Amix, este junio, Mes del Orgullo, la Ciudad de México ofrecerá una gran oferta cultural para abrir espacios de diálogo, memoria y arte. Aunque esta no debe ser la única temporada en la que se aperturen espacios para la diversidad sexogenerica, recopilamos algunas actividades para celebrar la identidad de género y la sexualidad sin tabúes ni discriminación.

1.  ¡Encuentro Sáfico al Centro de la Imagen!

Si eres una amante de la imagen y la fotografía, el Centro de la Imagen tiene preparado una serie de actividades para impulsar iniciativas independientes de mujeres sáficas. Desde un Bazar Cuir hasta? performance, este espacio está diseñado para abrir el diálogo entre la comunidad y celebrar el arte.

¿Cuándo?: Sábado 20 de junio, 13:00 a 18:00 horas.

¿Dónde?: Centro de la Imagen.

Entrada: Libre.

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Este Mes del Orgullo, la comunidad lencha sale a marchar. No se trata de una marcha convencional, sino de un espacio diseñado para que niñas, adolescentes, mujeres y personas no binarias convivan en un espacio de celebración identitaria, concientización y denuncia. 

Esta es la Marcha Lecha, un espacio organizado por un comité de aproximadamente 40 personas voluntarias y es totalmente sin fines de lucro.

El evento contará con un equipo de aproximadamente 100 brigadistas de cuidados encargados de que la comunidad se cuide a sí misma durante el trayecto y las actividades. Para conocer más al respecto platicamos con Lorena Gonzalez, parte del comité organizador de la Marcha Lencha.

Una vez que la marcha llegue a su destino, comenzará un evento que contará con la conducción de Nudity y presentaciones de artistas como Moran & Prochet, Sasha Sathya, Kannabika Sonidero, Sóffica y Jennifer Silva, además de una invitada especial.

También se destinará un espacio donde se ofrecerán talleres, pruebas de VIH, asesoría legal y médica, y venta de productos de emprendimientos locales. Además, como acto de manifestación, se llevarán a cabo retas de fútbol callejero entre las 14:00 a 18:00 horas. 

¡Y lo más esperado del día! La Marcha Lencha 2026 cerrará su jornada con un evento de ballroom exclusivo para las lenchitudes.

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Entre los gritos de la afición mexicana, que celebran cada gol de la selección nacional, se ahogan las peticiones de madres buscadoras, las exigencias por mejores condiciones laborales, y el descontento local por una Copa del Mundo 2026 que excluye a las y los nacionales. 

La fiesta no es para todxs: para las mujeres muchas veces se convierte en el infierno, y es que, entre las demandas sociales, también se esconde una urgencia: el incremento de la trata de personas.  

En México, entre enero de 2015 y mayo de 2025, se han registrado 2,935 víctimas de trata de entre 0 y 17 años, de las cuales el 74.8% son mujeres. Entidades como la Ciudad de México, el Estado de México y Chihuahua, donde se encuentran o colindan sedes mundialistas, ya figuran entre las zonas con mayor registro de víctimas menores de edad, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

¿Qué sucede en el contexto mundialista? “Podrían aumentar los riesgos de explotación sexual, explotación laboral, trabajo infantil, captación de adolescentes mediante redes sociales y el reclutamiento de personas para actividades ilícitas. También es importante vigilar situaciones de explotación en sectores relacionados con el turismo, el hospedaje, el transporte y los servicios”, señala Karla Jacinto,  sobreviviente de trata de personas y activista en entrevista con La Cadera de Eva.

La historia entre la trata de personas y eventos deportivos masivos no es nueva. Aunque, como señala Jacinto en entrevista, estos eventos no aumentan la trata de manera automática, históricamente han servido como catalizadores para que las redes de explotación operen con mayor intensidad.

Un ejemplo es la Copa Mundial de Alemania 2006, cuando la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) expresó en su momento una profunda preocupación por la posibilidad de que entre 30 mil y 60 mil mujeres y niñas fueran objeto de trata con fines de explotación sexual durante el torneo. 

En ese entonces se anticipó que la llegada de más de un millón de hombres a las 12 ciudades sede provocaría un incremento sustancial en la demanda del sector del sexo, lo que motivó campañas de organizaciones como Amnistía Internacional exigiendo “tarjeta roja” a la trata. En México, la Secretaría de Turismo (Sectur) espera la llegada de aproximadamente 5.5 millones de visitantes extranjeros y nacionales.

Otros ejemplos van desde el incremento en el volumen de anuncios de “acompañantes”, oscilando entre un 50% y un 100% por encima de los valores normales de referencia, durante los Juegos Mundiales de Birmingham 2022, hasta intentos de captación, como ocurrió en el Super Bowl 2023, cuando tratantes intentaron secuestrar a una joven con discapacidad en Canadá para explotarla durante el evento en Arizona.

En México, modalidades más identificadas incluyen la explotación sexual, el trabajo o servicios forzados, la mendicidad forzada, el matrimonio forzado, la utilización de niñas, niños y adolescentes en actividades ilícitas y diversas formas de explotación laboral, explica Jacinto, enfatizando que todas implican control, engaño y vulneración de derechos. 

En 2012 entró en vigor la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, la cual define los tipos penales y las obligaciones de las autoridades. Sin embargo, a pesar de contar con estos protocolos, las fuentes señalan que México aún carece de una política pública preventiva integral que aborde las causas estructurales del delito. 

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Amix, seguramente cuando eras niña —muy al estilo de 31 minutos—, quedaste hipnotizada por el mundo de la televisión, el cine, la radio y la comunicación. Ese maravilloso mundo lleno de colores, alegría e información en donde podías entretenerte y aprender al mismo tiempo.

Sin embargo, puede que no todo haya sido increíble en ese entonces. La infodemia no es algo nuevo, ha rondado por décadas y, en la infancia, era muy fácil consumir contenido inapropiado si es que no estabas bajo la supervisión de una persona adulta.

Pero ¿qué pensarías si te decimos que en México existe un personaje divertido, amigable e inteligente que defiende los derechos de las audiencias infantiles?

¡Natalia López y Gil Chávez hicieron esto una realidad! A través del personaje y  la iniciativa transmedia universitaria, Omberto Resuelve, buscan acercar los derechos humanos y de las audiencias a la infancia para transformar conceptos jurídicos complejos en explicaciones sencillas.

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Perú podría tener a la primera mujer presidenta en su historia; aunque esta noticia marcaría un hito en la paridad sustantiva del país, la noticia deja un panorama agridulce para la región. 

En medio de una extrema incertidumbre, y después de que el pasado 7 de junio las y los peruanos salieran a votar en la segunda vuelta presidencial, Perú aún no tiene presidente debido a un margen de diferencia mínimo entre Keiko Fujimori, que representa a Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ya han sido procesadas alrededor de 98.650% de las actas, dándole una mínima ventaja a Fujimori con un porcentaje del 50.051%, mientras que Sánchez llegó al 49.949%.

El margen es de apenas 18 mil 601 votos; esta cifra, aunque pequeña, es significativa, pues la población está dividida. Aunque el sistema de la ONPE ya no registra actas pendientes de procesamiento, existen 1 mil 305 actas que han sido enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su revisión y resolución. 

El problema reside en que estas actas en revisión podrían contener hasta 390 mil votos, lo que aún podría alterar el resultado final.

