Hasta hace pocos años, muchos de los avances en derechos de mujeres, personas de las diversidades sexo-genéricas y la igualdad parecían logros consolidados. Sin embargo, la reciente expansión de la ola de gobiernos conservadores y ultraderechistas ponen en riesgo años de lucha.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca llegó con un alud de órdenes ejecutivas y políticas que han causado temor y confusión al tratarse de una ofensiva contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión; las llamadas políticas DEI. Estas órdenes han eliminado, literalmente de un plumazo, iniciativas que promueven la igualdad racial y de género en el gobierno, la educación y el sector privado.
¿Qué medidas ha implementado Trump contra la igualdad?
Eliminación de políticas de igualdad en todos los contratos gubernamentales.
Purgas de iniciativas de igualdad en la administración pública y el sector privado.
Despidos masivos de empleados federales asociados a programas de diversidad.
Restricciones y recortes financieros en universidades y centros educativos que incluyan en sus planes de estudio temáticas sobre derechos civiles o historia afroamericana, que incluyan entre sus recursos libros sobre raza o género o que realicen investigaciones sobre desigualdad o salud en comunidades no blancas.
Presión legal contra empresas que tengan programas de inclusión.
Falsa meritocracia contra la igualdad
Un memorando de la Oficina de Gestión y Presupuesto del 27 de enero de este año, afirma que la finalidad de las medidas es evitar que los fondos del gobierno federal se utilicen para “políticas marxistas de equidad, ideología transgénero y ambientalismo”. Además, asegura que el concepto de igualdad de oportunidades es algo contrario a los “principios tradicionales”, poniendo en sutil duda la idea de que las personas no blancas, las mujeres y personas LGBTIQ+ deben tener acceso a los mismos derechos. Esta idea se reiteró en otro documento del 26 de febrero, en el que se asegura que los impuestos se destinan a programas “improductivos e innecesarios que benefician a grupos radicales y dañan a los trabajadores estadounidenses”.
Estas políticas del gobierno de Trump buscan que la desigualdad parezca algo natural e inevitable, como lo explica Adam Serwer en The Atlantic “La Gran Resegregación”.
Como sucede con el tecnofeudalismo y el capitalismo tardío, esto se implementa mediante estrategias como la disminución de la participación de minorías en las posiciones de poder y la producción cultural, el desmantelamiento de las protecciones del derecho al voto de mujeres y comunidades racializadas o la eliminación de oportunidades de desarrollo educativo y laboral para sectores marginalizados.
¿De dónde salen estas políticas?
A mediados de 2024, la organización civil británica Center for Climate Reporting hizo pública una entrevista encubierta con Russell Vought, uno de los líderes de Proyecto 2025 -una iniciativa de la Heritage Foundation que busca el avance de políticas conservadoras para “reformar” el gobierno federal- en la que declaró que el objetivo es “eliminar el multiculturalismo” en Estados Unidos. Vought es, además, fundador del Centro para la Renovación de América, una organización nacionalista cristiana y, actualmente, funcionario de la administración Trump, como director de la Oficina de Gestión y Presupuesto.
Desde la administración, se ha impulsado la narrativa de que las políticas de diversidad han generado una "jerarquía antiblanca” que se debe revertir mediante la meritocracia. Esta teoría ha sido rápidamente adoptada por grupos conservadores e impulsada por miembros del círculo de Trump como Darren Beattie, un exredactor de discursos de la Casa Blanca durante la administración anterior de Donald Trump, Christopher Caldwell, escritor y periodista conservador quien asegura que la Ley de Derechos Civiles de 1964 destruyó la Constitución y los derechos de los blancos; o Charlie Kirk, una de las figuras más influyentes en la radicalización del movimiento conservador juvenil en Estados Unidos.
En 2018 se reveló que Beattie participó en una conferencia organizada por el grupo supremacista blanco H.L. Mencken Club. Sin embargo, continúa siendo una figura clave en los círculos de extrema derecha y ha impulsado narrativas racistas y conspirativas.
Beattie ha afirmado que "los hombres blancos competentes deben estar a cargo", ha criticado las políticas de diversidad, alegando que erosionan la meritocracia en EE.UU y promueve la teoría de conspiración del "gran reemplazo".
Políticas de igualdad, cortina de humo
A pesar de estas teorías, el plan que desde el gobierno de Trump se está ejecutando está revirtiendo sistemáticamente los avances en derechos civiles, justificando la exclusión de minorías bajo la idea de que las personas, y particularmente los hombres, blancos y cristianos, son naturalmente más competentes y eliminando el financiamiento a investigaciones que demuestran desigualdades sociales estructurales.
El gobierno de Trump usa la supuesta antimeritocracia de las políticas de inclusión como excusa para eliminar protecciones contra la discriminación.
¿A quién afectan estas políticas?
De acuerdo a informes elaborados por consultoras como McKinsey, han sido las mujeres blancas quienes se han visto más beneficiadas por los programas de inclusión tanto laborales como en educación, no únicamente a través de cuotas e igualdad de oportunidades, sino también con protecciones laborales y educativas, como aquellas contra la brecha salarial, la discriminación por embarazo, las licencias de maternidad, entre otras.
El fin de políticas de inclusión tiene, ademas, un efecto dominó en los derechos políticos, un ejemplo es la propuesta de reforma H.R. 22 presentada en el Congreso de Estados Unidos.
La llamada SAVE Act, reformaría la Ley de Registro Nacional de Votación para obligar a autoridades electorales a solicitar una prueba de nacionalidad además de una identificación para acceder al voto. Podría parecer algo sencillo, pero en Estados Unidos, 69 millones de mujeres han cambiado sus apellidos por el de sus parejas, haciendo virtualmente imposible que presenten un acta de nacimiento y una identificación con apellidos concordantes, impidiendo que millones de mujeres voten. Un problema similar se presenta para votantes en zonas rurales, quienes se han beneficiado del voto por correo, pero ahora estarían obligados a presentarse en una oficina electoral para demostrar su nacionalidad.
El desmantelamiento de políticas de diversidad no solo afecta a minorías raciales o sexogenéricas, y las políticas ultranacionalistas no afectan únicamente a las personas migrantes, sino que también precariza a las clases trabajadoras blancas y a las mujeres en general.