Este 8 de marzo, la realidad sigue siendo la misma: mientras gobiernos y corporaciones se llenan de símbolos morados en redes sociales, con discursos vacíos de “empoderamiento”, la violencia patriarcal continúa su curso, mientras la ultraderecha avanza con fuerza. 

Los discursos sobre igualdad y justicia se desvanecen frente a una verdad brutal: las mujeres y las personas de la diversidad sexual continúan siendo víctimas de un sistema que nos somete, nos invisibiliza y nos condena a la violencia.

Esta semana Donají, una mujer trans, fue brutalmente atacada por dos hombres en la Alameda Central de la Ciudad de México. Golpeada, ante la indiferencia de las autoridades, su historia nos recuerda de manera dolorosa que la violencia no es solo feminicida, sino también transfeminicida. Este caso, como tantos otros, deja al descubierto el rostro cruel del patriarcado y la total impunidad con la que opera.

En este contexto, el próximo 5 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el caso de Fátima Quintana Gutiérrez, una niña de 12 años asesinada en 2015 en el Estado de México. Su feminicidio, marcado por la negligencia y la revictimización por parte de las autoridades, podría establecer un precedente sobre la obligación del Estado de garantizar el acceso a la justicia. Pero el acceso a la justicia es una utopía cuando las instituciones continúan protegiendo a los agresores y despojando a las víctimas de sus derechos.

Este 25 de febrero, la Primera Cumbre Latinoamericana de Defensoras Digitales, un espacio crucial para visibilizar la violencia digital y fortalecer estrategias de defensa para las mujeres, fue atacada cibernéticamente durante el segundo día de actividades. Durante la transmisión en vivo de una mesa de diálogo, se difundieron imágenes pornográficas, un acto deliberado de intimidación dirigido a las activistas y defensoras, organizadas por Olimpia Coral, impulsora de la Ley Olimpia. Este ataque, además de ser una agresión directa, expone la vulnerabilidad de las defensoras en un mundo digital que las persigue y las agrede.

Y es que pese a la aprobación de leyes como la Ley Olimpia o la Ley Ingrid, que penalizan la violencia digital, la filtración de imágenes de feminicidios, la realidad nos demuestra que las leyes por sí solas no bastan. Aunque tienen los nombres de las víctimas, la justicia sigue siendo inaccesible para ellas.

Mientras la violencia contra las mujeres sigue creciendo, las respuestas de los gobiernos y las grandes corporaciones se limitan a discursos vacíos, mientras siguen beneficiándose del mismo sistema patriarcal que permite su perpetuación. 

Muchas voces críticas aseguran que el feminismo se ha convertido en una herramienta complaciente para el poder, un término neutralizado que ya no incomoda a quienes deben tomar decisiones reales. Las mismas instituciones que promueven el feminismo son las que encubren agresores, criminalizan la protesta y recortan presupuestos para refugios y programas de atención a la violencia.

Si el feminismo ha sido desvirtuado por el poder, muchas se lo preguntan: ¿es momento de replantear la lucha, manteniendo la raíz común del feminismo y el antipatriarcado? ¿Es necesario avanzar hacia un enfoque antipatriarcal? Ante estas preguntas recordamos que la lucha sigue siendo la misma: desafiar las relaciones de género y revisar las estructuras económicas, políticas y sociales que sustentan la opresión.

Hoy, las mismas empresas que lanzan campañas de "mujeres poderosas" son las que toleran el acoso y abuso laboral. Las instituciones que se autodenominan feministas son las que respaldan este sistema patriarcal, y el 8M, lejos de ser una fecha para celebrar, debe ser una oportunidad para confrontar.

El feminismo no es un eslogan para ser explotado por quienes sostienen el sistema de opresión. No basta con discursos ni con pañuelos morados en los perfiles oficiales. 

La lucha feminista sigue siendo una lucha contra el patriarcado, contra la impunidad y contra la violencia estructural que atraviesa nuestras vidas y cuerpas.