La historia familiar de Keiko Sofía Fujimori Higuchi está directamente relacionada con su carrera política.  Hija primogénita del ex presidente autócrata, Alberto Fujimori, y de la ex congresista Susana Higuchi, Keiko Fujimori creció en el centro de una familia japonesa inmersa en la política peruana. 

Su trayectoria pública comenzó a los 19 años cuando asumió el rol de primera dama de Perú en 1994, tras la separación de sus padres en medio de denuncias y escándalos de corrupción y abusos de poder que se intensificaron después del autogolpe de Estado en Perú de 1992, conocido como el “Fujimorazo”.

A pesar del tenso clima político, Fujimori se formó profesionalmente en Estados Unidos, obteniendo títulos en Administración de Empresas por la Universidad de Boston y un MBA por la Universidad de Columbia y regresó a Perú para convertirse en la líder del partido Fuerza Popular. 

Esta no es la primera vez que Keiko Fujimori intenta llegar a la presidencia de Perú, lo ha intentado en cuatro ocasiones diferentes —2011, 2016, 2021 y 2026—, alcanzando la segunda vuelta en todas ellas. Aunque Fujimori persiste en ser electa presidenta sin triunfo, esta segunda vuelta podría marcar un rumbo diferente. 

¿Qué implicaría la llegada de Keiko Fujimori a la presidencia de Perú? El historial de autoritarismo, represión y corrupción no se borra, es una herida abierta presente en la vida de las y los peruanos. Convertirse en la primera mujer presidenta de Perú no garantiza que su agenda no profundice la violencia y perpetúe la concentración del poder. 

Como señala la organización Proyecto Igualdad Perú, “Un voto feminista no siempre es elegir una opción perfecta: en ocasiones, significa impedir que el autoritarismo avance (...) Consiste en defender las condiciones mínimas desde las cuales aún es posible organizarse, resistir y disputar agendas”.

Y es que la agenda política de Fujimori continúa con la línea conservadora que pone al frente políticas de “mano dura” contra la criminalidad, favorecer al libre mercado sobre los intereses de las y los ciudadanos y restringir derechos esenciales, como los derechos reproductivos y sexuales. 

Desde el inicio de su carrera política, Fujimori ha defendido los “valores tradicionales”: en 2016, durante su segunda candidatura presidencial, Keiko Fujimori se manifesto en contra del aborto en casos de violación y añadió que defendería “la familia, rechazar la unión civil, el matrimonio homosexual y la adopción de niños por parte de las personas del mismo sexo”, como reportó el medio digital DW.

En 2021, durante la tercera campaña presidencial de Fujimori, en la que se enfrentaba a Pedro Castillo, la población LGBTQ+ vivía con miedo, discriminación y segregación, un panorama que se construyó sobre los cimientos del colonialismo y se reafirmó en el siglo XX, con la violencia y discursos de odio, como señaló el sitio de periodismo Agencia Presentes en un reportaje de 2023: “Ganara o perdiera cualquier candidato, Sandra suponía que las mujeres trans estaban en la mira” se lee en el reportaje. 

Hoy el panorama no es diferente. Los derechos continúan pendientes de un hilo muy delgado. Otro ejemplo de la agenda regresiva es la no ratificación del Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que entró en vigor el 22 de abril de 2021 con el propósito de, por un lado, garantizar información ambiental y justicia ambiental, así como reconocer, proteger y brindar seguridad a las personas, grupos y organizaciones que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.

Durante el debate presidencial del 1 de abril, previo a la primera vuelta de votaciones, Fujimori afirmó que su gobierno no estaba interesado en la ratificación del acuerdo. “No estamos de acuerdo con la ratificación de este acuerdo porque creemos que los más importante es la presencia del Estado en nuestra Amazonía”, dijo, argumentando que la región necesita atención del Estado con “urgencia y seguridad”. 

Ante esta postura, organizaciones activistas como Mocicc Perú se preguntan “¿Qué harán para garantizar información ambiental pública y accesible?, ¿Cómo asegurarán participación real en decisiones que afectan territorios y comunidades?, ¿Qué medidas concretas proponen para proteger a defensoras y defensores?”. 

Mientras no haya presidente o presidenta, las dudas persisten y la tensión aumenta; sin embargo, es necesario recordar que tener una mujer presidenta tampoco garantiza una agenda con perspectiva de derechos humanos, diversidad, y territorios. 

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Durante eventos deportivos, la pasión no solo se vive en la cancha; se transmite en colectividad mediante la imagen capturada. Los logros encuentran su lugar en la historia a través de un registro permanente que se convierte en archivo y memoria. 

Las imágenes más memorables nacen en “cascaritas”, en retas amistosas comunitarias y en torneos deportivos profesionales. En el marco de la Copa del Mundo 2026, la mirada de fotoperiodistas mujeres cobra mayor relevancia. 

Por ello, la colectiva Mexican Women Photographers, junto a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, busca visibilizar el trabajo especializado y la trayectoria de las creadoras visuales en el ámbito del periodismo deportivo, un sector históricamente dominado por hombres, a través de la muestra fotográfica  “Mirada de gol: Fotógrafas en la cancha”. 

Te contamos los detalles.

Esta exposición fotográfica va más allá del triunfo, entiende el fútbol no solo como una competencia deportiva, sino como un fenómeno social y cultural fundamental para la construcción de la identidad colectiva y el tejido social en México.

La muestra se compone de 31 imágenes que capturan la pasión tanto en escenarios profesionales como en la cotidianidad de barrios icónicos como Tepito, la Merced o el Zócalo y con la participación de 24 fotógrafas mexicanas, entre las que destacan periodistas como Andrea Murcia, Sáshenka Gutiérrez Valerio y Crisanta Espinosa Aguilar.

Las imágenes buscan visibilizar y dialogar con comunidades generalmente vulneradas, retratando a mujeres futbolistas, infancias, aficiones, personas con discapacidad y miembros de la diversidad sexual y de género.

Como parte de los preparativos para el Mundial  2026, Chapultepec también se llenará de fotografía deportiva hecha por mujeres; la muestra, “Fragmentos de una Ciudad Infinita”, llegará a las galerías al aire libre del Bosque de Chapultepec. 

Esta exposición propone una mirada plural y en constante transformación de la capital, utilizando la fotografía como una herramienta para construir una memoria visual compartida y fortalecer la identidad urbana, pues celebra la naturaleza cambiante de la Ciudad de México a través de imágenes de sus monumentos, mercados, plazas, festividades, transportes y paisajes cotidianos.

Está compuesta por un total de 178 fotografías y reúne las visiones de 62 fotógrafas y fotógrafos de distintas generaciones como Olivia Vivanco, Santiago Arau, Francisco Mata Rosas,Alejandro Medina Guzmán y Dorian Ulises López Macías.

Ambas exposiciones se encuentran ubicadas en las galerías al aire libre del Bosque de Chapultepec, sobre la Avenida Paseo de la Reforma; son de acceso gratuito y están abiertas a todo público.

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En México, las niñeces tienen derecho a gozar de una vida libre de cualquier tipo de violencia. Así lo establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), expedida en 2014 y reformada recientemente en mayo de 2024, garantiza un total de 20 derechos fundamentales para toda la niñez y adolescencia del país, en donde se enfatiza el derecho  de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal, que obliga a las autoridades a tomar medidas para prevenir, atender y sancionar casos donde los menores se vean afectados por el trabajo infantil, la trata o la coacción para participar en delitos.

Sin embargo, para miles de niñeces, la realidad es diferente. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022, en México del 28.4 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años, 3.7 millones (13.1 %) se encontraban en situación de trabajo infantil. 

