La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró este 5 de marzo una audiencia pública sobre la privación de la libertad de personas con discapacidad y personas mayores en centros de salud mental y otros espacios de cuidado.
La audiencia reveló las barreras sistémicas que impiden a estas poblaciones ejercer su derecho a decidir sobre su tratamiento médico y lugar de residencia, lo que a menudo resulta en internamientos forzados y abusos generalizados.
En entrevista para La Cadera de Eva, Priscila Rodríguez, directora adjunta de Disability Rights International (DRI), una de las organizaciones que participó en la audiencia ante la CIDH, señala que en la región existen miles de personas con discapacidad y personas mayores que se encuentran en instituciones donde sufren tratos crueles e inhumanos.
En México, el censo de 2020 elaborado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), estimó que hasta 150 mil personas con discapacidad y personas mayores residen en diversos tipos de instituciones, incluyendo albergues, orfanatos y centros para adolescentes. Sin embargo, no existen estadísticas claras desagregadas por discapacidad, lo que dificulta dimensionar la problemática específica que enfrentan las personas con discapacidad internadas.
Priscila Rodríguez explica que esta falta de datos también contribuye a que las instituciones se conviertan en "un agujero negro", donde las personas ingresan sin que se sepa de su destino, siendo trasladadas entre centros sin supervisión y con instituciones privadas que pueden cerrar o reubicarse sin rendir cuentas. "Las personas entran ahí y ya no salen y no sabemos dónde están", denuncia.
La falta de transparencia, supervisión y monitoreo hace que estas instituciones sean inherentemente peligrosas, pues organizaciones como DRI han documentado abusos extremadamente graves, incluyendo tratos inhumanos y degradantes, condiciones infrahumanas y antihigiénicas, tortura, abuso físico y sexual, esterilización forzada, embarazos no deseados y separación de bebés de sus madres.
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Factores de riesgo
Un factor crítico que contribuye a estos internamientos forzados es la falta de alternativas y apoyos comunitarios para personas con discapacidad y sus familias. Priscila Rodríguez lamenta que en México y la región, la única alternativa para poblaciones en situación de vulnerabilidad que necesitan algún tipo de resguardo son las instituciones pues no existen servicios y espacios de cuidados, lo que priva a las personas con discapacidad y mayores de la posibilidad de tomar decisiones autónomas sobre dónde y cómo vivir.
La institucionalización de personas con discapacidad y personas mayores es un problema grave en México y otros países de la región. Según Priscila Rodríguez, directora adjunta de Disability Rights International, la corrupción y el interés económico son factores clave que mantienen este sistema.
Las instituciones como albergues u orfanatos reciben fondos gubernamentales y donaciones privadas por cada persona ingresada, lo que crea un modelo financiero lucrativo para sus administradores. Este sistema ha llevado a casos de trata de personas, abusos generalizados y falta de respuesta por parte de las autoridades. Algunos ejemplos notables en México son los hogares de cuidados Casitas del Sur, Mamá Rosa, Ciudad de los Niños y Casa Esperanza.
En el caso de Casa Esperanza, a pesar de denuncias de abusos graves y de estar en una lista negra de la Ciudad de México, la institución no fue cerrada hasta la intervención del Comité de Naciones Unidas, y muchas víctimas fueron trasladadas a otras instituciones con alegaciones similares.
¿Por qué es importante está audiencia?
La audiencia ante la CIDH busca marcar un precedente importante no solo para México, sino para toda América Latina. La intención es que la Comisión elabore un informe y el trabajo de la Relatoria recomienda a los gobiernos:
- Eliminar las prácticas ilegales que encierran a personas con discapacidad o mayores sin su permiso.
- Crear Leyes que respeten sus derechos y libertad.
- Garantizar apoyos para que estas personas puedan decidir sobre sus vidas.
- Comenzar un proceso de desinstitucionalización con un enfoque de reparación del daño para todas las personas que han sufrido violaciones por el simple hecho de estar internadas y por los abusos ocurridos.
La perspectiva de derechos humanos que se busca enfatizar incluye el derecho a la integración con apoyos y a una reparación del daño que abarque: atención psicológica, acceso a educación, capacitación laboral, empleo digno y un ingreso mientras se logra la inclusión laboral, considerando que muchas personas ingresaron a las instituciones desde la infancia o adolescencia sin acceso a estas oportunidades.
En el caso particular de México, Priscila Rodríguez Benavíz, señala que las obligaciones del Estado hacia las personas con discapacidad son multidimensionales y van mucho más allá de la entrega de una beca que resulta insuficiente para cubrir necesidades básicas como rehabilitación, medicamentos o transporte.
Para la directora adjunta de DRI, la audiencia ante la CIDH se presenta como una oportunidad crucial para generar un cambio en la perspectiva asistencialista y capacitista que aún prevalece, y para impulsar políticas públicas que garanticen los derechos y la inclusión plena de las personas con discapacidad en la región.
