El pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular la supremacía constitucional, reforma propuesta por legisladores de Morena, luego de que una jueza ordenara eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al Poder Judicial, y que la presidenta Claudia Sheinbaum se negara, acusando que la orden era ilegal.
Con 85 votos a favor y 41 en contra los senadores de Morena elevan a rango constitucional la improcedencia del amparo contra cambios a la Constitución y buscan evitar que reformas constitucionales queden congeladas por controversias o acciones de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial de la Federación.
Es decir, con esto Morena busca impedir que se pueda cuestionar legalmente cualquier modificación que le hagan a la Constitución a través de amparos o impugnaciones en relación a lo que ya se aprobó de la reforma judicial. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para continuar el trámite legislativo.
¿En qué consiste la supremacía constitucional?
La propuesta fue presentada por los senadores morenistas Adán Augusto López Hernández, Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal Ávila, y el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Esta plantea que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no pueda interferir o ‘echar abajo’ la reforma judicial del llamado “Plan C” del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La iniciativa de Morena conocida como "supremacía constitucional" busca modificar los artículos 103, 105 y 107 para que la Corte no pueda revisar la constitucionalidad de las normas consagradas en la Constitución, aunque sería exclusivamente en el caso de la reforma judicial y no en otras iniciativas, explicó Adán Augusto López, en entrevista con Ciro Gómez Leyva.
Además, dejaría sin efecto todas las solicitudes de amparo, suspensiones o controversias en trámite que se hayan establecido al respecto, de acuerdo con la propuesta de ley.
Inicialmente, esta iniciativa había generado más polémica porque la primera versión del proyecto contemplaba cambios en el artículo 1 de la Constitución, lo que significaría que la Suprema Corte no tendría la facultad para defender otros artículos de la Constitución. Sin embargo, se eliminaron las modificaciones para este artículo.
Advierten retroceso para los derechos humanos
Amnistía Internacional México, junto a otras organizaciones de derechos humanos, personas defensoras, activistas y académicas, enviaron una carta abierta al Senado de la República y a la Cámara de Diputados expresando su preocupación por la iniciativa de reforma que busca la supremacía constitucional.
Según la carta, la iniciativa de Morena "restringiría la posibilidad de ejercer el control de convencionalidad respecto a normas constitucionales y cualquier otra norma, independientemente de su jerarquía".
La reforma propuesta por Morena asegura que las leyes sobre derechos humanos se interpretarán según la Constitución y tratados internacionales, pero “en ningún caso pueden ser aplicadas por medio de control de convencionalidad”.
El control de convencionalidad verifica que las normas nacionales respeten la Convención Americana de Derechos Humanos. En México, todas las autoridades judiciales deben hacerlo. Esto es crucial que jueces y juezas conozcan este criterio para proteger los derechos humanos.
Eliminar este criterio significaría que las autoridades tendrían que aplicar mecánicamente la ley, sin considerar derechos, principios y criterios de justicia social, igualdad y dignidad humana reconocidos en la Constitución y tratados internacionales, según explica la carta.
Además, el documento señala que la iniciativa es considerada innecesaria, ya que existen alternativas para garantizar la gobernabilidad y estabilidad constitucional sin sacrificar los derechos de todas las personas.
"Es posible establecer procedimientos especiales para el control de reformas constitucionales, definir límites claros a la revisión judicial y fortalecer mecanismos de participación ciudadana", sugieren.
¿Cómo afectaría a las mujeres y minorías?
En ese sentido, la abogada Leslie Jiménez Urzua, coordinadora de Proyectos en Impunidad Cero, señaló en su cuenta de X que esta iniciativa de reforma constitucional plantea riesgos graves. En un contexto donde el Poder Judicial podría estar conformado por personas juzgadoras conservadoras, esto podría llevar a interpretaciones restrictivas de la Constitución.
Las mujeres y disidencias sexogénericas son los sectores que se verían más limitados sus derechos sin posibilidad de revisión, por esta iniciativa, señala Leslie Jiménez quien también destaca otros aspectos donde podría tener efectos negativos:
- Prisión preventiva oficiosa: agravaría la criminalización y discriminación a personas en situaciones vulnerables, como mujeres y poblaciones LGBTIQ+, afectando su acceso a una defensa justa y con perspectiva de derechos humanos.
- Reforma de la Guardia Nacional: incrementaría la violencia institucional, incluyendo la violencia sexual y de género.
- Falta de mecanismos judiciales: agravaría la vulnerabilidad de las mujeres y disidencias sexo genéricas ante abusos y violencia por parte de las fuerzas de seguridad.
De acuerdo con Leslie Jiménez Urzua, la creciente militarización en México aumenta los riesgos de abuso y violencia contra las mujeres y disidencias sexo-genéricas, por lo que es fundamental tener mecanismos judiciales efectivos para proteger sus derechos y garantizar su seguridad.