El panorama no es diferente a nivel mundial. Según cifras de de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la actualidad existen 138 millones de niños y niñas en situación de trabajo infantil en todo el mundo. De esa cifra, casi 54 millones realizan trabajos considerados de riesgo.

Hoy, 12 de junio, en el marco de la conmemoración dell Día Mundial contra el Trabajo Infantil, —fecha instituida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y declarada por la ONU— recordamos la necesidad de sensibilizar a la sociedad sobre esta problemática y fomentar acciones para su erradicación.

De acuerdo con la ONU, el trabajo infantil consiste en la participación de niñas y niños en labores para las cuales son demasiado jóvenes, especialmente cuando estas involucran algún grado de peligro o explotación. Esta es una violación a los derechos de las infancias, ya que pone en riesgo la salud, la seguridad y el desarrollo integral —físico, mental, social y educativo— de las y los menores de edad.

Este es un problema derivado de la pobreza sistémica, que obliga a las niñeces a trabajar para satisfacer necesidades básicas como la alimentación, y se origina en la carencia de sistemas educativos eficientes, la discriminación y la repartición desigual de oportunidades.

En sus formas más extremas, incluye situaciones críticas de abuso como la esclavitud, la trata de menores de edad, el trabajo forzoso, el reclutamiento para conflictos armados, la prostitución y la realización de actividades ilícitas. 

“No todo trabajo infantil constituye trata de personas, pero algunas de las peores formas de trabajo infantil sí pueden estar vinculadas con ella”, señala Karla Jacinto, sobreviviente de trata de personas para La Cadera de Eva. “Cuando existe explotación, coerción, engaño, amenazas o aprovechamiento de la vulnerabilidad de una niña, niño o adolescente, podemos estar frente a situaciones relacionadas con la trata. Por eso es fundamental proteger sus derechos y garantizar acceso a educación, seguridad y oportunidades”.

La importancia de proteger sus derechos es una urgencia, especialmente cuando, a nivel mundial, la agricultura es el sector con mayor presencia de trabajo infantil con el 61%, seguido por los servicios, 27%, —que incluye el trabajo doméstico y la venta en mercados— y la industria con el 13%, que abarca la minería y la manufactura, retomando cifras de la ONU.

En México, el 60.2 % de las infancias que realizan activamente un trabajo son hombres, mientras que el 39.8 % son mujeres (INEGI). ¿En qué están trabajando las niñas mexicanas? Cuando se habla de tareas de cuidado y trabajos no remunerados a menudo se omite la participación de las menores de edad. No se trata solo de mujeres adultas cuidadoras, también de niñas. Los datos son claros: el 30.8 % de las niñas dedica más de 28 horas semanales a quehaceres del hogar, frente al 8.5 % de los niños en el mismo rango de tiempo. 

Un dato relevante es el impacto en la educación: el 21.1 % de quienes realizan quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas no asiste a la escuela.

Por otro lado, las personas de 15 a 17 años son las más afectadas, realizando el 48.9 % del trabajo, seguido por el de 10 a 14 años, con el 40.4 % y el de 5 a 9 años con 10.8 %. La gravedad es latente; en 2022, 2.1 millones de niñas y niños en trabajo infantil realizaban tareas no permitidas. 

Esta es una consecuencia directa de las desigualdades y, muchas veces, quienes se ven mayormente afectadas y afectados son las y los niños de pueblos originarios y afromexicanos, que no solo suelen realizar labores domésticas y agrícolas en sus comunidades, sino que la necesidad económica los obliga a migrar a zonas urbanas o campos agrícolas comerciales, donde son más propensos a la explotación y violaciones de sus derechos, como señaló el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

En este sentido, la defensa contra el trabajo infantil forzado no solo es necesaria; es urgente y requiere de la garantía de una vida libre de violencia, el acceso a la educación y el fortalecimiento de la protección social para las familias.

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La pelota regresa a casa y la violencia también. Dentro y fuera de la cancha, la historia del fútbol profesional se ha caracterizado por la euforia de la afición y, de paso, por los altos índices de violencia que se registran durante temporadas futboleras.

Las cifras apuntan a una tendencia sostenida. Como cita la organización Mujeres Vivas, Mujeres Libres, en el análisis Más allá de la cancha: lo que nadie te cuenta del Mundial, en Inglaterra, la Universidad de Lancaster encontró que las agresiones crecían un 38% cuando la selección perdía, pero incluso un 26% cuando ganaba o empataba.

El caso de América Latina no es diferente: en Colombia, la violencia contra las mujeres aumentó hasta un 43% durante los partidos del Mundial de 2014, mientras que en Brasil creció casi un 24% los días de partido de la liga nacional de fútbol. 

“Sin importar el marcador, las que más tienen que perder siguen siendo las mujeres”, señala la organización.

De acuerdo con el análisis, durante el Mundial de 2018, se registró un incremento del 12% en los reportes de violación en la Ciudad de México específicamente durante la semana en que la selección mexicana perdió contra Suecia y en el primer bimestre de 2026, las cifras de feminicidios en la CDMX aumentaron un 50% en el periodo previo a la inauguración del Mundial.

A esto se suma que la capital mexicana concentra el mayor número de llamadas de emergencia por violencia contra las mujeres en el país, registrando más de 9 mil 600 llamadas en solo dos meses

En cuanto a la vida profesional del deporte, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que el 78% de las mujeres que participan en el mundo del fútbol (jugadoras, árbitras, periodistas y aficionadas) han sido víctimas de violencia de género, señalando a la afición como el principal agresor. Esta cifra es grave considerando que, según datos del INEGI, 7 de cada 10 mujeres en México han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida.

La historia del fútbol no solo es celebración, también se trata de un laboratorio, de un fenómeno complejo que refleja desde conflictos en la cancha hasta problemas sociales profundos. 

Como señala Fernando Carrión Mena en  Fútbol y violencia: las razones de una violencia sin razón, desde sus orígenes el fútbol ha sido concebido como una “continuación de la guerra por otros medios”, pues ha incorporado lenguaje y tácticas militares como “estrategia”, “ataques” y “bombazos” en la cotidianidad. 

En dicho texto se retoma una leyenda inglesa que sitúa el origen de la primera pelota en la cabeza de un soldado romano muerto en batalla en el año 55 a.C. o en el cráneo de un vikingo. Como señala el autor, a finales de XVII, el juego era sumamente violento. En 1888, se registraron 23 jugadores muertos y decenas de fracturas; para 1890, la cifra de fallecidos subió a 26.

Ante la violencia extrema, surgió la necesidad de “civilizar” el conflicto para evitar su prohibición total. Esto dio lugar a la creación de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) como institución de “justicia” con reglas, además de la incorporación del árbitro como figura autoridad.

Hoy, el fútbol mainstream, como lo conocemos, ha transicionado a un esquema de deporte-entretenimiento-espectáculo, tal como se plantea durante las ceremonias de inauguración; sin embargo, la violencia se trasladó a las gradas.

En el siglo XIX surgieron grupos organizados como los hooligans en Inglaterra, las barras bravas en Argentina, como “La 12” de José Barrita y los ultras en España pero, ¿en qué consisten?

1. Hooligans 

Aunque su origen es cuestionado, este grupo cobró visibilidad internacional durante el Mundial de Inglaterra 1966. Se caracterizaban inicialmente por aparecer con cabezas rapadas, torsos desnudos y realizar cánticos injuriosos.

