Faltan 208 días para que el presidente Andrés Manuel López Obrador termine su sexenio y dé paso a un nuevo gobierno. En el contexto electoral y a propósito del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el próximo 8 de marzo, convocamos a algunas de las principales organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, a hacer un balance de los avances y retrocesos que deja la actual administración en cuanto a la agenda de género.
Para hacer este análisis, La Cadera de Eva entrevistó a las y los representantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), de la Red Nacional de Refugios (RNR), del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), y del movimiento de Mujeres con Discapacidad para que nos compartieran sus análisis a casi seis años del inicio del gobierno de López Obrador.
Esfuerzos aislados, dice el OCNF
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), reconoce en primer lugar la creación en 2021 del primer Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio. Este no solo se llevaría un registro de cuántos niños y niñas quedan huérfanos por los casos de feminicidios que hay en el país, sino que se obligaría a los 32 estados del país a llevar a cabo acciones para la protección de los menores.
Sin embargo, hasta la fecha no existe un registro oficial de cuántos niños y niñas víctimas de feminicidio hay ni se han echado a andar aún los programas en todo el país para que el Protocolo se vuelva una realidad, a pesar de que el OCNF reconoce que en el 75% de los casos de feminicidio en México la víctima deja por lo menos a una hija o un hijo.
En 2019, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) registró por primera vez que de noviembre de 2018 a junio de 2019, se habían registrado 3 mil 400 huérfanos de feminicidio en México. Desde entonces, no se ha publicado otra cifra oficial para conocer cuántos menores hay en esta situación. Tan solo en los últimos seis años se han registrado cinco mil 556 casos de feminicidio en todo el país, de acuerdo con la Red Nacional de Refugios (RNR).
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Otro de los avances que reconoce el OCNF es la aprobación de leyes como la llamada “Ley Monse”, nombrada así por el feminicidio de Monserrat Bendimes, la cual busca eliminar las redes de protección y encubrimiento de presuntos feminicidas. O la Ley Ingrid, por el caso de Ingrid Escamilla, la cual castiga a quienes difundan o filtren imágenes de víctimas de feminicidio.
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“Pienso que hay muchos esfuerzos que están aislados y que tienen que evaluarse para realmente medir el impacto que han tenido algunos programas. Hay muchos esfuerzos por ahí, pero al final seguimos careciendo de investigaciones con la debida diligencia y perspectiva de género. Se han creado protocolos para juzgar con perspectiva de género y seguimos luchando para que realmente se haga justicia para que se pueda sancionar la violencias contra las mujeres”, dice María de la Luz Estrada.
A pesar de que en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia histórica para que todas las muertes violentas de mujeres sean investigadas como feminicidios, aún existe resistencia por parte de algunos gobiernos locales para llevar a cabo una investigación por este delito, pues la mayoría los siguen contemplando como homicidios dolosos o incluso como suicidios.
Otra de las deudas que deja este gobierno, de acuerdo con el OCNF, es la publicación del reglamento que aclara los criterios para lanzar, dar seguimiento y evaluar la efectividad de las Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
La falta de este reglamento afectó, por ejemplo, que la implementación de la declaratoria de género en Tabasco siga en espera de resolución, debido a que ese reglamento debe definir bajo qué indicadores y condiciones se debe realizar su aplicación.
La lucha por el presupuesto de los refugios para mujeres
Uno de los primeros desafíos que enfrentó la Red Nacional de Refugios (RNR) sucedió en el primer año de gobierno de López Obrador, recuerda Wendy Figueroa, directora de la RNR. En 2019, el gobierno federal decidió cerrar la convocatoria del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva para asignar subsidios a los refugios, cuando los recursos de la RNR todavía dependían del programa de la Secretaría de Salud.
“Hicimos toda una movilización donde se sumaron senadoras, diputadas, medios de comunicación y sociedad civil para poder hacer evidente que esa era una decisión que traía totalmente los derechos de las mujeres y que las ponía en mayor riesgo y vulnerabilidad”, recuerda Figueroa.
