La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, presentó una propuesta alternativa a la reforma al Poder Judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador que este 8 de septiembre fue aprobada en lo particular en Comisiones del Senado.
La propuesta "Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas", contiene nueve apartados en los que se desglosan 66 iniciativas que abarca desde la revisión de los procesos judiciales hasta el fortalecimiento de los poderes judiciales locales y la mejora de la seguridad pública.
En un mensaje en redes sociales, la presidenta de la Suprema Corte mencionó que las propuestas surgieron de un amplio diálogo que, involucró a actores clave de los sistemas de seguridad y justicia a nivel federal y local, además de contar con la participación de legisladores, académicos, organizaciones civiles y víctimas de violencia.
"La demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita" (Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación)
¿En qué consisten las propuestas de Norma Piña?
El documento "Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas" está dividido en dos apartados: Aspectos institucionales y de contexto —desglosado en cinco ejes temáticos— y el acceso a la justicia y la protección y garantía de los derechos humanos con un enfoque diferenciado —que analiza cuatro aspectos—.
Te presentamos un resumen de los apartados de la propuesta de reforma que presentó el Poder Judicial. Si quieres leerlo a detalle puedes consultarlo aquí: https://www.scjn.gob.mx/reformaintegral
A. Aspectos institucionales y de contexto
Este apartado señala carácter para el desarrollo de una reforma integral al Poder Judicial relevantes para comprender las brechas, problemas y desafíos de la administración de justicia en cinco ejes temáticos:
1. Seguridad pública
Propone establecer un nuevo marco de gobernanza apoyado en una política criminal integral y que supere el enfoque principalmente punitivo actual a través de políticas sociales y económicas. Se habla de la importancia de mejorar la transparencia y la accesibilidad de la información pública para evaluar efectivamente a las instituciones de seguridad, lo que implica la construcción de datos abiertos y verificables sobre violencia, en particular, la violencia homicida y la desaparición de personas, esto tomando en cuenta el subregistro que existe en estas áreas.
Además, propone desmilitarizar la seguridad pública y mejorar la operación de los sistemas de registro de detenciones, con un enfoque en la prevención de la trata de personas y la revisión de las políticas de drogas. Añade propuestas para mejorar el control de armas y fortalecer la seguridad en las instituciones civiles al crear una Instancia Nacional de Política Criminal que coordine y articule a todas las instituciones relacionadas en los ámbitos federal, estatal y municipales.
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2. Justicia penal
El documento señala que existe una falta de coordinación entre fiscalías, lo que fragmenta las investigaciones y aumenta la impunidad. Además, las fiscalías especializadas cuentan con recursos insuficientes para atender los asuntos especialmente a nivel local.
Del mismo modo identifica la falta de un sistema más coordinado como un obstáculo que permanece para un acceso efectivo a la justicia y reconoce que en los caso de feminicidio la atención no ha mejorado pues aún no se incorpora un enfoque de género adecuado en la persecución penal a pesar de que existen unidades o fiscalías especializadas.
También aborda la falta de mecanismos adecuados para procesar denuncias y proteger a las mujeres víctimas de violencia dentro del sistema penal, así como el desarrollo de políticas punitivas como de las drogas que han llevado a una criminalización desproporcionada de mujeres.
Algunas de las propuestas son: incrementar los recursos económicos de la justicia penal local, investigar los delitos con un análisis de persecución de fenómenos y estructuras criminales como un todo, no de manera fragmentada y desarticulada.
Foto: Cuartoscuro
3. Poderes judiciales locales
El diagnóstico del documento es que los juicios son largos y son pocas las personas juzgadoras: el promedio de jueces por cada 100 mil habitantes a nivel nacional es de 18, a nivel estatal son 3 por cada 100 mil. Además, los ejecutivos locales tratan de influir en los poderes judiciales locales a través del presupuesto.
Por esto la iniciativa plantea incrementar los recursos y personal de los poderes judiciales estatales, implementar reformas estructurales, garantizar la carrera judicial y consolidar la justicia laboral. Destaca que se debe empezar a usar juicios orales en los casos de justicia civil y familiar.
4. Ética y legitimidad institucional
Propone revisar los procesos judiciales para enfocarlos en una justicia centrada en las personas y estandarizar las reglas de la carrera judicial y desarrollar programas de capacitación en ética y legitimidad. Llama a fortalecer la transparencia y el profesionalismo del sistema.
