Como “regalo” del próximo aniversario número 212 de la Independencia de México, nuestro país se alista para promulgar una reforma que —paradójicamente— amenaza la independencia del Poder Judicial y la democracia en el país.
En estas fechas recordamos que la independencia en México fue un paso importante para la democracia porque sentó las bases para la autodeterminación y la participación ciudadana en la vida pública. Aunque el México independiente no fue inmediatamente una democracia plena, el fin del régimen colonial implicó que el país se consolidara como una nación soberana.
El que la reforma judicial entre en vigor en estas fechas representa un simbolismo histórico para sus impulsores que han calificado este hecho como un “regalo a la patria”, ya que aseguran que esta iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador fortalecerá el Estado de derecho en nuestro país.
Aunque otras voces críticas —a las que nos sumamos — alertan que si la reforma judicial en México resulta en una concentración de poder en manos del Ejecutivo, se debilitará el principio de separación de poderes, uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia.
Como explicamos esta semana en “El ABC de la reforma judicial y cómo podría afectar a las víctimas” una de las principales críticas a esta reforma (que por cierto fue respaldada por políticos acusados de violación como Félix Salgado Macedonio y Miguel Ángel Yunes, de pederastía) es la propuesta de que todas las personas juzgadoras del Poder Judicial, tanto federales como locales, sean elegidas mediante voto popular.
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Aunque esta modificación se presenta como una medida inclusiva, en realidad podría permitir el ingreso de personas sin preparación o formación en derechos humanos que conozcan casos complejos de violencia de género o discriminación, como nos explicaba también nuestra columnista, Leslie Jiménez Urzua.
Es decir, ahora la justicia para mujeres y minorías víctimas de delitos, se quedará en manos de jueces con menos capacitación, experiencias y con cercanía al poder. Por eso es que distintas abogadas feministas habían promovido la urgencia de contar con una reforma judicial con perspectiva feminista y que pusiera en el centro a las víctimas, en un país donde de por sí el 47% de los jueces invisibilizan las violencias que viven las mujeres víctimas de violencia de género, donde el 69% no protegen a las mujeres y 80% no analiza los contextos donde se producen y reproducen las violencias de género, de acuerdo con la organización EQUIS Justicia para las Mujeres.
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Organizaciones como GIRE también habían alertado que esta reforma también podría traer retrocesos en el avance de la despenalización del aborto ya que se podrían escoger a personas juzgadoras que están en contra del aborto, de los derechos de la comunidad LGBTQ+ y de otros grupos minoritarios, lo que podría echar atrás el avance del movimiento feminista que se ha logrado en todos estos años.
Las propias familias de las víctimas de feminicidio también habían advertido la propuesta de crear la figura de jueces sin rostro o jueces anónimos en esta reforma judicial, una medida que busca proteger su identidad en casos relacionados con delitos de delincuencia organizada, también representará un riesgo para las víctimas.
Distintas abogadas han alertado que esta figura podría ser violatoria del proceso, ya que no permite conocer la identidad de los jueces que están juzgando un caso, lo que podría dar pie a que, los imputados responsables de delitos como desaparición forzada o feminicidios, puedan salir libres.
Una reforma judicial feminista debería haber contemplado los programas de formación para jueces/juezas y personal judicial. La abogada Fátima Gamboa Estrella nos explicaba que incluir perspectivas de derechos humanos, de género y justicia interseccional en todas las capacitaciones debería ser vital para garantizar el acceso a la justicia a todas, todos y todes.
Como advertían distintas organizaciones esta semana, la reforma judicial terminará por someter al Poder Judicial a los designios del Ejecutivo, “con las consecuencias que esto acarrea: como desaparecer los contrapesos del poder presidencial, impedir el efectivo acceso a la justicia y el goce y disfrute de todos los derechos humanos de quienes habitamos este país”.
¿Qué sigue?
Esta semana también acudimos a la presentación de la campaña “Niñas no madres”, la cual exige justicia para cuatro niñas sobrevivientes de violencia sexual en América Latina y que nos recuerda que miles de niñas en todo el mundo son abusadas sexualmente y a muchas de ellas, se les niega el acceso al aborto; como fue el caso de Fátima, Norma, Lucía y Susana.
Durante esa presentación encabezada por organizaciones como Amnistía Internacional, GIRE, Planned Parenthood, entre otras, distintas colegas periodistas, abogadas feministas y activistas, hablábamos sobre la amenaza que representa esta reforma en el avance de los derechos ya conquistados por las mujeres y recordábamos que el movimiento feminista ha impulsado sentencias históricas para nuestros derechos a través del Poder Judicial después de largos años de batalla y de lidiar con un sistema de justicia patriarcal.
Sentencias clave como la obligación de investigar todas las muertes violentas contra las mujeres gracias a la sentencia del caso Mariana Lima. O la inconstitucionalidad en la criminalización del aborto, entre otras que mencionamos acá.
Lo que sigue —además de una lluvia de amparos que ya están preparando las abogadas — es la organización colectiva de las compañeras que han puesto el cuerpo para luchar por sus derechos incluso desde la creación de esta nación.
Así que sí, esta columna está dedicada también a las heroínas que nos dieron patria y a las que hoy, siguen luchando contra las amenazas de un patriarcado nombrado Estado.