El grupo alcanzó su notoriedad más funesta con la tragedia de Heysel en 1985, donde un enfrentamiento con hinchas de la Juventus dejó 39 personas muertas.

A diferencia de otros grupos, los Hooligans suelen mantener una fuerte identidad local basada en sus ciudades o clubes, incluso cuando siguen a su selección nacional.

2. Barras bravas

El nacimiento de las barras bravas en Argentina se vincula a figuras como José Barrita, apodado “El Abuelo”, quien comandó la ya mencionada “La 12” hasta ser sentenciado en 1994 por la muerte de seguidores de River Plate. Su identidad se basa en el “honor masculino”, la idea de que deben demostrar valentía y capacidad de sacrificio físico por el grupo o los colores del equipo. 

Para estos grupos, los emblemas como banderas y camisetas son "trofeos de guerra”; robarlos o quemarlos representa una humillación suprema para el rival. Aquí, la masculinidad hegemónica comanda.

La primera barra brava en México fue la “Ultra Tuza”  del Pachuca, para la que se contrataron líderes extranjeros de Chile, Costa Rica y Argentina con el fin de organizarla.

3. Ultras

Los “ultras” surgieron con fuerza a partir de los años 80 en España y Europa. En algunos casos estos grupos se alimentan y promueven  ideologías de extrema derecha, racistas y xenófobas, utilizando el fútbol para manifestar una supuesta superioridad racial. 

Lo preocupante está aquí: con el tiempo, estos grupos han dejado de ser simples aficionados entusiastas para convertirse en organizaciones con estructuras complejas en donde la violencia impera y, en muchos casos, concluye con agresiones y violencia de género dentro o fuera de la cancha. 

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En México, el fútbol se vive y siente en cada rincón del país. El deporte se ha convertido en un espacio de comunión popular y cultural con una capacidad única para unir a las personas y moldear identidades de las personas. 

Sin embargo, el fútbol arrastra consigo un gran enemigo patriarcal: conductas machista y patriarcales, desde la brecha salarial entre jugadoras mujeres y hombres, el acoso a periodistas mujeres y la discriminación contra grupos de la comunidad LGBTQ+.

En el marco de la Copa del Mundo 2026, y la participación de México como sede mundialista junto a Canadá y Estados Unidos, resurgen, además, discursos de odio. A pesar de los esfuerzos institucionales por promover el respeto, aún se normalizan expresiones discriminatorias que afectan tanto a quienes practican el deporte como a quienes lo disfrutan o trabajan en él. 

Más allá de la emoción en la cancha, tras bambalinas, en canteras, en la celebración familiar, persiste la discriminación y, por lo tanto, la exclusión de miles de jóvenes que buscan espacios seguros. 

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]]> https://lacaderadeeva.com/actualidad/trabajo-de-cuidados-el-subsidio-invisible-que-sostiene-la-economia/16801 06/10/2026 10:58:00 a. m. El trabajo de cuidados equivale al 23.9% del PIB y sigue recayendo en las mujeres, limitando su autonomía económica y de tiempo, revela informe del CIEP.

¿Alguna vez te has preguntado de qué manera el sistema fiscal mexicano interactúa con la organización y estructura social del cuidado a lo largo de las distintas etapas de la vida?

En recientes años, hablar de políticas públicas y de presupuesto fiscal implica hablar inevitablemente  de cuidados, una tarea que por siglos ha sido sostenida por el trabajo no remunerado de las mujeres mexicanas, quienes realizan el 75% de los cuidados.  

Y es que el trabajo de cuidados no remunerado en los hogares equivale al 23.9% del PIB nacional, lo que representa una transferencia implícita de recursos hacia el sistema económico y  un subsidio invisible que es sostenido mayoritariamente por mujeres. 

Esto es lo que se investiga en el informe “Los cuidados y las finanzas públicas. El ciclo de vida fiscal”, realizado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP) y que se presentó públicamente este 9 de junio en presencia de la economista y Directora Ejecutiva del CIEP, Alejandra Macías Sánchez, quién mencionó:

“Parece anticlimático que hoy los invitemos a hablar de cuidados cuando esta semana y la siguiente  parece que solo vamos a hablar de fútbol (...). Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los cuidados no paran, independientemente de lo que pase. Estas actividades son las que sostienen la vida y es una actividad invisible”.

Te contamos. 

Los cuidados —entendidos como el conjunto de actividades, relaciones y procesos necesarios para sostener la vida, el bienestar y la autonomía de las personas— son el pilar que sostiene la vida y el sistema económico, pero su organización actual es profundamente desigual y recae de manera desproporcionada en las mujeres. 

De acuerdo con el informe, las mujeres destinan en promedio 40.9 horas semanales al trabajo no remunerado, más del doble que los hombres, quienes solo dedican 19.5 horas. Añadiendo el trabajo pagado, las mujeres trabajan 12.3 horas más a la semana que los hombres pues  la suma de las horas invertidas en el trabajo remunerado y el no remunerado resulta en un total de 83.1 horas a la semana, frente a las 70.8 horas de los hombres.

¿Y cuáles son las consecuencias de esta distribución no equitativa? La respuesta se encuentra en la restricción de la autonomía, que los feminismos han peleado desde su concepción. 

Según el informe, la distribución inequitativa de los cuidados limita sistemáticamente tres tipos de autonomía en las mujeres: la autonomía económica, de tiempo y funcional. Por un lado, la carga de cuidados restringe su participación laboral, empujándolas hacia empleos precarios, de tiempo parcial o a la inactividad, mientras que la falta de tiempo o “pobreza de tiempo”, reduce sus posibilidades de descanso, educación o desarrollo personal. 

Esto resulta en una pérdida de autonomía funcional, es decir, cuando las personas cuidadoras no cuentan con las condiciones para cuidar sin reducir su propia autodeterminación y bienestar.

El sistema fiscal no es neutral y las personas se relacionan con él de forma distinta según su edad, alternando etapas de dependencia con etapas de contribución. De acuerdo con el informe, el impacto a lo largo del ciclo de vida es, por ende, diferenciado. 

En el caso de la primera infancia (0-5 años), etapa en la que el cuidado de las y los más pequeños recae casi exclusivamente en las mujeres dentro del hogar, la contribución al sistema tributarios asciende a los 1 mil 798 pesos anuales  per cápita (0.3% del total fiscal), y los de 6 a 12 años aportan poco más de 2 mil pesos (0.5% del total).

Es durante la adolescencia (13 a 17 años) que se empiezan a recibir menos cuidados directos, pero asumen responsabilidades de cuidado en el hogar. Este es el grupo con el mayor gasto público per cápita (14 mil 876 pesos), concentrado en becas y educación media superior. Sin embargo, en esta etapa las personas adolescentes también inician su transición fiscal con aportaciones de 4 mil 494 pesos anuales per cápita.

Las mujeres jóvenes de 18 a 29 años de edad asumen una carga crítica, pues son el grupo que dedica más tiempo a cuidar a otros, con un promedio de 56 horas semanales; por ejemplo, del total de personas que no asisten a la escuela por realizar trabajo doméstico, el 90.6% son mujeres. Su aporte fiscal crece al 14.9% del total (más de 42 mil pesos anuales per cápita).

Mientras, personas adultas de 30 a 59 años son el principal sostén del sistema, dedicando 51.2 horas semanales a cuidar de otras generaciones mientras son las mayores contribuyentes fiscales aportando el 62.7% del total de los ingresos del Estado (casi 82 mil pesos anuales per cápita).

