nuestra colaboradora, Leslie Jiménez Urzua, coordinadora de Proyectos de Impunidad Cero, nos alertó en esta columna que, aunque esta modificación se presenta como una medida inclusiva, en realidad podría permitir el ingreso de personas sin preparación o formación en derechos humanos que conozcan casos complejos de violencia de género o discriminación.
"La falta de experiencia en estas áreas cruciales podría llevar a decisiones judiciales que no comprendan plenamente la gravedad y contextos de estas situaciones, comprometiendo la protección de los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+" (Leslie Jiménez Urzua)
Sobre este punto también se han pronunciado madres, hijas y hermanas de víctimas de feminicidio, junto a otras sobrevivientes de violencia de género, quienes señalaron la falta de perspectiva de género de las y los jueces en casos de feminicidio han permitido que los casos queden impunes.
En el caso del acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género, organizaciones como Equis Justicia para las Mujeres, han alertado que actualmente, el 47% de los jueces invisibilizan las violencias contra las víctimas; el 69% no protegen a las mujeres y 80% no analizan los contextos donde se producen y reproducen las violencias de género, por lo que han remarcado la importancia de que la actual reforma al Poder Judicial tenga una perspectiva feminista.
Los familiares de las personas desaparecidas en México también han alertado que esta reforma podría traer retrocesos en el acceso a la justicia para las víctimas. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), de 2010 a noviembre de 2021 existen solamente 36 sentencias condenatorias por el delito de desaparición en todo el país.
Otro de los cambios polémicos que se proponen en la reforma judicial es la creación de “jueces sin rostro”, una figura legal que oculta la identidad de las personas juzgadoras en casos de alto riesgo como el narcotráfico y el terrorismo.
La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU DH) han pronunciado su preocupación por la iniciativa, porque señalan que esto representaría que el Estado mexicano no cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Advierten que esta figura viola el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual establece que “toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.
En este sentido, la figura legal de los “jueces sin rostro” que oculta la identidad de las personas juzgadoras viola el principio de la igualdad de la que habla el artículo 10 y el principio de la imparcialidad porque al no saber quién es el juez podría existir conflictos de interés. Además, tampoco se sabría si la persona juzgadora cuenta con el perfil adecuado para realizar un juicio independiente.
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¿Por qué es importante para AMLO?
La reforma al Poder Judicial forma partes del "Plan C" del presidente López Obrador el cual es una tercera alternativa para aprobar un paquete de 20 iniciativas de reforma, esto luego de que el ministro Javier Laynez Potisek ordenó la suspensión del "Plan B" de la reforma electoral, la cual buscaba cambios a leyes secundarias del Instituto Nacional Electoral (INE).
Después de este revés de la Corte, AMLO prometió que los jueces y magistrados serían elegidos por voto popular, así fue como surgió el "Plan C", el cual consistió en que Morena obtuviera en las elecciones del pasado 2 de junio la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado para aprobar el paquete de reformas enviado por el presidente.
Antes de dejar el cargo, Andrés Manuel López Obrador tiene menos de un mes para aprovechar la mayoría que consiguió en la nueva legislatura y así aprobar los últimos proyectos que le permitirán dejar un "legado" antes de que comience el nuevo sexenio encabezado por Claudia Sheinbaum.
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