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Del 1 al 7 de agosto se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna, impulsada por la OMS, UNICEF y diversos organismos de salud. Este año, bajo la campaña “Comienzos saludables, futuros esperanzadores”, el llamado es claro. Los sistemas de salud deben brindar apoyo continuo a las mujeres y sus bebés durante el periodo de lactancia.
Sin políticas públicas que respalden a quienes amamantan, la lactancia se convierte en una responsabilidad individual sostenida a costa del tiempo, los cuerpos y el trabajo no remunerado de las mujeres. Se espera que ellas asuman en soledad no solo la alimentación de sus hijes, sino también los cuidados, sin acceso a licencias dignas, redes comunitarias ni estructuras estatales que acompañen la crianza desde el primer día.
Nuestro país está lejos de alcanzar el compromiso global de lograr que el 70% de las personas recién nacidas sean alimentadas exclusivamente con leche materna durante sus primeros seis meses, como establece la Agenda 2030. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2021-2023), sólo el 34.2% lo logra, mientras que el 27.2% recibe fórmulas comerciales desde los primeros días de vida. ¿Y el 38.6% restante? No hay claridad. En muchos casos, se trata de lactancia mixta sin acompañamiento, alimentación sin seguimiento o prácticas que el sistema ni siquiera registra.
Estas cifras no responden a decisiones libres sino que están moldeadas por un entorno que les impone obstáculos. Licencias de maternidad insuficientes, presión publicitaria de la industria de fórmulas, servicios de salud desbordados o poco capacitados y condiciones laborales discriminatorias que empujan a muchas mujeres a dejar de amamantar antes de tiempo. En México, amamantar sigue siendo muchas veces un acto de resistencia.
La legislación laboral vigente concede apenas 90 días naturales de licencia de maternidad, 30 antes del parto y 60 después. Este periodo no cubre ni la mitad del tiempo recomendado para una lactancia exclusiva.
La mayoría de las mujeres debe interrumpirla o recurrir a fórmulas, no por elección, sino por falta de condiciones reales para sostenerla.
El Instituto Nacional de Salud Pública ha reconocido que el país carece de estrategias sólidas y presupuesto suficiente para proteger, apoyar y promover la lactancia materna. A esto se suma la escasez de espacios adecuados para amamantar en centros de trabajo y transporte público, y la ausencia de una política nacional que integre la lactancia en un sistema de cuidados.
Ante la omisión del Estado, el activismo de mujeres organizadas ha tomado fuerza. El lactivismo mexicano ha puesto en el centro lo que muchas políticas aún evaden. Amamantar no debe ser un privilegio, ni una imposición, ni mucho menos un fetiche.
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Este movimiento ha visibilizado las barreras estructurales que enfrentan las personas lactantes y también ha denunciado la forma en que la lactancia ha sido sexualizada, fetichizada y mercantilizada. Como lo hemos documentado en La Cadera de Eva, la lactofilia convierte la lactancia en objeto de consumo sexual y profundiza la estigmatización y la violencia simbólica que viven muchas mujeres cuando amamantan en público.
En un país donde amamantar libremente incomoda más que las violencias estructurales, donde el mercado condiciona las decisiones maternas y donde el Estado relega los cuidados al ámbito doméstico, la lactancia materna es un acto profundamente político.
Por eso debe estar respaldada por políticas integrales que incluyan licencias laborales más amplias y equitativas, servicios de salud con enfoque de género y presupuestos suficientes. No bastan las campañas anuales. Se necesita compromiso político sostenido para garantizar que amamantar sea una decisión libre, informada y acompañada.