Finalmente, las personas adultas mayores (de más de 60 años de edad) concentran la mayor necesidad de cuidados de largo plazo y dependencia funcional. Sin embargo, a pesar de su edad, muchos siguen siendo cuidadores, dedicando 38.9 horas semanales a tareas no remuneradas. Su contribución es del 20.8% (más de 70 mil 500 pesos) del total, pero el gasto que reciben es de apenas 10 mil pesos per cápita.

Esta situación es crítica pues, como se señala  el CIEP, para 2050 la población de 60 años o más se habrá duplicado, lo que ejercerá una presión fiscal y social insostenible si no se transita hacia un sistema donde el Estado, el mercado y la comunidad compartan la carga que hoy asumen desproporcionadamente las familias y las mujeres.

El cuidado no solo es un conjunto de acciones, también es un derecho humano fundamental tridimensional que reconoce el derecho a recibir cuidados, el derecho a brindar cuidados en condiciones dignas y el derecho al autocuidado. ¿En dónde está la atención para las personas cuidadoras en México? 

En México, alrededor de 115.7 millones de personas realizan trabajo de cuidados no remunerado que desempeñan diferentes tipos de cuidados —directos, indirectos, mental y emocional, intensos y especializados—, desde atenciones como acompañamientos y vigilancias, trabajo doméstico como limpieza y cocina, hasta atenciones motrices y psiquiátricas. 

Aunque la recién aprobada Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México ahora es una realidad, las deudas siguen pendientes, especialmente a nivel nacional. A pesar de la creación del Anexo 31 para visibilizar el gasto en cuidados, existe una gran desproporción: las personas cuidadoras reciben apenas el 0.06% del total de los recursos de dicho anexo. 

La mayoría del gasto se orienta a transferencias monetarias que no necesariamente reducen la carga de trabajo cotidiano.

Para dignificar el trabajo de las personas cuidadoras, el estudio propone el marco de las 5R: 

• Reconocer: visibilizar y valorar el trabajo de cuidados remunerado y no remunerado.

• Reducir: disminuir la carga de tiempo mediante servicios públicos e infraestructura.

• Redistribuir: repartir responsabilidades entre el Estado, mercado, familias y comunidad, así como entre hombres y mujeres.

• Remunerar: garantizar ingresos justos, derechos laborales y protección social para quienes cuidan.

• Representar: asegurar la voz de las personas cuidadoras en las decisiones públicas.

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A pocos días de la inauguración de la Copa del Mundo 2026, que tendrá como sede el recién nombrado Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), en la capital del país se ha gestado un fuerte movimiento de resistencia urbana.

Entre la movilización activa que sostiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Zócalo Capitalino, y las múltiples denuncias de impunidad ante la crisis de desapariciones en México —al día de hoy se registra una cifra de más de 133 mil personas desaparecidas y no localizadas—, activistas señalan que el famoso torneo deportivo profundiza las problemáticas que atraviesan al país.

Detrás de las obras y remodelación del espacio público —como del recién inaugurado "Jardín Flotante de la Calzada de Tlalpan", cuya construcción continúa sin finalizar en su totalidad, pues únicamente se entregó el tramo Pino Suárez-San Antonio Abad, aunque se tenía previsto llegará a la estación del metro Chabacano— se oculta a plena luz del día la privatización, que no resuelve problemas estructurales de los habitantes, gentrificación, desalojos forzados, escasez de agua y la desaparición de personas, como te contamos en esta nota.

Las movilizaciones previstas, como la marcha, son diversas y se constituyen desde la comunidad. En días recientes diversos medios de comunicación hegemónicos han difundido la convocatoria de una supuesta “Megamarcha” que, como enfatizó el Centro de Comunicación Popular y Acción Colectiva, junto a otras organizaciones en redes sociales, es falsa y su difusión ha sido asociada a perfiles de ultraderecha y antiderechos, como el de “Mexicanos libertarios”. 

“Las rutas en su convocatoria fueron inventadas por estos grupos sin consultar a nadie en las bases ni al movimiento social y no están confirmadas, por ningún grupo de madres buscadoras, colectivos, campesinos, ni sindicatos democráticos. Mucho menos por la CNTE”, señalaron en la publicación. 

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¿En dónde queda la justicia para las niñas y adolescentes? Hace un par de días se viralizó en redes sociales un caso ocurrido en Ecatepec, Estado de México, relacionado con violencia sexual y abuso de poder, que abrió nuevamente la discusión sobre la violencia que enfrentan niñas y adolescentes, las relaciones desiguales de poder y las fallas institucionales en el acceso a la justicia.

El caso se centra en una supuesta relación marcada por una evidente asimetría de poder y en el abuso sexual cometido por Víctor “N”, profesor de 49 años de edad, contra una alumna de 14 años de la Secundaria Federalizada 53 “Quetzalcóatl” en Ecatepec. Te contamos.

En enero de 2026, Leticia Estrada, la madre de la menor, descubrió conversaciones en el celular de su hija en donde el abuso era evidente. El profesor admitió la relación en un audio, alegando que eran “novios” y que se trataba de una relación consensuada e, incluso, que pretendía pedir permiso a los padres para continuar el “vínculo”.

Víctor “N” fue denunciado y quedó detenido bajo prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, y a pesar de que la madre de la menor presentó pruebas para demostrar que el profesor manipuló a su hija para abusar de ella, la defensa promovió un amparo que permitió al docente que el juez Luis González Carmona le otorgara el beneficio de prisión domiciliaria tras pagar una fianza de 75 mil pesos el pasado 29 de mayo. 

Actualmente, enfrenta el proceso desde su vivienda, la cual se encuentra a solo cinco minutos de la casa de la víctima.

A través de un comunicado, la Secretaría de las Mujeres señaló: “Las relaciones entre personas adultas y menores de edad no pueden verse bajo parámetros de igualdad o libre consentimiento propios de las relaciones adultas. La diferencia de edad y las condiciones de poder genera una situación de especial riesgo para las niñas, niños y adolescentes , por lo que la situación debe atenderse con perspectiva de género y conforme a la ley”.

Además, hizo un llamado enérgico para que la impartición de justicia se apegue a los principios de interés superior de la menor de edad y rechazó la normalización y justificación de las supuestas relaciones entre adultos y menores de edad. 

En este caso, como en muchos otros, el sistema judicial ha omitido juzgar con perspectiva de género, permitiendo medidas como la prisión domiciliaria para agresores sexuales, lo que revictimiza a las menores y sus familias. La respuesta ha sido insuficiente. Así lo ha denunciado la familia de la menor. 

Este caso de abuso no es único. En México, la violencia contra niñas, niños y adolescentes muestra una tendencia preocupante, con cifras que han alcanzado máximos históricos en delitos específicos durante la primera mitad de 2025, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), los delitos contra personas de 0 a 17 años, en 2025 se reportaron 20,028 delitos, lo que representa un aumento del 2.5% anual respecto al 2024.

Entre las entidades con mayor incidencia de delitos en contra de la niñez, se encuentra el Estado de México en primer lugar, seguido por la Ciudad de México y Guanajuato en 2025. El Estado de México encabeza también la lista de los estados con mayor número de casos de feminicidio junto a Tabasco y Veracruz. 

A esto se suman los casos de fecundidad forzada, una violación a los derechos humanos consecuencia de abuso sexual que, de acuerdo con la Coordinación de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva, en 2025, se estima que ocurrieron casi 8 mil nacimientos en niñas de 10 a 14 años, mientras que en 2024 se estima que el 1.8% de los progenitores tenían alrededor de 35 años o  más. 

