De acuerdo con la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA, según sus siglas inglesas), 64 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas todavía criminalizan los actos sexuales consensuados entre personas adultas del mismo sexo. En seis de ellos -Arabia Saudí, Bruni, Irán, Mauritania, Nigeria y Yemen- la pena de muerte es un castigo legal actual (Amnistía Internacional, 2023).
En América Latina, se sigue viviendo una dura realidad marcada por homicidios, ataques, discriminación y amenazas a personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersex, Queer, más (LGBTIQ+) y en lugares como Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y México, las personas trans son especialmente vulnerabilizadas (Ibid).
En México, se tienen datos de los asesinatos de personas LGBTIQ+, gracias al trabajo de Letra S, que lo ha documentado desde hace varios años. Letra S en su Informe del año pasado (2022) refiere que se registraron, al menos, 87 muertes violentas de personas LGBTIQ+ en el país por su orientación sexual, identidad o expresión de género.
Así, los datos que se tienen de las muertes de las personas LGBTIQ+ son registradas por organizaciones, pues no hay registros oficiales. Es hasta el año 2021, que se elaboró la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género, en la que se reveló que 5.1% de la población se autoidentifican como personas LGBTI+. Sin embargo, sigue siendo discriminada, amenazada, violentada y asesinada. Además, si se consideran otros aspectos como pertenecer a otro grupo vulnerabilizado como el de personas con discapacidad, personas indígenas o personas afrodescendientes; la situación se vuelve más complicada, ya que las personas somos doble o triplemente discriminadas y violentadas.
Ante estas situaciones, ¿qué ha hecho el Estado en nuestro país? ¿Cómo garantiza que las personas que pertenecemos a los diversos grupos vulnerabilizados nos sintamos con libertad de vivir sin ser violentadas? ¿Cómo garantiza nuestros derechos?
No lo ha hecho, hasta el momento no hay soluciones, pero tampoco propuestas. La muerte de le magistrade Ociel Baena, lo demostró, una vez más. No han importado las demandas de su familia, ni las de personas que estuvimos en las marchas pidiendo justicia.
El Estado no garantiza nuestros derechos, no garantiza el derecho a la vida, ¿cómo va a garantizar otros derechos?
Por ello, tenemos que seguir cuidándonos entre nosotras, nosotros y nosotres. Cuidándonos y exigiendo que no se nos discrimine, que no se nos violente por ser diferentes, por cuestionar lo que ha sido construido y que se ve de una sola forma.
Así que, seguiremos exigiendo derechos para todos los grupos de personas que hemos sido vulnerabilizadas porque también somos parte de las sociedades, y lo seremos de los cambios para que haya justicia e igualdad para todas las personas.