“Fue un año bastante complicado, justo por todo lo que se tuvo que hacer, además de proteger los derechos humanos de las mujeres, pues era defender un presupuesto que representaba el esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil”, dice Wendy.
Gracias a esa presión, la RNR logró mantener la convocatoria para obtener sus subsidios y un año después, se logró la creación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género el cual formó parte del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) para que se asegurara el presupuesto de los 76 espacios que atienden a las víctimas de violencia y sus hijos e hijas. Así que en 2020 se logró mantener su presupuesto prácticamente intacto.
Aunque a partir de 2022 esta situación cambió, pues ante la desaparición del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), los recursos de la RNR estuvieron nuevamente amenazados. Esto llevó a que el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género se transfiriera a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), lo cual generó retrasos de hasta de 11 meses en la asignación de presupuesto para los refugios.
Esto llevó al cierre de algunos de sus espacios temporalmente y a que las personas trabajadoras de estos espacios también se vieran afectadas por el retraso en sus pagos. En contraste, la demanda de servicios para las mujeres que buscaban ayuda, crecía.
Desde entonces y hasta ahora, la pelea por los recursos para la RNR se ha vuelto una constante. “Nos volvimos simplemente gestoras para poder subsanar los temas de ausencia de financiamiento, tuvimos que buscar donaciones para que siguieran operando los refugios y eso no es distinto actualmente, además adquirimos deudas por todo este tiempo que no hemos logrado recuperarnos con la asignación de recursos”, lamenta Wendy.
Para este año, la RNR contó con un presupuesto de 119 mil 25 pesos más, es decir, un aumento del 0.02% con respecto al año anterior. “Los refugios llevan operando con el mismo presupuesto cuatro años, o sea, en realidad no ha habido un incremento real efectivo”, dice Wendy.
El año pasado, la RNR atendió a más de 20 mil mujeres, niñas y niños en contexto de violencia, por lo que es vital que la próxima administración considere la creación de un fondo plurianual para los refugios, “y que el recurso se entregue en los primeros tres meses de cada ejercicio fiscal para garantizar la protección de las mujeres y niños que acuden a estos espacios”, dice Wendy,
Acceso al aborto libre y seguro en México
En 2023, México dio un paso histórico después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizó el aborto en todo el país. Aunque aquel fue un paso importante, actualmente sólo 12 de los 32 estados han despenalizado la interrupción del aborto hasta las 12 semanas, pues no todas las entidades han armonizado sus leyes locales para que esto se convierta en una realidad en México.
Francisco Cué, Coordinador de Incidencia en Política Pública de GIRE, explica que en parte, esto se debe a que en México el acceso al aborto es un tema complicado porque forma parte de la estructura penal, sanitaria y de Derechos Humanos: “está regulado en diferentes ordenamientos que van desde cuestiones sanitarias, que le competen al Congreso de la Unión; hasta lo penal, en cada estado de la República”, comenta.
De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), un avance significativo que hubo en el actual sexenio es que por primera vez se reconoció el aborto seguro como uno de los pilares elementales para la salud sexual y reproductiva al incluirlo en el Programa de Acción Específico Salud Sexual y Reproductiva 2020 - 2024. “Es una acción inédita”, declaró Francisco Cué.
Asimismo, derivado de esta publicación, se expidió el Lineamiento Técnico para la atención del Aborto Seguro en México por parte del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, así “por primera vez se reconoció el servicio de aborto seguro como una responsabilidad que debe proveerse desde los servicios médicos de salud”, explica el especialista.
Por otra parte, Francisco Cué reconoce que La ley de Amnistía, expedida en el año 2020, contribuyó a que las personas que optaron por un aborto dejarán de ser perseguidas e impulsó que diversos estados eliminarán el delito de aborto de su código penal, tales como Aguascalientes, Hidalgo, Coahuila, Veracruz, Baja California Sur, Baja California Norte, Guerrero, Oaxaca, Colima, Sinaloa y Quintana Roo.