En este panorama, y más allá de la atención mediática y de la circulación masiva del caso, el hecho vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta: ¿cómo responde el sistema cuando quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad son niñas y adolescentes?

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Los derechos no están garantizados para siempre. Mientras activistas por los derechos de la personas y la comunidad LGBTQ+ resisten día con día a la hegemonía del sistema cis-heteropatriarcal, en los congresos se decide quién puede o no acceder a derechos básicos. 

En Querétaro, el veto a la Ley de Identidad de Género lo demostró. Desde entonces, se han desplegado diversas protestas y llamados a frenar discursos excluyentes y discriminatorios. Te contamos. 

El 30 de abril de 2026, el Congreso local de Querétaro aprobó con 14 votos a favor y 11 en contra, la Ley de Identidad de Género Autopercibida. Esta legislación permite que las personas ciudadanas modifiquen su acta de nacimiento mediante un proceso administrativo simplificado en el Registro Civil, eliminando la necesidad de un proceso judicial largo y costoso. 

En ese entonces, la iniciativa recibió el respaldo de la mayoría; sin embargo, legisladores expresaron preocupaciones sobre el alcance de la reforma, particularmente respecto a la exclusión de menores de edad y la falta de normativas en espacios públicos, pues la ley establece requisitos específicos, como tener nacionalidad mexicana y ser mayor de edad, es decir, tener los 18 años cumplidos. 

A pesar de que el objetivo de la reforma era armonizar el Código Civil para garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la identidad según los estándares actuales de derechos humanos en México, los tratados internacionales a los que el país está adscrito, y lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la rectificación de nombre y género como derecho fundamental, la reforma corre peligro. 

Después de su aprobación se esperaba que la ley fuera publicada en el Diario Oficial del Estado para su entrada en vigor en los días siguientes, pero a finales de mayo de 2026, el gobernador Mauricio Kuri González anunció que vetaría la ley. 

“Les informo a las y los queretanos que estoy vetando, conforme a mis facultades constitucionales, la llamada ‘ley de identidad de género’”, anunció el gobernador mediante un video en redes sociales. 

El principal argumento del gobernador para el veto es que la ley supuestamente permitiría a niñas, niños y adolescentes cambiar su sexo en el acta de nacimiento por autopercepción. Además, señaló que la reforma era un “tema ideológico” impulsado por la “izquierda radical” que pretendía imponerse a la sociedad.

Sin embargo, tanto el autor de la iniciativa, Arturo Maximiliano García, como otros legisladores señalan que, en el propio texto legal, se aclara que el trámite es exclusivamente para personas mayores de edad.

Una vez que se anunció el veto, organizaciones como el Comité Organizador de la Marcha de Orgullo y Dignidad LGBT+ de Querétaro, Colectivx Diversidad y Sierra Incluyente emitieron pronunciamientos de rechazo total, en el que calificaron la decisión como una estrategia de “desinformación, odio y pánico moral”, y señalaron que las palabras del gobernador, especialmente al sugerir que ciertos movimientos buscan “contaminar” el estado, son irresponsables, regresivas y peligrosas, ya que validan la exclusión y la violencia contra la comunidad trans.

“Denunciamos públicamente que el comunicado emitido por el Ejecutivo para justificar el veto es una falacia jurídica que busca desinformar a la ciudadanía. (...) Repudiamos enérgicamente las narrativas transfóbicas promovidas desde Palacio de Gobierno que sugieren que el reconocimiento de la identidad abre la puerta para que ‘criminales oculten su personalidad’”, señalaron las organizaciones a través del  comunicado en conjunto. 

Y agregaron: “Los derechos humanos no se vetan, la dignidad no se negocia”.

Entre consignas como “No al veto” y “Aquí está la resistencia trans”, activistas y personas de la comunidad LGBTQ+ salieron a las calles de la Plaza de Armas en Querétaro para manifestarse en contra del veto el pasado 28 de mayo. 

En este Mes del Orgullo, los colectivos hacen un llamado para protestar en contra de la exclusión. “¡Es momento de unidad de los movimientos sociales contra la ultraderecha y ponerles un límite constitucional! Ahora tocó a la población Trans y NB. ¿Qué otra población sigue en quitarle sus derechos? ¿Si no es ahora, cuándo?”, enfatizaron, invitando a la ciudadanía a participar y acuerpar a la comunidad el próximo sábado 13 de mayo a las 16:00 horas en San Juan del Río, Querétaro. 

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En México, ejercer el periodismo es un trabajo que pone en riesgo vidas. Ser mujer y periodista representa una doble amenaza. De acuerdo con Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), esto se debe a que cuando la violencia se ejerce contra una mujer periodista, convergen dos factores de riesgo: los derivados de su labor informativa y los propios de la violencia de género que enfrentan las mujeres en el ejercicio de su profesión.

Este es el caso de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, quien ha sido víctima de desaparición forzada desde el 2 de junio de 2026 en el municipio de Nanchital, Veracruz. Te contamos el caso. 

En 2025, la periodista Roxana Guzmán, fundó el medio digital Pulso Informativo del Sureste, tras regresar a Veracruz. Ahí, Guzmán desempeñó las funciones de directora y reportera, enfocándose en denuncias ciudadanas y rendición de cuentas a nivel local hasta el pasado 2 de junio, fecha en la que se denuncia su desaparición. 

De acuerdo con los reportes, al menos tres hombres armados y encapuchados irrumpieron violentamente en su domicilio alrededor de las 6:00 horas, rompiendo cristales y sometiendo a sus familiares, a pesar de la presencia de un bebé, para llevársela por la fuerza. 

Este momento quedó grabado en un video que circula en redes sociales, difundido por familiares que denuncian la irrupción violenta y que piden justicia tras los hechos. 

Esta no es la primera vez que la periodista y su familia se enfrenta a una situación de persecución, antes ya se tenían antecedentes de amenaza y peligro. En 2017, su esposo, Carlos Fernández Escalante, fue asesinado frente a ella. Tras este evento, se vio obligada al desplazamiento forzado fuera del estado, regresando apenas hace un año para retomar su labor periodística.

Se tiene registro de que en 2019, Guzmán solicitó protección debido a un hostigamiento presuntamente por parte de una funcionaria municipal, por lo que, tras su  desaparición se activó específicamente la Alerta Mujeres Periodistas para presionar a las autoridades federales y estatales en su localización.

Después de Palestina, México fue la segunda nación más letal para la prensa en 2025, superada únicamente por Palestina, de acuerdo con información de Reporteros Sin Fronteras. Y es que, tan solo en 2025, 9 periodistas fueron asesinados en el país, lo que representó la cifra más alta de homicidios en un periodo de tres años.

En cuanto a desapariciones, México ocupó el segundo lugar a nivel mundial en desapariciones de comunicadores con 28 casos en 2025, solo por detrás de Siria, con 37.

A esto se suma el género, un factor fundamental cuando se habla de justicia e impunidad. En el ilustrativo estudio de CIMAC se reveló que 73% de las reporteras encuestadas ha sufrido acoso sexual, el 57% de los medios carece de protocolos contra violencia de género y el 36% ha pensado en abandonar la profesión debido a las condiciones y violencias que viven en el desarrollo de su carrera.

