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México cierra el año con dos sentencias que llegan tarde, pero marcan un precedente.
Esta semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por por la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio, agredida por miembros del Ejercito Mexicano en febrero de 2007, así como la conducta estatal que perpetuó la discriminación, impunidad y profundizó la situación de vulnerabilidad de Ernestina y de su familia.
La Corte concluyó que el Estado violó los derechos a la vida, la integridad personal y la salud de Ernestina, y que negó a su familia el acceso a la justicia. Ordenó, como parte de la reparación del daño a la familia Ascencio, reabrir la investigación penal, sancionar a los responsables y adoptar medidas para evitar que casos como éste se repitan, entre ellas la creación de un registro nacional de traductores para los servicios de salud. La verdad, negada durante casi dos décadas, quedó finalmente por escrito.
La condena llega, además, en el mismo año en que el Estado mexicano decidió dedicarlo simbólicamente a las mujeres indígenas. El contraste es contundente: mientras se multiplicaron los gestos de reconocimiento, la justicia para una mujer indígena tardó casi veinte años en llegar.
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Este fallo llega en un año con avances, pero también con pendientes claros y contradicciones profundas. En 2025, México avanzó en la tipificación del abuso sexual a nivel nacional con fiscalías que siguen revictimización a las víctimas. A nivel regional, la Corte Interamericana reconoció por primera vez el derecho al cuidado como un derecho humano. En el país comenzaron los primeros pasos para construir un Sistema Nacional de Cuidados. El sistema no quedará listo al cierre del sexenio, pero el tema dejó de estar fuera de la agenda pública.
Sin embargo, estos avances conviven con decisiones políticas que vacían de contenido el discurso de igualdad sustantiva: el gobierno mantuvo en el poder a agresores señalados, como Cuauhtémoc Blanco, enviando el mensaje de que la impunidad sigue siendo una opción cuando el poder está de por medio.
Además, hoy mismo, México volvió a enfrentar la justicia internacional. Tras más de dos décadas de lucha, el caso de Lilia Alejandra García Andrade, la Corte Interamericana también condenó al Estado mexicano por la desaparición y feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade y por las graves fallas en la prevención e investigación del caso. La sentencia colocó nuevamente a México bajo la mirada internacional por la impunidad en los crímenes contra mujeres y por una violencia feminicida que, a décadas de distancia, sigue sin atenderse de fondo.
Las sentencias internacionales muestran una constante: ante la ausencia del Estado, son las familias, en particular las madres, quienes mantienen viva la memoria y llevan los casos hasta sus últimas consecuencias. La justicia llega, casi siempre, después de una lucha larga y desigual.
Este año también dejó claro que la violencia contra las mujeres no ocurre solo en las calles o en los hogares. Más de 10 millones de mujeres en México han enfrentado agresiones en entornos digitales. En ese contexto, se presentó la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia digital contra las mujeres. Es un avance importante, pero aún lejos de garantizar denuncias accesibles, procesos sin revictimización y medidas de prevención reales.
Al mismo tiempo, documentamos el avance de una ola antifeminista global. La vimos en foros de internet donde el odio se organiza con los grupos de incels; en gobiernos de derecha que buscan frenar o revertir derechos; y en la violencia y censura digital contra creadoras de contenido, abogadas y periodistas feministas. No son hechos aislados, sino parte de un mismo intento por sacar a las mujeres del espacio público.
En México,en la legislación y la justicia persisten otras deudas. La jornada laboral de 40 horas con perspectiva de género no avanza, a pesar de que las mujeres continúan cargando con el trabajo de cuidados incluso fuera del tiempo remunerado. Sin corresponsabilidad, no hay justicia laboral.
Además, el reconocimiento pleno de los derechos de las trabajadoras del hogar; la violencia contra niñas y adolescentes; la transfobia; la criminalización de mujeres migrantes; y políticas que siguen excluyendo a quienes ya viven en los márgenes.
De cara a 2026 y con un Mundial más que nunca símbolo de un capitalismo voraz en el horizonte, crece la preocupación por los efectos de los grandes eventos: desplazamientos, gentrificación y prácticas de “limpieza social” que se repiten una y otra vez.
Cerrar el año no significa solo quedarnos con estas historias. Significa también reconocer lo que se ha avanzado, señalar lo que falta y sostener(nos) en la exigencia de justicia.
A nuestras lectoras, gracias por estar y resistir juntas. Este año no solo compartimos denuncias y datos, también abrimos espacios de diálogo con mujeres increíbles que pusieron en común su pensamiento crítico, sus preguntas y sus formas de imaginar otros futuros posibles. En medio de un contexto adverso, sostener estas conversaciones es también una forma de esperanza: la de recordarnos que luchar por justicia no está peleado con la posibilidad de ser felices ni con el derecho a imaginar un mundo mejor.
¡El periodismo será feminista o no será!
Gracias por acompañarnos este año. En 2026 seguiremos nombrando, preguntando y resistiendo juntas.