Aunque en los retrocesos, GIRE lamenta que “desde el comienzo de la actual administración se tomó la determinación de echar para atrás el modelo de protección social en salud que se conocía comúnmente como Seguro Popular y se creó el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) que, tras algunos años de operación, no dio los resultados esperados, y se creó el IMSS-Bienestar, que aún no se sabe muy bien cómo opera”, explica Francisco.
Este momento crítico del sistema de salud tuvo implicaciones y retrocesos en los servicios efectivos de aborto, “porque los servicios de salud que se proveen en las instituciones públicas han sufrido esta transformación que no terminó de concretarse”, de acuerdo con Francisco Cué.
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Ahora el reto para la siguiente administración es cómo va a funcionar este sistema de salud, ¿cómo se va a recomponer?, ¿cómo se va a concretar esta transformación ? Francisco pone como ejemplo que hay problemas en las licitaciones de medicamentos entre los que se encuentran el misoprostol y mifepristona, necesarios para abortar de forma segura. También GIRE ha ubicado que en algunas clínicas públicas se siguen utilizando legrados como métodos para abortar, “lo cual la Organización Mundial de la Salud desaconseja”, explica.
Por otra parte, también queda pendiente darle cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Es una discusión que no ha acontecido en el Congreso, ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados, y en muchos estados se sigue tipificando el delito de aborto en los códigos penales”, concluye Francisco.
Persiste asistencialismo para atender a personas con discapacidad
Para Jen Mulini, integrante de la organización Mujeres con discapacidad y del Movimiento de Personas con Discapacidad, señaló que, si bien se considera un logro que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se creara la Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad, porque les garantiza un ingreso, las políticas públicas para atender sus derechos aún son desde el asistencialismo y capacitismo.
“Lamentablemente creo que no se cumplieron las expectativas. Yo misma puedo decir que tenía un poco más de esperanza, pero pues no. Sobre todo, no se han promovido políticas públicas que realmente incluyan y que la palabra inclusión todavía asemeja a que haya alguien en un mejor puesto en el que dice: “yo te incluyo”, esto, todavía es un sistema de poder muy fuerte”, explicó.
Otro de los retrocesos que identifica Jen Muini es la eliminación del Seguro Popular, pues muchas personas con discapacidad estaban afiliadas a esta institución se quedaron sin recibir atención médica; la “parálisis” del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con discapacidad (Conadis) que lleva sin tener una persona titular desde que inició el sexenio y la “Austeridad republicana” que ha recortado presupuesto a las organizaciones civiles que atienden a las personas con discapacidad.
“Es muy importante también que vuelvan a tomar en cuenta los presupuestos para las organizaciones civiles, que están haciendo un montón de cosas por las personas con discapacidad. En todo caso, si lo que se pretende es que no haya corrupción, entonces debe existir un órgano de transparencia”, mencionó.
Al respecto, la socióloga Nubia Ramírez dijo que la visión de las políticas públicas dirigidas a personas con discapacidad de este gobierno fue desde el capacitismo e infantilización donde discusiones como los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad no se trataron.
“Tenemos una visión absolutamente infantil de la discapacidad, la discapacidad la seguimos viendo como angelitos y niñitos, que hay que ayudar, cuidar, y proteger, por eso le damos todo el presupuesto justamente a Teletón. Hay que cambiar la forma en que se concibe a la discapacidad para que entonces se puedan tener políticas públicas que realmente abarquen todas sus necesidades”, dijo.
Respecto al Sistema Nacional de Cuidados, Jen Mulini explicó que, aunque aún falta consolidarlo, es positivo que se esté discutiendo el tema porque visibiliza los derechos e importancia de las personas cuidadoras y que debería complementarse con políticas de prevención y atención a la discriminación de las personas con discapacidad.
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Sobre los pendientes que deja López Obrador, ambas esperan que el próximo gobierno tenga una perspectiva interseccional que tome en cuenta a las personas con discapacidad como sujetos y sujetas de derechos que pueden participar en la vida social, política y económica del país desde todos los espacios.