A esto se suma que, de las 670 personas periodistas protegidas por el Mecanismo federal, solo 28% son mujeres, pese a que ellas representan casi la mitad de las agresiones. Ante este panorama surge la pregunta: ¿por qué en México la vida de quienes informan siempre pende de un hilo?

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Históricamente, las trabajadoras sexuales se han enfrentado a violencia sistémica, discrimación, segregación y, en la última forma de violencia machista y patriarcal, al feminicidio y transfeminicidio. Por ello, este 2 de junio, Día Internacional del Trabajo Sexual, trabajadoras sexuales marcharán para exigir que se garanticen sus derechos. 

La marcha, convocada por la organización Trasuix, se partirá desde el Ángel de la Independencia a las 17:00 horas para llegar a la Plaza Palestina Libre, como un acto de solidaridad con el pueblo palestino, alrededor de las 18:00 de la tarde, en donde se llevará a cabo una práctica de Vogue Femme con Azul Hathor y un taller de bordado para crear una pieza colectiva.

“Frente a la violencia institucional, el desplazamiento provocado por los megaproyectos y la criminalización de nuestras vidas, respondemos con organización y lucha colectiva”, denunció la colectiva de trabajadoras sexuales, Trasuix, a través de una publicación en redes sociales.

Esta fecha tiene su origen en una protesta histórica ocurrida en 1975 en Lyon, Francia. Ese 2 de junio, entre 100 y 150 trabajadoras sexuales ocuparon la Iglesia de Saint-Nizier en Lyon para denunciar sus condiciones precarias de trabajo, la criminalización y las continuas represalias.

Las manifestantes exigían el fin del acoso policial, la reapertura de los hoteles donde trabajaban y una investigación adecuada sobre una serie de asesinatos de trabajadoras sexuales.

Como recopila la Global Network of Sex Workers Project durante la protesta colgaron una pancarta en el campanario que decía: “Nuestros hijos no quieren que sus madres vayan a la cárcel”, poniendo al centro de la conversación la realidad de muchas trabajadoras sexuales: ejercer el trabajo sexual es ejercer un trabajo que sostiene familias, pone la comida en la mesa y vive pese a las condiciones de precarización. 

La protesta en Lyon inspiró a trabajadoras de otras ciudades francesas como Marsella, Montpellier, Grenoble y París, quienes también se refugiaron en iglesias en señal de solidaridad, lo que derivó en una huelga de ocho días en todo el país. Aunque la policía desalojó la iglesia después de más de una semana y no se lograron reformas legales inmediatas en ese momento, este evento es recordado como el hito que encendió el movimiento contemporáneo por los derechos de las trabajadoras sexuales en Europa y el mundo.

Así es como el 2 de junio se convirtió en una fecha de conmemoración, de lucha y de exigencia justa y digna y con el tiempo, se formaron organizaciones como el Colectivo de Trabajadoras Sexuales, que hoy es un referente mundial.

Hoy, la movilización busca alzar la voz contra aspectos que han ganado relevancia dentro de la conversación pública, como el abolicionismo, al que la colectiva Trasuix califican como “putxfobia” por negar sus experiencias y capacidad de decidir.

Otro aspecto relevante durante el último año ha sido el fenómeno de desplazamiento y limpieza social que se ha desplegado en Tlalpan. Como señalaron Coral, Kimberli y Sherlyn para La Silla Rota, la preparación y construcción de infraestructura rumbo al Mundial 2026, que incluyó una nueva ciclovía  a lo largo de la Calzada de Tlalpan, así como luminarias y señalética, que provocó que quienes trabajan en la zona perdieran hasta 70% de sus ingresos por las obras rumbo al macro evento.

Entre sus exigencias puntuales al Gobierno de la Ciudad de México se encuentran:

• Derechos laborales y acceso integral a la salud y programas sociales sin estigmas.

• Opciones reales de vivienda digna. 

• Reparación del daño por el desplazamiento y la pérdida de ingresos causados por megaproyectos y reordenamiento urbano que afectan sus espacios de trabajo.

• Frenar la criminalización, la precarización y el abandono institucional.

“No queremos persecución ni asistencialismo condicionado. Exigimos derechos laborales, acceso a vivienda, salud, seguridad y condiciones dignas para vivir y trabajar”. - Colectiva de trabajadoras sexuales, Trasuix.

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Mientras la cuenta regresiva para el Mundial avanza, miles de maestras y maestros salieron a las calles para exigir algo que denuncian desde hace años: pensiones dignas, mejores salarios y condiciones laborales justas.

Desde el 1 de junio, se desplegaron una serie de movilizaciones masivas en la capital del país.  Desde caos vial hasta enfrentamientos físicos, la protesta no para. Como reportó La Silla Rota, el día de hoy las y los manifestantes marcharon a lo largo de Avenida Paseo de la Reforma y derribaron estatuas alusivas del Mundial 2026.

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Amix, otro mes está por acabar pero las actividades lúdicas y creativas continúan. Por eso, para cerrar este mes de mayo, te traemos la tradicional lista de actividades que realizar para salir y divertirte sola o con tus amigas. 

1.  Un lugar de ambiente, legado y disidencia.

En el marco del 39 Festival Internacional por la Diversidad Sexual (FIDS), “Un lugar de ambiente, legado y disidencia” es una exposición colectiva que se centra en la figura de Juan Gabriel, conocido como “El Divo”, un ícono fundamental para la comunidad LGBTTTIQ+.

A diez años de su fallecimiento, la muestra no busca ser una biografía tradicional, sino explorar los prejuicios y tabúes que enfrentó, trazando un paralelo con las luchas históricas de las sexodisidencias en México.

• Lugar: Museo Universitario del Chopo.

• Horario: Martes a domingos, de 10:00 a 18:00 horas.

• Entrada: Libre los domingos.

¿Ya conocías estas exposiciones? ¡Cuéntanos cuál fue tu favorita!

Cada año, del 25 al 31 de mayo, se conmemora la Semana Internacional de Solidaridad con los Pueblos de los Territorios No Autónomos, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el siglo XX para reconocer la autonomía y libre determinación de los pueblos libres, no colonizados. 

La semana sigue siendo relevante puesto que aún existen 17 territorios no autónomos habitados por poco menos de 2 millones de personas que no han completado su proceso de descolonización. Entre ellos se encuentran los territorios del Sahara Occidental, las Islas Malvinas, Gibraltar y Guam. Te explicamos.

Esta semana de conmemoración tiene su origen en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, específicamente en su Capítulo XI, que, aún con una perspectiva colonial, definió a los territorios no autónomos como aquellos cuyos pueblos no han alcanzado aún la plenitud del gobierno propio bajo los estándares occidentales. 

En 1946, ocho Estados pertenecientes a las Potencias Administradoras identificaron inicialmente 72 territorios “bajo su administración” que entraban en esta categoría. 

Un momento crucial para el avance de la efeméride y las acciones en contra de la colonización fue el 14 de diciembre de 1960, cuando la Asamblea General aprobó la Resolución 1514 (XV), conocida como la “Declaración sobre la Descolonización”, en la que se proclamó la necesidad de poner fin al colonialismo y reconoció el derecho de todos los pueblos a la libre determinación.

Aunque el trabajo de descolonización llevaba décadas, la celebración específica de esta semana fue solicitada oficialmente por la Asamblea General mediante la resolución 54/91 del 6 de diciembre de 1999, en donde se pidió a las Potencias Administradoras proteger los derechos de propiedad y los recursos naturales de estos pueblos.

