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El aborto en México está escrito en la ley, pero sigue negado en la práctica. Este 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, volvemos a recordar que legislar únicamente para despenalizar no garantiza el acceso real a decidir sobre nuestros cuerpos.
Mientras los discursos oficiales celebran avances en los derechos de las mujeres, las cifras muestran otra cara. Entre 2015 y agosto de 2025, las fiscalías estatales abrieron 7 mil 511 carpetas de investigación por aborto. La criminalización del aborto no es cosa del pasado: es una violencia estructural que se mantiene en fiscalías, ministerios públicos y hospitales que niegan atención a quienes buscan acceder a servicios de salud básicos.
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En 2021, la Suprema Corte declaró inconstitucional la penalización absoluta del aborto, y 22 estados han reformado sus códigos penales desde entonces. Pero los expedientes abiertos contra mujeres y personas gestantes prueban que las sentencias no se cumplen en la vida cotidiana.
La autonomía sigue en disputa día a día en los cuerpos de quienes necesitan o desean interrumpir un embarazo sin miedo, sin cárcel y sin estigma.
El acceso desigual es evidente: no es lo mismo vivir en una ciudad con clínicas que en una comunidad sin hospitales cercanos. Para muchas, abortar implica recorrer cientos de kilómetros, enfrentarse a una burocracia ineficiente y violenta, o quedar atrapadas en la clandestinidad.
Las desigualdades se profundizan cuando se trata de mujeres indígenas, que además de las deficiencias de servicios médicos en sus comunidades enfrentan barreras culturales, lingüísticas y de discriminación institucional.
Y sí, los avances son lentos, pero sostenidos. Por eso, la información salva vidas. Con esta guía práctica para abortar en CDMX, elaborada junto con IPAS y Marías Acompañantas, mostramos que el trabajo por el acceso pleno continúa en las calles y desde abajo, con redes feministas con redes feministas que acompañan donde el Estado no llega.
Y esta semana, en nuestro Glosario Feminista, explicamos por qué es importante hablar de cuerpos gestantes: porque reconocer la capacidad de gestar en identidades diversas es también garantizar que nadie quede fuera de los derechos reproductivos. Nombrar es un acto político, y en la lucha por el aborto libre y seguro, las palabras importan tanto como las leyes.
La criminalización tampoco se limita a quienes abortan. El personal de salud que acompaña ha sido perseguido judicialmente por hacer su trabajo. Como advirtió la red Salvemos Miles de Vidas México, mantener al aborto en los códigos penales es un “error histórico” que aumenta la mortalidad materna y castiga a quienes sostienen la vida.
La violencia estructural contra las mujeres y niñas no está únicamente en las instituciones. Los datos de la Secretaría de Salud revelan que en 2024 más de 100 mil adolescentes menores de 17 años dieron a luz; en la mayoría de los casos, el padre era un hombre adulto. México permite que continúe la maternidad forzada como norma, pero persigue a quienes deciden interrumpir un embarazo. En nuestro país se tolera el abuso, pero se castiga la autonomía.
Este 28S lo decimos claro: despenalizar no basta. El derecho a decidir no se conquista solo con discursos ni con reformas parciales, sino en la garantía de acceder a un aborto seguro, gratuito y libre de estigma.
Desde La Cadera de Eva estaremos en las calles y con una cobertura especial para acompañar, documentar y exigir.
Porque el aborto libre, seguro y gratuito no es una consigna: es un derecho humano que el Estado mexicano sigue negando.
¡Nos vemos en las calles!
