México enfrentará por tercera vez un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la falta de políticas efectivas para resolver los feminicidios en el país, esta vez por el caso de Lilia Alejandra García Andrade, asesinada hace 24 años en Ciudad Juárez, Chihuahua. El caso, que será llevado a audiencia el próximo 26 de marzo, visibiliza la persistente impunidad e injusticia en los asesinatos contra mujeres en el país.
El caso de Lilia Alejandra fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2002. En 2021, la CIDH determinó que el Estado mexicano no actuó conforme a sus obligaciones de prevención y garantía de los derechos a la vida, libertad e integridad personal de Lilia Alejandra en un contexto de violencia contra las mujeres.
Tras 21 años de ser estudiado por la CIDH, el caso fue remitido a la Corte IDH el 28 de diciembre de 2023. Esta será la tercera vez que la Corte IDH analiza la responsabilidad de México por el asesinato de mujeres, precedido por los casos “Caso González y otras (Campo Algodonero)” y “Digna Ochoa y Placido”.
Foto: Cuartoscuro
¿Por qué es importante esta audiencia?
Karla Michel Salas, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, organización que representa el caso, explicó que este litigio ante la Corte IDH representa una oportunidad para revisar la política pública mexicana en materia de feminicidios y desapariciones de mujeres y niñas en la última década, pues se ha probado que el caso de Lilia Alejandra está vinculado con al menos otros cuatro feminicidios de niñas en Ciudad Juárez entre 1995 y 2005, sugiriendo la operación de un mismo grupo criminal.
David Peña, coordinador jurídico del Grupo de Acción, señaló que el feminicidio de Lilia Alejandra denuncia las condiciones de violencia e impunidad sistémica en México desde 2001. Se espera que la Corte IDH condene nuevamente al Estado mexicano y dimensione que los feminicidios son un problema de violencia e impunidad sistémica que ha permitido la operación de grupos organizados.
Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra, ve en la llegada del caso a la Corte IDH una esperanza para obtener justicia para su hija y para que se dicten medidas para proteger a los niños y niñas que quedan huérfanos tras los feminicidios.
En la audiencia ante la Corte IDH, programada para el 26 de marzo a las 9:00 horas (hora de México y Costa Rica) y que será transmitida en vivo por las redes sociales de la Corte, se espera que se discutan varios puntos trascendentales, uno de ellos es que la Corte declare que la violencia sexual ejercida contra Lilia Alejandra sea considerada como una forma de tortura sexual, incluso si es cometida por particulares.
También se pretende que se declare que el Estado mexicano es responsable por no haber dado cumplimiento a lo establecido en la sentencia del caso Campo Algodonero, la cual reconoció por primera vez que cuando los estereotipos de género se reflejan en políticas públicas y prácticas de agentes estatales, contribuyen a mantener y justificar la subordinación de las mujeres y son una de las causas y consecuencias de la violencia de género.
¿Qué es lo que se busca con esta audiencia?
Como medidas de reparación, se solicitará un mecanismo específico para la investigación del feminicidio contra Lilia Alejandra y otras víctimas, buscando el desmantelamiento del grupo criminal responsable. Además, se enfocarán en garantías de no repetición, buscando que el Estado mexicano genere una política pública para la protección integral de niñas y niños en situación de orfandad por feminicidio.
Norma Andrade espera que la Corte valide sus denuncias de corrupción y negligencia en las investigaciones y que se reconozca públicamente la responsabilidad de funcionarios que obstaculizaron la justicia. Se contempla la posibilidad de solicitar una comisión de investigación con expertos internacionales ante la falta de confianza en las autoridades locales.
El caso de Lilia Alejandra ante la Corte IDH no solo busca justicia para ella y su familia, sino que también pretende generar un impacto en todo el marco regulatorio mexicano en materia de desapariciones y feminicidios, así como en la protección a familias buscadoras.
Norma Andrade espera que la sentencia marque precedentes y obligue al Estado mexicano a realizar reformas y adoptar políticas más efectivas para prevenir, investigar y sancionar estos crímenes. La Corte también podría ordenar procesos de investigación y sanción contra funcionarios públicos responsables de la deficiente investigación y la impunidad en este y otros casos.
"Para mí representa la oportunidad de demostrar que todo lo que yo he gritado en estos 24 años tenía una razón de ser. Cuando yo decía que Chihuahua era corrupta y negligente al hacer las investigaciones y en muchos casos omisa también, porque ahorita para ellos yo soy una vieja argüendera, una vieja que inventa, pero en el momento en que una autoridad lo dice, ya voy a dejar de ser esa vieja argüendera" (Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra)
En preparación para la audiencia, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social lanzó la campaña "En los zapatos de Norma", invitando a la sociedad a mostrar su solidaridad acompañando virtualmente a Norma Andrade y utilizando el símbolo de los zapatos rojos para denunciar los feminicidios y la impunidad.
¿Qué pasó con el feminicidio de Lilia Alejandra?
Lilia Alejandra tenía 17 años cuando desapareció el 14 de febrero de 2001, tras salir de trabajar en una maquiladora en Ciudad Juárez, Chihuahua. Una semana después, el 21 de febrero, su cuerpo fue encontrado sin vida en un terreno baldío con signos de tortura y abuso sexual. Lilia Alejandra dejó en la orfandad a sus dos hijos pequeños. Su madre, Norma Andrade, prometió ante su ataúd que buscaría justicia para su caso.
"Yo le prometí a Alejandra y a sus hijos, que no voy a descansar, que no voy a descansar hasta que sus agresores estén en la cárcel. Y si se lo prometí a mi hija cuando yo la tenía tendida, es una propuesta que yo no voy a fallar" (Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra)
Sin embargo, la justicia no ha llegado. Nueve años después de su asesinato, en 2010, se obtuvo una línea de investigación sólida que vinculaba a su agresor con un familiar de un agente ministerial y con otros tres feminicidios.
A pesar de este avance, no se logró justicia y Norma Andrade sufrió dos intentos de asesinato en 2011 y 2012 debido a su activismo en el caso. Investigaciones posteriores generaron más controversia al señalar a un presunto responsable con base en estadística genética y sin una muestra directa de ADN.