“La descolonización, independientemente de cómo se formule, puede entenderse en el presente como una respuesta anticolonial activa, política e inmediata que busca desmantelar el colonialismo vigente”, explica  Foluke Adebisi, profesora asociada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bristol en el ensayo académico So what on Earth is decolonization? 

El filósofo e investigador, Enrique Dussel, afirmaba que en el presente “nos descolonización como proceso de emancipación ante la dominación imperial de los territorios. (...) Sin embargo, es importante resaltar que la dominación económica, política y cultural continuará bajo distintos tipos de opresión neocolonial en un nivel general, e ideológicamente como colonialismo eurocéntrico para garantizar la efectividad en la relación de dominación”.

Esta afirmación se demuestra en la realidad de muchos pueblos en la actualidad, y es que, a pesar de los intentos de la ONU en la resolución 54/91, en donde se explica que todos los pueblos deben tener el derecho de determinar libremente su condición política y perseguir su desarrollo económico, social y cultura, esta aún no es una realidad tangible para todos los pueblos que históricamente ha subyugados, pues desde 1945, más de 80 antiguas colonias han obtenido su independencia y entre los años de 1960 y 2002, 54 territorios alcanzaron la libre determinación, según datos de la ONU. 

En el Caribe y el Atlántico, los territorios de Anguila, Bermudas, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Montserrat y Gibraltar aún son “administradas” por Reino Unido, mientras que las Islas Vírgenes depende de los Estados Unidos. 

El caso de las Islas Malvinas es particular, pues se encuentra en disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. Esta dependencia y subyugación colonial tiene como consecuencia limitaciones que van desde lo económico, cultural y social hasta la pérdida de la soberanía y de la autogestión. 

Los pueblos no autónomos dependen de la explotación colonial de sus recursos naturales, se enfrentan a barreras invisibles y se encuentran en posiciones de vulnerabilidad geopolítica. Tal es el caso de las Islas Caimán que, a pesar de situarse geográficamente en el Caribe, depende del yugo británico y es promovido como un “paraíso” para turistas europeos. 

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Este 24 de mayo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, una fecha que se celebra desde 1982 impulsada por movimientos feministas pacifistas que denunciaron el militarismo y el armamento nuclear.

La jornada también visibiliza los impactos diferencias de los conflictos armados sobre las mujeres y su papel activo en la resistencia, la defensa de derechos y la construcción de paz.

El movimiento de mujeres contra la guerra y el desarme se remonta a luchas feministas históricas desde finales del siglo XIX. Durante el Congreso Mundial de La Haya en 1915 las mujeres comenzaron a participar activamente para alcanzar una sociedad libre de enfrentamientos bélicos, vinculando la paz con derechos como el sufragio femenino.

Sin embargo, no fue hasta el 24 de mayo de 1982 que la fecha comenzó a conmemorarse año con año. De acuerdo con la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (del inglés, Women's International League for Peace and Freedom) la historia del Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme se remonta a principios de la década de 1980, cuando un grupo de feministas pacifistas de toda Europa se unieron para protestar contra la acumulación de armas y el armamento nuclear.

Este movimiento surgió como una respuesta a las estrategias militaristas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Las activistas buscaban visibilizar la conexión entre la violencia militarista y la violencia experimentada por las mujeres en los ámbitos público y doméstico. Este incansable activismo sentó las bases para logros significativos, como la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU en el año 2000, que reconoció oficialmente el impacto de los conflictos armados en las mujeres

De ahí que este sea un día para exigir que los gobiernos tomen medidas inmediatas para acabar con la amenaza de las armas en comunidades vulneradas. 

Los conflictos bélicos no solo afectan a las mujeres de la misma manera que a los hombres, sino que las desigualdades de género preexistentes acrecientan las consecuencias.  

Como ha documentado la organización Amnistía Internacional, una de las primeras consecuencias que atraviesa a los cuerpos de las mujeres es la violencia sexual como arma de guerra. En el conflicto armado, los cuerpos de las mujeres son utilizados como una táctica de terror, tortura o limpieza étnica, como en el caso de la ocupación palestina. 

Ejemplos de ello se ven reflejados en las violaciones sistemáticas en la antigua Yugoslavia, la esclavitud sexual de mujeres yazidíes por el Estado Islámico y los abusos de soldados eritreos en Tigray. 

Actualmente, en zonas de conflicto armado y genocidio, como Ucrania o Gaza respectivamente, las mujeres asumen tareas extra: la carga de cuidado que se ven incrementadas por la carrera por la supervivencia. Estos conflictos incrementan de manera desproporcionada la responsabilidad de cuidar a infancias y personas mayores en condiciones de estrés extremo, falta de servicios médicos y escasez de productos básicos como los de higiene menstrual.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las niñas tienen un 90% menos de probabilidad de tener acceso a la educación que los niños en zonas de conflicto, pero no solo esto, sino que también son víctimas de matrimonios infantiles, de trabajo esclavo o de ser víctimas de reclutamiento forzado como niñas soldados.

A pesar de las condiciones en las que viven, las mujeres sometidas por la violencia armada no son sujetos pasivos, por el contrario, desempeñan múltiples roles fundamentales para la preservación y resistencia. 

En el contexto de América Latina, las mujeres han participado activamente en grupos armados y guerrillas; por ejemplo, representaron cerca del 40% de los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Colombia y más de 30 mil integraron las Unidades Femeninas de Protección en el Kurdistán.

El papel activo de las mujeres, junto al activismo feminista y de derechos humanos ha logrado que la ONU identifiqueel desarme y la reducción de los gastos militares excesivos como uno de los cinco objetivos clave para la próxima década de acción. El informe del Secretario General de 2021 se centró temáticamente en el gasto militar, recomendando abogar por políticas que fomenten una mayor inversión en la seguridad social y humana en lugar de en armamento.

En este sentido, la Alta Representante para Asuntos de Desarme (UNODA) y la exdirectora de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, han hecho un llamado conjunto para “anteponer a las personas al gasto militar desbocado” que, por cierto, ha aumentado significativamente en los últimos diez años. Sin embargo, esta no es la primera acción que se toma para frenar la violencia armada que somete a las mujeres. 

En 1995, la Declaración de Pekínya incluía el control del gasto militar como un área de acción fundamental para potenciar el desarrollo social y la igualdad de género. Otro ejemplo es el Pacto de Igualdad de Generación sobre Mujeres, Paz y Seguridad de 2021, que hacía una invitación a los Estados y a la sociedad civil a suscribir acciones específicas sobre los gastos militares.

Estas acciones en favor del desarme para la vida plena y libre de las mujeres nos recuerdan que la reducción del gasto militar es fundamental no solo para la paz, sino para lograr la igualdad de género y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de mujeres, adolescentes y niñas. 

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Este 23 de mayo se conmemora el Día Internacional del Fútbol Femenino, una iniciativa creada en 2015 por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF) con el objetivo de fomentar la práctica del fútbol en niñas y mujeres en todo el mundo. 

El propósito principal de esta fecha es visibilizar la importancia de la igualdad y la equidad en las disciplinas deportivas, pues busca homenajear a las mujeres que han vencido barreras en un deporte tradicionalmente considerado solo para hombres, conquistando espacios que antes les eran negados. 

Sin embargo, este no es un día que solamente  nos remite a figuras emblemáticas de la historia de fútbol femenil como Alicia Vargas,; Maribel Domínguez “Marigol”,  y Charlyn Corral, sino que también es una oportunidad para visibilizar a las mujeres que hoy resisten a las barreras sistémicas dentro del mundo del deporte.