5. Corrupción y nepotismo
Señala que es necesario renovar y consolidar el procedimiento de responsabilidad administrativa en sus tres etapas para agilizarlo, actualizarlo y simplificarlo.
Para afrontar esta importante tarea, se considera viable la creación de un órgano auxiliar del Poder Judicial de la Federación que tenga independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, así como competencia para conocer de los actos y conductas en el ámbito jurisdiccional.
Además, se propone garantizar el derecho de acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad considerando cuestiones como género, discapacidad, origen étnico y otras que deban atenderse para garantizar la pluralidad y diversidad.
Foto: Cuartoscuro
B. Acceso a la justicia y derechos humanos
Este documento pone especial atención en las falencias del Estado para asegurar mecanismos de prevención de la violencia, investigación, sanción y reparación a las personas y grupos que las resienten.
1. Acceso a la justicia frente al fenómeno de la desigualdad
Tras analizarse distintas violaciones a derechos en casos como los del feminicidio, trata de personas, desaparición y detenciones arbitrarias estas son algunas de las propuestas:
- Derogar figuras jurídicas que propician la privación arbitraria de la libertad como el arraigo y prisión preventiva oficiosa al ser incompatibles con las obligaciones convencionales asumidas por el país.
- Reorientar las políticas de seguridad pública, promover su desmilitarización y garantizar la participación ciudadana en su diseño.
- Modernizar los Centros de Comando y Control.
- Establecer un mecanismo nacional de certificación de instituciones policiales.
- Implementar una estrategia integral de lucha contra la trata de personas.
- Establecer una estrategia global e integral de búsqueda e investigación de los casos de desaparición.
- Armonizar el reconocimiento y tipificación legal del delito de feminicidio, así como homologar los protocolos de investigación aplicables.
- Simplificar y armonizar en los estados los procedimientos de activación del Programa Alerta AMBER y el Protocolo Alba.
2. Procesos y recursos judiciales efectivos
Incluye diversas propuestas tendientes a enfrentar, de manera sistémica, la efectividad de los recursos judiciales con base a un enfoque centrado en las personas: fomentar la articulación de sistemas estadísticos confiables y de constante actualización, asegurar la estandarización nacional de instrumentos de investigación utilizados para investigar los delitos relacionados con la desaparición de personas, la violencia sexual, los feminicidios, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales entre otros.
Así como promover el establecimiento de un mecanismo nacional de formación y certificación de fiscalías y policías de investigación, buscando garantizar que las investigaciones criminales se conduzcan de manera eficiente, profesional y libre de visiones estereotipadas.
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3. Sistema penitenciario
Analiza la manera en que las deficiencias de los procesos de investigación y judiciales generan consecuencias en el sistema penitenciario y de ejecución penal.
Destaca que a pesar de los avances normativos y estructurales en el sistema de ejecución penal en México, los desafíos persisten y se manifiestan en condiciones adversas para las personas privadas de libertad las cuales son críticas y evidencian un sistema penitenciario en deuda con los derechos humanos y la dignidad de quienes están sujetos a su control.
Por lo que una de sus propuestas es crear mecanismos eficientes de denuncia y protección para todos los grupos en situación de vulnerabilidad dentro de prisión, incluida la posibilidad de presentar quejas de manera confidencial y segura.
4. Defensa pública integral
Esta sección aborda algunos de los principales retos que enfrenta el sistema de defensa pública en el país y detalla la manera en que tales obstáculos impactan de manera diferenciada en distintos grupos y personas.
Con este contexto algunas de sus propuestas son: diseñar y expedir una Ley General de Defensorías Públicas que dé una mirada institucional y operativa coherente e integrada para todo el país, así como garantizar su autonomía técnica y de gestión
¿Cuál es el panorama de la reforma al Poder Judicial en México?
La reforma al Poder Judicial del presidente López Obrador ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y este domingo las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron en lo general y en lo particular el dictamen de la reforma al Poder Judicial.
Legisladores de todos los grupos parlamentarios hicieron 70 reservas al dictamen, pero rechazaron cada una de ellas y aprobaron en lo particular el dictamen con 24 votos a favor y 11 en contra.
El dictamen fue aprobado sin ningún cambio respecto al documento que envió la Cámara de Diputados y será turnado al Pleno para ser leído este 10 de septiembre.
Foto: Cuartoscuro