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Este domingo 5 de octubre, en la plancha del Zócalo capitalino, Sheinbaum rendirá su primer informe de gobierno como presidenta de México. Mientras en el discurso presumirá avances en la igualdad sustantiva que promueve su gobierno, en la vida de millones de mujeres las deudas persisten.
En su primer informe a 11 meses, Sheinbaum presumió 19 reformas constitucionales y 40 leyes en nombre de la igualdad sustantiva: la tipificación de la violencia doméstica, la prohibición de terapias de conversión, la aplicación de la Ley “3 de 3” para impedir que agresores ocupen cargos públicos, la distribución de 25 millones de cartillas de derechos y la activación de la línea nacional de apoyo a mujeres 079. También reivindicó programas como la Pensión Mujeres Bienestar y la creación de los llamados Centros Libres.
Pero las organizaciones feministas advierten que la llamada igualdad sustantiva que el gobierno enuncia no se refleja en la vida cotidiana. Este concepto, reconocido en el artículo 4° de la Constitución mexicana y en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, implica que mujeres y hombres tengan no solo los mismos derechos en la ley, sino también las condiciones reales para ejercerlos en la práctica.
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Entre símbolos y deudas
Sin embargo, en los hechos, el presupuesto etiquetado con perspectiva de género se mantiene limitado y muchos de los programas nuevos del gobierno son más asistenciales que transformadores. Tal es el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, o de las becas educativas como Jóvenes Construyendo el Futuro, que si bien alivian necesidades inmediatas, dejan fuera a millones de mujeres (mujeres indígenas, migrantes, con discapacidad o adultas mayores sin acceso a otros apoyos) ni atacan de raíz la desigualdad estructural.
Esta semana platicamos con Wendy Figueroa Morales, de la Red Nacional de Refugios (RNR); María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Nacional de Feminicidio y la académica Lorena Vázquez Correa.
Todas coinciden en que la violencia feminicida —con 444 casos de enero a agosto de 2025— sigue sin respuesta estructural; que los refugios desaparecieron como partida específica en el Paquete Económico 2026; y que el Sistema Nacional de Cuidados, presentado como estandarte, permanece congelado sin el 1% del PIB indispensable para operar.
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A estas deudas se suman las contradicciones del poder. El nombramiento de Néstor Vargas en el nuevo Órgano de Administración Judicial, pese a una denuncia formal por abuso sexual en su contra, muestra que la “3 de 3” se cumple en el discurso pero se desdibuja en los hechos. Lo mismo ocurre con la protección política a Cuauhtémoc Blanco, señalado por presunta violación, que sigue blindado por su partido.
¿Cómo hablar de justicia de género cuando figuras cercanas al poder enfrentan acusaciones graves y permanecen intactas?
El Observatorio Nacional de Feminicidio advierte además que los Centros Libres —presentados como la gran apuesta comunitaria— carecen de diálogo con organizaciones locales y homogenizan realidades diversas. A diez años de la primera Alerta de Violencia de Género, ni siquiera existe una metodología uniforme para evaluarlas. “Seguimos con diagnósticos, pero sin evaluaciones reales”, advierte María de la Luz Estrada.
Mientras el discurso oficial presume avances legislativos y nuevas instituciones, las cifras de feminicidios siguen en aumento, el Sistema Nacional de Cuidados permanece sin presupuesto y los refugios han perdido financiamiento. La llamada igualdad sustantiva que el gobierno enuncia se mantiene en el papel, sin traducirse en transformaciones reales para las mujeres.
Este domingo, el informe en el Zócalo mostrará logros en cifras y reformas. El reto es que los derechos en el papel se traduzcan en vidas más libres y seguras para todas las mujeres.
